La inserción de América Latina en la economía global del conocimiento presenta una paradoja estructural. La región forma investigadores, genera publicaciones científicas, desarrolla soluciones tecnológicas y participa en proyectos internacionales; no obstante, una parte importante de los beneficios derivados de esas actividades termina siendo capturada por empresas y organizaciones situadas en otras jurisdicciones. El problema no consiste únicamente en la cantidad de conocimiento producido, sino en quién controla los derechos, financia el escalamiento, accede a los mercados y recibe las rentas de la innovación.
El informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Oficina Europea de Patentes evidencia esta contradicción. En los países estudiados, las industrias manufactureras intensivas en propiedad intelectual representan aproximadamente el 13,6 % del producto interno bruto y generan alrededor de 1,6 millones de empleos formales. Sus trabajadores reciben salarios cercanos a un 30 % superiores a los de otros sectores manufactureros. Sin embargo, estas industrias explican solamente cerca del 9 % de las exportaciones y el 19 % de las importaciones, lo que refleja una dependencia considerable de bienes y tecnologías desarrollados en el exterior.
La expresión “exportar conocimiento” no significa necesariamente que exista una apropiación irregular. Las empresas extranjeras pueden adquirir legítimamente derechos mediante contratos laborales, inversiones, alianzas o adquisiciones. No obstante, cuando los investigadores latinoamericanos participan en la creación de tecnologías cuya titularidad termina sistemáticamente en manos extranjeras, se produce una pérdida de capacidad negociadora y de acumulación tecnológica regional.
La tesis central de este artículo sostiene que América Latina no carece completamente de innovación, sino de un ecosistema capaz de transformar el conocimiento en activos controlados, productos comercializables y empresas escalables. La limitada captura de valor responde a factores financieros, institucionales, jurídicos y productivos que deben ser abordados de manera coordinada.
David Teece distingue entre inventar y beneficiarse económicamente de una innovación. En su estudio “Profiting from Technological Innovation”, explica que el innovador no siempre obtiene la mayor parte de las ganancias. La apropiación depende de la protección jurídica y del control de activos complementarios como la manufactura, el financiamiento, la distribución, la reputación y el acceso a los consumidores. Una tecnología puede ser valiosa, pero si su creador carece de capital o canales comerciales, deberá transferirla a actores con mayor capacidad económica.
La capacidad de absorción también resulta fundamental. Cohen y Levinthal la definen como la habilidad de reconocer, asimilar y aplicar comercialmente el conocimiento externo. Importar maquinaria, software o licencias puede aumentar la productividad, pero no garantiza el desarrollo de capacidades propias. Las empresas necesitan equipos de investigación, personal especializado y procesos internos de aprendizaje que les permitan adaptar y mejorar las tecnologías adquiridas.
Desde la perspectiva de las cadenas globales de valor, las mayores rentas suelen concentrarse en actividades como investigación, diseño, propiedad intelectual, marcas y comercialización. Las economías que participan principalmente en extracción, ensamblaje o servicios rutinarios reciben una proporción menor del valor final. Por ello, exportar productos no implica necesariamente controlar la innovación ni obtener sus beneficios estratégicos.
Este marco permite comprender la situación latinoamericana. La región invierte alrededor del 0,6 % de su producto interno bruto en investigación y desarrollo, una proporción significativamente inferior al promedio mundial. La escasez de recursos limita los proyectos científicos de largo plazo y reduce la capacidad de las empresas para convertir investigaciones y prototipos en soluciones comercialmente viables.
Una de las principales manifestaciones del problema es el predominio de solicitantes extranjeros en los sistemas regionales de patentes. Más del 85 % de las solicitudes presentadas en los países analizados procede de actores externos, mientras aproximadamente el 13,5 % corresponde a solicitantes nacionales. Aunque este indicador refleja también el interés de empresas internacionales por proteger sus productos en los mercados latinoamericanos, demuestra la reducida capacidad local para desarrollar portafolios tecnológicos propios.
La diferencia entre inventores y titulares profundiza esta situación. Durante el período 2016-2020, la participación de inventores latinoamericanos en determinadas áreas, especialmente tecnología informática, fue superior a la participación de empresas regionales como propietarias de las patentes. Esto significa que investigadores ubicados en América Latina pueden contribuir al desarrollo de una invención, pero los derechos resultantes se incorporan al patrimonio de empresas establecidas en Estados Unidos o Europa. El conocimiento se genera parcialmente en la región, mientras el activo comercializable y los futuros ingresos permanecen fuera de ella.
La colaboración entre universidades y empresas tampoco alcanza el nivel necesario para corregir esta brecha. Las universidades priorizan publicaciones, formación académica e investigación de largo plazo, mientras las empresas requieren confidencialidad, resultados aplicables y retornos más inmediatos. A ello se agregan disputas sobre titularidad, regalías y divulgación de los resultados. La falta de oficinas de transferencia tecnológica profesionalizadas dificulta la valoración de las invenciones, la búsqueda de socios y la negociación de licencias.
Otro obstáculo es la escasez de capital para escalar las tecnologías. Muchas empresas emergentes logran desarrollar prototipos, pero enfrentan dificultades para financiar pruebas, certificaciones, infraestructura productiva e internacionalización. En esas condiciones, pueden vender tempranamente sus derechos, trasladar su sede a mercados con mayor disponibilidad de capital o aceptar inversiones que colocan los activos intelectuales bajo control extranjero. Aunque estas operaciones pueden beneficiar a sus fundadores, reducen la posibilidad de construir capacidades empresariales duraderas en el país de origen.
Las consecuencias económicas van más allá de las regalías no recibidas. Cuando la propiedad y el escalamiento se concentran en el exterior, también se desplazan las funciones de mayor valor: investigación avanzada, dirección tecnológica, diseño, gestión regulatoria y comercialización internacional. La región conserva con frecuencia actividades de ensamblaje, soporte o prestación de servicios, pero no controla los segmentos más rentables de la cadena productiva.
La respuesta no puede limitarse a incrementar el número de patentes. Una patente sin financiamiento, estrategia comercial o acceso a mercados puede convertirse en un activo costoso y sin explotación. Del mismo modo, una protección jurídica más estricta podría beneficiar principalmente a titulares extranjeros si las empresas regionales continúan teniendo una participación reducida en la propiedad de las tecnologías. La propiedad intelectual debe integrarse con políticas de investigación, financiamiento, industrialización y comercio.
La experiencia europea demuestra que la captura de valor depende de un ecosistema completo. En la Unión Europea, las industrias intensivas en propiedad intelectual aportan cerca del 47,9 % del PIB y más del 78 % de las exportaciones. Estos resultados no provienen únicamente de una mayor cantidad de registros, sino de la combinación de infraestructura científica, financiamiento, empresas internacionalizadas, mercados amplios y políticas coordinadas.
América Latina necesita elevar la inversión en investigación y desarrollo, profesionalizar las oficinas de transferencia, financiar pruebas de concepto y crear fondos especializados para empresas tecnológicas. También debería utilizar instrumentos como la contratación pública innovadora, los incentivos fiscales y los programas de desarrollo de proveedores para crear demanda inicial para soluciones regionales.
En el ámbito empresarial, es necesario gestionar la propiedad intelectual como parte de la estrategia competitiva. Esto implica identificar activos intangibles, documentar la creación interna, regular los derechos de empleados y proveedores y decidir qué conocimientos deben patentarse, mantenerse como secretos empresariales, licenciarse o compartirse. La captura de valor depende tanto de proteger la tecnología como de controlar la marca, los datos, la distribución y la relación con el cliente.
El costo oculto de la innovación latinoamericana se origina en la separación entre la producción de conocimiento y la apropiación de sus resultados económicos. La región dispone de talento y capacidad creativa, pero mantiene debilidades para financiar, proteger, comercializar y escalar sus desarrollos. La elevada participación extranjera en las solicitudes de patentes y la brecha entre inventores regionales y titulares internacionales muestran una posición subordinada dentro de la economía global del conocimiento.
La propiedad intelectual puede contribuir a generar empleos de calidad, productividad y mejores salarios, pero no constituye una solución aislada. Su efectividad depende de la existencia de capital, infraestructura, talento especializado, empresas capaces de internacionalizarse y políticas públicas coordinadas. Registrar más derechos sin construir esas capacidades podría aumentar las estadísticas sin modificar la estructura económica.
Transformar esta realidad exige fortalecer la colaboración entre universidades, empresas y gobiernos; mejorar los sistemas de transferencia tecnológica; ampliar el financiamiento para proyectos de alto riesgo; y desarrollar estrategias empresariales que permitan conservar una participación significativa en los activos creados. La cooperación internacional seguirá siendo necesaria, pero debe desarrollarse desde una posición de mayor capacidad negociadora.
América Latina no necesita aislarse de los flujos internacionales de conocimiento, sino integrarse en ellos bajo mejores condiciones. La verdadera medida del progreso no será únicamente el número de patentes o publicaciones, sino la capacidad de convertir el conocimiento en empresas sostenibles, exportaciones de mayor complejidad, empleo especializado y nuevas oportunidades de innovación.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe & Oficina Europea de Patentes. (2026). Harnessing Intellectual Property for Development: Opportunities and Challenges forLatin America and the Caribbean. CEPAL-OEP.
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