La industria de los hidrocarburos ha sido, durante décadas, el eje financiero del Estado ecuatoriano. En este contexto, la existencia de dos empresas estatales operando de forma paralela —EP Petroecuador y Petroamazonas EP— representó por años una anomalía administrativa con altos costos y escasa eficiencia. La decisión de fusionarlas, oficializada en enero de 2021, marcó un hito no solo en la gestión energética nacional, sino también en la aplicación del derecho corporativo y empresarial en el ámbito público.
Esta fusión fue presentada como un mecanismo para reducir costos, mejorar la transparencia, atraer inversión y reorganizar el modelo operativo del sector. Pero su ejecución también planteó desafíos técnicos, jurídicos, laborales y estratégicos, cuya evaluación es fundamental para comprender su verdadero impacto. El análisis que sigue ofrece una visión integral de este proceso desde la lógica de la gestión corporativa pública, integrando referencias legales, económicas y comparadas con experiencias similares en América Latina.
La Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), establecida en 1972, fue la entidad pionera en la gestión estatal de los recursos hidrocarburíferos. En 1989, CEPE fue transformada en Petroecuador, una empresa estatal con varias filiales: Petroproducción, Petroindustrial y Petrocomercial, cada una especializada en diferentes eslabones de la cadena de valor del petróleo.
En 2008, mediante la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Petroecuador fue reestructurada como empresa pública, y sus filiales se convirtieron en gerencias internas. Sin embargo, en 2010, se creó Petroamazonas EP, escindiendo las funciones de exploración y producción de Petroecuador. Esta nueva empresa pública asumió las operaciones de la Unidad del Bloque 15, anteriormente gestionada por Petroproducción, y posteriormente expandió su responsabilidad a otros bloques petroleros en el país.
El proceso de fusión se formalizó con el Decreto Ejecutivo N.º 1158, emitido el 24 de septiembre de 2020, que autorizó la fusión por absorción de Petroamazonas EP por parte de Petroecuador. Esta medida fue parte de una política gubernamental orientada a optimizar la estructura empresarial del Estado, buscando reducir duplicidades y mejorar la eficiencia operativa.
Desde la perspectiva del derecho corporativo, esta decisión respondía a criterios de racionalidad económica, pero también a una necesidad de rediseñar los marcos legales y contractuales de gestión pública, generando una nueva estructura que integre funciones antes separadas bajo una misma personería jurídica, reduciendo fricciones operativas y conflictos de competencias.
La fusión se ejecutó mediante los Decretos Ejecutivos 723 y 1221, conforme a la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP). Se optó por la figura jurídica de la fusión por absorción, en la cual Petroecuador asumió el control total de Petroamazonas, incluidos sus activos, contratos y obligaciones. Desde el punto de vista corporativo, esto supuso una transición compleja que debía cumplir con normas de control de mercado, transparencia institucional y debido proceso administrativo.
La creación de una Unidad Temporal de Fusión (UTF) y un Comité Estratégico Interinstitucional respondió a la necesidad de gobernanza temporal, garantizando la trazabilidad y legalidad del proceso. Se respetaron principios del derecho empresarial, como la continuidad de los contratos, la transparencia en la administración de activos, y la protección de derechos laborales adquiridos. Petroecuador notificó formalmente a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) y obtuvo su aprobación para proceder, consolidando la seguridad jurídica de la operación.
Desde el punto de vista económico, la fusión pretendía reducir estructuras duplicadas. En 2022, Petroecuador reportó un ahorro de alrededor de USD 80 millones en costos operativos, cifra significativa en un contexto de restricciones fiscales. Este ahorro fue detallado en el Informe Estadístico Anual 2022 de EP Petroecuador, donde se especifica que los costos operativos promedio por barril se mantuvieron en niveles competitivos, reflejando las eficiencias logradas tras la fusión.
Además, el informe destaca la optimización de procesos y la reducción de gastos administrativos como factores clave para alcanzar este resultado. No obstante, el proceso supuso también asumir los pasivos laborales y contractuales de Petroamazonas, lo que tensionó su flujo financiero.
Desde una óptica de gestión corporativa, uno de los desafíos fue la integración de sistemas, políticas y cultura organizacional. La empresa unificada debió armonizar sus plataformas tecnológicas, marcos normativos y procesos internos. Esto implicó una transformación digital sustancial, que si bien generó eficiencias, también evidenció la falta de planificación estratégica a largo plazo, típica en fusiones mal dirigidas en el ámbito público.
En términos de responsabilidad contractual, Petroecuador asumió compromisos con grandes proveedores como Schlumberger, Tecpetrol y Halliburton, sin renegociación inicial. Cumplir con esos compromisos exigió financiamiento externo y ajustes operativos, reafirmando la importancia de un análisis jurídico previo que evalúe riesgos y contingencias. Complementariamente, informes del Ministerio de Energía y la ARCERNNR ofrecen cifras actualizadas sobre producción y desempeño, útiles para valorar la sostenibilidad real del proceso de fusión.
El mayor desafío post-fusión ha sido la gestión del talento humano. Aunque inicialmente se aseguró la estabilidad laboral, estudios técnicos, parte del Plan de Optimización Empresarial implementado por la empresa,  redundancias, particularmente en áreas administrativas. Esto motivó un plan de retiro voluntario financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, aunque no logró reducir la nómina como se esperaba por acciones judiciales promovidas por sindicatos.
La fusión también dejó al descubierto conflictos salariales entre el personal proveniente de ambas entidades. Petroecuador arrastraba contratos colectivos con más beneficios que los de Petroamazonas, lo cual generó reclamos por nivelación salarial, abriendo un frente de tensión interna que sigue vigente.
Desde una visión corporativa, este proceso pone en evidencia la necesidad de incorporar criterios de gobierno corporativo moderno, incluyendo evaluaciones de desempeño, comités de auditoría independientes y revisión periódica de estructura organizacional, para evitar la duplicidad de funciones y el uso ineficiente de recursos humanos. A ello se suma una debilidad estructural clave: la ausencia de estados financieros auditados y de un inventario actualizado —elementos indispensables para decisiones empresariales de alto nivel—, lo cual contrasta con experiencias como la de Ecopetrol, cuya transparencia contable ha sido clave para acceder a mercados bursátiles y atraer inversión.
Casos como el de Petrobras (Brasil) y Ecopetrol (Colombia) muestran que una petrolera estatal puede ser rentable y eficiente si se somete a disciplina de mercado y gobierno corporativo transparente y a una adecuada gobernanza. Ambas empresas cotizan en bolsa y han diversificado sus operaciones. Petroecuador aún no ha dado ese paso y sería el primer escalón hacia una apertura controlada de capital que le permita atraer inversiones y modernizarse (RecursosyEnergia.gob.ec).
Los organismos multilaterales como el Banco Mundial y la CEPAL han recomendado a los países de la región consolidar empresas públicas para evitar la dispersión institucional. Asimismo, instan a la adopción de planes estratégicos de largo plazo con metas claras, inversión en exploración y diversificación de operaciones hacia energías limpias (Documents World Bank).
En este sentido, Petroecuador deberá complementar la fusión con una transformación integral: revisión de su gobernanza, digitalización de procesos, apertura a alianzas estratégicas y fortalecimiento de su autonomía presupuestaria sin comprometer su rol social.
Más que una decisión administrativa, la fusión de Petroecuador y Petroamazonas representó un punto de inflexión en la manera en que el Estado ecuatoriano concibe la gestión corporativa de sus empresas estratégicas. El proceso logró consolidar funciones dispersas, generar una plataforma jurídica común y simplificar el mapa institucional del sector petrolero. Desde una óptica legal, el uso de la fusión por absorción conforme a la LOEP, acompañado de decretos ejecutivos y revisión por parte de entes de control, configuró un procedimiento cuya finalidad era obtener una empresa pública eficiente y transparente, sin embargo, es un proceso que tomará tiempo e involucrará la toma de decisiones oportunas y adecuadas.
Sin embargo, la verdadera prueba no estuvo solo en la legalidad, sino en la ejecución: problemas laborales, desequilibrios operativos y la persistencia de una burocracia pesada han limitado el potencial transformador del proceso. Las cifras de producción no han mejorado de forma sustancial, y el gasto en personal sigue siendo elevado, con una estructura que aún requiere ajustes delicados desde lo humano y lo financiero. A ello se suma la falta de estados financieros auditados actualizados —los últimos disponibles corresponden al año 2021— y la ausencia de un inventario consolidado de activos, lo que debilita la capacidad institucional para tomar decisiones estratégicas informadas. Este vacío documental contrasta con modelos como Ecopetrol, cuya transparencia contable y control patrimonial han sido claves para acceder a mercados bursátiles e implementar reformas sostenidas.
En el terreno corporativo, la experiencia deja una lección clara: una reestructuración corporativa pública no se agota en la emisión de decretos o la unificación de logos, sino que exige visión estratégica, profesionalización y voluntad de transformar la cultura organizacional. Es indispensable dotar a la nueva Petroecuador de métricas claras de rendimiento, control financiero riguroso y una estructura de gobernanza que trascienda el ciclo político.
Finalmente, si Ecuador aspira a contar con una petrolera estatal moderna y competitiva —capaz de operar con eficiencia, atraer inversión y prepararse para un futuro de transición energética—, la fusión deberá verse como el primer paso de una reforma más amplia. La consolidación legal e institucional ya está hecha. Ahora corresponde consolidar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de negocio, sin perder de vista que, más allá de la rentabilidad de los hidrocarburos, lo que está en juego es la capacidad del Estado para gestionar con visión empresarial su patrimonio estratégico.
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En un entorno económico impulsado por la innovación, el sistema de propiedad intelectual —y en particular, el régimen de patentes— se convierte en una herramienta clave para proteger, rentabilizar y defender las invenciones tecnológicas. Las patentes no solo otorgan derechos exclusivos a sus titulares sobre una invención, sino que también funcionan como instrumentos de control de mercado, herramientas de negociación y activos intangibles de alto valor en sectores tan diversos como la informática, la automoción o la electrónica de consumo.
Sin embargo, el papel de las patentes va mucho más allá de su función de registro. En la práctica, su eficacia depende del uso estratégico que las empresas hagan de ellas. Desde la anticipación en el registro hasta la ejecución de acciones legales por infracción, las decisiones que rodean a una patente pueden marcar el éxito o el declive de una organización. A lo largo del ciclo de vida de una patente —que generalmente abarca 20 años—, el contexto tecnológico, legal y comercial puede variar significativamente, lo que exige una gestión activa y adaptable del portafolio de derechos.
Los casos recientes de Asetek, Mazda y Alfa Romeo permiten analizar cómo el sistema de patentes se aplica en tres momentos diferentes: el vencimiento de una protección crítica, la solicitud temprana para salvaguardar desarrollos futuros, y el uso de registros de diseño como extensión de la estrategia de protección industrial. Estos ejemplos ponen en evidencia que el enforcement de patentes no solo responde a una infracción, sino que forma parte de una visión integral de desarrollo empresarial y posicionamiento competitivo.
En este artículo se analiza el valor jurídico y comercial de las patentes como núcleo de la propiedad intelectual tecnológica, considerando las implicaciones que su expiración, registro o divulgación pueden tener para las empresas. La gestión eficiente de este tipo de derechos puede significar la diferencia entre liderar un mercado o perderlo ante la competencia.
La empresa danesa Asetek representa un caso paradigmático de cómo una única patente bien gestionada puede convertirse en el eje de una estrategia comercial sostenida durante décadas. En 2005, Asetek registró su invención de un sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO) que integra una bomba en el bloque de agua de la CPU, una solución que se convertiría en estándar en la industria del hardware de alto rendimiento.
Durante 20 años, la patente US8240362B2 y su contraparte en Dinamarca permitieron a Asetek controlar una parte crítica del mercado tecnológico, mediante licencias o acciones legales contra competidores que intentaban replicar su diseño. Esta exclusividad no solo protegió su innovación, sino que le permitió establecer relaciones comerciales privilegiadascon fabricantes globales como ASUS y Corsair, quienes incorporaron la tecnología Asetek en sus productos sin necesidad de desarrollar alternativas.
Sin embargo, la naturaleza finita de la protección patentaria marca un antes y un después para Asetek. Con la expiración del derecho, el diseño puede ser utilizado libremente por otras empresas, lo que representa un riesgo considerable para un modelo de negocio basado en la exclusividad técnica. En este nuevo escenario, la empresa se ha visto forzada a reconsiderar su estrategia, explorando la posibilidad de vender su división de refrigeración a otros actores interesados en el sector de centros de datos.
El caso Asetek evidencia la necesidad de complementar la protección por patentes con otras formas de defensa jurídica —como el secreto industrial o la diversificación del portafolio—, así como la importancia de anticipar la expiración de los derechos exclusivos con planes de innovación o reconversión del negocio.Para saber más del tema, puedes leer Asetek perderá su ventaja clave en el mercado, la patente de las AIO.
Frente al ejemplo de una patente que expira, Mazda muestra cómo el uso oportuno del sistema de propiedad intelectual puede ser una herramienta proactiva de protección y diferenciación. En un contexto donde la industria automotriz avanza hacia la electrificación, Mazda ha presentado una patente innovadora sobre la disposición interna de baterías en futuros modelos eléctricos, específicamente en su icónico deportivo MX-5.
Esta solicitud de patente, aunque aún no se ha traducido en un producto final, revela una estrategia clara de anticipación. Al registrar la solución antes de lanzarla al mercado, Mazda no solo asegura sus derechos en caso de que terceros intenten replicarla, sino que también establece un marco de referencia legal desde el cual podrá ejercer control sobre tecnologías similares en desarrollo.
Este tipo de patente no busca defender una tecnología consolidada, sino más bien proyectar una línea de evolución futura dentro de la empresa, blindando su camino ante posibles competidores. Además, la publicación de la solicitud genera un efecto disuasorio, advirtiendo a la industria sobre la existencia de derechos potenciales que podrían ser exigidos en un futuro cercano.
Desde la perspectiva de la propiedad intelectual, Mazda entiende que las patentes también cumplen una función de posicionamiento estratégico, permitiendo a las empresas no solo proteger lo que han creado, sino también lo que están por crear. Este enfoque fortalece su reputación como actor innovador y refuerza su capacidad para negociar licencias o alianzas con otras marcas. Para conocer más del tema, puedes leer la curiosa patente de Mazda para solucionar el gran problema de un futuro MX-5 eléctrico.
El caso del nuevo Alfa Romeo Stelvio 2025 se centra en otra dimensión del sistema de patentes: el registro de diseños industriales. Aunque estas figuras difieren técnicamente de las patentes de invención, ambas forman parte del ecosistema de propiedad industrial y cumplen un papel crucial en la protección de activos intangibles. En este caso, Alfa Romeo ha registrado imágenes detalladas de su nuevo SUV ante la oficina de patentes, anticipándose al lanzamiento comercial del modelo.
Esta estrategia responde a dos objetivos. En primer lugar, el diseño registrado otorga derechos exclusivos sobre la apariencia del producto, impidiendo que terceros imiten sus características visuales distintivas. En segundo lugar, permite a la marca controlar el flujo de información previa al lanzamiento, generando expectativa sin renunciar al amparo legal.
Desde una perspectiva de enforcement, el registro de diseños industriales fortalece la capacidad de respuesta jurídica frente a imitaciones o réplicas no autorizadas, sobre todo en mercados donde las copias visuales son frecuentes. Esta protección se convierte en un escudo contra el llamado “parasitismo de diseño”, una práctica común en sectores como el automotriz, la moda o los electrodomésticos.
El caso Alfa Romeo confirma que el sistema de patentes y diseños industriales debe ser considerado de forma integral y estratégica, no como un trámite aislado, sino como un componente esencial de la innovación empresarial. Si buscas más información, puedes ver, el nuevo Alfa Romeo Stelvio 2025 se deja ver en las fotos de patente.
Los tres casos analizados —Asetek, Mazda y Alfa Romeo— ilustran cómo las patentes y otros derechos conexos son mucho más que simples registros técnicos. Son activos que otorgan poder en la mesa de negociación, permiten controlar mercados, y ofrecen una plataforma sólida para el crecimiento basado en innovación.
En primer lugar, el caso Asetek nos recuerda que toda patente tiene una fecha de vencimiento, y que su expiración puede abrir la puerta a una competencia feroz si no se ha previsto un plan de transición. Esto subraya la importancia de integrar el ciclo de vida de las patentes en la planificación empresarial y no depender exclusivamente de un único derecho.
En segundo lugar, Mazda demuestra que el valor de una patente también reside en su temporalidad anticipada: registrar una invención antes de que exista una amenaza real permite construir un marco preventivo, limitar el accionar de terceros y potenciar la imagen de marca como innovadora y pionera.
Finalmente, el uso de diseños industriales por parte de Alfa Romeo refleja que el sistema de propiedad intelectual puede —y debe— abarcar todas las dimensiones del producto: desde su funcionamiento técnico hasta su estética visual. Esta visión holística permite fortalecer el enforcement y actuar rápidamente ante infracciones en múltiples frentes.
En conclusión, el sistema de patentes no es un fin en sí mismo, sino un instrumento de estrategia legal y comercial. Las empresas que comprenden esto no solo protegen su innovación, sino que consolidan una ventaja competitiva sostenible. En tiempos de cambio acelerado, invertir en propiedad intelectual es apostar por el futuro.
Las empresas multinacionales enfrentan hoy una presión sin precedentes para proteger sus activos intangibles en un entorno de constante cambio normativo. En este escenario, la protección de las marcas —y su enforcement efectivo— se convierte en una prioridad estratégica. Instrumentos regulatorios como la Directiva de Denunciantes en Europa, la Ley de Prevención de Extorsión Extranjera en Estados Unidos, y reformas en Asia y América Latina, imponen nuevas obligaciones y abren espacios para combatir infracciones de propiedad intelectual. La vigilancia de la PI ya no es solo un asunto corporativo: es un imperativo de cumplimiento legal y reputacional en la economía global actual.
El enforcement de marcas en este contexto enfrenta retos complejos: la fragmentación normativa entre regiones, la necesidad de actuar con agilidad ante riesgos emergentes, y el uso creciente de tecnología como blockchain o inteligencia artificial para combatir infracciones. Al mismo tiempo, la colaboración entre entidades públicas y privadas se fortalece, exigiendo a las empresas respuestas más rápidas y programas de compliance adaptados a realidades locales y globales.
Este artículo examina cómo las transformaciones regulatorias en distintas regiones del mundo afectan la protección de marcas y otros derechos de propiedad intelectual. Asimismo, analiza las estrategias que las empresas deben adoptar para defender sus activos en un entorno de riesgos múltiples e interconectados.
La Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de denunciantes ha modificado radicalmente la gestión de riesgos de propiedad intelectual en Europa. Ahora, los empleados pueden reportar anónimamente la falsificación de marcas, uso no autorizado de licencias o vulneraciones a secretos industriales, bajo la protección de canales seguros y sin temor a represalias (Directiva UE 2019/1937).
Esta medida impacta directamente en los programas de compliance de PI: las empresas deben integrar mecanismos de detección temprana de infracciones en sus operaciones diarias. Ignorar o minimizar las denuncias podría derivar en sanciones regulatorias severas y, peor aún, en daños a la reputación comercial de las marcas.
Sin embargo, la implementación de la directiva presenta asimetrías en la región. Mientras países como Francia y Alemania han avanzado en su aplicación, otros como Polonia o Hungría presentan retrasos, complicando la gestión uniforme del enforcement de marcas en operaciones multinacionales.
En este escenario, las empresas deben reforzar la capacitación interna en temas de PI, sensibilizar a sus colaboradores sobre los riesgos asociados a las infracciones de marca y establecer protocolos claros de investigación interna para responder eficazmente a las denuncias. En Luzuriaga & Castro, trabajamos en la protección estratégica de activos intangibles, integrando programas de compliance adaptados a las exigencias de cada jurisdicción.
Asia, epicentro de innovación y comercio global, ha tomado medidas significativas para fortalecer la protección de marcas. China, bajo su Ley de Propiedad Intelectual 2021, aumentó las multas por falsificación e introdujo procedimientos acelerados para resolver disputas de marca, elevando los niveles de confianza en su sistema judicial (Ley de PI de China).
En 2023, China registró 7.8 millones de solicitudes de patentes, incluyendo registros de marcas, lo que refleja la creciente importancia estratégica de la PI en su modelo económico (Informe OMPI 2023). Este crecimiento ha incentivado también una mayor vigilancia en el mercado para detectar productos falsificados.
Japón, por su parte, ha impulsado iniciativas pioneras como el uso de blockchain para rastrear la autenticidad de productos, fortaleciendo la trazabilidad y reduciendo las posibilidades de fraude en sectores clave como la tecnología y el farmacéutico (JPO Annual Report 2023).
El sudeste asiático, si bien avanza en regulación, enfrenta retos derivados de escándalos de corrupción, como el caso de malversación en Vietnam por USD 12.4 mil millones, que afectó licencias de marcas extranjeras (Financial Times). Estos eventos refuerzan la necesidad de contar con una defensa sólida. Nuestro equipo ofrece asesoría y representación legalfrente a falsificaciones y uso no autorizado de marcas.
En diciembre de 2023, Estados Unidos promulgó la Foreign Extortion Prevention Act (FEPA), que criminaliza el soborno a funcionarios extranjeros, incluyendo prácticas para facilitar el uso ilegítimo de marcas, obtener licencias o evadir procesos de enforcement (FEPA 2023).
La FEPA complementa la FCPA y plantea una amenaza directa para empresas cuyos activos más valiosos son marcas y patentes. Ahora, no solo las infracciones de propiedad intelectual son riesgos legales: la corrupción que las encubre también lo es.
Un ejemplo práctico: en 2023, una empresa biotecnológica que descubrió sobornos en México relacionados con licencias de patentes se benefició de una reducción de sanciones tras autodenunciarse al Departamento de Justicia en cuestión de horas (DOJ Corporate Enforcement Policy).
En Luzuriaga & Castro, incorporamos estas nuevas exigencias en los programas de cumplimiento normativo, con protocolos específicos para prevenir riesgos de infracción, corrupción y fuga de activos de PI en procesos corporativos.
En Oriente Medio, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han reforzado sus leyes anticorrupción para proteger sectores intensivos en propiedad intelectual, como la tecnología y el entretenimiento. Esto responde a su estrategia de diversificación económica y a su interés en atraer inversión extranjera.
Brasil ha dado un paso adelante mediante el uso de inteligencia artificial para detectar irregularidades en contratos públicos vinculados a transferencias de tecnología y licencias de marca (Doing Business 2023).
En el Reino Unido, la nueva Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 amplía la responsabilidad penal corporativa para incluir delitos relacionados con la manipulación de activos de PI (UK Economic Crime Act). Esto obliga a fortalecer los procesos de due diligence sobre licencias, transferencias y adquisiciones de marcas.
Estas tendencias muestran un claro mensaje: el enforcement de marcas y activos intangibles se encuentra ahora firmemente entrelazado con las políticas de anticorrupción y transparencia global.
La transformación regulatoria en curso redefine el rol de la propiedad intelectual en las estrategias de cumplimiento empresarial. La protección de marcas ya no es un tema exclusivo de litigios comerciales: es un componente central en la defensa contra riesgos regulatorios, de corrupción y reputacionales.
Las empresas que integren la gestión activa de marcas en sus programas de cumplimiento —con auditorías internas periódicas, canales de denuncia efectivos, monitoreo tecnológico avanzado y colaboración transfronteriza— estarán mejor posicionadas para afrontar los desafíos del nuevo entorno global.
En un mundo cada vez más regulado y transparente, la fortaleza de una marca ya no solo se mide por su valor comercial, sino también por su capacidad de resistir a riesgos legales y éticos. En esta nueva era, proteger las marcas es proteger la credibilidad, la competitividad y el futuro mismo de las organizaciones.
Unión Europea (2019). Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
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Reino Unido (2023). Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023.
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Oficina de Patentes de Japón (2023). Annual Report on Intellectual Property Activities.
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Hogan Lovells (2023). Global Anti-Corruption Review.
Risk Global Consulting (2023). Actualizaciones en Cumplimiento Normativo.
Las patentes están en el centro de las disputas más complejas del presente: desde quién lidera la inteligencia artificial hasta cómo se innova en industrias tradicionales como la alimentaria o la comercial. Más que un simple registro, una patente es una declaración de valor, de intención y de estrategia. Y su vigencia es clave para comprender los movimientos económicos, tecnológicos y legales de nuestro tiempo.
Las patentes operan como eje transversal en conflictos globales, proyectos disruptivos e intentos de reconquista comercial. Lejos de ser un tema técnico aislado, las patentes revelan dinámicas de poder, innovación y protección frente al uso indebido.
Este artículo examina tres casos representativos: el ascenso de China como potencia en patentes de IA, el intento de McDonald's por reingresar a Rusia mediante registros locales, y una invención colombiana que reconfigura la distribución de la cerveza. Cada uno muestra cómo el sistema de patentes puede ser motor de cambio, barrera de entrada o carta de negociación, dependiendo de quién y cómo lo utilice.
China se ha consolidado como el mayor titular mundial de patentes en inteligencia artificial, con más del 60 % de las solicitudes registradas a nivel global, según datos de la OMPI. Este avance no solo refleja un esfuerzo sostenido en investigación y desarrollo, sino también una estrategia deliberada para blindar su soberanía tecnológica mediante el sistema de propiedad intelectual.
A través de reformas institucionales, la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China ha agilizado los procesos de examen de patentes, emitido guías específicas para IA y atacado prácticas como el registro de marcas maliciosas. Estas acciones permiten que las empresas innovadoras se protejan en un entorno de competencia feroz y potencien su capacidad de influencia en la definición de estándares internacionales.
Desde la perspectiva legal, este enfoque plantea interrogantes clave: ¿como equilibrar la rapidez de innovación con la calidad del examen de patentes? ¿Cuál es el rol de los tratados internacionales ante un posible dominio asiático del ecosistema de la IA? La defensa de las patentes en este contexto se vuelve no solo una herramienta jurídica, sino también geopolítica.
Este caso también evidencia cómo la protección efectiva de patentes puede convertirse en un instrumento de resiliencia ante restricciones externas, como las que ha impuesto Estados Unidos a la exportación de chips. China ha optado por redoblar su apuesta por modelos propios y tecnologías locales, impulsando un ecosistema autónomo donde las patentes son la base estructural. Para saber más del tema, puedes leer: China se convierte en la primera titular mundial de patentes de inteligencia artificial.
En otro ámbito del derecho de la propiedad industrial, McDonald’s ha solicitado registrar su marca en caracteres cirílicos ante la oficina rusa de patentes, buscando allanar su posible regreso al país (fuente). Aunque se trata formalmente de una solicitud marcaria, el movimiento abre una ventana al uso estratégico del sistema de propiedad intelectual como mecanismo de reentrada a mercados regulados.
En este contexto, las patentes también desempeñan un rol relevante. Los procedimientos para proteger productos alimenticios, fórmulas, empaques o sistemas logísticos pueden generar un cerco legal que dificulte a nuevos operadores replicar estándares o innovaciones previas. Además, la gestión global de activos intangibles obliga a las empresas a anticipar posibles conflictos regulatorios o culturales, como la traducción y localización de signos distintivos o la compatibilidad técnica de sus invenciones con normativas locales.
El caso McDonald's pone de relieve cómo la propiedad intelectual no solo es una defensa en escenarios de salida (como ocurrió tras su retiro en 2022), sino una llave de retorno, que permite a las compañías recuperar mercado sin partir desde cero. El hecho de que la empresa haya conservado sus registros principales incluso tras la venta de activos evidencia una estrategia clara de gestión patrimonial en IP.
Desde una lectura jurídica más amplia, se refuerza la necesidad de mantener vigentes y bien administradas las carteras de propiedad intelectual, sobre todo en jurisdicciones sujetas a cambios políticos o económicos abruptos. Este tipo de planificación estratégica es clave para la sostenibilidad y continuidad de las marcas globales. Buscas más información, lee McDonald's sopesa su vuelta a Rusia.
En Colombia, un grupo de investigadores logró registrar dos patentes asociadas a un producto inédito: la cerveza instantánea en cápsulas, que permite su preparación desde casa con las mismas propiedades sensoriales que una cerveza tradicional. Este desarrollo, además de ser una muestra clara del poder transformador de la innovación, ejemplifica el valor de las patentes para estructurar una estrategia de mercado sólida desde su fase más temprana.
Las invenciones no solo abarcan el proceso de concentración por congelación, sino también el diseño de las cápsulas y la tecnología de gasificación, abriendo nuevas oportunidades en logística, comercialización y sostenibilidad. Gracias a estas patentes, el producto puede entrar al mercado con ventajas competitivas claras, evitar la copia por terceros y atraer inversionistas que valoren el respaldo legal como un factor de seguridad.
Legalmente, este tipo de desarrollos plantea retos técnicos en la redacción y protección de solicitudes, especialmente cuando hay componentes químicos, mecánicos y funcionales involucrados. En estos contextos, el acompañamiento especializado permite maximizar la protección y anticipar riesgos regulatorios o comerciales.
Además, este caso ofrece una valiosa lección en términos de impacto social. La protección de la invención permitirá escalar la producción y generar empleos, además de reducir la huella ambiental del transporte de bebidas. Una muestra concreta de cómo las patentes no solo protegen la innovación, sino que pueden promover sostenibilidad y desarrollo económico regional. Para saber más del caso, puedes leer Investigadores colombianos crearon una cerveza instantánea.
Los tres casos analizados reflejan distintos frentes donde las patentes juegan un papel decisivo: el liderazgo tecnológico global, la estrategia comercial multinacional y la innovación de base en mercados emergentes. En todos ellos, la propiedad intelectual se consolida como una herramienta de poder, no solo legal, sino también económico, social y político.
Proteger las invenciones no es una acción decorativa ni un trámite secundario. Es una estrategia que permite escalar, resistir desafíos externos y transformar mercados. La patente adecuada, bien gestionada y defendida, puede significar la diferencia entre ser un líder de mercado o quedar relegado frente a competidores más preparados.
La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha trastocado las bases tradicionales del derecho de autor. Modelos como ChatGPT, Midjourney o Copilot aprenden a crear a partir de millones de obras humanas, muchas de ellas protegidas por derechos de autor. En este escenario, la noción de fair use o uso legítimo se presenta como un escudo legal polémico: ¿puede una empresa escudarse en el uso justo para alimentar una IA que no solo aprende de creaciones humanas, sino que además compite con ellas?
Este artículo examina el impacto del uso de obras protegidas en el entrenamiento de sistemas de IA, los conflictos legales y éticos emergentes, y cómo la doctrina del fair use, nacida para equilibrar derechos y libertades creativas, enfrenta uno de sus mayores desafíos históricos. La creatividad automatizada pone a prueba los límites jurídicos establecidos, generando nuevas preguntas sobre autoría, consentimiento, transparencia y el futuro mismo de la protección intelectual.
Uno de los principales puntos de fricción radica en el modo en que los modelos de IA han sido entrenados. Empresas tecnológicas han reconocido que sus algoritmos necesitan grandes volúmenes de datos para aprender, y buena parte de estos datos provienen de obras protegidas por derechos de autor, obtenidas sin permiso de sus creadores.
La falta de consentimiento explícito es uno de los principales argumentos de los titulares de derechos. Libros, artículos, ilustraciones y fotografías se recopilaron mediante scraping desde la web, a menudo sin el conocimiento ni autorización de sus autores. Esta práctica, aunque frecuente, socava los principios básicos de respeto al derecho exclusivo de reproducción.
Además, las compañías de IA han sido poco transparentes sobre qué obras específicas se utilizaron. Esta opacidad impide a los creadores verificar si sus trabajos formaron parte del corpus de entrenamiento. Como se evidenció en el caso The New York Times v. OpenAI, la imposibilidad de rastrear el uso concreto de los artículos periodísticos complica cualquier reclamo legal individual, fortaleciendo el argumento de los desarrolladores de IA pero debilitando los derechos de los autores.
El uso del fair use como defensa se ha convertido en una estrategia común. Sin embargo, esta doctrina exige un análisis caso por caso, considerando si la obra fue transformada, si el uso fue comercial o educativo, cuánto se usó, y si afecta al mercado original. Aplicar estos criterios a sistemas de IA resulta complejo, pues no hay claridad sobre cómo transformar millones de obras se traduce en un uso justo.
La ley de derechos de autor de EE.UU., en su Sección 107, establece cuatro factores para determinar si un uso constituye fair use. Su aplicación al entrenamiento de IA ha generado un intenso debate jurídico.
Otro punto crítico es la autoría de las obras generadas por IA. ¿Puede una creación sin intervención humana significativa ser objeto de protección por derechos de autor? La respuesta, en la mayoría de jurisdicciones, es negativa.
Tanto en EE.UU. como en España, Reino Unido o Colombia, se ha establecido que para que una obra sea protegible, debe haber creatividad humana. La Oficina de Derechos de Autor de EE.UU. ha reiterado que los resultados generados por IA solo pueden ser registrados si existe una intervención humana suficiente y demostrable.
Esto ha generado un nuevo debate: ¿cuánto control o intervención humana es suficiente? Un simple prompt (“escribe un poema sobre el mar”) no basta. Pero si el usuario selecciona, edita, combina y estructura los resultados con intención creativa, podría alcanzarse el umbral de originalidad.
Casos como Zarya of the Dawn (inicialmente registrado, pero luego anulado al saberse que las imágenes fueron generadas por Midjourney) y Edmond de Belamy (una obra de arte vendida por Christie's que no obtuvo protección legal) muestran que el criterio de autoría humana sigue siendo el estándar.
El panorama legal global es heterogéneo. Mientras EE.UU. mantiene la doctrina del fair use, en Europa se estudian mecanismos específicos para regular el uso de obras en entrenamiento de IA. La Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital ya introduce excepciones para minería de datos, aunque con condiciones claras de respeto a los derechos de los autores.
En el Reino Unido, el debate sobre si permitir entrenamiento de IA sin consentimiento generó rechazo por parte de asociaciones de creadores, logrando frenar una propuesta de ley. Colombia, por su parte, ha negado el registro de obras generadas exclusivamente por IA, reforzando el criterio de autoría humana.
Las empresas tecnológicas también han comenzado a adaptarse. Algunas, como IBM, afirman no utilizar datos protegidos sin permiso. Otras, como OpenAI, han entablado negociaciones con medios y editoriales para obtener licencias. El camino hacia un modelo de IA ético y legalmente sostenible parece implicar acuerdos comerciales, transparencia y herramientas de monitoreo para los creadores.
El desarrollo de la inteligencia artificial generativa ha sacudido los cimientos del derecho de autor. La doctrina del fair use, diseñada para garantizar un equilibrio entre acceso y protección, enfrenta su prueba más compleja en un entorno donde las máquinas absorben, reinterpretan y replican sin restricciones claras.
Los casos judiciales recientes revelan una tendencia hacia el escepticismo frente a la aplicación del fair use al entrenamiento masivo con obras protegidas. Al mismo tiempo, la falta de una autoría humana significativa impide proteger muchas creaciones generadas por IA, dejando una zona gris jurídica sin precedentes.
Los próximos años exigirán reformas legales, marcos internacionales coherentes y acuerdos entre industria y titulares de derechos. La innovación tecnológica no puede ni debe avanzar sin respeto por la creatividad humana. Encontrar ese equilibrio no solo es un desafío legal, sino una necesidad cultural y ética para el futuro de la expresión artística.
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Cada 26 de abril celebramos el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, una fecha instaurada por la OMPI para reconocer el valor de la creatividad, la innovación y los derechos que las respaldan. Este 2025, la celebración se mueve al ritmo de la música, destacando cómo los derechos de propiedad intelectual (PI) no solo protegen la labor de compositores, intérpretes y productores, sino que también fortalecen toda una economía creativa interconectada.
La música, como lenguaje universal, trasciende fronteras y sectores. Su vínculo con la PI es esencial para garantizar la sostenibilidad del ecosistema creativo. En este contexto, desde Luzuriaga & Castro Abogados reafirmamos nuestro compromiso no solo en la defensa jurídica de estos derechos, sino también en la formación de quienes deben hacerlos cumplir. Por eso, nos unimos a esta celebración resaltando nuestras acciones en capacitación y divulgación como parte fundamental del fortalecimiento institucional.
La música es una de las expresiones más evidentes del potencial creativo humano. Detrás de cada melodía existen derechos que resguardan el trabajo, la inversión y la identidad cultural de sus creadores. Desde los derechos de autor sobre letras y composiciones hasta los derechos conexos de los intérpretes y productores, la PI articula un complejo entramado legal que garantiza que los beneficios económicos y morales lleguen a quienes dan vida a la música.
Sin embargo, este entramado enfrenta desafíos contemporáneos: el streaming, la inteligencia artificial generativa, la viralización en plataformas como TikTok, la piratería digital y los usos no autorizados en contenido generado por usuarios. Cada uno de estos fenómenos pone a prueba la eficacia del marco legal y la capacidad de respuesta de autoridades y titulares de derechos. Celebrar el Día Mundial de la PI desde la música es también una oportunidad para visibilizar estos desafíos y repensar las respuestas que requiere un mercado en constante evolución.
En Luzuriaga & Castro hemos comprendido que la defensa efectiva de la propiedad intelectual no se limita a los tribunales. Requiere instituciones fuertes, operadores jurídicos bien formados y un ecosistema que valore la innovación y la creatividad como motores del desarrollo. Por eso, desde hace varios años hemos desarrollado un programa de capacitaciones dirigido a autoridades aduaneras, policías y funcionarios públicos encargados de controlar, vigilar y sancionar delitos contra la PI.
Estas jornadas han abordado temáticas clave como:
Tal como lo destacamos en nuestro artículo “La importancia de la capacitación en propiedad intelectual para autoridades aduaneras”, el conocimiento especializado permite una reacción oportuna y coherente frente a los delitos contra la PI. Nuestra experiencia también evidencia que la formación genera confianza, articulación institucional y mejora la calidad de las decisiones administrativas.
Más allá del enfoque legal, este Día Mundial de la PI también nos invita a reflexionar sobre cómo la propiedad intelectual conecta a las personas. La música, en particular, tiene la capacidad de evocar emociones, contar historias y generar identidad colectiva. Pero ninguna canción existiría sin protección adecuada para su autor o sin condiciones legales que permitan su circulación justa en el mercado.
Desde el diseño de políticas públicas hasta el desarrollo de tecnologías para identificar infracciones, la PI construye puentes entre la creatividad y la innovación. En este sentido, iniciativas como el programa IP Youth Ambassadors de la OMPI o los estudios sobre música y propiedad intelectual en América Latina abren caminos para una cultura legal que protege y promueve el arte.
Este 26 de abril, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual nos recuerda que la música no solo se escucha: también se defiende. En Luzuriaga & Castro, celebramos esta fecha ratificando nuestro compromiso con la protección de los derechos que hacen posible la creación artística. Lo hacemos en los juzgados, en las fronteras y, sobre todo, en las aulas.
Porque cuando una autoridad reconoce una infracción, cuando un joven artista registra su primera canción o cuando una marca protege la música que inspira su identidad, la propiedad intelectual cumple su promesa de ser motor de desarrollo, justicia y cultura.
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (2025). Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2025: Siente el ritmo de la PI.
Luzuriaga & Castro Abogados. (2023). La importancia de la capacitación en propiedad intelectual para autoridades aduaneras.
Luzuriaga & Castro Abogados. (2023). Defensa de la propiedad intelectual y la capacitación de autoridades: un desafío en evolución.
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (2023). Global Trade in Fakes: A Worrying Threat. OCDE-EUIPO Report.
OMPI. (s.f.). Academia de la OMPI: Jóvenes embajadores de la PI.
El combate contra las falsificaciones ya no es únicamente una preocupación de las marcas. Hoy, representa una prioridad global que articula múltiples niveles, desde las aduanas hasta las plataformas digitales, con un objetivo claro: proteger al consumidor, salvaguardar la economía legítima y garantizar la vigencia de los derechos de propiedad intelectual. En un escenario donde el 3.3% del comercio global está compuesto por productos falsificados (OCDE, 2023), la necesidad de acciones coordinadas y estrategias integrales se vuelve urgente.
Este fenómeno afecta transversalmente: productos sin control de calidad llegan a manos de consumidores vulnerables, se erosionan las fuentes de empleo legítimo y se generan pérdidas multimillonarias para las empresas que innovan y cumplen la ley. En Europa, por ejemplo, la EUIPO estima que las falsificaciones generan pérdidas anuales de €83 mil millones, debilitando tanto a grandes corporaciones como a emprendimientos emergentes.
El impacto tangible se evidencia en cifras contundentes. Solo en 2023, las aduanas de la Unión Europea incautaron 86 millones de productos falsificados, de los cuales el 23% representaba un riesgo directo para la salud. Desde juguetes con componentes tóxicos hasta electrónicos inseguros, las falsificaciones desafían los sistemas de control tradicionales, demandando respuestas más inteligentes y articuladas.
Este artículo explora los mecanismos especializados de enforcement, estrategias sectoriales, cooperación público-privada y desafíos emergentes, evidenciando cómo la lucha contra las falsificaciones se ha convertido en un ecosistema multidimensional que protege no solo activos comerciales, sino derechos fundamentales del consumidor.
Los mecanismos actuales combinan inteligencia artificial, marcos legales específicos y procedimientos simplificados para actuar con rapidez frente al tráfico de productos falsificados. Herramientas tecnológicas como el Intellectual Property Module (IPM) de la OMA han transformado la capacidad de respuesta de las aduanas. Con una base de más de 5 millones de registros de PI, este sistema se encuentra integrado en 78 administraciones y permite identificar con una precisión del 92% productos sospechosos.
Un caso paradigmático es la Operación Fake Star (2022), donde algoritmos de reconocimiento de patrones detectaron 12.000 paquetes con relojes Rolex falsificados en Heathrow. Asimismo, la implementación del sistema FAST en Singapur ha reducido el tiempo promedio de inspección de 45 a solo 7 minutos por envío sospechoso.
El respaldo legal resulta igualmente decisivo. El Reglamento (UE) 608/2013 permite a las aduanas actuar de oficio, reteniendo mercancías sospechosas y autorizando su destrucción en un plazo de 96 horas. En 2023, este mecanismo se aplicó en 23.000 casos. Por otro lado, la STOP Act de EE. UU. exige el envío previo de datos electrónicos para los paquetes postales, lo que logró una reducción del 38% en las falsificaciones detectadas por esta vía.
Estos sistemas funcionan como el primer filtro para frenar la circulación de productos falsificados. La combinación entre tecnología y normativa especializada permite actuar antes de que estos artículos lleguen a las manos del consumidor, reduciendo riesgos sanitarios, económicos y legales.
Una de las claves en la lucha contra falsificaciones es adoptar enfoques diferenciados por categoría de producto, adaptando los recursos y tecnologías según los riesgos y características de cada sector. En la industria farmacéutica, por ejemplo, el sistema EMVO permite la serialización y verificación de medicamentos en el 98% del mercado europeo, bloqueando más de 550.000 unidades falsas en 2023.
El sector lujo ha optado por soluciones basadas en blockchain. El programa AURA, impulsado por LVMH, permite autenticar productos desde su origen hasta el punto de venta. En 2023, esta tecnología facilitó 17.000 incautaciones coordinadas con aduanas, demostrando su eficacia como herramienta preventiva.
En la electrónica, el Proyecto CHIP desarrollado por la EUIPO ha implementado análisis de componentes mediante espectrometría portátil, logrando reducir en un 32% las falsificaciones de semiconductores entre 2022 y 2023. Estas estrategias permiten actuar en tiempo real, adaptando los métodos de verificación a las particularidades de cada sector.
La cadena de valor del enforcement se estructura en tres fases: prevención, interceptación y seguimiento. La prevención incluye la formación de 45.000 oficiales aduaneros por parte de la Academia RILO de la OMA. La interceptación se refuerza con escáneres de última generación como el sistema ECO, y el seguimiento se apoya en análisis forenses y cooperación con organismos como Europol para desmantelar redes.
Cada eslabón de esta cadena suma valor, construyendo un sistema reactivo y proactivo, capaz de anticiparse a las nuevas formas que adoptan los delitos contra la propiedad intelectual.
La colaboración entre el sector público y privado ha demostrado ser uno de los motores más eficaces del enforcement moderno. Modelos como los Centros de Inteligencia Conjunta, incluyendo el IP Crime Center de INTERPOL o el Anti-Counterfeiting Group en Reino Unido, permiten procesar más de 15.000 reportes anuales provenientes de empresas, activando operaciones coordinadas a nivel internacional.
Otro ejemplo exitoso es el programa de Operadores Económicos Autorizados (AEO) en la UE. Estas empresas certificadas, actualmente más de 3.200, se benefician de inspecciones reducidas (<2%), facilitando el comercio legal y fortaleciendo la trazabilidad de productos legítimos.
Las tecnologías colaborativas también cumplen un rol central. La plataforma ACIS, utilizada en 42 países, permite el intercambio de inteligencia sobre rutas y métodos de operación de las redes de falsificación. Por su parte, IPM Connect, desarrollada por la EUIPO, permite a las empresas registrar sus derechos directamente con las aduanas, con más de 58.000 derechos registrados en 2023.
Estas herramientas demuestran que ningún actor puede combatir las falsificaciones de forma aislada. La coordinación entre empresas, gobiernos y organismos multilaterales permite cerrar el círculo de protección en todos los niveles de la cadena comercial, protegiendo tanto a consumidores como a operadores legítimos.
El escenario actual presenta desafíos complejos. Uno de los más relevantes es la fragmentación de envíos: el 82% de las falsificaciones incautadas llegan en paquetes menores a 2 kg, lo que encarece el proceso de inspección (entre 18 y 25 dólares por paquete, frente a 3–5 para contenedores). Esto multiplica los puntos de entrada y exige capacidades adaptativas para su detección.
Los mercados digitales opacos agravan el panorama. Según la OCDE, el 68% de las falsificaciones se venden a través de plataformas de terceros, pero solo el 12% de estos marketplaces implementa verificaciones sistemáticas de autenticidad. Esto abre una brecha que facilita la circulación de productos ilícitos, sin control directo por parte de las autoridades o de los titulares de derechos.
Sin embargo, las soluciones emergen con fuerza. El sistema TITAN de la OMA utiliza IA predictiva para analizar 142 variables por envío, logrando una precisión del 94% en la identificación de productos falsificados. En América Latina, el proyecto CADENA está probando el uso de blockchain aduanero, ofreciendo trazabilidad completa desde el origen hasta el destino, y reduciendo las falsificaciones en un 41% en sus pilotos.
Las unidades móviles FAST, equipadas con laboratorios portátiles y espectrómetros Raman, permiten verificar productos en menos de 15 minutos. Estas soluciones innovadoras consolidan un control ágil y eficaz, capaz de actuar en un entorno de comercio digital dinámico y en expansión.
La lucha contra las falsificaciones ya no puede abordarse de forma fragmentada. Requiere una visión ecosistémica que articule tecnología avanzada, cooperación institucional, marcos legales dinámicos y formación continua. Solo así es posible construir barreras inteligentes capaces de filtrar productos ilícitos sin frenar el comercio legítimo.
Los países que han adoptado enfoques integrales —como Singapur o Suiza— han logrado reducir la circulación de productos falsificados hasta en un 60% en menos de cinco años. Estas experiencias demuestran que el enforcement efectivo no solo protege la propiedad intelectual, sino que resguarda la salud pública, la confianza del consumidor y la competitividad empresarial.
Mirando hacia el futuro, se hace indispensable avanzar hacia una armonización global de estándares, una adopción acelerada de tecnologías disruptivas y una mayor fiscalización de los entornos digitales. Solo así se podrá transformar a las fronteras, físicas y virtuales, en verdaderos filtros inteligentes que resguarden la economía legítima y los derechos de los consumidores.
OCDE & EUIPO. (2023). Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods. OECD Publishing.
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EMVO (European Medicines Verification Organisation). (2023). Annual Performance Report.
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LVMH. (2023). AURA Blockchain Consortium – Securing Authenticity.
CADENA Project (CAF – Banco de Desarrollo de América Latina). (2023). Blockchain Aduanero en América Latina: Resultados y Perspectivas.
WCO Academy. (2023). RILO Customs Enforcement Training Programs.
EUIPO. (2023). IPM Connect Platform.
Las patentes son mucho más que un mecanismo legal para proteger invenciones: son herramientas estratégicas que reflejan la dinámica entre innovación, mercado y poder. En un entorno global donde la tecnología avanza a ritmos acelerados, las decisiones relacionadas con la propiedad industrial impactan directamente en sectores clave como la salud, la electrónica de consumo y los servicios digitales. El sistema de patentes, aunque técnico en su estructura, tiene consecuencias profundamente políticas, sociales y económicas.
Actualmente, diversos acontecimientos están evidenciando cómo las patentes se convierten en campo de batalla entre intereses empresariales, modelos regulatorios y posicionamientos geopolíticos. Desde la propuesta de Samsung para mejorar la autonomía de sus dispositivos mediante una patente innovadora, hasta las disputas entre laboratorios nacionales e internacionales en Argentina por las reglas de patentabilidad, o el reciente acuerdo entre Nokia y Amazon que zanja una cadena de litigios globales: todos estos hechos exponen una verdad clave. Las patentes no solo protegen el conocimiento, sino que lo negocian, lo limitan y, en ocasiones, lo transforman en conflicto.
Este artículo explora estos tres casos desde la óptica de la propiedad intelectual, analizando sus implicaciones legales y estratégicas. ¿Qué nos dicen estas noticias sobre el estado actual del sistema de patentes? ¿Hasta qué punto el equilibrio entre innovación, acceso y regulación está siendo respetado o distorsionado? La respuesta no es única, pero sí necesaria para comprender hacia dónde se dirige el futuro de la innovación protegida.
La reciente patente de Samsung, registrada ante la OMPI, propone un sistema de carga inalámbrica entre dispositivos, específicamente entre un smartphone y su nuevo Galaxy Ring. Este anillo inteligente, diseñado para monitorizar variables de salud, abre un nuevo capítulo en los dispositivos wearables gracias a una patente que busca resolver un problema crítico: la autonomía energética.
La propuesta permitiría que el anillo recupere batería al colocarse sobre un smartphone compatible, utilizando una porción mínima de su carga total. Esta innovación no solo mejora la experiencia de usuario, sino que podría redefinir la interoperabilidad energética entre dispositivos. No obstante, como muchas patentes tecnológicas, su registro no garantiza implementación inmediata. De hecho, la industria tecnológica está repleta de ejemplos de ideas patentadas que nunca llegaron al mercado.
Este tipo de desarrollos plantea también preguntas legales sobre interoperabilidad, estándares de compatibilidad y licencias cruzadas, especialmente si otros fabricantes de dispositivos buscan replicar o competir con este modelo. Además, se convierte en un claro ejemplo del papel de las patentes no solo como barrera de protección, sino como señal anticipada de los próximos movimientos estratégicos de una marca en el mercado. Para leer más: La idea revolucionaria de Samsung para cargar el próximo Galaxy Ring.
En el otro extremo del espectro, Argentina protagoniza un debate sobre el alcance de la protección patentaria en el sector farmacéutico. El ministro Federico Sturzenegger ha planteado derogar una resolución de 2012 que establece criterios de patentabilidad más exigentes que los estándares internacionales. Esta norma, pionera en limitar el fenómeno del evergreening, busca evitar abusos en la extensión artificial de monopolios farmacéuticos bajo el pretexto de "nuevas invenciones".
Desde su aplicación, la resolución ha tenido un efecto visible: entre 2012 y 2015, la aprobación de patentes cayó un 70%. Organizaciones como CAEME, que representa a laboratorios internacionales, sostienen que esta limitación frena la innovación y obstaculiza el ingreso de startups biotecnológicas. Por otro lado, cámaras como CILFA defienden su vigencia como una medida eficaz para garantizar el acceso a medicamentos y evitar prácticas abusivas.
Este debate trasciende lo local. El informe especial 301 del USTR (Estados Unidos) sigue considerando a Argentina como un país con estándares insuficientes de protección, lo que influye en sus relaciones comerciales. Derogar o mantener la resolución tendrá implicaciones directas en la relación bilateral con EE.UU., en el ecosistema de innovación nacional y en el equilibrio entre protección industrial y acceso a la salud. Si deseas saber más del tema, puedes buscar en: Un proyecto de Sturzenegger se mete en la relación con EE. UU. y reaviva una pelea entre laboratorios.
En el ámbito internacional, Nokia y Amazon cerraron un acuerdo que pone fin a una serie de litigios sobre el uso de tecnologías multimedia sin licencia. Nokia, pionera en compresión de vídeo y recomendaciones de contenido, demandó a Amazon en diversas jurisdicciones por el uso indebido de sus tecnologías en servicios como Prime Video y dispositivos como Fire TV Stick.
La resolución del conflicto evidencia dos realidades: por un lado, el peso estratégico de las patentes esenciales en industrias de alto consumo como el streaming; por otro, el uso creciente de los tribunales para hacer valer estos derechos, incluso entre empresas que coexisten dentro de cadenas de suministro tecnológicas complejas.
El caso Nokia subraya la importancia de contar con un portafolio robusto de propiedad intelectual y la necesidad de acuerdos de licencia para evitar litigios prolongados. También destaca la relevancia del Tribunal Unificado de Patentes en Europa como foro emergente para la resolución de disputas transfronterizas en materia de PI, cuya consolidación traerá nuevas dinámicas jurídicas a nivel global. Para saber más, revisa: Nokia y Amazon firman un acuerdo sobre uso de patentes multimedia del fabricante finlandés.
Los tres casos analizados —Samsung, el conflicto normativo en Argentina y el acuerdo entre Nokia y Amazon— ilustran los múltiples rostros del sistema de patentes en el contexto actual. Desde la innovación técnica y la experiencia de usuario, hasta las tensiones regulatorias y la diplomacia tecnológica, las patentes no son simplemente registros administrativos: son reflejo de prioridades políticas, estrategias empresariales y modelos de desarrollo.
El reto es encontrar el equilibrio entre incentivar la innovación, garantizar el acceso justo a la tecnología y evitar abusos del sistema. En este sentido, las decisiones regulatorias, los tratados internacionales y las prácticas corporativas deben repensarse constantemente para asegurar que el sistema de propiedad intelectual siga siendo un motor legítimo de progreso.
La proliferación del phishing a través de mensajes directos en redes sociales representa una amenaza creciente para la privacidad de los usuarios y la seguridad de los sistemas digitales. Este tipo de fraude, basado en tácticas de ingeniería social, ha evolucionado en su forma y alcance, afectando no solo a usuarios individuales sino también a empresas e instituciones cuya imagen puede verse comprometida por ataques de suplantación. El aumento de estos casos ha encendido las alarmas entre organismos de ciberseguridad, autoridades de protección de datos y departamentos de compliance, que deben abordar este fenómeno desde un enfoque preventivo, técnico y legal.
Desde la perspectiva del compliance, el phishing por mensajes directos plantea una serie de desafíos críticos. Las organizaciones no solo deben proteger sus propios activos digitales, sino también garantizar que sus usuarios, clientes y empleados estén suficientemente informados y protegidos frente a este tipo de ataques. Esto implica establecer protocolos internos, cumplir con las normativas de protección de datos aplicables y colaborar con las autoridades ante incidentes de seguridad.
El presente artículo analiza este fenómeno desde una óptica general, examinando su funcionamiento, su impacto en la privacidad y los datos personales, los marcos normativos aplicables en Europa y América Latina, y las medidas clave de compliance que deben adoptarse para mitigar sus efectos.
El phishing por mensajes directos (DM) en redes sociales se basa en la manipulación emocional y la suplantación de identidad para inducir al usuario a entregar información confidencial. Plataformas como Instagram, Facebook y X han sido blanco recurrente de este tipo de ataques, en los que los estafadores simulan ser entidades oficiales para engañar a los usuarios.
Estos mensajes suelen adoptar un tono urgente o amenazante, advirtiendo de supuestas infracciones a normas de la comunidad o a derechos de autor, y ofreciendo un enlace para "apelar" o "verificar" la cuenta. El objetivo es conducir al usuario a un sitio externo —falsamente similar al legítimo— donde se le solicita ingresar sus credenciales. La amenaza de suspensión de la cuenta en 24 o 48 horas busca generar una reacción impulsiva que impida al usuario verificar la autenticidad del mensaje.
Este tipo de fraude combina factores técnicos y psicológicos. Utiliza perfiles falsos con nombres y logos similares a los oficiales, textos alarmistas con errores de redacción y URLs acortadas o disfrazadas. Incluso han existido casos donde los atacantes comprometen cuentas verificadas para dotar al engaño de mayor legitimidad. Desde la perspectiva de compliance, esto obliga a implementar medidas de seguridad adicionales tanto en el front-end (comunicación con el usuario) como en el back-end (detección y neutralización de patrones de actividad sospechosa).
El principal riesgo derivado de estos ataques es el acceso no autorizado a datos personales. Cuando un usuario entrega sus credenciales a un sitio fraudulento, el atacante puede tomar control total de su cuenta, accediendo a mensajes, contactos, fotos, videos e información sensible. Esta situación no solo constituye una intrusión a la privacidad, sino también una violación directa a los principios fundamentales de protección de datos, tales como la confidencialidad, la seguridad y la licitud del tratamiento.
La suplantación de identidad posterior al ataque puede tener efectos multiplicadores: los delincuentes pueden enviar nuevos mensajes de phishing desde la cuenta comprometida, engañando a contactos cercanos. En casos donde las cuentas están vinculadas a otras plataformas o se usan con fines comerciales, el daño se extiende a clientes, empleados o comunidades completas. Las víctimas pueden sufrir robo de identidad, extorsión o exposición pública de información privada.
Desde el punto de vista del compliance, una intrusión de este tipo puede constituir una “violación de seguridad” que debe ser reportada a las autoridades competentes, especialmente si hay implicaciones transfronterizas. Además, exige revisar y reforzar las políticas internas de tratamiento de datos, mecanismos de autenticación y respuesta ante incidentes.
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea establece en su artículo 32 la obligación de implementar medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad del tratamiento. Si una red social sufre una brecha que compromete datos personales, debe notificar a la autoridad de control y, en determinados casos, a los propios afectados (Arts. 33 y 34). El incumplimiento puede conllevar sanciones de hasta el 4% de la facturación global de la empresa.
En América Latina, países como México, Argentina, Colombia, Ecuador y Brasil cuentan con normativas inspiradas en el RGPD que imponen deberes similares. Por ejemplo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (México) y la Ley 25.326 (Argentina) exigen garantizar la seguridad de los datos frente a accesos no autorizados. En Colombia, la Ley 1581 de 2012 establece el principio de seguridad como pilar fundamental del tratamiento de datos personales.
En todos estos marcos, se entiende que las plataformas tecnológicas tienen una obligación proactiva de prevenir ataques como el phishing. El hecho de que el engaño se dirija al usuario no exime a la empresa de responsabilidad si se demuestra una falta de medidas razonables para prevenir la suplantación o notificar a tiempo una brecha de seguridad. Esto implica la necesidad de actualizar permanentemente los sistemas de seguridad, entrenar al personal y cooperar con las autoridades cuando sea necesario.
Un programa de compliance efectivo frente al phishing en redes sociales debe partir de una política de tolerancia cero ante este tipo de fraudes. En primer lugar, las empresas deben establecer protocolos claros de comunicación con el usuario, dejando en evidencia qué canales son oficiales y cómo actuar ante mensajes sospechosos. La transparencia es clave para evitar confusiones.
Además, es fundamental contar con herramientas técnicas que permitan detectar y bloquear mensajes de phishing automáticamente, mediante inteligencia artificial y monitoreo de patrones sospechosos. La autenticación de dos factores debe promoverse activamente entre los usuarios, especialmente aquellos con cuentas de alto perfil. También es aconsejable limitar la posibilidad de enviar mensajes masivos desde cuentas nuevas o no verificadas.
En el plano organizacional, las empresas deben incluir el phishing como un riesgo específico en sus matrices de cumplimiento. Esto implica entrenar regularmente a empleados, especialmente a quienes gestionan cuentas corporativas, en la detección de amenazas. Se deben realizar simulaciones de ataque, auditorías periódicas de seguridad y establecer canales internos de denuncia rápida ante posibles fraudes.
La colaboración con autoridades de protección de datos, CERTs nacionales y organismos de ciberseguridad es otra pieza esencial. Compartir patrones de ataque, URLs utilizadas y métodos de suplantación puede facilitar la investigación y desarticulación de redes criminales más amplias. Asimismo, una respuesta coordinada y documentada ante incidentes puede servir como prueba de diligencia ante una eventual revisión por parte de las autoridades.
El phishing por mensajes directos en redes sociales no solo constituye una amenaza técnica, sino también un desafío legal y reputacional que exige una respuesta coordinada desde el compliance. Las organizaciones deben entender que la protección de los datos personales no termina en los servidores, sino que abarca toda la experiencia del usuario, incluidos los canales de comunicación y el diseño de las plataformas.
Un enfoque de compliance robusto —que integre medidas técnicas, políticas claras, educación interna y colaboración externa— permite reducir significativamente el riesgo de que estas estafas afecten a usuarios y empresas. La protección de datos personales no debe ser vista como una mera obligación legal, sino como un compromiso con la confianza digital y la sostenibilidad de los entornos virtuales.
La prevención del phishing es, en última instancia, una responsabilidad compartida entre usuarios, empresas y autoridades. Solo con una cultura de seguridad sólida, acompañada de mecanismos efectivos de respuesta y mejora continua, será posible mantener la integridad de nuestros datos en un mundo cada vez más interconectado y vulnerable.
El sistema de patentes, concebido como un incentivo para fomentar la innovación tecnológica y científica, enfrenta hoy un entorno cada vez más complejo. En teoría, las patentes buscan premiar la creatividad otorgando exclusividad temporal a quienes logran avances significativos. Sin embargo, en la práctica, este sistema se encuentra en constante tensión entre la protección de los derechos del inventor y el interés público por el acceso a productos esenciales, la libre competencia y la evolución tecnológica. En este escenario, las patentes no solo son un instrumento legal, sino también una poderosa herramienta estratégica.
Actualmente, distintos sectores industriales —desde el farmacéutico hasta el automotriz y el tecnológico— hacen uso intensivo del régimen de propiedad intelectual para posicionarse en el mercado, prolongar sus ventajas competitivas y anticiparse a nuevos desarrollos. Casos recientes como la demanda desestimada contra Bristol Myers Squibb por supuestas prácticas anticompetitivas, el registro de patentes para una motocicleta eléctrica por parte de BMW y TVS, y el ascenso de China como potencia global en patentes de inteligencia artificial, evidencian que las disputas en torno a la innovación han trascendido lo técnico para instalarse en el terreno económico, geopolítico y legal.
Este artículo analiza estos tres casos clave desde la perspectiva del sistema de patentes, destacando no solo los aspectos técnicos de cada uno, sino también sus implicaciones en materia de competencia, acceso, regulación y liderazgo tecnológico. A través de esta mirada, se busca comprender cómo las decisiones en torno a la propiedad intelectual están moldeando el presente y el futuro de industrias críticas, y cómo estos escenarios plantean desafíos importantes para países en desarrollo que buscan participar activamente en la economía del conocimiento.
El reciente fallo del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York a favor de Bristol Myers Squibb (BMS) desestimó la demanda colectiva que acusaba a la empresa de mantener un monopolio sobre el medicamento Pomalyst. El caso puso en evidencia uno de los usos más polémicos del sistema de patentes: el evergreening o alargamiento artificial de exclusividades mediante la acumulación de patentes menores. Entre 2017 y 2020, BMS (y su subsidiaria Celgene) obtuvo múltiples patentes adicionales y presentó litigios contra fabricantes de genéricos como Teva y Mylan, lo que, según los demandantes, retrasó injustamente la entrada de versiones más económicas al mercado.
Sin embargo, el juez determinó que no existía evidencia suficiente de fraude ni de que las demandas fueran infundadas. Desde una perspectiva jurídica, este fallo reitera la importancia de probar objetivamente la mala fe en la adquisición y aplicación de patentes. No basta con mostrar la acumulación de patentes o el número de demandas: se requiere probar su carácter abusivo o fraudulento.
Este precedente plantea un debate crucial: ¿en qué momento la protección legítima de la innovación se convierte en una barrera artificial al acceso a medicamentos? Pomalyst generó más de 3.500 millones de dólares en ingresos en 2024, y el caso demuestra cómo las estrategias de propiedad intelectual pueden tener un profundo impacto en los costos para sistemas de salud y consumidores.
La controversia no es aislada. Casos similares, como los litigios contra AbbVie por Humira en EE. UU. o las investigaciones por abuso de posición dominante en Europa, muestran que el sistema de patentes puede ser instrumentalizado para fines anticompetitivos. En América Latina, donde los genéricos son clave para el acceso, estas dinámicas deben ser monitoreadas cuidadosamente. Para saber más lee: La empresa BMS logra desestimar la demanda colectiva que alega monopolio de Pomalyst.
En otro frente del sistema de patentes, BMW y su socio indio TVS Motor han registrado nuevas patentes para lo que sería la primera motocicleta eléctrica enchufable de la marca alemana. Este paso revela cómo el uso estratégico de las patentes no solo protege innovaciones técnicas, sino que también anticipa el posicionamiento en nuevos mercados y modelos de negocio.
Los registros detallan un diseño que rompe con la lógica de los scooters eléctricos tradicionales, al reubicar las baterías a ambos lados del chasis y ofrecer configuraciones intercambiables, lo que podría facilitar la diversificación de modelos en distintas gamas y países. Además, el uso de transmisiones por correa y motores comparables al King EV Max apunta a una plataforma modular que podría ser escalable y adaptable a regulaciones locales.
Este enfoque modular y patentado abre un abanico de posibilidades: desde motocicletas económicas aptas para el carnet A1 en Europa hasta modelos premium en América y Asia. Las patentes aseguran a BMW no solo exclusividad en los mercados donde se lancen primero estos modelos, sino también una herramienta legal frente a posibles imitaciones o desarrollos paralelos en una industria altamente competitiva.
La estrategia también refleja la relevancia de las alianzas globales: mientras BMW aporta diseño y reputación, TVS proporciona capacidad de manufactura y conocimiento del mercado emergente. Este tipo de colaboraciones demuestra cómo las patentes no son solo un instrumento de protección, sino una pieza clave en la arquitectura de innovación abierta y cooperación industrial. Puedes conocer más en: La moto eléctrica de BMW será realidad en 2025.
El AI Index 2025, elaborado por la Universidad de Stanford, reveló una transformación significativa en el liderazgo global en inteligencia artificial. Aunque EE. UU. continúa dominando en lanzamientos de modelos, China ha recortado la distancia con 15 desarrollos en 2024, y lidera en la cantidad de publicaciones científicas y solicitudes de patentes de IA. Este dato no es menor: las patentes son un indicador clave del nivel de sofisticación tecnológica de un país.
La propiedad intelectual se convierte aquí en una herramienta de política industrial. Desde 2015, China ha invertido en educación, infraestructura y propiedad intelectual en IA, consolidando una estrategia nacional que busca liderazgo tecnológico. Este crecimiento se refleja en modelos como DeepSeek, que ha logrado competir en descargas con plataformas como ChatGPT.
El uso intensivo del sistema de patentes también evidencia una diferencia de enfoque: mientras Silicon Valley tiende a priorizar el código abierto, China apuesta por una mayor protección patentaria en sus modelos, lo que puede generar tensiones con los principios de interoperabilidad y acceso a tecnologías emergentes.
Este escenario plantea un reto para América Latina: el bajo número de solicitudes de patentes relacionadas con IA en la región indica que aún estamos lejos de participar activamente en esta nueva ola tecnológica. Sin políticas públicas que fomenten la investigación, el registro de patentes y la colaboración universidad-empresa, el riesgo es pasar de consumidores a simples espectadores en la carrera global de la IA. Si quieres saber más, lee: China muestra crecimiento en la calidad de desarrollos de IA.
Los tres casos presentados reflejan la complejidad del ecosistema de patentes en la actualidad. Lejos de ser un mero mecanismo de protección, las patentes son utilizadas como herramientas estratégicas para dominar mercados, defender posiciones competitivas y configurar alianzas industriales globales. Ya sea en la industria farmacéutica, automotriz o tecnológica, el sistema de propiedad intelectual está en el centro de los principales debates sobre innovación, acceso y poder de mercado.
Desde una perspectiva jurídica y técnica, resulta esencial revisar los límites del sistema: evitar su abuso sin desincentivar la innovación. Asimismo, es clave fortalecer capacidades locales para participar activamente en este juego global. Para América Latina, este desafío implica una combinación de reformas legales, inversión en ciencia y tecnología, y desarrollo de capacidades institucionales en propiedad intelectual.
Las patentes no solo protegen inventos: definen quién tiene la capacidad de innovar, producir, y, en última instancia, transformar el mundo.