Las patentes son mucho más que un mecanismo legal para proteger invenciones: son herramientas estratégicas que reflejan la dinámica entre innovación, mercado y poder. En un entorno global donde la tecnología avanza a ritmos acelerados, las decisiones relacionadas con la propiedad industrial impactan directamente en sectores clave como la salud, la electrónica de consumo y los servicios digitales. El sistema de patentes, aunque técnico en su estructura, tiene consecuencias profundamente políticas, sociales y económicas.
Actualmente, diversos acontecimientos están evidenciando cómo las patentes se convierten en campo de batalla entre intereses empresariales, modelos regulatorios y posicionamientos geopolíticos. Desde la propuesta de Samsung para mejorar la autonomía de sus dispositivos mediante una patente innovadora, hasta las disputas entre laboratorios nacionales e internacionales en Argentina por las reglas de patentabilidad, o el reciente acuerdo entre Nokia y Amazon que zanja una cadena de litigios globales: todos estos hechos exponen una verdad clave. Las patentes no solo protegen el conocimiento, sino que lo negocian, lo limitan y, en ocasiones, lo transforman en conflicto.
Este artículo explora estos tres casos desde la óptica de la propiedad intelectual, analizando sus implicaciones legales y estratégicas. ¿Qué nos dicen estas noticias sobre el estado actual del sistema de patentes? ¿Hasta qué punto el equilibrio entre innovación, acceso y regulación está siendo respetado o distorsionado? La respuesta no es única, pero sí necesaria para comprender hacia dónde se dirige el futuro de la innovación protegida.
La reciente patente de Samsung, registrada ante la OMPI, propone un sistema de carga inalámbrica entre dispositivos, específicamente entre un smartphone y su nuevo Galaxy Ring. Este anillo inteligente, diseñado para monitorizar variables de salud, abre un nuevo capítulo en los dispositivos wearables gracias a una patente que busca resolver un problema crítico: la autonomía energética.
La propuesta permitiría que el anillo recupere batería al colocarse sobre un smartphone compatible, utilizando una porción mínima de su carga total. Esta innovación no solo mejora la experiencia de usuario, sino que podría redefinir la interoperabilidad energética entre dispositivos. No obstante, como muchas patentes tecnológicas, su registro no garantiza implementación inmediata. De hecho, la industria tecnológica está repleta de ejemplos de ideas patentadas que nunca llegaron al mercado.
Este tipo de desarrollos plantea también preguntas legales sobre interoperabilidad, estándares de compatibilidad y licencias cruzadas, especialmente si otros fabricantes de dispositivos buscan replicar o competir con este modelo. Además, se convierte en un claro ejemplo del papel de las patentes no solo como barrera de protección, sino como señal anticipada de los próximos movimientos estratégicos de una marca en el mercado. Para leer más: La idea revolucionaria de Samsung para cargar el próximo Galaxy Ring.
En el otro extremo del espectro, Argentina protagoniza un debate sobre el alcance de la protección patentaria en el sector farmacéutico. El ministro Federico Sturzenegger ha planteado derogar una resolución de 2012 que establece criterios de patentabilidad más exigentes que los estándares internacionales. Esta norma, pionera en limitar el fenómeno del evergreening, busca evitar abusos en la extensión artificial de monopolios farmacéuticos bajo el pretexto de "nuevas invenciones".
Desde su aplicación, la resolución ha tenido un efecto visible: entre 2012 y 2015, la aprobación de patentes cayó un 70%. Organizaciones como CAEME, que representa a laboratorios internacionales, sostienen que esta limitación frena la innovación y obstaculiza el ingreso de startups biotecnológicas. Por otro lado, cámaras como CILFA defienden su vigencia como una medida eficaz para garantizar el acceso a medicamentos y evitar prácticas abusivas.
Este debate trasciende lo local. El informe especial 301 del USTR (Estados Unidos) sigue considerando a Argentina como un país con estándares insuficientes de protección, lo que influye en sus relaciones comerciales. Derogar o mantener la resolución tendrá implicaciones directas en la relación bilateral con EE.UU., en el ecosistema de innovación nacional y en el equilibrio entre protección industrial y acceso a la salud. Si deseas saber más del tema, puedes buscar en: Un proyecto de Sturzenegger se mete en la relación con EE. UU. y reaviva una pelea entre laboratorios.
En el ámbito internacional, Nokia y Amazon cerraron un acuerdo que pone fin a una serie de litigios sobre el uso de tecnologías multimedia sin licencia. Nokia, pionera en compresión de vídeo y recomendaciones de contenido, demandó a Amazon en diversas jurisdicciones por el uso indebido de sus tecnologías en servicios como Prime Video y dispositivos como Fire TV Stick.
La resolución del conflicto evidencia dos realidades: por un lado, el peso estratégico de las patentes esenciales en industrias de alto consumo como el streaming; por otro, el uso creciente de los tribunales para hacer valer estos derechos, incluso entre empresas que coexisten dentro de cadenas de suministro tecnológicas complejas.
El caso Nokia subraya la importancia de contar con un portafolio robusto de propiedad intelectual y la necesidad de acuerdos de licencia para evitar litigios prolongados. También destaca la relevancia del Tribunal Unificado de Patentes en Europa como foro emergente para la resolución de disputas transfronterizas en materia de PI, cuya consolidación traerá nuevas dinámicas jurídicas a nivel global. Para saber más, revisa: Nokia y Amazon firman un acuerdo sobre uso de patentes multimedia del fabricante finlandés.
Los tres casos analizados —Samsung, el conflicto normativo en Argentina y el acuerdo entre Nokia y Amazon— ilustran los múltiples rostros del sistema de patentes en el contexto actual. Desde la innovación técnica y la experiencia de usuario, hasta las tensiones regulatorias y la diplomacia tecnológica, las patentes no son simplemente registros administrativos: son reflejo de prioridades políticas, estrategias empresariales y modelos de desarrollo.
El reto es encontrar el equilibrio entre incentivar la innovación, garantizar el acceso justo a la tecnología y evitar abusos del sistema. En este sentido, las decisiones regulatorias, los tratados internacionales y las prácticas corporativas deben repensarse constantemente para asegurar que el sistema de propiedad intelectual siga siendo un motor legítimo de progreso.
La proliferación del phishing a través de mensajes directos en redes sociales representa una amenaza creciente para la privacidad de los usuarios y la seguridad de los sistemas digitales. Este tipo de fraude, basado en tácticas de ingeniería social, ha evolucionado en su forma y alcance, afectando no solo a usuarios individuales sino también a empresas e instituciones cuya imagen puede verse comprometida por ataques de suplantación. El aumento de estos casos ha encendido las alarmas entre organismos de ciberseguridad, autoridades de protección de datos y departamentos de compliance, que deben abordar este fenómeno desde un enfoque preventivo, técnico y legal.
Desde la perspectiva del compliance, el phishing por mensajes directos plantea una serie de desafíos críticos. Las organizaciones no solo deben proteger sus propios activos digitales, sino también garantizar que sus usuarios, clientes y empleados estén suficientemente informados y protegidos frente a este tipo de ataques. Esto implica establecer protocolos internos, cumplir con las normativas de protección de datos aplicables y colaborar con las autoridades ante incidentes de seguridad.
El presente artículo analiza este fenómeno desde una óptica general, examinando su funcionamiento, su impacto en la privacidad y los datos personales, los marcos normativos aplicables en Europa y América Latina, y las medidas clave de compliance que deben adoptarse para mitigar sus efectos.
El phishing por mensajes directos (DM) en redes sociales se basa en la manipulación emocional y la suplantación de identidad para inducir al usuario a entregar información confidencial. Plataformas como Instagram, Facebook y X han sido blanco recurrente de este tipo de ataques, en los que los estafadores simulan ser entidades oficiales para engañar a los usuarios.
Estos mensajes suelen adoptar un tono urgente o amenazante, advirtiendo de supuestas infracciones a normas de la comunidad o a derechos de autor, y ofreciendo un enlace para "apelar" o "verificar" la cuenta. El objetivo es conducir al usuario a un sitio externo —falsamente similar al legítimo— donde se le solicita ingresar sus credenciales. La amenaza de suspensión de la cuenta en 24 o 48 horas busca generar una reacción impulsiva que impida al usuario verificar la autenticidad del mensaje.
Este tipo de fraude combina factores técnicos y psicológicos. Utiliza perfiles falsos con nombres y logos similares a los oficiales, textos alarmistas con errores de redacción y URLs acortadas o disfrazadas. Incluso han existido casos donde los atacantes comprometen cuentas verificadas para dotar al engaño de mayor legitimidad. Desde la perspectiva de compliance, esto obliga a implementar medidas de seguridad adicionales tanto en el front-end (comunicación con el usuario) como en el back-end (detección y neutralización de patrones de actividad sospechosa).
El principal riesgo derivado de estos ataques es el acceso no autorizado a datos personales. Cuando un usuario entrega sus credenciales a un sitio fraudulento, el atacante puede tomar control total de su cuenta, accediendo a mensajes, contactos, fotos, videos e información sensible. Esta situación no solo constituye una intrusión a la privacidad, sino también una violación directa a los principios fundamentales de protección de datos, tales como la confidencialidad, la seguridad y la licitud del tratamiento.
La suplantación de identidad posterior al ataque puede tener efectos multiplicadores: los delincuentes pueden enviar nuevos mensajes de phishing desde la cuenta comprometida, engañando a contactos cercanos. En casos donde las cuentas están vinculadas a otras plataformas o se usan con fines comerciales, el daño se extiende a clientes, empleados o comunidades completas. Las víctimas pueden sufrir robo de identidad, extorsión o exposición pública de información privada.
Desde el punto de vista del compliance, una intrusión de este tipo puede constituir una “violación de seguridad” que debe ser reportada a las autoridades competentes, especialmente si hay implicaciones transfronterizas. Además, exige revisar y reforzar las políticas internas de tratamiento de datos, mecanismos de autenticación y respuesta ante incidentes.
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea establece en su artículo 32 la obligación de implementar medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad del tratamiento. Si una red social sufre una brecha que compromete datos personales, debe notificar a la autoridad de control y, en determinados casos, a los propios afectados (Arts. 33 y 34). El incumplimiento puede conllevar sanciones de hasta el 4% de la facturación global de la empresa.
En América Latina, países como México, Argentina, Colombia, Ecuador y Brasil cuentan con normativas inspiradas en el RGPD que imponen deberes similares. Por ejemplo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (México) y la Ley 25.326 (Argentina) exigen garantizar la seguridad de los datos frente a accesos no autorizados. En Colombia, la Ley 1581 de 2012 establece el principio de seguridad como pilar fundamental del tratamiento de datos personales.
En todos estos marcos, se entiende que las plataformas tecnológicas tienen una obligación proactiva de prevenir ataques como el phishing. El hecho de que el engaño se dirija al usuario no exime a la empresa de responsabilidad si se demuestra una falta de medidas razonables para prevenir la suplantación o notificar a tiempo una brecha de seguridad. Esto implica la necesidad de actualizar permanentemente los sistemas de seguridad, entrenar al personal y cooperar con las autoridades cuando sea necesario.
Un programa de compliance efectivo frente al phishing en redes sociales debe partir de una política de tolerancia cero ante este tipo de fraudes. En primer lugar, las empresas deben establecer protocolos claros de comunicación con el usuario, dejando en evidencia qué canales son oficiales y cómo actuar ante mensajes sospechosos. La transparencia es clave para evitar confusiones.
Además, es fundamental contar con herramientas técnicas que permitan detectar y bloquear mensajes de phishing automáticamente, mediante inteligencia artificial y monitoreo de patrones sospechosos. La autenticación de dos factores debe promoverse activamente entre los usuarios, especialmente aquellos con cuentas de alto perfil. También es aconsejable limitar la posibilidad de enviar mensajes masivos desde cuentas nuevas o no verificadas.
En el plano organizacional, las empresas deben incluir el phishing como un riesgo específico en sus matrices de cumplimiento. Esto implica entrenar regularmente a empleados, especialmente a quienes gestionan cuentas corporativas, en la detección de amenazas. Se deben realizar simulaciones de ataque, auditorías periódicas de seguridad y establecer canales internos de denuncia rápida ante posibles fraudes.
La colaboración con autoridades de protección de datos, CERTs nacionales y organismos de ciberseguridad es otra pieza esencial. Compartir patrones de ataque, URLs utilizadas y métodos de suplantación puede facilitar la investigación y desarticulación de redes criminales más amplias. Asimismo, una respuesta coordinada y documentada ante incidentes puede servir como prueba de diligencia ante una eventual revisión por parte de las autoridades.
El phishing por mensajes directos en redes sociales no solo constituye una amenaza técnica, sino también un desafío legal y reputacional que exige una respuesta coordinada desde el compliance. Las organizaciones deben entender que la protección de los datos personales no termina en los servidores, sino que abarca toda la experiencia del usuario, incluidos los canales de comunicación y el diseño de las plataformas.
Un enfoque de compliance robusto —que integre medidas técnicas, políticas claras, educación interna y colaboración externa— permite reducir significativamente el riesgo de que estas estafas afecten a usuarios y empresas. La protección de datos personales no debe ser vista como una mera obligación legal, sino como un compromiso con la confianza digital y la sostenibilidad de los entornos virtuales.
La prevención del phishing es, en última instancia, una responsabilidad compartida entre usuarios, empresas y autoridades. Solo con una cultura de seguridad sólida, acompañada de mecanismos efectivos de respuesta y mejora continua, será posible mantener la integridad de nuestros datos en un mundo cada vez más interconectado y vulnerable.
El sistema de patentes, concebido como un incentivo para fomentar la innovación tecnológica y científica, enfrenta hoy un entorno cada vez más complejo. En teoría, las patentes buscan premiar la creatividad otorgando exclusividad temporal a quienes logran avances significativos. Sin embargo, en la práctica, este sistema se encuentra en constante tensión entre la protección de los derechos del inventor y el interés público por el acceso a productos esenciales, la libre competencia y la evolución tecnológica. En este escenario, las patentes no solo son un instrumento legal, sino también una poderosa herramienta estratégica.
Actualmente, distintos sectores industriales —desde el farmacéutico hasta el automotriz y el tecnológico— hacen uso intensivo del régimen de propiedad intelectual para posicionarse en el mercado, prolongar sus ventajas competitivas y anticiparse a nuevos desarrollos. Casos recientes como la demanda desestimada contra Bristol Myers Squibb por supuestas prácticas anticompetitivas, el registro de patentes para una motocicleta eléctrica por parte de BMW y TVS, y el ascenso de China como potencia global en patentes de inteligencia artificial, evidencian que las disputas en torno a la innovación han trascendido lo técnico para instalarse en el terreno económico, geopolítico y legal.
Este artículo analiza estos tres casos clave desde la perspectiva del sistema de patentes, destacando no solo los aspectos técnicos de cada uno, sino también sus implicaciones en materia de competencia, acceso, regulación y liderazgo tecnológico. A través de esta mirada, se busca comprender cómo las decisiones en torno a la propiedad intelectual están moldeando el presente y el futuro de industrias críticas, y cómo estos escenarios plantean desafíos importantes para países en desarrollo que buscan participar activamente en la economía del conocimiento.
El reciente fallo del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York a favor de Bristol Myers Squibb (BMS) desestimó la demanda colectiva que acusaba a la empresa de mantener un monopolio sobre el medicamento Pomalyst. El caso puso en evidencia uno de los usos más polémicos del sistema de patentes: el evergreening o alargamiento artificial de exclusividades mediante la acumulación de patentes menores. Entre 2017 y 2020, BMS (y su subsidiaria Celgene) obtuvo múltiples patentes adicionales y presentó litigios contra fabricantes de genéricos como Teva y Mylan, lo que, según los demandantes, retrasó injustamente la entrada de versiones más económicas al mercado.
Sin embargo, el juez determinó que no existía evidencia suficiente de fraude ni de que las demandas fueran infundadas. Desde una perspectiva jurídica, este fallo reitera la importancia de probar objetivamente la mala fe en la adquisición y aplicación de patentes. No basta con mostrar la acumulación de patentes o el número de demandas: se requiere probar su carácter abusivo o fraudulento.
Este precedente plantea un debate crucial: ¿en qué momento la protección legítima de la innovación se convierte en una barrera artificial al acceso a medicamentos? Pomalyst generó más de 3.500 millones de dólares en ingresos en 2024, y el caso demuestra cómo las estrategias de propiedad intelectual pueden tener un profundo impacto en los costos para sistemas de salud y consumidores.
La controversia no es aislada. Casos similares, como los litigios contra AbbVie por Humira en EE. UU. o las investigaciones por abuso de posición dominante en Europa, muestran que el sistema de patentes puede ser instrumentalizado para fines anticompetitivos. En América Latina, donde los genéricos son clave para el acceso, estas dinámicas deben ser monitoreadas cuidadosamente. Para saber más lee: La empresa BMS logra desestimar la demanda colectiva que alega monopolio de Pomalyst.
En otro frente del sistema de patentes, BMW y su socio indio TVS Motor han registrado nuevas patentes para lo que sería la primera motocicleta eléctrica enchufable de la marca alemana. Este paso revela cómo el uso estratégico de las patentes no solo protege innovaciones técnicas, sino que también anticipa el posicionamiento en nuevos mercados y modelos de negocio.
Los registros detallan un diseño que rompe con la lógica de los scooters eléctricos tradicionales, al reubicar las baterías a ambos lados del chasis y ofrecer configuraciones intercambiables, lo que podría facilitar la diversificación de modelos en distintas gamas y países. Además, el uso de transmisiones por correa y motores comparables al King EV Max apunta a una plataforma modular que podría ser escalable y adaptable a regulaciones locales.
Este enfoque modular y patentado abre un abanico de posibilidades: desde motocicletas económicas aptas para el carnet A1 en Europa hasta modelos premium en América y Asia. Las patentes aseguran a BMW no solo exclusividad en los mercados donde se lancen primero estos modelos, sino también una herramienta legal frente a posibles imitaciones o desarrollos paralelos en una industria altamente competitiva.
La estrategia también refleja la relevancia de las alianzas globales: mientras BMW aporta diseño y reputación, TVS proporciona capacidad de manufactura y conocimiento del mercado emergente. Este tipo de colaboraciones demuestra cómo las patentes no son solo un instrumento de protección, sino una pieza clave en la arquitectura de innovación abierta y cooperación industrial. Puedes conocer más en: La moto eléctrica de BMW será realidad en 2025.
El AI Index 2025, elaborado por la Universidad de Stanford, reveló una transformación significativa en el liderazgo global en inteligencia artificial. Aunque EE. UU. continúa dominando en lanzamientos de modelos, China ha recortado la distancia con 15 desarrollos en 2024, y lidera en la cantidad de publicaciones científicas y solicitudes de patentes de IA. Este dato no es menor: las patentes son un indicador clave del nivel de sofisticación tecnológica de un país.
La propiedad intelectual se convierte aquí en una herramienta de política industrial. Desde 2015, China ha invertido en educación, infraestructura y propiedad intelectual en IA, consolidando una estrategia nacional que busca liderazgo tecnológico. Este crecimiento se refleja en modelos como DeepSeek, que ha logrado competir en descargas con plataformas como ChatGPT.
El uso intensivo del sistema de patentes también evidencia una diferencia de enfoque: mientras Silicon Valley tiende a priorizar el código abierto, China apuesta por una mayor protección patentaria en sus modelos, lo que puede generar tensiones con los principios de interoperabilidad y acceso a tecnologías emergentes.
Este escenario plantea un reto para América Latina: el bajo número de solicitudes de patentes relacionadas con IA en la región indica que aún estamos lejos de participar activamente en esta nueva ola tecnológica. Sin políticas públicas que fomenten la investigación, el registro de patentes y la colaboración universidad-empresa, el riesgo es pasar de consumidores a simples espectadores en la carrera global de la IA. Si quieres saber más, lee: China muestra crecimiento en la calidad de desarrollos de IA.
Los tres casos presentados reflejan la complejidad del ecosistema de patentes en la actualidad. Lejos de ser un mero mecanismo de protección, las patentes son utilizadas como herramientas estratégicas para dominar mercados, defender posiciones competitivas y configurar alianzas industriales globales. Ya sea en la industria farmacéutica, automotriz o tecnológica, el sistema de propiedad intelectual está en el centro de los principales debates sobre innovación, acceso y poder de mercado.
Desde una perspectiva jurídica y técnica, resulta esencial revisar los límites del sistema: evitar su abuso sin desincentivar la innovación. Asimismo, es clave fortalecer capacidades locales para participar activamente en este juego global. Para América Latina, este desafío implica una combinación de reformas legales, inversión en ciencia y tecnología, y desarrollo de capacidades institucionales en propiedad intelectual.
Las patentes no solo protegen inventos: definen quién tiene la capacidad de innovar, producir, y, en última instancia, transformar el mundo.
La economía digital ha transformado la interacción entre marcas y consumidores en América Latina. El e-commerce y las redes sociales han dinamizado los canales de venta y promoción, pero también han intensificado las vulnerabilidades para los derechos marcarios. La exposición masiva y desintermediada de los productos ha derivado en un entorno propicio para la falsificación, suplantación, uso indebido de signos distintivos y ciberocupación. Estas prácticas no solo impactan el prestigio de la marca, sino que también generan riesgos para la salud, seguridad y confianza del consumidor, erosionando activos intangibles que constituyen el núcleo del valor empresarial.
En este contexto, la protección de marcas registradas debe entenderse como un ejercicio activo de protección, con implicaciones legales, económicas y reputacionales. A diferencia del entorno físico, en el digital las barreras jurisdiccionales se difuminan, lo que exige nuevas estrategias articuladas entre plataformas tecnológicas, titulares de derechos y autoridades. Este artículo ofrece un análisis técnico del fenómeno, con énfasis en las principales prácticas ilícitas, jurisprudencia relevante y las herramientas disponibles para una buena defensa en redes sociales y marketplaces.
Las infracciones que afectan a las marcas en redes sociales y marketplaces presentan una creciente sofisticación. No se limitan a la reproducción no autorizada del signo distintivo, sino que adoptan múltiples formas orientadas a generar confusión, desviar tráfico digital o simular autenticidad.
El panorama normativo y jurisprudencial en América Latina respecto a la protección marcaria digital aún está en desarrollo. No obstante, se han emitido fallos importantes que comienzan a delinear estándares de responsabilidad para intermediarios digitales.
En Argentina, el caso “María D. c/ Mercado Libre” marcó un hito al establecer que las plataformas pueden ser responsables solidarias si lucran con la transacción y no adoptan medidas preventivas. Por el contrario, otros fallos posteriores han eximido a Mercado Libre cuando su rol fue meramente técnico, especialmente si existía un canal de denuncias eficaz. En México, la legislación de PI (LFPPI) y la Ley Federal de Protección al Consumidor han sido usadas de forma complementaria para exigir responsabilidad a plataformas que no remueven contenido infractor tras notificación fehaciente.
En Brasil, el Marco Civil da Internet (Ley 12.965/2014) establece que los proveedores de aplicaciones de internet solo son responsables si no remueven contenido tras notificación judicial o extrajudicial. La jurisprudencia del STJ ha ratificado que el deber de vigilancia previa sería desproporcionado, pero impone obligaciones claras tras la notificación formal (caso REsp 1.660.168/SP).
Por su lado, Chile a través de la Alianza Anti-Falsificación (MACA), Mercado Libre ha trabajado con autoridades para judicializar casos relevantes, como redes de venta de perfumes falsos. En estos casos se articuló una estrategia de investigación previa, notificación a autoridades, y denuncia penal conjunta. La Ley 21.081 también fortalece procedimientos de notice & takedown aplicables a derechos de autor y con posible extensión a marcas.
En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio ha conocido casos donde se ordenó la suspensión de cuentas en redes sociales que usaban signos distintivos sin autorización. Si bien estos procesos no son aún frecuentes, existe un marco normativo sólido en la Decisión 486 de la CAN y la Ley 256 de Competencia Desleal para accionar ante estas prácticas.
Mercado Libre: El Programa de Protección de Propiedad Intelectual (PPPI) es uno de los sistemas más avanzados de la región. Permite notificaciones extrajudiciales, remoción rápida, y obtención de información del infractor. Se recomienda que el titular de marca se adhiera formalmente al PPPI para mayor efectividad. Las marcas deben complementar este sistema con compras de prueba (test buys), generación de evidencia y eventuales acciones judiciales si se detectan infracciones sistemáticas.
Meta (Facebook e Instagram): La herramienta “Brand Rights Protection” permite gestionar de forma unificada las infracciones en ambas plataformas. Las marcas pueden cargar sus registros, términos protegidos y recursos gráficos, y monitorizar contenido infractor. En caso de suplantación, Meta facilita reportes específicos y suele actuar con celeridad. No obstante, en ausencia de medidas técnicas preventivas o ante reincidencias, cabe evaluar acciones judiciales por competencia desleal o infracción marcaria.
TikTok: El sistema de protección está en evolución. A través del IP Protection Center de TikTok Shop, las marcas pueden vigilar listados comerciales. TikTok también permite denuncias individuales por contenido infractor. La plataforma advierte que los reportes pueden ser remitidos a Lumen Database (repositorio de transparencia), por lo que la marca debe cuidar la precisión de sus argumentos. La verificación de cuenta y la presencia oficial activa son estrategias complementarias eficaces.
Desde la pespectiva de herramientas externas, ecisten empresas como Corsearch, Ubilibet, Axur y Red Points ofrecen sistemas de rastreo automático por IA, reconocimiento visual, gestión masiva de denuncias y generación de reportes. Estas plataformas permiten coordinar acciones entre múltiples jurisdicciones y reducir la dependencia de los sistemas de cada plataforma.
Si bien aún no existen proveedores locales del nivel de Corsearch, algunos estudios jurídicos especializados trabajan con aliados regionales para monitorear plataformas específicas (Mercado Libre, OLX, Instagram) y emitir alertas tempranas. También es posible contratar servicios puntuales de takedown a proveedores, que tiene experiencia operando en Brasil y otros mercados latinoamericanos.
Toda empresa debe desarrollar una política interna de protección de activos intangibles, incluyendo criterios para priorizar qué productos o marcas monitorear, definir umbrales de acción (por volumen o peligrosidad), asignar responsables internos y mantener registros digitales probatorios.
La protección de marcas registradas en plataformas digitales en América Latina exige un enfoque técnico, dinámico y proactivo. Si bien los sistemas legales y administrativos aún evolucionan, existen mecanismos legales y tecnológicos que permiten a los titulares defender eficazmente sus derechos.
El caso de Ecuador, aún incipiente pero en crecimiento, refleja el esfuerzo por adaptar la normativa marcaria a los desafíos del ecosistema digital. En este escenario, el rol del estudio juridico especializado debe ir más allá del litigio: integrar estrategias de vigilancia, prevención, mediación y, cuando sea necesario, acción judicial o administrativa, actuando como puente entre la empresa, la tecnología y el derecho.
Asipi. (2022). Manual de mejores prácticas en la protección de la propiedad intelectual en el entorno digital. Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI).
Corsearch. (2023). Brand Protection in the Digital Age.
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EBRAND. (2023). How Brands Can Protect Their IP on TikTok Shop.
INPI Argentina. (2020). Guía práctica sobre infracciones de marca en el entorno digital.
Latinoamérica IPR SME Helpdesk. (2021). Intellectual Property Protection in E-commerce Platforms in Latin America. European Commission.
Ley Orgánica de Propiedad Intelectual del Ecuador. Registro Oficial Suplemento 588 de 09-oct.-2006.
Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Argentina. (1993).
Ley N.º 12.965/2014 – Marco Civil da Internet. Brasil.
Mercado Libre. (2024). Programa de Protección de la Propiedad Intelectual (PPPI).
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Red Points. (2022). The State of Counterfeiting in Ecommerce 2022 Report.
Súperintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. (2023). Advertencias sobre suplantación de identidad en redes sociales y protección de marca.
TIKTOK. (2023). TikTok Intellectual Property Policy.
Ubilibet. (2023). Zero: Monitoreo multicanal de infracciones de propiedad intelectual. https://ubilibet.com
WILMAP – Stanford University. (2023). World Intermediary Liability Map: Mercado Libre Case Law. https://wilmap.stanford.edu
La dinámica empresarial a menudo implica transformaciones profundas, como la fusión de compañías o, por el contrario, la escisión (división) de las mismas. En este artículo explicaremos en qué consisten estos procesos, por qué ocurren y cómo pueden afectar a distintos actores (consumidores, empleados y el mercado en general), usando casos recientes para ilustrar los conceptos. Abordaremos también las implicaciones legales y económicas de estas decisiones y los desafíos que presentan, en un lenguaje claro y accesible.
Un ejemplo reciente de fusión empresarial es la integración de Disney+ y Star+ en Latinoamérica. Desde junio de 2024, ambos servicios se unificaron en una sola plataforma, permitiendo a los suscriptores acceder a todo el contenido en un solo lugar.
La estrategia detrás de esta fusión busca simplificar la experiencia del usuario y consolidar la oferta de Disney en el mercado del streaming. Sin embargo, también trajo consigo ajustes en los planes de suscripción y aumentos de precios, lo que generó reacciones mixtas entre los consumidores.
En términos operativos, la fusión requirió integrar tecnologías y sistemas de gestión de suscriptores, además de implementar nuevos controles parentales para garantizar la seguridad del contenido en la plataforma. Este tipo de retos evidencian que una fusión empresarial no solo consiste en sumar catálogos o servicios, sino en una reconfiguración profunda de los procesos internos y de la relación con los clientes.
En Ecuador, el sector asegurador también ha sido testigo de un proceso de fusión relevante. Seguros Equinoccial y Ecuatoriano Suiza anunciaron su integración en octubre de 2024, buscando fortalecer su posición en el mercado y ampliar su oferta de servicios.
Uno de los objetivos principales de esta fusión es la creación de una aseguradora más robusta y competitiva, capaz de ofrecer mejores coberturas y optimizar sus operaciones. No obstante, esta transacción está sujeta a la aprobación de los entes reguladores, que evaluarán su impacto en la competencia y en los derechos de los consumidores.
El reto operativo de esta fusión radica en la integración de sistemas, la unificación de carteras de clientes y la redefinición de estrategias comerciales. Además, la consolidación de ambas estructuras podría generar cambios en la plantilla laboral, con reasignaciones de personal o ajustes en puestos redundantes.
Mientras que las fusiones buscan la consolidación de empresas, las escisiones permiten que unidades de negocio operen de manera independiente. Un caso emblemático de escisión fue la separación de PayPal y eBay en 2015.
Por años, PayPal funcionó como el principal sistema de pagos de eBay, pero con el auge de los pagos digitales y la creciente competencia en el sector, se decidió que ambas compañías operarían de manera separada. Como resultado, PayPal pudo expandirse más allá de la plataforma de eBay, estableciendo acuerdos con otras empresas de e-commerce y fortaleciendo su presencia en el sector financiero.
Esta escisión demuestra cómo una empresa puede ganar flexibilidad y crecimiento al separarse de su matriz. Sin embargo, también implica desafíos, como la necesidad de construir infraestructura propia y redefinir su modelo de negocios de manera independiente.
La decisión de fusionar dos sociedades o de escindir una no se toma a la ligera: suele obedecer a estrategias empresariales bien definidas. Entre los principales motivos de una fusión se encuentran:
En cuanto a las escisiones, algunas razones clave incluyen:
Estos procesos no solo afectan a las empresas, sino también a sus clientes y empleados:
Los casos analizados muestran que las fusiones pueden generar entidades más fuertes y diversificadas, mientras que las escisiones pueden impulsar el crecimiento y la autonomía de las empresas involucradas. Sin embargo, ambos procesos requieren una planificación meticulosa para superar los desafíos regulatorios, operativos y financieros.
Si bien estos movimientos estratégicos pueden beneficiar a las compañías y sus clientes, también pueden traer incertidumbre y cambios significativos en el mercado. El éxito de una fusión o escisión no solo depende de su justificación económica, sino de cómo se gestione su ejecución para garantizar estabilidad y crecimiento a largo plazo.
El Universo. (2024). Todas las dudas sobre la fusión de Disney+ y Star+ respondidas por una ejecutiva de la compañía.
El Universo. (2024). Seguros Equinoccial y Ecuatoriano Suiza llegaron a un acuerdo con miras a una fusión.
Reason Why. (2015). PayPal y eBay separan sus caminos para potenciar sus negocios.
Leialta. (2023). Fusiones y escisiones: claves y diferencias.
La fusión y escisión de sociedades son procesos de reestructuración empresarial que permiten optimizar operaciones, mejorar la gestión y garantizar la sostenibilidad de las empresas en un entorno competitivo. A través de estas figuras, las organizaciones pueden mejorar su eficiencia, adaptarse a cambios del mercado y optimizar recursos.
No obstante, ambos procesos requieren un análisis profundo de los aspectos legales, fiscales y organizacionales involucrados. Las normativas vigentes buscan garantizar la transparencia, protección de los intereses de terceros y la estabilidad económica de las sociedades involucradas.
El conocimiento detallado de estos procedimientos resulta esencial para evitar riesgos legales y fiscales. En este artículo, exploraremos los conceptos clave, regulaciones y mejores prácticas para ejecutar fusiones y escisiones de manera efectiva y segura.
La fusión de sociedades es un mecanismo de reorganización mediante el cual dos o más entidades combinan sus patrimonios para formar una nueva organización o integrarse en una ya existente. Este proceso tiene como objetivo principal fortalecer la competitividad de las empresas y optimizar sus operaciones.
Existen dos tipos principales de fusión:
En Ecuador, con la reforma a la Ley de Compañías del año 2019, se incorporó otras formas de reorganización entre las que se incluye a las fusiones transfronterizas, es decir, la posibilidad de que una o más sociedades extranjeras se fusionen con una o más sociedades ecuatorianas para operar a través de una nueva compañía en el país. En estos casos, las compañías absorbidas deben cancelarse en su país de origen. Las sociedades anónimas, en comandita por acciones y de responsabilidad limitada pueden participar en estas fusiones, bajo la supervisión de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (portal.compraspublicas.gob.ec).
Para garantizar la legalidad del proceso, la fusión debe ser aprobada en asambleas extraordinarias de socios. Este requisito busca asegurar la participación y el acuerdo de todas las partes interesadas, protegiendo los derechos de los accionistas minoritarios y terceros.
La escisión es un proceso mediante el cual una sociedad divide su patrimonio en dos o más partes, transfiriendo activos y pasivos a nuevas entidades o a otras sociedades existentes. Este procedimiento es utilizado para especializar áreas de negocio, reducir riesgos y mejorar la eficiencia organizativa.
Se identifican tres modalidades principales de escisión:
En Ecuador, la ley permite escisiones múltiples, donde dos o más sociedades pueden escindirse simultáneamente para crear una nueva compañía. En este proceso, las sociedades que se escinden transfieren activos, parte de su patrimonio y, de ser necesario, pasivos a la nueva entidad. Los socios o accionistas pueden convertirse en socios de la nueva compañía en proporción a su aporte, salvo decisión en contrario por la junta general.
Al igual que en la fusión, la escisión requiere la aprobación en asamblea extraordinaria de socios. Este proceso asegura la legalidad de la operación y protege los derechos de los accionistas y acreedores.
Las fusiones y escisiones están reguladas por normativas que buscan garantizar la protección de socios, acreedores y empleados. Estas regulaciones establecen procedimientos claros y plazos para que los interesados puedan hacer valer sus derechos.
Algunos de los mecanismos de protección incluyen:
En Ecuador, la normativa también permite la combinación de transformación, fusión y escisión en un solo acto, lo que facilita la reorganización y optimización de recursos empresariales.
La fusión y escisión de sociedades son herramientas esenciales para la evolución y reestructuración empresarial. Si bien estos procesos pueden generar oportunidades de crecimiento y optimización, también conllevan retos significativos.
Un análisis detallado de los aspectos legales, fiscales y organizacionales es fundamental para garantizar el éxito de la operación. La participación de expertos en derecho corporativo y contabilidad resulta clave para mitigar riesgos y cumplir con la normativa vigente.
Las empresas que implementan adecuadamente estos procesos pueden fortalecer su posición en el mercado, mejorar su estructura financiera y garantizar una mayor eficiencia operativa. Sin embargo, es esencial que estos cambios se realicen con transparencia y respetando los derechos de todas las partes involucradas.
En definitiva, la correcta ejecución de una fusión o escisión puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso empresarial. La planificación estratégica y el cumplimiento normativo son pilares fundamentales para aprovechar al máximo las ventajas de estas figuras corporativas.
En el vertiginoso avance de la tecnología, las patentes se han convertido en piezas clave que no solo protegen invenciones, sino que también revelan las aspiraciones más audaces de las industrias. Tres recientes solicitudes de patentes de gigantes como Ford, Nintendo y Sony nos ofrecen una ventana a ese futuro: un cambio manual simulado en coches eléctricos, el uso de inteligencia artificial para el reescalado gráfico y mandos de consola alimentados por energía solar. Más allá del impacto técnico, estos casos permiten reflexionar sobre cómo las patentes moldean la experiencia de usuario, la percepción del diseño y los posibles conflictos en el ecosistema de propiedad intelectual.
El diseño industrial y las invenciones patentables son muchas veces el primer paso hacia una diferenciación de mercado. Sin embargo, no todas las patentes se materializan en productos finales. Y cuando lo hacen, emergen preguntas clave: ¿cómo se protegen los elementos que afectan la experiencia sensorial? ¿Qué sucede cuando varias tecnologías se solapan? ¿Estamos preparados legal y éticamente para los dilemas que se avecinan?
La industria automotriz ha abrazado con fuerza el paradigma eléctrico, priorizando la eficiencia y el rendimiento. Sin embargo, la patente de Ford sobre una transmisión manual simulada para coches eléctricos marca un retorno inesperado: recuperar la experiencia emocional de conducción.
Según la solicitud, el sistema imita el comportamiento de una caja de cambios manual tradicional, aunque no haya engranajes ni conexión mecánica real. El conductor tendría una palanca que ofrece resistencia, vibración y retroalimentación simulada, generada por un controlador electrónico que modula el par motor. Este diseño, que podría recordar al rugido de un V8, busca atraer a conductores nostálgicos y a entusiastas del control manual.
Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, este desarrollo plantea interrogantes interesantes. ¿Qué parte del diseño es funcional y qué parte es estética o sensorial? ¿Cómo se delimita el alcance de una patente que imita sensaciones? Las respuestas a estas preguntas no solo afectarán a Ford, sino también a cualquier competidor que desee ofrecer “experiencias” similares. Esto hace que los diseños industriales, las funcionalidades técnicas y hasta los algoritmos de control deban ser cuidadosamente delimitados en términos legales. Para saber más puedes leer: Esta patente hace soñar con coches eléctricos con cambio manual, o al menos así lo plantea Ford.
En el mundo del videojuego, Nintendo ha apostado por la eficiencia más que por la potencia bruta. La reciente reactivación de su patente de reescalado por inteligencia artificial para la Nintendo Switch 2 confirma esta estrategia: convertir gráficos de baja resolución (540p) en imágenes de alta definición (1080p) sin comprometer la fluidez del juego.
La tecnología planteada busca mantener los 60 fotogramas por segundo estables, y aunque no está confirmada su implementación definitiva, deja clara la intención de competir con soluciones como el DLSS de NVIDIA. En términos de patentes, el desafío no está solo en proteger un algoritmo, sino en cómo ese algoritmo interactúa con otros sistemas ya patentados o comercialmente establecidos.
Además, el uso de IA para procesos gráficos plantea nuevas tensiones en el ámbito de la propiedad intelectual. ¿Puede una mejora visual generada por IA ser objeto de protección adicional? ¿Qué sucede si el reescalado introduce elementos visuales que podrían considerarse una forma de diseño derivado? Estas preguntas, hoy todavía en debate, ponen en jaque a los marcos jurídicos tradicionales de patentes, especialmente cuando hablamos de tecnologías emergentes que transforman radicalmente la experiencia del usuario. Quieres saber más del tema, puedes revisar: Nueva patente apunta a que Nintendo busca su propio estilo HD-2D.
El avance hacia dispositivos sostenibles no se detiene, y Sony ha registrado una patente para controles de PlayStation que funcionan con energía solar. El objetivo: superar las limitaciones de las baterías convencionales, cuya vida útil, coste y peligros potenciales generan creciente preocupación.
La patente describe mandos equipados con células fotovoltaicas ubicadas estratégicamente, capaces de recargarse con luz solar y reducir la necesidad de conectores o recambios. Esta innovación podría no solo cambiar el diseño de los controles, sino establecer un nuevo estándar de sostenibilidad en la industria del entretenimiento interactivo.
Sin embargo, el camino de esta patente también puede estar lleno de obstáculos. Desde una perspectiva jurídica, podría entrar en conflicto con otras tecnologías similares si no se define con precisión la innovación. ¿Hasta qué punto es original el sistema de recarga solar? ¿Cómo se protegen sus elementos técnicos sin interferir con soluciones ya existentes en sectores como la electrónica de consumo? El debate no solo es técnico, sino también estratégico, en un entorno donde la acumulación de patentes puede bloquear o ralentizar el avance de competidores. Quieres conocer sobre esta patente, visita: ¿El futuro? Sony registra patente para controles de PlayStation alimentados por energía solar.
Los tres casos analizados —Ford, Nintendo y Sony— revelan un patrón común: la creciente sofisticación de las patentes no solo como escudos legales, sino como declaraciones de intención de marca. Cada patente plantea oportunidades, pero también desafíos. Las fronteras entre diseño, funcionalidad e innovación se difuminan, y el sistema de propiedad intelectual debe adaptarse para seguir siendo relevante.
Al mismo tiempo, se vuelve cada vez más esencial una mirada crítica sobre las implicaciones de estas tecnologías: ¿favorecen la competencia o consolidan monopolios? ¿Fomentan una innovación abierta o refuerzan barreras de entrada? En ese contexto, tanto diseñadores como juristas están llamados a colaborar más estrechamente que nunca, para asegurar que la propiedad intelectual cumpla su propósito original: impulsar el desarrollo, sin sofocar la creatividad ni el acceso justo a las nuevas soluciones.
La inteligencia artificial (IA) ha revolucionado la forma en que se crean y distribuyen contenidos. Sin embargo, su avance ha generado fricciones legales, particularmente en el ámbito de los derechos de autor. Dos recientes controversias reflejan la magnitud del problema: la demanda de autores y editores franceses contra Meta por el uso no autorizado de obras protegidas y la eliminación de más de 75.000 canciones deepfake por parte de Sony Music. Estos casos no solo evidencian las lagunas jurídicas que rodean a la IA generativa, sino que también plantean interrogantes sobre la sostenibilidad de la propiedad intelectual en la era digital.
El núcleo de estas disputas radica en cómo las plataformas tecnológicas están utilizando contenido protegido sin el debido permiso de sus creadores. Mientras Meta enfrenta acusaciones de haber entrenado su modelo de IA con material literario sin licencia, la industria musical se ve amenazada por la proliferación de canciones creadas artificialmente que imitan la voz y el estilo de artistas reales. Ambos escenarios subrayan la necesidad de un marco legal más robusto que garantice el respeto a los derechos de autor sin frenar la innovación tecnológica.
El 12 de marzo de 2025, tres de las principales asociaciones de escritores y editores franceses interpusieron una demanda contra Meta en el Tribunal Judicial de París. El Sindicato Nacional de la Edición (SNE), la Sociedad de Gente de Letras (SGDL) y el Sindicato Nacional de Autores y Compositores (SNAC) acusan a la compañía de haber utilizado, sin autorización, obras protegidas para entrenar su modelo de IA generativa LLaMA. La demanda sostiene que aproximadamente 200.000 libros fueron empleados en este proceso, lo que, según los denunciantes, representa una forma de “saqueo” del patrimonio cultural y creativo.
Los demandantes alegan que el uso masivo de contenido protegido para el desarrollo de IA generativa pone en riesgo la industria editorial. François Peyrony, presidente del SNAC, advierte que la IA de Meta podría generar “libros falsos” que competirían directamente con las obras originales de los autores. Esta preocupación no es infundada, ya que se han identificado casos en los que modelos de IA producen textos que imitan el estilo de escritores sin que estos reciban compensación alguna.
Este caso se enmarca en un contexto más amplio de demandas contra grandes tecnológicas por el uso indebido de datos con derechos de autor. En Estados Unidos, OpenAI y Meta enfrentan procesos similares, impulsados por escritores como Sarah Silverman y Christopher Farnsworth. La comunidad creativa exige que se establezcan mecanismos de control y transparencia sobre los datos utilizados en los entrenamientos de IA, en especial en lo que respecta a material protegido.
Mientras en Francia los autores defienden sus derechos sobre la literatura, en la industria musical la IA ha desatado una nueva batalla legal. Sony Music reveló que ha eliminado más de 75.000 canciones deepfake de plataformas de streaming, las cuales imitaban voces y estilos de artistas de renombre sin autorización. Entre los artistas afectados se encuentran Beyoncé, Harry Styles y Queen, cuyas voces han sido replicadas por IA sin su consentimiento.
El problema de los deepfakes musicales es especialmente preocupante porque permite a cualquier usuario generar canciones con la voz de un artista sin necesidad de que este participe en la producción. En muchos casos, estos temas se monetizan, generando ingresos para terceros mientras los músicos originales no reciben compensación alguna. Sony Music argumenta que esta práctica constituye una infracción directa de los derechos de autor y ha instado a las plataformas de streaming a reforzar sus mecanismos de detección y eliminación de contenido falso.
El caso de Sony Music no es aislado. En 2024, la industria discográfica presentó una demanda colectiva contra startups especializadas en IA musical, como Suno y Udio, acusándolas de haber entrenado modelos con catálogos protegidos sin permiso. Estas acciones legales buscan establecer precedentes que impidan la explotación no autorizada del trabajo de los artistas. La regulación sobre el uso de IA en la música sigue siendo un área gris, y los sellos discográficos presionan para que se establezcan normas claras que protejan tanto a los creadores como a la industria en su conjunto.
Estos casos reflejan la creciente preocupación por el impacto de la IA en los derechos de autor. En Europa, el AI Act propone regulaciones para garantizar la transparencia en el entrenamiento de modelos de IA y la obligación de documentar el origen de los datos utilizados. Sin embargo, aún existen vacíos legales sobre cómo hacer cumplir estas normativas y qué tipo de sanciones podrían aplicarse en caso de incumplimiento.
En Estados Unidos, la Oficina de Derechos de Autor ha determinado que las obras generadas exclusivamente por IA no pueden ser registradas como propiedad intelectual, pero el debate sobre el uso de material protegido en el entrenamiento de modelos sigue abierto. Las empresas tecnológicas defienden el uso de estos datos bajo el principio de “uso justo”, mientras que los creadores argumentan que esta práctica erosiona sus derechos y su capacidad de generar ingresos por sus obras.
El Reino Unido y otras jurisdicciones también están evaluando cambios regulatorios para abordar el problema. Mientras algunos gobiernos consideran flexibilizar las leyes de derechos de autor para fomentar el desarrollo de IA, la comunidad artística y editorial insiste en que se implementen salvaguardas para evitar la explotación indiscriminada de contenido protegido. La pregunta clave es cómo encontrar un equilibrio entre innovación y protección de la propiedad intelectual sin frenar el avance tecnológico.
Los casos de Meta y Sony Music marcan un punto de inflexión en la lucha por la protección de los derechos de autor en la era de la inteligencia artificial. La creciente capacidad de los modelos generativos para replicar obras creativas sin autorización pone en jaque los principios fundamentales de la propiedad intelectual y desafía a los legisladores a establecer marcos normativos efectivos.
El impacto de estas tecnologías es innegable y, si bien pueden ofrecer herramientas innovadoras para la creatividad, también presentan riesgos significativos para los creadores de contenido. La industria editorial y la musical han dado los primeros pasos en la defensa de sus derechos, pero queda mucho camino por recorrer para garantizar que la IA se desarrolle de manera ética y respetuosa con la propiedad intelectual.
La regulación y la adaptación de las leyes de derechos de autor serán clave en los próximos años. A medida que los tribunales y los legisladores definan nuevas reglas, se determinará si la IA se convierte en un aliado o en una amenaza para los creadores. Lo cierto es que el debate está lejos de concluir, y las decisiones que se tomen en estos casos sentarán precedentes para el futuro de la propiedad intelectual en la era digital.
En un mundo donde la falsificación y la piratería continúan en aumento, la protección de la propiedad intelectual (PI) se vuelve crucial para garantizar la legalidad en el comercio y salvaguardar los derechos de marcas y creadores. La falta de capacitación especializada para las autoridades encargadas de la aplicación de la ley dificulta la detección y control de productos ilegales, debilitando los esfuerzos contra la falsificación.
La tercera edición del Taller de Propiedad Intelectual, organizada por Luzuriaga & Castro Abogados en colaboración con la Aduana de Ecuador, reforzó el conocimiento de los funcionarios aduaneros sobre la identificación de productos falsificados, la regulación vigente y las herramientas tecnológicas disponibles para fortalecer la protección de la PI.
Uno de los mayores desafíos en la lucha contra la falsificación es la identificación eficaz de productos ilegales. Muchas veces, los funcionarios aduaneros carecen de formación técnica para diferenciar entre productos originales y falsificados, lo que permite el ingreso de mercadería ilegal al mercado.
Capacitaciones como el Taller de Propiedad Intelectual no solo brindan herramientas prácticas para detectar falsificaciones, sino que también facilitan la cooperación con los titulares de derechos y otros actores clave. Esto permite mejorar los procedimientos de actuación y reforzar la aplicación de sanciones contra infractores.
En su tercera edición, el taller se enfocó en dotar a los funcionarios aduaneros de herramientas actualizadas para la detección de productos falsificados y la correcta aplicación de la normativa vigente. Entre los principales temas abordados estuvieron:
El evento proporcionó un espacio de aprendizaje y discusión, donde los participantes pudieron intercambiar experiencias y fortalecer su conocimiento en la aplicación de la ley en temas de PI.
Las capacitaciones en PI ofrecen ventajas clave para las autoridades y el sector empresarial:
Para mejorar la protección de la propiedad intelectual en Ecuador y la región, es necesario:
La capacitación en propiedad intelectual es fundamental para mejorar la protección de los derechos de PI y combatir la falsificación. La tercera edición del Taller de Propiedad Intelectual representó un paso adelante en la formación de funcionarios aduaneros, contribuyendo al fortalecimiento de la aplicación de la ley en Ecuador.
El trabajo conjunto entre autoridades, expertos y el sector privado es clave para garantizar un comercio legal y la protección efectiva de la propiedad intelectual en el país. La continuidad de estas iniciativas fortalecerá la capacidad de respuesta ante la falsificación y piratería, generando un impacto positivo en la economía y la seguridad del consumidor.
En un mundo donde la innovación y la creatividad impulsan la economía global, la protección de la Propiedad Intelectual se ha convertido en un eje estratégico para las empresas, creadores y autoridades. La falsificación y la piratería continúan evolucionando, desafiando las estructuras jurídicas y operativas de los países. Ante esta realidad, es crucial fortalecer los mecanismos de defensa de la PI y capacitar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Los delitos relacionados con la falsificación y la piratería han crecido exponencialmente en los últimos años. La facilidad con la que los infractores acceden a tecnologías de producción avanzada y redes de distribución globales ha hecho que la lucha contra estos delitos sea cada vez más compleja. Desde productos electrónicos hasta bienes de lujo, ropa y medicamentos, la fabricación y comercialización de productos falsificados representa una amenaza para la economía, la seguridad de los consumidores y la competitividad de las marcas legítimas.
En el marco de la segunda edición del Taller de Propiedad Intelectual impartido al Laboratorio de Criminalística de Quito y Esmeraldas, el Mayor Santiago Guzmán compartió su visión sobre los desafíos actuales en la lucha contra la piratería y la falsificación.
"A nivel mundial, el crimen organizado ha demostrado una capacidad constante de adaptación, desarrollando nuevas formas de infringir la ley en el ámbito de la falsificación y la piratería. La policía, en conjunto con expertos en Propiedad Intelectual, trabaja de manera continua en la actualización de conocimientos sobre productos falsificados, sus métodos de fabricación y la evolución de estos sistemas año tras año. Esta actualización es clave para innovar y fortalecer los informes periciales, haciendo que sean más precisos y útiles en los procesos judiciales", señaló Guzmán.
Uno de los principales retos que enfrentan las autoridades es la capacidad de identificar productos falsificados y comprender los mecanismos empleados por los infractores. La capacitación constante se ha convertido en una herramienta indispensable para mejorar las investigaciones y optimizar los informes periciales que sustentan procesos judiciales.
"La formación impartida por expertos y representantes de marcas es un recurso invaluable", enfatizó Guzmán. "En muchos países, la oferta de programas especializados en universidades o instancias estatales es escasa, lo que hace que la colaboración con el sector privado sea fundamental. Gracias a esta cooperación, las autoridades pueden acceder a conocimientos técnicos avanzados que les permiten mejorar la detección de falsificaciones y el reconocimiento de marcas vulnerables a la piratería. Sin estos programas de formación, las investigaciones carecerían de la profundidad necesaria para garantizar un cumplimiento eficaz de la ley".
La alianza entre el sector público y privado juega un papel crucial en la lucha contra la piratería. Mientras que las instituciones gubernamentales suelen enfrentar limitaciones en cuanto al acceso a información técnica actualizada, las empresas privadas y los titulares de derechos aportan conocimientos esenciales sobre los procesos de fabricación y los métodos más avanzados para detectar falsificaciones. Esta sinergia permite mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades y reducir la impunidad de los infractores..
El crecimiento del mercado de productos falsificados y piratas tiene consecuencias significativas para la economía y la sociedad. La afectación a las empresas legítimas se traduce en una reducción de sus ingresos y un desincentivo a la inversión en innovación. Asimismo, la presencia de productos falsificados supone un riesgo para la salud y seguridad de los consumidores, especialmente en sectores sensibles como el farmacéutico y el automotriz, donde un defecto en los productos puede poner en peligro vidas humanas.
En los últimos años, la aplicación de sanciones económicas y penas privativas de libertad para los responsables de estos delitos ha comenzado a generar un impacto positivo. "Gracias a estas sanciones, hemos visto que músicos, compositores y otros creadores de contenido han tomado más conciencia sobre la importancia de registrar sus marcas y proteger sus derechos de propiedad intelectual", mencionó Guzmán.
El fortalecimiento de la conciencia sobre la importancia de la PI, combinado con mejores herramientas de detección, ha llevado a un incremento en el número de personas que buscan asegurar su propiedad intelectual de manera formal. Sin embargo, aún existen brechas que deben ser atendidas a través de la implementación de regulaciones más estrictas y la aplicación de penas más severas para quienes infringen la ley.
El avance tecnológico ha permitido que los infractores desarrollen métodos más sofisticados para fabricar y distribuir productos falsificados. Sin embargo, estas mismas tecnologías pueden ser utilizadas para reforzar la protección de la PI. El uso de inteligencia artificial, blockchain y sistemas de trazabilidad avanzada ha demostrado ser una herramienta efectiva para detectar y rastrear productos falsificados en tiempo real.
"Es fundamental mejorar la investigación en torno a la fabricación de productos falsificados", indicó Guzmán. "Contar con un enfoque más práctico, que permita conocer de primera mano cómo se crean estos productos, es esencial para detectar con mayor precisión sus diferencias con los originales. No basta con diapositivas o imágenes; es necesario comprender en detalle la estructura de fabricación para poder identificar patrones de falsificación y actuar con mayor contundencia".
La implementación de sistemas de autenticación digital y etiquetado inteligente también contribuye a que consumidores y autoridades puedan verificar la autenticidad de los productos de manera más eficiente. Estas innovaciones representan una oportunidad invaluable para fortalecer la protección de la PI y mitigar el impacto de la piratería a nivel global.
El 2025 representa una nueva oportunidad para fortalecer la protección de la Propiedad Intelectual a través de la capacitación continua, la implementación de tecnologías innovadoras y la cooperación entre el sector público y privado. La lucha contra la piratería y la falsificación no solo protege a las empresas y creadores, sino que también garantiza un mercado más seguro y equitativo para los consumidores.
A pesar de los avances logrados, la evolución del crimen organizado sigue representando un reto. Sin embargo, las fuerzas del orden han avanzado en la implementación de estrategias especializadas. "Hemos visto la creación de nuevas unidades dentro de la Policía Nacional, así como un mayor control en fronteras y aeropuertos. Esto ha permitido fortalecer los mecanismos de detección y sanción de estos delitos", concluyó Guzmán.
Con un enfoque estratégico y una visión a largo plazo, es posible avanzar hacia un futuro en el que la PI sea verdaderamente valorada y protegida en todos los niveles. La capacitación, el uso de tecnología avanzada y la cooperación entre sectores son las claves para combatir eficazmente la piratería y asegurar un entorno en el que la innovación pueda prosperar sin amenazas.
