En Ecuador, los conocimientos tradicionales de los pueblos y nacionalidades indígenas se protegen mediante un sistema jurídico que combina registro preventivo, consentimiento libre, previo e informado, distribución justa de beneficios y defensa colectiva, con respaldo constitucional y administrativo. El eje institucional de esta protección es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), junto con lo dispuesto en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Código Ingenios) y la Constitución de la República.
Una de las principales herramientas de protección es el depósito voluntario de conocimientos tradicionales administrado por el SENADI, autoridad nacional en materia de propiedad intelectual. Este mecanismo permite a las comunidades documentar oficialmente su conocimiento ancestral (por ejemplo, usos medicinales de plantas, técnicas artesanales, expresiones culturales o prácticas productivas), dejando constancia de su existencia previa y titularidad colectiva, lo que impide su apropiación indebida por terceros.
El registro puede mantenerse confidencial, a solicitud de la comunidad, cuando se trata de conocimientos sensibles o de uso ritual. El depósito es gratuito y tiene valor probatorio frente a intentos posteriores de patentamiento o explotación no autorizada.
El Código Ingenios establece de forma expresa que ninguna persona natural o jurídica puede acceder, usar o explotar conocimientos tradicionales sin el consentimiento libre, previo e informado de sus legítimos poseedores. Este consentimiento debe formalizarse mediante un acuerdo escrito, que incluya condiciones claras de uso y un reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de su explotación comercial.
Este régimen busca prevenir la biopiratería y asegurar que las comunidades participen activamente en los beneficios económicos generados a partir de su saber ancestral.
La Constitución de la República del Ecuador (2008) reconoce los conocimientos tradicionales como parte del patrimonio cultural colectivo e indivisible, y prohíbe expresamente cualquier forma de apropiación privada sobre ellos. Además, garantiza a las comunidades el derecho a conservar, desarrollar y proteger su conocimiento ancestral.
Este marco constitucional permite que las comunidades, a través de sus organizaciones representativas (como federaciones u organizaciones nacionales), ejerzan una defensa colectiva, incluyendo oposiciones administrativas, acciones judiciales o denuncias públicas frente a usos no autorizados.
El uso de conocimientos tradicionales sin consentimiento constituye una infracción legal. El SENADI puede ordenar medidas cautelares, suspender la explotación, y promover la nulidad de registros o patentes obtenidos de forma indebida. Adicionalmente, pueden activarse acciones judiciales con multas e indemnizaciones, según la gravedad del caso.
Ecuador es Estado parte del Convenio 169 de la OIT, que refuerza la obligación de consulta previa y protección de los conocimientos, prácticas y recursos de los pueblos indígenas.
La protección de los conocimientos tradicionales en Ecuador no es simbólica ni declarativa: existe un sistema jurídico operativo, con herramientas administrativas, constitucionales y comunitarias que colocan los derechos colectivos por encima del aprovechamiento económico no autorizado. La combinación entre registro preventivo, consentimiento informado, reparto de beneficios y acción colectiva constituye una barrera efectiva frente a la apropiación indebida del saber ancestral.