María, una empresaria ambateña de calzado artesanal, descubrió en 2022 que su marca 'Andes Shoes' era vendida en Facebook Marketplace… por alguien que jamás había pisado los Andes. Las imitaciones, un 40% más baratas pero un 80% menos duraderas, le hicieron perder contratos en Quito y Guayaquil. Este caso, aunque singular, ilustra un problema generalizado: de acuerdo con la Cámara de Industrias de Guayaquil, la piratería representa para Ecuador pérdidas cercanas a los 900 millones de dólares anuales.
En la actualidad, la piratería trasciende los mercados informales y llega a los algoritmos, redes sociales y contenedores transnacionales. El presente artículo explora la forma en que Ecuador combate este flagelo en tres frentes: lo físico, lo fronterizo y lo digital, en un contexto donde el derecho y la tecnología se han convertido en aliados imprescindibles.
Según el informe “Trade in Counterfeit Goods and the Italian Economy” de la OCDE de 2023, el 3,3 % del comercio mundial corresponde a productos falsificados, con un valor récord de 464 mil millones de dólares[1]. Entre 2020 y 2023, las falsificaciones en entornos virtuales crecieron un 154 %, impulsadas por plataformas como Amazon o Facebook Marketplace, que se han convertido en canales de distribución clave para la comercialización de imitaciones que desafían las legislaciones nacionales.
En América Latina, Ecuador figura como uno de los países más afectados. Según la Cámara de Industrias de Guayaquil, la piratería equivale a un 1,5 % de su PIB ecuatoriano. A nivel regional, la Comunidad Andina (CAN) reporta que el 22 % de las incautaciones aduaneras están vinculadas a infracciones de marcas, mientras que el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales del Ecuador (SENADI), reporta un 18 % de efectividad en casos de medidas en frontera, según datos de su Memoria Anual 2023[2].
Estas cifras revelan una paradoja: aunque Ecuador cuenta con legislación en materia de propiedad intelectual -la Decisión 486, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimiento e Innovación (COESCCI) y el Código Orgánico Integral Penal (COIP)-, su capacidad para frenar la piratería está limitada por la asimetría entre normas escritas y recursos operativos. Mientras el comercio digital crece a un ritmo del 12 % anual en el país según cifras del Banco Central del Ecuador, los controles en redes sociales y aduanas siguen dependiendo de protocolos manuales y denuncias reactivas. Para subsanar esta brecha, se hace imprescindible una defensa multinivel que abarque lo físico, lo fronterizo y lo digital.
Aunque el debate global se centre en algoritmos y large language models (LLMS), gran parte de la lucha contra la piratería aún se libra entre puestos callejeros y bodegas clandestinas. En el comercio informal, que representa el 35 % de la economía del Ecuador según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los operativos contra falsificaciones físicas siguen siendo la primera trinchera. Tan solo en el último año, agentes aduaneros incautaron 50000 productos falsos valorados en 6,5 millones de dólares y de ellos, los zapatos (45 %) y ropa deportiva (30 %), lideran las incautaciones.
Pero ¿qué hace posible desmantelar estas redes? La respuesta está en dos herramientas jurídicas: la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Sin embargo, ni las leyes más rigurosas son inmunes al fenómeno sistémico de corrupción. En 2023, Transparencia Internacional reveló que el 23 % de los casos de piratería en Ecuador involucran sobornos a funcionarios, un fenómeno que va desde la "autorización" para ingresar contenedores hasta la desaparición de evidencias.
Sin embargo, los allanamientos e incautaciones resultan ineficaces si los casos se diluyen en procesos judiciales prolongados. En Ecuador, el promedio de tiempo para concluir una investigación preprocesal penal por infracción a derechos de propiedad intelectual es de 18 meses, según estadisticas de la Fiscalía General del Estado del Ecuador.
En un hito jurídico para Ecuador, en 2024 se dictó la primera sentencia por asociación ilícita en un caso de falsificación marcaria. Esta decisión refuerza el combate contra la piratería al vincular la falsificación con estructuras criminales organizadas, elevando su gravedad legal. El fallo sienta un precedente clave para fortalecer la protección de marcas en un mercado donde la infracción digital y física coexisten.
Al final, cada allanamiento exitoso es una batalla ganada, pero la guerra exige más. Por cada bodega allanada, hay diez cuentas falsas en Instagram y TikTok vendiendo productos falsificados; por cada infractor sancionado, surge un influencer promocionando imitaciones. La lección es clara: en el siglo XXI, proteger una marca requiere tanta pericia para rastrear un hashtag en redes sociales como para rastrear una etiqueta en el mercado.
En un escenario de creciente globalización, las fronteras ya no son simples líneas geográficas, sino puntos críticos donde convergen flujos de comercio lícito e ilícito. Los aeropuertos, puertos marítimos y pasos terrestres de Ecuador se han transformado en campos de batalla donde la propiedad intelectual se juega su última carta antes de que los productos falsificados lleguen al consumidor final. En este frente, las medidas en frontera se convierten en herramientas estratégicas que requieren una combinación de normativa, cooperación internacional y tecnología.
La Decisión 486 de la Comunidad Andina, en su artículo 243, establece la base legal para la retención de mercancías sospechosas de infringir derechos de propiedad industrial. Este mecanismo legal ha demostrado su eficacia: según datos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), en 2023 se aplicaron medidas de este tipo en el 67 % de los casos detectados en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, con resultados significativos en la incautación de productos falsificados.
Un ejemplo ilustrativo sucedió recientemente, en febrero de 2025, donde se incautaron cientos de miles de tintas para impresora falsificadas que ingresaban por el puerto de Guayaquil. Lo notable de esta operación no fue solo la cantidad de productos retenidos, sino el uso de algoritmos de reconocimiento de patrones. Estos algoritmos analizaron documentos de embarque, detectando inconsistencias en códigos de barras y etiquetas, e información de envío. La acción oportuna conjunta evitó que estos productos ingresaran al mercado ecuatoriano, protegiendo tanto a consumidores como a los titulares de los derechos de las marcas originales.
A pesar de los avances normativos y tecnológicos, la implementación efectiva de medidas en frontera enfrenta obstáculos significativos. Para afrontar estos desafíos, Ecuador debe apostar por una estrategia fronteriza integral que combine legislación, cooperación internacional y tecnología. En la actualidad, el desafío no es solo detener un contenedor sospechoso en Guayaquil, sino anticiparse a su llegada mediante el análisis predictivo de datos. La defensa de las marcas en las fronteras exige, por tanto, un enfoque que trascienda lo físico y abrace lo digital, en una sinergia donde el derecho y la tecnología actúan como aliados inseparables.
El auge del comercio electrónico y las redes sociales ha redefinido el panorama de la piratería, convirtiendo plataformas como Instagram, Facebook Marketplace y TikTok en los nuevos centros para la comercialización de productos falsificados. En Ecuador, la falta de una regulación específica para el comercio digital ha permitido la proliferación de infracciones de marca en estos entornos.
Si bien la legislación ecuatoriana regula ciertos aspectos de los contenidos en línea, no aborda de manera específica la responsabilidad de los influencers en la promoción de productos falsificados. En el ámbito jurisprudencial internacional, se han sentado precedentes que establecen la corresponsabilidad de las plataformas de comercio electrónico cuando no retiran productos piratas tras recibir notificaciones formales. Esta tendencia podría servir de guía para futuras reformas andinas, dado que la Decisión 486 no contempla, de forma explícita, un deber de vigilancia activa en entornos digitales.
Por su parte, tecnologías como el web scraping y el monitoreo automatizado han demostrado eficacia en la detección de infracciones, mientras que la inteligencia artificial aplicada al análisis de patrones sospechosos podría optimizar la respuesta de las autoridades.
Un reto persistente es la demora de las plataformas digitales en retirar publicaciones ilegales, lo que prolonga la circulación de productos falsificados antes de que se tomen medidas efectivas. Esta lentitud afecta tanto a los titulares de derechos de propiedad intelectual como a los consumidores, quienes terminan expuestos a productos de baja calidad o riesgosos. Superar esta barrera implica establecer lineamientos claros de responsabilidad y protocolos de reacción más ágiles, fortaleciendo la articulación entre actores públicos y privados.
Las soluciones tecnológicas han demostrado ser clave en la lucha contra la piratería. Una de las innovaciones más prometedoras es el uso de blockchain para garantizar la trazabilidad en la cadena de custodia de productos incautados. Esta tecnología permite registrar cada etapa de una incautación, desde la identificación del producto hasta su almacenamiento en bodegas de evidencia, asegurando la integridad de la prueba ante posibles litigios.
Paralelamente, los algoritmos de inteligencia artificial (IA) han comenzado a desempeñar un rol crucial en la detección de patrones de comercio ilegal. En Ecuador, se han desarrollado pruebas piloto con machine learning para analizar guías de carga y detectar inconsistencias en códigos de barras, direcciones sospechosas o discrepancias en facturación, lo que permite anticiparse al ingreso de productos falsificados al país.
Para consolidar una defensa efectiva de las marcas, es necesario implementar medidas en tres niveles:
En definitiva, la lucha contra la piratería trasciende el ámbito estrictamente legal y se configura como un ecosistema donde convergen las normas legales y tecnologías como la inteligencia artificial. El éxito no dependerá únicamente de reformas normativas o de acciones aisladas en mercados informales, aduanas o redes sociales, sino de la integración constante de herramientas digitales y modelos de cooperación internacional en un enfoque estratégico.
En un mundo sin barreras físicas ni digitales, la defensa de las marcas deja de ser competencia exclusiva de abogados, fiscales y jueces, y se convierte en una alianza entre el derecho y la tecnología. La tecnología de cadena de bloques, al servicio de la normativa vigente, se perfila como la principal arma para salvaguardar la autenticidad y el valor de las marcas en el siglo XXI.
