Abg. Gonzalo Luzuriaga Mirabá
El contrabando, la falsificación y la piratería tienen una directa repercusión en nuestra economía. La protección y aplicación de los derechos puede tener significativos resultados y generar interesantes oportunidades de crecimiento para el país, con políticas y normativas que respondan a nuestra realidad, lo que sólo es posible con el trabajo multisectorial.
Titulares de las distintas modalidades de Propiedad Intelectual, han buscado generar un marco de protección a sus derechos, con buenos resultados en muchos casos, pero con difíciles obstáculos que superar en el camino. En el ejercicio profesional, he sido testigo del positivo desarrollo, interés y capacitación de varias autoridades; penosamente también hemos evidenciado retrocesos legislativos en cuanto al respeto a los derechos intelectuales, y particularmente en el año 2014 por la despenalización de infracciones a estos derechos, y luego la vigencia del tipo penal del artículo 208A del COIP, promulgado en el año 2015 como medio para cumplir compromisos internacionales y no como herramienta de protección al derecho. A nuestro criterio, la solución no pasa por disponer penas más severas, sino por la implementación de medidas más disuasivas y ágiles de protección.
La importancia de la protección a los derechos intelectuales tiene directa repercusión en el desarrollo. Los emprendedores, los empresarios, los artesanos, los productores, los consumidores, la economía en general se beneficia de un marco jurídico claro de protección a los derechos de propiedad intelectual, herramienta que impulsa el desarrollo, la innovación, la generación de empleo y el desarrollo.
El cumplimiento de las normas, no solamente en el campo de los derechos intelectuales, pero como cultura de convivencia social determina estabilidad y seguridad para la inversión, desarrollo y generación de nuevos negocios.
Jurisdicciones hermanas que han optado por una cultura de respecto a los derechos intelectuales, generaron en sus territorios interesantes resultados. Un ejemplo cercano es Colombia, país que nos ofrece artistas de la talla de Shakira, Carlos Vives, Juanes, de renombre internacional. Por nuestra parte, Ecuador tiene gran potencial artístico en distintas áreas, sin embargo la diferencia (con Colombia) radica en el marco jurídico que permite a un artista vivir de su arte o no.
En nuestro país la protección a los derechos de propiedad intelectual de marcas notorias han resultado en inversión extranjera directa, con el establecimiento de tiendas comerciales que hace pocos años no existían en Ecuador. La apertura de estos nuevos negocios genera puestos de trabajo, aportes a la seguridad social, ingresos al fisco y acceso de los consumidores a otras alternativas, lo que redunda en una mejor y mayor competencia.
En nuestro país, en el pasado, los productos falsificados eran comunes en el mercado, siendo la regla el producto ilegal y la excepción el producto original. Afortunadamente esta situación es diferente en la actualidad y los consumidores observamos el incremento de productos lícitos, de buena calidad y, por efecto de la competencia, cada vez más accesibles en cuestión de precios. Este cambio, que tomó tiempo, se debió a las acertadas políticas públicas de las autoridades, junto a un marco normativo más claro que el vigente. Una de aquellas políticas fue la generación de funcionarios especializados en la investigación del delito, agentes policiales capacitados tanto en la legislación alusiva como en las características técnicas de los productos ilegales, y peritos preparados y capacitados, tanto del sector privado como del departamento de criminalística, lo que permitía a Fiscales y Jueces contar con verdaderos y certeros análisis de los objetos dubitados.
La clave es la eficiencia y la herramienta es la especialización
La participación de Fiscales especializados permitió importantes avances y precedentes judiciales en el marco de la protección a los derechos de Propiedad Intelectual.
Como resultado de esas experiencias, y echando un vistazo a procesos de la misma naturaleza en otras jurisdicciones, hemos identificado ciertas mejores prácticas.
1) Corporaciones a nivel mundial basan sus principios de producción y de gestión administrativa en transparencia, calidad, coordinación, delegación y EFICIENCIA. Y tiene mucho sentido, son principios que en general determinan el éxito. Contar con profesionales que cultivan conocimientos específicos o tienen mayor inclinación a determinada área del derecho, generalmente tendrá mejores resultados, que incluye reducción de errores y plazos expeditos. Nuestra Constitución establece la Eficiencia como un eje transversal en todas las gestiones de la administración pública y determina que las instituciones públicas deben buscar, a través de la organización interna, el establecimiento de este principio en sus modelos de trabajo.
2) La presencia de profesionales con conocimiento en Propiedad Intelectual, Delitos Aduaneros, Tributarios y Delitos contra la Salud, tanto en Fiscalía como en la Función Judicial, fue determinante en su momento para alcanzar importantes resultados en protección de derechos. La experiencia y preparación de los funcionarios aportó sin dudas al resultado, tanto en calidad como en el tiempo que toma un proceso de investigación y sanción en caso de infracción. Actualmente la ausencia de profesionales con esta preparación ha determinado largos y difíciles procedimientos de investigación.
3) En el ámbito internacional, jurisdicciones como Colombia, Perú, Panamá, Paraguay, Bolivia y Uruguay, han establecido sistemas eficientes de investigación de delitos de Propiedad Intelectual y delitos conexos. En estos países, las infracciones a derechos de propiedad intelectual son conocidas, investigadas y, de ser del caso, procesadas por unidades especializadas de la Policía y de Fiscalía.
El negativo impacto del ingreso de productos ilícitos a los mercados locales se refleja en los indicadores económicos y de inversión extranjera, las ut supra mencionadas jurisdicciones han optado por brindar atención minuciosa a la protección de derechos de propiedad intelectual como estrategia de desarrollo en sus países.
En Perú se denomina Fiscalía Penal Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual; en Paraguay, Unidad Especializada en la Lucha Contra los Delitos de Propiedad Intelectual; en Colombia se llama Unidad Nacional Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y las Telecomunicaciones; en Bolivia, la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual; y, en Panamá, la Fiscalía Especializada de Delitos de Propiedad Intelectual, todas con excelentes resultados en sus gestiones.
Más allá de la denominación y del delito conexo con el cual se agrupa para su investigación, la especialización de los funcionarios que participan en la investigación y sanción a infracciones contra estos derechos es un lugar común en todos los casos y también un elemento determinante en la consecución de esos resultados.
Para nuestra sociedad, el mayor riesgo consiste en que la conducta ilícita e infractora de derechos se normalice dentro en nuestra comunidad y nos transformemos en aquella sociedad que premia al tramposo. Entender que existen derechos de terceros, así no estemos de acuerdo, es entender que vivimos en sociedad.
El trabajo de autoridades que conocen los elementos constitutivos del derecho, la innovación y el desarrollo que trae consigo, nos impulsan hacia la seguridad jurídica, por un lado con una posible unificación de criterios entre las autoridades de esa área, y por otro cierta uniformidad procesal que resulte en reducción de plazo entre denuncia y medidas de protección al derecho.
En nuestro país, el Reglamento de las Nuevas Unidades de Gestión de Causas, publicado en Registro Oficial Edición Especial # 36 de abril 28 de 2010, y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional de Procesos contenido en Resolución No. 03-A-FGE-2012, establecen el modelo de trabajo y organiza, a nivel interno, el trabajo de la Fiscalía General del Estado. Los dos documentos son muestras claras de la eficiencia a través de la especialización de funciones.
Dicho Reglamento, que contiene las disposiciones legales que organizan a la Fiscalía General del Estado en distintas unidades de investigación del delito, es el instrumento que justifica de forma plena la especialización de la Fiscalía en unidades, para favorecer el desarrollo de sus competencias, en beneficio de la sociedad. La norma delimita el campo de acción de cada unidad Fiscal a los bienes jurídicos protegidos de acuerdo a los tipos penales catalogados.
Al momento el catálogo de delitos elaborado por la Dirección Nacional de Actuación y Gestión Procesal de la FGE se encuentra desactualizado, pues data de abril del 2010 y el Código Orgánico Integral Penal, de febrero de 2014. Una reclasificación de los tipos penales es necesaria en este momento, previo al informe técnico requerido.
El artículo 23 del Reglamento designa a FEDOTI como la Unidad de Fiscalía encargada de investigar las infracciones a los derechos intelectuales, sin embargo, en la actualidad Fiscalía está incumpliendo esta disposición vigente y las denuncias por investigaciones de delitos de Propiedad Intelectual están siendo enviadas a la Unidad de Soluciones Rápidas. El delito de Propiedad Intelectual, por su naturaleza, no es un delito que se comete exclusivamente dentro de las fronteras territoriales de nuestro país, y tampoco es uno de aquellos en donde un acuerdo podría permitir la comercialización de objetos ilícitos, ya sea porque dichos bienes infringen otros derechos (tributarios, aduaneros, contra la salud) o pueden causar daño al consumidor.
Creemos que una Unidad de Investigación Especializada, como la que existió en Ecuador desde el año 2008, que investigue los delitos aduaneros, de Propiedad Intelectual y delitos relacionados como falsificación y adulteración de medicamentos, tendrá como resultado una mejor y más eficiente protección de estos derechos.
Por su parte, la Policía ya cuenta con una Unidad de Investigación del delito que debe ser potenciada. La UDAT o Unidad de investigación contra Delitos Tributarios y Aduaneros es una Unidad Nacional, por lo que sus investigaciones pueden continuar en jurisdicciones distintas de aquellas en las cuales se evidenció el ilícito.
La eficiencia nos debe llevar al establecimiento de competencias específicas para unidades de investigación. Esta especialización traerá consigo una mejor y más eficaz protección, y la protección conlleva la seguridad jurídica que determina la inversión y el desarrollo.
* El presente documento fue elaborado para y presentado como ponencia en el marco del "Primer programa de capacitación: medidas para combatir el comercio ilegal", dirigido a jueces, fiscales y policías. Organizado por la Universidad de los Hemisferios, con el respaldo académico del Consejo de la Judicatura de Ecuador y la Escuela de la Función Judicial.
Ejecutado por la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea), el proyecto busca fortalecer la cooperación entre la Unión Europea y América Latina en el ámbito de la protección y aplicación de la PI. Se ocupa especialmente de los desafíos identificados conjuntamente, lo que la transforma en una herramienta muy valiosa en el actual contexto de crecientes relaciones comerciales entre ambos socios.
La UE es el principal socio del desarrollo en América Latina, por ser el segundo mayor socio comercial y su principal inversor. Los intercambios comerciales entre ambas casi se duplicaron durante la última década, lo que ha convertido a la región en el principal mercado para muchas empresas de la UE.
Durante el tiempo que esté vigente, el proyecto IP Key América Latina apoyará a las empresas internacionales -especialmente de la UE- en la obtención, gestión y observancia de la protección de su propiedad intelectual (PI) en países latinoamericanos. Facilitará asistencia técnica para modernizar las instituciones de PI en América Latina. Apoyará a la UE en acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales (por ejemplo acuerdos de libre comercio, en casos en los que no fue posible alcanzar acuerdos de asociación con determinados países o subregiones a medio plazo). Y fomentará el diálogo en la región en materia de PI.
Segunda Semana de la Observancia y Gobernanza de Propiedad Intelectual
Justamente en el marco del diálogo es que IP Key América Latina viene desarrollando la Semana de la Observancia y Gobernanza de Propiedad Intelectual, cuya segunda edición se realizó hace apenas unos días en la ciudad de Buenos Aires, a pocas semanas del anuncio de acuerdo estratégico entre la Unión Europea y el MERCOSUR, que crea un mercado de bienes y servicios de 800 millones de consumidores y representa casi una cuarta parte del PBI mundial.
El encuentro congregó a autoridades relacionadas con la administración de Derechos de la Propiedad Intelectual (entre los que destacan jueces y oficiales de aduanas) y representantes (legales) de empresas de América Latina y de la Unión Europea, en reuniones que no fueron sólo informativas.
El II Taller Multi-País para Funcionarios de Aduanas de América Latina, por ejemplo, puso sobre la mesa el tema de la identificación en la UE de productos falsificados en países del MERCOSUR y Chile. Gracias a ello, funcionarios de aduanas de Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil y Argentina intercambiaron información en materia de legislación y problemática aduanera para la vigilancia de las infracciones de PI en frontera. Así se delinearon buenas prácticas para la identificación de productos falsificados, como mejoras en la utilización y análisis de documentación de puertos y aeropuertos y métodos de evaluación de riesgo, entre otros.
El Foro sobre Propiedad Intelectual en la Economía Digital -uno de los temas prominentes del encuentro-, sirvió para que autoridades relacionadas con la administración de Derechos de PI, representantes de empresas de América Latina y de la UE, usuarios y propietarios de activos de PI y público en general, tuvieran la oportunidad de comprender mejor el contexto actual y los desafíos y necesidades de la región en cuanto a la protección de la propiedad intelectual en el acelerado escenario de los mercados en línea, el comercio electrónico, la economía colaborativa y las redes sociales.
Complementariamente, durante la segunda semana se desarrolló el “II Simposio IP Key para jueces de los países de América Latina: las infracciones de PI en el entorno digital”. Desde allí se buscó reforzar la cooperación entre los países del MERCOSUR y la UE, abordando los desafíos en materia de gobernanza del sistema de PI en Argentina, América Latina y la Unión Europea e intercambiando conocimientos e identificando herramientas que ayuden a reducir la piratería y la falsificación en la región.
El tema es tan importante que, previo al encuentro en Buenos Aires, IP Key América Latina organizó un Seminario para jueces brasileños, donde participaron abogados expertos de Europa y América Latina para discurrir sobre infracciones de PI en mercados en línea.
En ese marco Pedro Duarte, jefe del proyecto de IP Key América Latina, explicó que “como consecuencia natural del creciente negocio y las transacciones que tienen lugar en el entorno online, la aplicación de los derechos de propiedad intelectual se ha vuelto cada vez más compleja. Las autoridades enfrentan nuevos desafíos y, si bien el comercio electrónico ofrece a las compañías excelentes herramientas para mejorar la productividad, también proporciona una plataforma poderosa para que los falsificadores y piratas atraigan a un gran número de consumidores potenciales de una manera económica".
Días después, en Buenos Aires, la embajadora de la Unión Europea en Argentina, Aude Maio-Coliche, afirmó que “los infractores de los derechos de PI suelen prestar poca atención a la calidad y, lo que puede ser aun peor, a la seguridad de sus productos, poniendo en grave riesgo a los consumidores que adquieren estos productos como medicamentos, alimentos, juguetes, baterías y autopartes como airbags. El entorno en línea permite la proliferación muy rápida de productos que infringen la PI”.
La diplomática advirtió que los infractores “pueden esconderse detrás de identidades falsas” y evidenció que no se trata de un tema con poca importancia, considerando que los productos falsificados y pirateados alcanzan 3,3% del comercio mundial y en la UE representa cerca del 7% de todos los productos importados, es decir unos 130 millones de euros en comercio ilegal.
Un acuerdo comercial de astronómica envergadura como marco
El encuentro tuvo como marco contextual el acuerdo bilateral UE – Mercosur, que pretende una estructura consensuada, con compromisos jurídicos claros y consideraciones mínimas para el respeto de los derechos de propiedad intelectual e industrial.
Sobre el particular, la embajadora de la UE en Argentina fue clara: “Existe la necesidad de una respuesta conjunta y coordinada a este fenómeno”. También Pedro Duarte destacó que las temáticas dispuestas en el encuentro tenían directa relación con la proximidad del convenio entre las partes: "la innovación y la creatividad son los ejes centrales de la economía global, y esto es especialmente relevante en el universo digital. Es importante entonces promover modelos de negocio que sean respetuosos de los derechos de propiedad intelectual en este ámbito”. Agregó que la cooperación entre la Unión Europea y el Mercosur puede facilitar estrategias que apoyen este objetivo y la observancia de los derechos de PI en ambas regiones.
Por su parte Fernando Martínez-Tejedor, agregado de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para América Latina, también aseguró que “Proteger la propiedad intelectual es un ejercicio imprescindible para el desarrollo tecnológico y científico de las naciones que integran la UE y el Mercosur. La definición de un marco bilateral entre ambos bloques promoverá, en favor de todos los creadores, innovadores y emprendedores, especialmente de las pequeñas y medianas empresas del Mercosur, el acceso a mecanismos de protección de sus derechos de propiedad intelectual en el exterior más seguros y económicos”.
Más allá de la importancia estratégica del evento (por el contexto sugerido), lo cierto es que el proyecto IP Key América Latina, a un año y medio de haber iniciado su trabajo en la región, ya ha demostrado ser una herramienta muy potente para el desarrollo de la propiedad intelectual.
Trabajando bilateralmente con los distintos bloques de países latinoamericanos y también directamente con los estados, promueve acuerdos de asociación y de acción a través de sus tres pilares principales: diálogo político, comercio y cooperación.
El excelente balance en la relación costo/beneficio que logra con su presupuesto total de 6 millones de euros para el período de 48 meses, hace pensar que bien podrían los estados nacionales latinoamericanos continuar esta necesaria labor, destinando y optimizando los recursos necesarios para que las acciones concertadas, bilaterales y multilaterales, sean cada día más la regla y no la excepción.
Fuentes:
Ecuador has gone through major changes in its legislation in connection to IP Rights. Ecuador former Government took a different approach in the way IP rights were protected and repealed IP crimes therefore “counterfeit and piracy” were not considered a crime. This decision was later reviewed, and basic IP criminal protection is now in force. On December 2016, IP legislation changed to the current IP law identified as Organic Code for the Social Economy of Knowledge.
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI (Ecuadorian PTO and formerly known as IEPI) has worked close to the public, sharing projects and providing support to prepare bylaws and regulations.
President Moreno government is open to conversation and have made a few relevant policies changes. A lot of work is still ahead (such as modification on the current IP Crime in Congress), but important changes can happen on a short period base on a political decision.
At this time in Ecuador, “ex officio” border actions are not in force. According to current legislation, IP owners must provide authorities with “sufficient” information on the import, the infraction and the infringer to proceed with a border action before Customs. Such requisite for protection has become an impediment.
A bylaw (regulation) resulted as a collaborative work between SENADI, attorneys, IP owners and lawmakers could become the first step into the return of ex officio border action in Ecuador. The bylaw is on President Lenin Moreno’s desk for approval and signature.
In the long term, changes in Ecuador’s IP criminal legislation should be a highly important issue on the agenda. Current legislation allows criminal enforcement actions only under determine circumstances: a) Only Trademarks and Copyrights can be protected in a criminal legal action – no patents; b) Criminal actions proceed against commercialization and productions of illegal goods bearing trademarks or copyrights – no transport nor warehousing.
There is also a legal requirement of US$56.000 dollars in infringement merchandise to file charges against an IPR infringer. If the value of the seized goods is under US$56.000 infringer does not have a criminal responsibility in the crime investigated by the Prosecutor’s Office, however, if the seized goods were proven illegal, then the goods can be destroyed. Trademark and Copyrights owners must collaborate and cooperate with Prosecutors Office in every single instance of the criminal investigation.
A minor administrative change within Ecuador Prosecutors Office (no law modifications are required) can have a big impact on how IP crimes are being investigated. Before 2014 the Prosecutors Office Unit in charge of IP investigations was the FEDOTI unit (Fiscalia Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional – FEDOTI), one of the best investigations unit in Ecuador’s Prosecutors Office. In 2015, with the new IP crime, Ecuadorian Prosecutor’s Office appointed the “EASY SOLUTIONS” (Soluciones Rapidas) unit from Prosecutors Office to handle IP investigation cases, which translated into no investigation at all.
Documents have been elaborated and meetings have taken place during the last few months to allocate IPR investigations back to FEDOTI unit in the Ecuadorian Prosecutors Office.
Administrative enforcement actions was planned as the natural legal process for IPR protection, nevertheless, SENADI has no possibility for a reaction against the infringements in Ecuador’s market place. Governmental policies for the reduction of personnel, lack of economic resources and wrongful interpretations of the law by Judges, have weakened the power of SENADI to provide effective protection to IP owners.SENADI has a team of attorneys and administrative personnel involved in IPR enforcement actions only, should be strengthened, trained and increased. Ecuador does not have specialized judges nor a specialized Court to handle IPR infringement actions cases, however, including IP within the Ecuadorian Judicial “Training Program from Judges and Judicial Personnel” of the Consejo de la Judicatura, could become the first step into any plan.
Entre el 3 y el 5 de julio 2019 se llevó a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, la Reunión Regional de Jefes o Directores de las Oficinas de Derecho de Autor de América Latina.
El un documento titulado “Hacia una plena protección de los autores, artistas e industrias creativas en el entorno digital”, expertos de 30 países reclamaron un marco legal equilibrado, para evitar los daños que restan calidad de vida a los autores.
Consideraron imprescindible garantizar “en particular, los derechos de remuneración y el derecho de puesta a disposición” de los autores, para evitar que sigan perdiendo cientos de miles de millones de dólares anuales por causa del plagio y la piratería, particularmente a través de las plataformas digitales.
Este fue el espíritu y el marco de la reunión, la necesidad de encaminar acciones en los distintos países para adaptar las legislaciones nacionales a la era digital. Y acaso "adaptar" no sea el verbo más conveniente para describir la dimensión y el desafío que la tarea exige, en una realidad que es cada día menos analógica y menos clara para muchos autores, creadores, investigadores... especialmente los que se dedican al arte y a las ciencias
La actividad, encabezada por Sylvie Forbin, directora adjunta de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y el doctor Trajano Santana, director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) en República Dominicana, fue también la tercera reunión preparatoria, previa al encuentro mundial.
Fuentes:
Diario El Día (República Dominicana)
Diario La Hora (República Dominicana)
México es una de las tres grandes potencias regionales de América Latina, una de las que marca el ritmo en cuanto a innovación, patentes y marcas. Y, más que eso, México es también reflejo y termómetro de otras realidades latinoamericanas, con las que comparte el estigma de poco desarrollada en materia de inventiva.
Si bien ocupa el puesto 12 en el ranking mundial de patentamiento según la OMPI, se debe, en buena medida, a la intensa actividad del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), que procesó 142.000 expedientes en promedio durante 2018 y autorizó el registro a 11.711.
De allí que, no sin ironía, el Diario Expansión observara lo peligrosamente cerca que se encuentra la multinacional IBM, con 9.100 patentes a nivel mundial, de patentar lo mismo que México. Es que ciertamente no es lo mismo decir los números en México que los números de México, donde las instituciones de educación superior, que mejor desempeño tuvieron en cuanto a patentes durante 2018, sumaron en total 117. Y donde 120.000 de los 142.000 expedientes procesados por IMPI son solicitudes de registro marcario.
Enzo Gavina, director de la plataforma Biobiz, encargada de vincular a gobierno, industria y emprendedores en la generación de proyectos de alto valor, entrevistado en 2018 por Expansión sugería que aunque ya existe mayor atención en el tema por parte de algunas instituciones, otras siguen frenando el entorno de innovación y emprendimiento.
“IMPI es un generador y vinculador de patentes y en México tenemos datos de que 1.000 patentes y marcas están detenidas o están sin comercializar. En este sentido el trabajo que hacen Inadem o Conacyt frenan que estas patentes vean la luz ya sea por razones de confidencialidad o por los estatutos que se les da a los los emprendedores”, aseguraba Gavina.
Para el directivo de Biobiz, el ambiente emprendedor y de generación tecnológica continúa a la baja por falta de gobernanza, también de acceso a un fideicomiso con objetivos claros y el poco interés por parte de las empresas a invertir en pequeñas firmas.
"Hemos detectado algunos problemas en la venta de los productos de los emprendedores, muchos de ellos no sabe cómo tramitar patentes y marcas, qué regulación existe y cómo pueden generar las condiciones para la comercialización”, argumentaba Gavina.
Otro problema que identificaba el directivo de Biobiz es el divorcio entre empresas y academia: “Varias entidades destacan en el país, también varias escuelas, como el Cinvestav, la UNAM o el Tec de Monterrey, pero también estas sufren la apatía del mercado, sufren la poca creencia de las empresas ante proyectos que podrían generar empleos e innovación de alto valor”.
Entre las consecuencias de ese divorcio y la necesidad de un entorno de innovación efectivo encontramos la fuga de cerebros (y de patentes). Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), de forma gradual e ininterrumpida ha crecido el número de mexicanos con nivel de posgrado que se encuentran en Estados Unidos, pasando de 354,000 en el 2000 a más de 1,000,000 en 2015, lo que supone alrededor del 13.5% del total.
Según el estudio Barómetro de innovación, elaborado por General Electric, el apoyo por parte de gobierno para generar entornos de innovación es casi nulo, especialmente a nivel local.
El estudio fue realizado a 100 ejecutivos en innovación mexicanos, de los cuales sólo 3% considera que las autoridades a nivel nacional toman acciones para generar mayor innovación en el país. El común más bien considera que el sector innovador está compuesto por empresas multinacionales, empresarios individuales, startups y empresas mexicanas con más de 250 empleados.
Federico De Silva, director de investigación de Gartner, consultora especializada en asesoría y liderazgo empresarial, aludió durante la presentación del estudio a que en México lo que más hace falta es “la visión de los tomadores de decisión, del CEO, pues él es quien tiene que considerar invertir en nuevas tecnologías. Si no se tiene la visión por desarrollar nuevos negocios, nuevos contactos, nuevos canales de distribución seguirán invirtiendo en lo mismo y poco a poco dejarán de competir”.
Por su parte, Vladimiro de la Mora, CEO de GE en México, fue un poco más allá: “En México enfrentamos varios retos que van desde la inversión, la infraestructura, la vinculación de la academia con la industria, la divulgación, la cantidad de recursos humanos altamente capacitados, el sistema de evaluación de los investigadores, los esquemas de jubilación y hasta los tiempos y escenarios políticos tanto nacionales como internacionales”.
Por si fuera poco, un factor importante que requiere reforzamiento es la infraestructura:
“En América Latina estamos apenas en la parte baja de la curva en temas de Internet de las cosas u otras tecnologías disruptivas, aún nos falta infraestructura en el tema de Data Centers, o plataformas y analíticos de IoT que son necesarios para tener una mayor competitividad. Aunque ya hay conocimiento y ya se empiezan utilizar, aún nos hace falta más adopción”, precisó De Silva.
Fuente: Diario Expansión
La nación Tsáchila es uno de los tantos pueblos indígenas que le dan a Ecuador el carácter de plurinacional e intercultural. Pero no es uno más, porque con apenas 3.000 habitantes (2010) este pueblo es depositario de un saber acumulado milenariamente que hoy está protegido mediante el reconocimiento de sus derechos intelectuales.
Para lograrlo, el pueblo tsáchila se acogió al proceso de depósito voluntario de sus conocimientos ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), contemplado en el art. 523 del Código de la Economía Social del Conocimiento, Creatividad e Innovación (2016). Su objetivo es impedir apropiaciones ilegítimas de los conocimientos de etnias, pueblos y nacionalidades. También servirá como medio de verificación para reconocer los derechos intelectuales colectivos sobre saberes tradicionales, por si alguien intenta infringirlos.
Pero antes, la decisión debió pasar por el Consejo de Ancianos, el máximo órgano encargado de regular la suerte de las prácticas que comprometen a los conocimientos ancestrales. Desde allí se propuso empezar con los rituales, la cosmovisión, los vegetales y la vestimenta tradicional.
El registro comenzó en enero de este año y en el proceso de recolección de información participaron varios personajes emblemáticos de la comunidad, la mayoría ancianos. Se han registrado 490 plantas medicinales y el pueblo tsáchila cuenta con los respectivos certificados de depósito.
Tras el registro, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales trabaja en los protocolos biocomunitarios para potenciar estos recursos ante empresas que quieran invertir en posibles patentes.
Fernando Nogales, experto en conocimientos tradicionales del SENADI, reconoce la importancia de esta construcción colectiva de la población tsáchila, tanto para la propia comunidad como para el país. Incluso -destaca- para que el mundo conozca el origen de esta riqueza.
Ciertamente, no se trata solamente de constatar el origen: “Una vez que los conocimientos son depositados en el SENADI, pasan a la base de datos, es decir que si las compañías farmacéuticas quieren patentar algún medicamento tienen que venir a la comuna a pedir consentimiento para poder realizarlo”, señaló Nogales. Y agregó que con el consentimiento llegarán beneficios, sean económicos o no.
Para Flavio Calazacón, presidente de la comuna El Poste, esta labor recién empieza: a futuro se espera la protección de "rituales de petrificación", energéticos e incluso de sanación; también bebidas como la Ayahuasca; expresiones como la danza; y festividades como el Kasama. “Los depósitos no están terminados, pero sí hemos avanzado, hemos ganado experiencia”, afirmó.
Son experiencias que suman y se nota: la Unidad de Conocimiento Tradicional del Servicio de Derechos Intelectuales informa que se han depositado 150 conocimientos tradicionales a escala nacional desde que rige la normativa. Son conocimientos originarios de los pueblos Sarayaku, Cofán, Kayambi y Tsáchila. La Unidad espera contar con una base de datos de 200 registros de las tradiciones hasta finalizar este año.
Desde el 14 de noviembre la nacionalidad Tsáchila ya cuenta con las certificaciones de los depósitos, son 44 y los recibió la gobernadora tsáchila, Diana Aguavil, en la comuna El Poste.
Son los 44 certificados de depósitos de conocimientos tradicionales que entregó SENADI en 2018... durante todo el año anterior fueron sólo nueve.
Fuente: Diario la hora
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Diario El Comercio
En noviembre pasado Chile perdió una sonada batalla de marca registrada contra Perú en la India, en el marco de lo que se conoce como “la guerra del pisco”. Nos hicimos eco de esa noticia en Luzuriaga & Castro Abogados.
Vale recordar que estos países andinos están envueltos desde hace tiempo en una disputa por indicación geográfica (IG) respecto de la propiedad de la marca Pisco. Con este nombre se reconoce internacionalmente a una bebida alcohólica mundialmente apreciada, no menos que otras de su talante, como el tequila.
En 2018 un fallo de IPAB le concedió la marca registrada Pisco a Perú, amparado en el argumento principal de que "la llamada región del Pisco chileno, se ha construido convenientemente al apropiarse del nombre peruano Pisco y renombrar artificialmente una región, que durante muchos siglos ha sido conocida con otro nombre".
Para ambos países se trata de una marca registrada muy importante. En el caso de Chile, en cuanto a bebidas alcohólicas se refiere, es la más importante detrás de sus vinos. Tanto es así, que la Embajada chilena presentó recientemente una oposición a la marca "Pisco" en India, con un recurso de apelación que solicita la solución salomónica de compartir la marca registrada. Acepta, para ello, que no se opondría a ningún registro de una marca GI con el nombre "Pisco peruano" y renuncia a sus pretensiones originales de quedarse con la marca registrada en la India.
Acaso el recurso tiene posibilidades de éxito, en tanto que el IPAB también había dictaminado que los dos licores eran diferentes en su "elaboración, técnicas y calidad".
Seguiremos atentos a las medidas y decisiones, en cuanto sientan precedentes.
Fuente consultada: World Intellectual Property Review
China es afamada en el mercado internacional por sus productos de baja gama y dudosa legalidad (que incluye falsificaciones, piratería y toda clase de impunes violaciones a la propiedad intelectual), característica con la que, no obstante, se ganó el apelativo de “fábrica del mundo”.
Pero la estructura productiva que la llevó a ser potencia económica del mundo empieza a dar muestras de agotamiento.
Los factores incidentes son de carácter endógeno, como el aumento de salarios y las políticas demográficas que socavan lo que parecía ser una fuente inagotable de mano de obra barata disponible; o exógeno, como la creciente conciencia medioambiental, sobre todo la resistencia al plástico descartable y a los productos desechables en general.
Por ahora no podría llamarse crisis, porque la demanda de estos productos de baja gama tienen el respaldo de poderosas plataformas virtuales que los reparten por el mundo: Alibaba o Aliexpress los ofrecen (con envío incluido) a precios muchas veces ridículos aunque se trate de productos cuya calidad y durabilidad sea igualmente ridícula.
No obstante, está claro que la crisis del fin del dinero fácil toca a la puerta del gigante asiático. Al menos así lo advirtió el presidente Xi Jinping, que trazó un plan de 10 años cambiar la imagen de “Mad in China” hasta 2025, convirtiendo al país en una potencia en cuanto a desarrollo científico y tecnológico.
Así, mientras por un lado funciona a pleno la maquinaria de producción barata y comercialización a nivel mundial a través de plataformas digitales, China se plantea dar batalla en la próxima década invirtiendo en innovación y tecnología, como blockchain e Inteligencia Artificial (IA).
Hace un par de meses comentábamos que China lidera el ranking de naciones solicitantes de patentes, a la Asociación Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO por sus siglas en inglés). Durante 2017, tenía 225 solicitudes, más de la mitad del total de solicitudes y más del doble que su principal seguidor, Estados Unidos, con 91.
En cuanto a la Inteligencia Artificial, la situación es similar. China y EEUU lideran la investigación en el campo de la IA en investigación aplicada, basada en el análisis de los datos de registro de patentes y publicaciones científicas. En 2014, el número de primeros registro de marca en China superó al de los EE. UU y así se mantiene el ranking (sin embargo, sólo el 4% de las patentes registradas primero en China se presentan posteriormente en otra jurisdicción).
China y EE. UU lideran las solicitudes de patentes en todas las técnicas de inteligencia artificial y aplicaciones funcionales. En 2007, la oficina de patentes de China pasó de ser una oficina de segunda solicitud para inventores en el extranjero, a una oficina de primera solicitud para inventores chinos y crece rápidamente.
Para más señas, la voz autorizada de Frank Chen, de Andreessen Horowitz, opinaba en “ WIPO Technology Trends (2019). Artificial Intelligence”: “En este momento, tu dinero va más lejos en China que en EE. UU. Por ejemplo, supongamos que invertiste $10 millones en una pequeña empresa de inteligencia artificial en EE.UU. la compañía gastaría 2 de los 10 millones en datos de etiquetado, mientras que en China supondría una cuarta parte o una décima parte de ese costo. Obtendrá mucho más rendimiento por su inversión de $ 10 millones. Durante los próximos 10 años tendremos ecosistemas paralelos en AI: uno en Silicon Valley y una en China. Será interesante ver cuál tira más.” (la traducción es nuestra)
El caso es que a pesar de todo esfuerzo, cambiar la imagen de China, en términos de fabricación de productos, no será nada fácil.
Por un lado, una parte de las ingentes cantidades de dinero que ingresan al país continúan teniendo su origen en la tradicional “made in China”. Por otro, si bien el presidente Xi Jinping propone una reconversión industrial, respeto y control en lo relativo a la propiedad intelectual y registro de marca, no está muy claro si es realmente posible en tanto que -cumplido casi la mitad del plazo sugerido para el recambio- poco se ha hecho en esa dirección.
Cambiar la producción masiva de productos baratos por otros de alto valor añadido supone -además- instalar el cambio en el imaginario del mercado internacional. Y si bien hay muchos productos chinos en el mercado internacional, no puede decirse lo mismo de sus marcas nacionales, de entre las cuales apenas un puñado puede reconocerse por fuera de sus fronteras.
Por si fuera poco, China no produce tecnologías claves para sus industrias y las importa principalmente de empresas estadounidenses, japonesas o alemanas. Y un país de vanguardia en innovación y tecnologías no se construye de la noche a la mañana. Menos aún si el gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) ha aumentado medio punto porcentual (del 1,5% al 2% del PIB entre 2008 y 2014), todavía por debajo del 3% que se maneja como estándar en la mayoría de economías de referencia.
Mientras el presidente busca afanosamente que las start-up de vanguardia abran sus puertas a la inversión china, para de este modo no sólo importar tecnología (que hasta hoy sólo se copia) sino conocimientos y potencial para el crecimiento autónomo, cada vez más voces -tanto chinas como extranjeras- aluden a que el verdadero cambio para el gigante asiático llegará sólo cuando la producción, la innovación y el crecimiento económico sean temas cada vez más alusivos a la empresa privada, siempre relegadas en la China socialista.
Fuentes:
WIPO, “Technology Trends 2019. Artificial Intelligence”.
Enlace: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf
El País, “China quiere cambiar producción barata por innovación y tecnología”
Enlace: https://elpais.com/economia/2015/05/30/actualidad/1433009430_272111.html
Luzuriaga & Castro Abogados, “Blockchain: el gigante silencioso, su rastro de patentes y el desafío del control”
Enlace: https://luzuriagacastro.com/2018/11/06/blockchain-el-gigante-silencioso-su-rastro-de-patentes-y-el-desafio-del-control/
Las autoridades de India fallaron a favor de Perú, otorgándole la marca registrada "Pisco". Sustentaron su fallo en el hecho de que pisco constituye la denominación utilizada para identificar un valle, un río, un puerto y una ciudad en la costa sur peruana, desde la época colonial.
Investigaciones de lexicógrafos, cronistas e historiadores, demuestran que la palabra Pisco proviene del idioma quechua y significa 'ave'. Y, en su favor, INDECOPI recordó que "Chile modificó indebidamente el nombre de una región de su territorio (Pisco Elqui) a fin de apropiarse del término Pisco perteneciente al Perú, cuando por muchos años ese territorio contaba con otra denominación (La Unión)”.
Por lo demás (y a diferencia de Chile), con INDECOPI a la cabeza, Perú se movió en bloque para enfrentar este litigio por la marca registrada, que resultó a su favor.
El pisco es una bebida destilada de la uva, producida muchas veces de forma artesanal en los valles de la costa sur del Perú y en las regiones de Coquimbo y de Atacama en Chile. Goza de alto reconocimiento en el ámbito internacional, como el ron o el tequila.
Perú y Chile sostienen una histórica disputa en derredor de la propiedad del Pisco, una marca reconocida a nivel mundial, con potencial y vocación expansiva. En Japón, Australia, Nueva Zelanda y México (entre otros) se reconoce el derecho a Chile sobre la denominación Pisco, mientras que Nicaragua, Cuba, Panamá, Venezuela o Colombia conceden el derecho a Perú. Por su lado Estados Unidos, Canadá, China y la Unión Europea aceptan a ambos países.
En cuanto al volumen de venta, en 2016 las exportaciones de pisco peruano llegaron a 44 países y obtuvieron réditos por poco más de US$8 millones (cifras de Adex, la Asociación de Exportadores de Perú). El pisco chileno vendió en el exterior cerca de US$2,9 millones durante el mismo año.
Así dicho, parecen números claros. Pero no es tan claro, pues el 30% de la exportación peruana de Pisco lleva por destino Chile, que es el principal consumidor del producto (promediando los 2,2 litros anuales per capita) a nivel mundial, tanto en su versión chilena como peruana.
Ciertamente India no es un actor incidente en el mercado mundial de Pisco, de hecho su participación en el consumo de este licor es nimia. Pero es un mercado gigante! Basta con que que una minúscula fracción de los 1240 millones de potenciales consumidores se deje seducir por este destilado de uva, para que se vea comprometida la posibilidad de producción con las capacidades hoy instaladas.
Por eso el ministro chileno de Economía, José Ramón Valente, salió a relativizar lo sucedido y aseguró que continuará trabajando para registrar como Chile la marca Pisco en India: "Chile no ha perdido nada, el pisco chileno debiera poder venderse sin ningún problema en India y tanto los peruanos como los chilenos van a poder vender pisco en India".
Fuentes consultadas: Emol, La República (Perú), Bio Bio (Chile)
Enlaces a las fuente consultadas
https://www.emol.com/noticias/Economia/2019/01/11/933992/Un-golpe-para-Chile-India-le-reconoce-a-Peru-la-denominacion-de-origen-del-pisco.html
https://larepublica.pe/economia/1393567-chile-insiste-vender-pisco-india-pesar-fallo
Marcasur publicaba, en su edición digital #70 de agosto pasado, una tabla comparativa de las fluctuaciones en materia de registros y marcas en América Latina durante los últimos años. Analizaba el patentamiento especialmente en la transición 2016 al 2017, donde todo a simple vista ratificaba el orden establecido, con las siguientes aproximaciones: Brasil 186 mil, México 154 mil, Argentina 87 mil, Chile 45 mil y Colombia 43 mil.
No obstante, la propia publicación destacaba el crecimiento exponencial de dos países durante ese período. Los de mayor crecimiento proporcional Perú y Argentina, el primero con una fluctuación de (Aprox.) 27 puntos porcentuales respecto del 2016, seguido de cerca por Argentina, con un crecimiento de (Aprox.) 24 porciento. Lejos de ellos las potencias Brasil y México, con 11% y 12% respectivamente.
El crecimiento de Perú sorprende más si se lo compara con sus marcas de años anteriores, 2014-2016, cuando las fluctuaciones rondaban el 3-4% anual, en términos positivos o negativos.
Evidentemente serán muchos los factores que explican estos hechos. Aquí proponemos detenernos en un actor clave del proceso, ya sea como promotor de cambios o como dinamizador y facilitador de cambios. Indecopi es sin dudas un agente fundamental en semejante “golpe de patentamiento”.
En su informe anual 2017, Indecopi destaca la aprobación de la primera Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor y el primer Plan Nacional de Protección del Consumidor. Y con ello que las herramientas jurídicas son determinantes para la consecución de grandes proyectos nacionales.
En términos operativos, se centró en la relación con los usuarios, implementando medidas que facilitan y convocan el patentamiento, como la reducción de costos y tiempos de operación, ambos puntales concentrados en una apuesta: “servicios y procedimientos digitales”.
La primera busca mejorar el aparato de Estado, eliminando barreras burocráticas “ilegales y/o irracionales”. En ello trabajan una Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y luego una Secretaría Técnica Regional con el mismo fin, enlazados con los usuarios a través de sus plataformas digitales. Ha logrado eliminar un total de 3.288 barreras burocráticas ilegales y/o irracionales, generando un ahorro potencial de S/ 578.4 millones al país. Además, logró reducir a dos meses y medio el promedio de tiempo para el registro, uno de los mejores de Latinoamérica.
El segundo emprendimiento que destaca, a cargo de la Dirección de Signos Distintivos, es la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial, que publica gratuitamente las solicitudes de marcas y patentes, ahorrando a los ciudadanos el costo de la publicación (que se hacía en el diario oficial El Peruano). En el informe de labores 2017 se destaca que la Gaceta Electrónica ha generado un ahorro de más de 4.3 millones de soles a los ciudadanos.
Fuentes:
