Ejecutado por la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea), el proyecto busca fortalecer la cooperación entre la Unión Europea y América Latina en el ámbito de la protección y aplicación de la PI. Se ocupa especialmente de los desafíos identificados conjuntamente, lo que la transforma en una herramienta muy valiosa en el actual contexto de crecientes relaciones comerciales entre ambos socios.
La UE es el principal socio del desarrollo en América Latina, por ser el segundo mayor socio comercial y su principal inversor. Los intercambios comerciales entre ambas casi se duplicaron durante la última década, lo que ha convertido a la región en el principal mercado para muchas empresas de la UE.
Durante el tiempo que esté vigente, el proyecto IP Key América Latina apoyará a las empresas internacionales -especialmente de la UE- en la obtención, gestión y observancia de la protección de su propiedad intelectual (PI) en países latinoamericanos. Facilitará asistencia técnica para modernizar las instituciones de PI en América Latina. Apoyará a la UE en acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales (por ejemplo acuerdos de libre comercio, en casos en los que no fue posible alcanzar acuerdos de asociación con determinados países o subregiones a medio plazo). Y fomentará el diálogo en la región en materia de PI.
Segunda Semana de la Observancia y Gobernanza de Propiedad Intelectual
Justamente en el marco del diálogo es que IP Key América Latina viene desarrollando la Semana de la Observancia y Gobernanza de Propiedad Intelectual, cuya segunda edición se realizó hace apenas unos días en la ciudad de Buenos Aires, a pocas semanas del anuncio de acuerdo estratégico entre la Unión Europea y el MERCOSUR, que crea un mercado de bienes y servicios de 800 millones de consumidores y representa casi una cuarta parte del PBI mundial.
El encuentro congregó a autoridades relacionadas con la administración de Derechos de la Propiedad Intelectual (entre los que destacan jueces y oficiales de aduanas) y representantes (legales) de empresas de América Latina y de la Unión Europea, en reuniones que no fueron sólo informativas.
El II Taller Multi-País para Funcionarios de Aduanas de América Latina, por ejemplo, puso sobre la mesa el tema de la identificación en la UE de productos falsificados en países del MERCOSUR y Chile. Gracias a ello, funcionarios de aduanas de Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil y Argentina intercambiaron información en materia de legislación y problemática aduanera para la vigilancia de las infracciones de PI en frontera. Así se delinearon buenas prácticas para la identificación de productos falsificados, como mejoras en la utilización y análisis de documentación de puertos y aeropuertos y métodos de evaluación de riesgo, entre otros.
El Foro sobre Propiedad Intelectual en la Economía Digital -uno de los temas prominentes del encuentro-, sirvió para que autoridades relacionadas con la administración de Derechos de PI, representantes de empresas de América Latina y de la UE, usuarios y propietarios de activos de PI y público en general, tuvieran la oportunidad de comprender mejor el contexto actual y los desafíos y necesidades de la región en cuanto a la protección de la propiedad intelectual en el acelerado escenario de los mercados en línea, el comercio electrónico, la economía colaborativa y las redes sociales.
Complementariamente, durante la segunda semana se desarrolló el “II Simposio IP Key para jueces de los países de América Latina: las infracciones de PI en el entorno digital”. Desde allí se buscó reforzar la cooperación entre los países del MERCOSUR y la UE, abordando los desafíos en materia de gobernanza del sistema de PI en Argentina, América Latina y la Unión Europea e intercambiando conocimientos e identificando herramientas que ayuden a reducir la piratería y la falsificación en la región.
El tema es tan importante que, previo al encuentro en Buenos Aires, IP Key América Latina organizó un Seminario para jueces brasileños, donde participaron abogados expertos de Europa y América Latina para discurrir sobre infracciones de PI en mercados en línea.
En ese marco Pedro Duarte, jefe del proyecto de IP Key América Latina, explicó que “como consecuencia natural del creciente negocio y las transacciones que tienen lugar en el entorno online, la aplicación de los derechos de propiedad intelectual se ha vuelto cada vez más compleja. Las autoridades enfrentan nuevos desafíos y, si bien el comercio electrónico ofrece a las compañías excelentes herramientas para mejorar la productividad, también proporciona una plataforma poderosa para que los falsificadores y piratas atraigan a un gran número de consumidores potenciales de una manera económica".
Días después, en Buenos Aires, la embajadora de la Unión Europea en Argentina, Aude Maio-Coliche, afirmó que “los infractores de los derechos de PI suelen prestar poca atención a la calidad y, lo que puede ser aun peor, a la seguridad de sus productos, poniendo en grave riesgo a los consumidores que adquieren estos productos como medicamentos, alimentos, juguetes, baterías y autopartes como airbags. El entorno en línea permite la proliferación muy rápida de productos que infringen la PI”.
La diplomática advirtió que los infractores “pueden esconderse detrás de identidades falsas” y evidenció que no se trata de un tema con poca importancia, considerando que los productos falsificados y pirateados alcanzan 3,3% del comercio mundial y en la UE representa cerca del 7% de todos los productos importados, es decir unos 130 millones de euros en comercio ilegal.
Un acuerdo comercial de astronómica envergadura como marco
El encuentro tuvo como marco contextual el acuerdo bilateral UE – Mercosur, que pretende una estructura consensuada, con compromisos jurídicos claros y consideraciones mínimas para el respeto de los derechos de propiedad intelectual e industrial.
Sobre el particular, la embajadora de la UE en Argentina fue clara: “Existe la necesidad de una respuesta conjunta y coordinada a este fenómeno”. También Pedro Duarte destacó que las temáticas dispuestas en el encuentro tenían directa relación con la proximidad del convenio entre las partes: "la innovación y la creatividad son los ejes centrales de la economía global, y esto es especialmente relevante en el universo digital. Es importante entonces promover modelos de negocio que sean respetuosos de los derechos de propiedad intelectual en este ámbito”. Agregó que la cooperación entre la Unión Europea y el Mercosur puede facilitar estrategias que apoyen este objetivo y la observancia de los derechos de PI en ambas regiones.
Por su parte Fernando Martínez-Tejedor, agregado de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para América Latina, también aseguró que “Proteger la propiedad intelectual es un ejercicio imprescindible para el desarrollo tecnológico y científico de las naciones que integran la UE y el Mercosur. La definición de un marco bilateral entre ambos bloques promoverá, en favor de todos los creadores, innovadores y emprendedores, especialmente de las pequeñas y medianas empresas del Mercosur, el acceso a mecanismos de protección de sus derechos de propiedad intelectual en el exterior más seguros y económicos”.
Más allá de la importancia estratégica del evento (por el contexto sugerido), lo cierto es que el proyecto IP Key América Latina, a un año y medio de haber iniciado su trabajo en la región, ya ha demostrado ser una herramienta muy potente para el desarrollo de la propiedad intelectual.
Trabajando bilateralmente con los distintos bloques de países latinoamericanos y también directamente con los estados, promueve acuerdos de asociación y de acción a través de sus tres pilares principales: diálogo político, comercio y cooperación.
El excelente balance en la relación costo/beneficio que logra con su presupuesto total de 6 millones de euros para el período de 48 meses, hace pensar que bien podrían los estados nacionales latinoamericanos continuar esta necesaria labor, destinando y optimizando los recursos necesarios para que las acciones concertadas, bilaterales y multilaterales, sean cada día más la regla y no la excepción.
Fuentes:
Ecuador has gone through major changes in its legislation in connection to IP Rights. Ecuador former Government took a different approach in the way IP rights were protected and repealed IP crimes therefore “counterfeit and piracy” were not considered a crime. This decision was later reviewed, and basic IP criminal protection is now in force. On December 2016, IP legislation changed to the current IP law identified as Organic Code for the Social Economy of Knowledge.
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI (Ecuadorian PTO and formerly known as IEPI) has worked close to the public, sharing projects and providing support to prepare bylaws and regulations.
President Moreno government is open to conversation and have made a few relevant policies changes. A lot of work is still ahead (such as modification on the current IP Crime in Congress), but important changes can happen on a short period base on a political decision.
At this time in Ecuador, “ex officio” border actions are not in force. According to current legislation, IP owners must provide authorities with “sufficient” information on the import, the infraction and the infringer to proceed with a border action before Customs. Such requisite for protection has become an impediment.
A bylaw (regulation) resulted as a collaborative work between SENADI, attorneys, IP owners and lawmakers could become the first step into the return of ex officio border action in Ecuador. The bylaw is on President Lenin Moreno’s desk for approval and signature.
In the long term, changes in Ecuador’s IP criminal legislation should be a highly important issue on the agenda. Current legislation allows criminal enforcement actions only under determine circumstances: a) Only Trademarks and Copyrights can be protected in a criminal legal action – no patents; b) Criminal actions proceed against commercialization and productions of illegal goods bearing trademarks or copyrights – no transport nor warehousing.
There is also a legal requirement of US$56.000 dollars in infringement merchandise to file charges against an IPR infringer. If the value of the seized goods is under US$56.000 infringer does not have a criminal responsibility in the crime investigated by the Prosecutor’s Office, however, if the seized goods were proven illegal, then the goods can be destroyed. Trademark and Copyrights owners must collaborate and cooperate with Prosecutors Office in every single instance of the criminal investigation.
A minor administrative change within Ecuador Prosecutors Office (no law modifications are required) can have a big impact on how IP crimes are being investigated. Before 2014 the Prosecutors Office Unit in charge of IP investigations was the FEDOTI unit (Fiscalia Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional – FEDOTI), one of the best investigations unit in Ecuador’s Prosecutors Office. In 2015, with the new IP crime, Ecuadorian Prosecutor’s Office appointed the “EASY SOLUTIONS” (Soluciones Rapidas) unit from Prosecutors Office to handle IP investigation cases, which translated into no investigation at all.
Documents have been elaborated and meetings have taken place during the last few months to allocate IPR investigations back to FEDOTI unit in the Ecuadorian Prosecutors Office.
Administrative enforcement actions was planned as the natural legal process for IPR protection, nevertheless, SENADI has no possibility for a reaction against the infringements in Ecuador’s market place. Governmental policies for the reduction of personnel, lack of economic resources and wrongful interpretations of the law by Judges, have weakened the power of SENADI to provide effective protection to IP owners.SENADI has a team of attorneys and administrative personnel involved in IPR enforcement actions only, should be strengthened, trained and increased. Ecuador does not have specialized judges nor a specialized Court to handle IPR infringement actions cases, however, including IP within the Ecuadorian Judicial “Training Program from Judges and Judicial Personnel” of the Consejo de la Judicatura, could become the first step into any plan.
Auriculares que se adaptan a la forma exacta de la oreja, prótesis a medida del paciente, casas que se construyen en horas y hasta pistolas. La lista de objetos que pueden imprimirse en tres dimensiones es prácticamente interminable. Esta tecnología, cuyo desarrollo avanza a gran velocidad, está suponiendo una auténtica revolución en la producción o comercialización de muchos bienes. Según la consultora McKinsey, la impresión 3D generó en 2017 un negocio de 10.000 millones de dólares en todo el mundo. En 2025 se calcula que sobrepasará los 250.000 millones No obstante, y a pesar de su rápida expansión, se trata de una tecnología que presenta numerosos desafíos. También (o especialmente) en el ámbito legal.
Como apunta Paloma Llaneza, CEO de Razona LegalTech y experta en ciberseguridad, “la impresión 3D democratiza la generación de réplicas”. De igual manera que ocurrió en el mercado del cine o de la música, los individuos pueden conseguir de forma prácticamente inmediata y a un coste relativamente bajo una copia idéntica de un objeto. Por lo tanto, y de encontrarse esa pieza bajo algún tipo de protección legal (patente, derechos de autor o diseño industrial, entre otros), “se estarían vulnerando sus derechos de propiedad intelectual e industrial”.
Pero no toda impresión de un bien protegido constituye necesariamente un acto ilícito. Para que sea considerado como tal, “debe hacerse un uso comercial del objeto”, matiza José Carlos Erdozain, of counsel de Pons IP. En este sentido, la ley hace una interpretación amplia del concepto “uso comercial”, por lo que para vulnerar los derechos no solo es necesaria la existencia de una transacción económica (su venta o alquiler, por ejemplo), sino que su violación también podría producirse “por exhibirlo en una página web, difundirlo o, incluso, regalarlo”. Por tanto, y de cumplirse alguno de estos supuestos, la empresa o el individuo titular de los derechos podría actuar legalmente contra el infractor y reclamar su sanción y una indemnización.
Ahora bien, ¿qué ocurre si la impresión del objeto se produce en el ámbito del hogar? Lo normal será que el titular de los derechos “esté interesado en frenar comercializaciones significativas”, reflexiona Erdozain. Es decir, si la copia se produce en un entorno reducido, como el doméstico, lo que prevén los juristas es que el titular de los derechos renuncie a perseguir al infractor porque la potencial ganancia será tan reducida que el coste del proceso judicial no le merecerá la pena. También es posible, apuntan, que en un gran número de casos nunca se entere de la impresión tridimensional ilegítima.
Por otro lado, la proliferación de esta tecnología “generará un aumento de la falsificación”, augura Alejando Touriño, socio director de Ecija. Esto se explica por dos motivos: la previsible facilidad para que acaben circulando por Internet los planos de los objetos, y el uso creciente por parte de las empresas de la impresión 3D. O dicho de otro modo: si el original está fabricado con esta tecnología, su reproducción a través de la misma por parte de los falsificadores será más sencilla y precisa.
El mercado de la creación en tres dimensiones triunfa especialmente en sectores industrializados como el de la construcción, el juguetero y el del mobiliario, aunque también está teniendo un gran impacto en el mundo de la moda, el diseño y la salud. No obstante, hay otros ámbitos en los que su extensión puede tener efectos preocupantes, como en lo relativo a la seguridad privada. Así, como señala Touriño, un usuario podría descargarse los planos de una pistola en la Internet oscura (dark web), imprimirla y usarla. Lejos de ser una realidad remota, un caso así ya se ha dado en países como Reino Unido, donde un joven fue condenado el pasado junio por posesión de armas de fuego impresas en tres dimensiones. Más allá fue la empresa estadounidense Defense Distributed, que en julio de 2018 quiso publicar planos, dibujos, instrucciones y archivos para que los usuarios pudiesen imprimir armas en 3D. Un juez federal bloqueó el lanzamiento al valorar la peligrosidad de estas armas, al no estar registradas y ser indetectables por los detectores de metales (están hechas de plástico).
Responsabilidad civil
En el proceso de creación de un objeto en tres dimensiones confluyen una multitud de actores: el diseñador del software, el que elabora los planos, el fabricante de la impresora, el de los materiales y el usuario final que imprime la pieza. En este sentido, otro de los grandes retos que presenta la tecnología de impresión 3D radica en determinar quién ostenta la responsabilidad en caso de fallo o daños, que será, a la postre, quien deba hacer frente a la reparación o indemnización correspondiente. Un debate similar al que ya se ha suscitado en relación a los coches autónomos, especialmente tras los casos de atropellos mortales a peatones. En esa cuestión, Llaneza señala que “la responsabilidad recae sobre quien tenga la culpa”. Sin embargo, esa conexión error-culpabilidad no siempre es fácil de determinar. Para ello, el tribunal o las partes en el proceso judicial deberán desentrañar por qué se ha producido dicho error, valorando, a través de informes periciales, “cuál es el nexo causal entre el incidente y el posible responsable”. Así, si el material era defectuoso, el responsable será el fabricante de dicho componente. Si el software tenía fallos, el programador afrontará la compensación. Y, si la impresora estaba mal calibrada, la empresa que la comercializó responderá por los posibles daños. En la teoría puede resultar sencillo; ante el juez, esta demostración, será otro cantar.
Fuente: El Pais
En la industria farmacéutica, aunque se asegura que no es excluyente sino que comprende a todos los emprendedores basados en la innovación, investigación y desarrollo de un producto, existe preocupación porque la temática del sistema de la salud, en particular en lo que respecta al costo de los medicamentos y las posibilidades de su abaratamiento, a través de los incentivos a la innovación y desarrollo, no aparecen en la agenda de los partidos políticos, como es el caso del tratamiento final de un proyecto de ley que cuenta con media sanción del Senado en 1998, para la adhesión al Tratado Multilateral de Cooperación de Patentes (PCT, por su sigla en inglés).
Es el caso de los laboratorios nucleados en Caeme, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, aunque sostienen que la preocupación es extensiva a otras industrias, e incluso a los laboratorios nacionales, algunos de los cuales que ocupan los primeros puestos del mercado tienen presencia productiva en países de la región, y por tanto se rigen por normas internacionales.
La Argentina se encuentra entre los muy pocos países, junto con Venezuela, que se mantienen fuera del PCT, un sistema que favorecer principalmente a los pequeños emprendedores e investigadores, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, entre otros, que no cuentan con el paraguas de una gran empresa, pese a que posibilita reducir de USD 150.000 el costo de una patente individual cuando está próxima a ingresar el estudio en el desarrollo preclínico, a unos USD 5.000, hasta llegar a la etapa comercial que puede llevar hasta 20 años, y del cual llegan alrededor del 2 por 10.000 de las móleculas descubiertas. Y, fundamentalmente, permite conocer si el producto ya existe en el mundo y si es patentable.
Entre los costos de no estar incluido en el PCT se destaca la fuerte caída de la participación de la Argentina en el segmento mundial de la investigación, innovación y desarrollo en el área farmacéutica humana clínica que se estima en unos USD 90.000 millones al año, de 2,4% a 0,8% en 2016, y con el nuevo gobierno subió, pero a un todavía muy bajo 1,2% del total.
Y en el caso particular de los medicamentos, destacan en Ceme: "La Argentina pondera entre las más bajas del planeta, y los laboratorios están entre los más débiles en la protección marcaria, porque si bien la ley está, existen mercados marginales y hay una protección legal para no patentar medicamentos".
Ese fenómeno se refleja en el ranking de valuación de los países del G20 en propiedad intelectual, donde aparece la Argentina en el último lugar.
¿Cómo es evaluada Argentina en Propiedad Intelectual?
Mientras que el cuadro general sobre 125 evaluados aparece en el cuarto quintil, luego de haber caído entre los 20 peores, a comienzos de la década.
Destaca un estudio de Caeme: "En 1995, a través de la Ley 24.481 en la Argentina se reconoció la patentabilidad de los productos farmacéuticos; y en 2000 se concedieron las primeras patentes sobre productos farmacéuticos al adherir a estándares europeos; pero en 2012, a través de la Resolución 118/2012 los entonces Ministerios de Industria, Salud y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI), resolvieron modificar los criterios de patentabilidad sobre invenciones químicos-farmacéuticas" .
De todas formas, a partir del acuerdo de integración Mercosur-Unión Europea, en el sector confían en que la Argentina va a comenzar a trabajar en que se reflote el tratamiento legislativo de incorporación al PCT, "para estar alineado con el 95% de los países que ya adhirieron".
Uno de los beneficios para la comunidad que representa el cumplimiento de la Ley de Patentes, aseguran en la industria, es que los precios caen al vencimiento de la protección en hasta un 77%, mientras que en la Argentina se da el caso particular de que los productos genéricos se llegan a comercializar a un valor muy superior a los valores registrados.
Fuente: Infobae (Por Daniel Sticco)
Entre el 3 y el 5 de julio 2019 se llevó a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, la Reunión Regional de Jefes o Directores de las Oficinas de Derecho de Autor de América Latina.
El un documento titulado “Hacia una plena protección de los autores, artistas e industrias creativas en el entorno digital”, expertos de 30 países reclamaron un marco legal equilibrado, para evitar los daños que restan calidad de vida a los autores.
Consideraron imprescindible garantizar “en particular, los derechos de remuneración y el derecho de puesta a disposición” de los autores, para evitar que sigan perdiendo cientos de miles de millones de dólares anuales por causa del plagio y la piratería, particularmente a través de las plataformas digitales.
Este fue el espíritu y el marco de la reunión, la necesidad de encaminar acciones en los distintos países para adaptar las legislaciones nacionales a la era digital. Y acaso "adaptar" no sea el verbo más conveniente para describir la dimensión y el desafío que la tarea exige, en una realidad que es cada día menos analógica y menos clara para muchos autores, creadores, investigadores... especialmente los que se dedican al arte y a las ciencias
La actividad, encabezada por Sylvie Forbin, directora adjunta de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y el doctor Trajano Santana, director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) en República Dominicana, fue también la tercera reunión preparatoria, previa al encuentro mundial.
Fuentes:
Diario El Día (República Dominicana)
Diario La Hora (República Dominicana)
El Servicio Nacional de Aduana lleva a cabo Observatorios de control de contrabando en distintos sectores comerciales e industriales.
Uno de ellos es el del sector cosméticos, respecto del cual se han realizado operativos en las principales ciudades del país, incautando alrededor de 36.000 productos por un total aproximado de 300.000 dólares.
El Grupo de Tareas Específicas del Cuerpo de Vigilancia Aduanera brindó apoyo y resguardo a dichas mercancías, procedentes de varios países, que no contaban con la documentación correspondiente para su ingreso legal al país.
Estos resultados son producto del compromiso que mantiene Aduana del Ecuador con el sector privado formal, y con la ciudadanía toda, en su lucha contra el contrabando. La institución continuará ejecutando sus operativos en fronteras, aeropuertos y al interior del país.
Fuente: Aduana del Ecuador
El escudo del Capitán América, el Hombre Araña o las orejas del ratón Mickey Mouse están en camisetas, zapatos deportivos o calentadores. Logos de estos y otros personajes o marcas se observan en buena parte de la mercadería que se expende en locales comerciales de zonas como El Tejar y La Marín, en el centro de la capital, y en su mayoría tienen un grabe problema de propiedad intelectual en Ecuador.
El uso de una marca sin la autorización del propietario en el país puede acarrear multas e incluso procesos civiles y penales, pero los comerciantes de productos lo desconocen.
Manuel Lazo es un pequeño distribuidor de calentadores. Abrió su local hace más de cinco años. El negociante adquiere la mercadería en una empresa textil de Ambato. Vende chaquetas con estampados de Adidas, Under Armour o con personajes de series infantiles.
Lazo no sabía que las prendas cuentan con licencia para comercializar las marcas. “Los distribuidores sí deben tener permisos, pues en cada una de las prendas colocan etiquetas con la marca del producto”.
Otros distribuidores comentan que prefieren traer mercadería de Pelileo, Colombia, Perú o comprarla en las ferias que se llevan a cabo los domingos en el sector de El Tejar.
El Código Ingenios establece que las multas por el uso sin autorización de una marca van desde USD 500 hasta 50 000.
El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi, antes IEPI) puede ordenar medidas cautelares como prohibición del uso de la marca o de la comercialización de productos en los casos en los que se violen los derechos de propiedad intelectual.
“Las marcas son signos que identifican productos o servicios. Para poder adquirir el derecho sobre una marca, un signo, es necesario que se haga un registro. Si no se registra, no existe”, explica Santiago Cevallos, director de la entidad.
El organismo también aborda los temas relacionados con patentes, derechos de autor (música, libros, software), obtenciones vegetales y frutos y conocimiento ancestral.
El Senadi recibió el año pasado 700 denuncias sobre propiedad intelectual en Ecuador, incluido el tema de marcas.
Los afectados también pueden reclamar daños y perjuicios por la vía civil o penal.
Grupo Mantra, licenciante de 58 marcas como Disney, Star Wars, Marvel y Los Simpsons para Ecuador, Bolivia y Venezuela, firmó un convenio para formalizar estos negocios a través de una licencia.
Los principales problemas que enfrentan los pequeños negocios son la falta de recursos para adquirir las licencias o de capacitación. “Muchas veces el irrespeto al uso de los derechos de propiedad intelectual no es intencionado, sino por desconocimiento de la necesidad de una autorización de uso o del registro de una marca para adquirir el derecho”, explicó el director del Senadi.
De hecho, Grupo Mantra envió en el último año cartas a 52 empresas o negocios que estaban violando los derechos de propiedad intelectual en ecuador. De ellas, el 85% manifestó desconocer el tema y estaba dispuesto a formalizarse.
El proyecto está compuesto por tres modelos de franquicias destinados a micro, pequeñas y medianas empresas.
El primero es la industrial, para que puedan generar productos de forma legal, de manera que puedan pasar las auditorías de las licencias de las marcas. “Se verifican procesos de calidad, materiales, seguridad industrial y derechos laborales”, explicó Cevallos. La iniciativa iniciará con 10 firmas, que ya están en el programa.
La segunda es la franquicia comercial, que permite ser un canal autorizado para venta de productos con licencia. Este programa arrancará con 20.
A futuro se prevé desarrollar una franquicia juvenil (para menores de 30 años). Se otorga de forma individual para comercializar la marca.
En el acuerdo también participa Banco del Pacífico, que facilitará financiamiento, por ejemplo, de hasta USD 6 000 para la franquicia comercial. En América Latina las licencias deportivas, de entretenimiento, de arte y otras mueven unos USD 11 800 millones. Ecuador representa apenas el 0,3% de ese monto. Más del 80% de la facturación total en la región corresponde a Disney, según Grupo Mantra.
Fuente: Diario El Comercio
México es una de las tres grandes potencias regionales de América Latina, una de las que marca el ritmo en cuanto a innovación, patentes y marcas. Y, más que eso, México es también reflejo y termómetro de otras realidades latinoamericanas, con las que comparte el estigma de poco desarrollada en materia de inventiva.
Si bien ocupa el puesto 12 en el ranking mundial de patentamiento según la OMPI, se debe, en buena medida, a la intensa actividad del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), que procesó 142.000 expedientes en promedio durante 2018 y autorizó el registro a 11.711.
De allí que, no sin ironía, el Diario Expansión observara lo peligrosamente cerca que se encuentra la multinacional IBM, con 9.100 patentes a nivel mundial, de patentar lo mismo que México. Es que ciertamente no es lo mismo decir los números en México que los números de México, donde las instituciones de educación superior, que mejor desempeño tuvieron en cuanto a patentes durante 2018, sumaron en total 117. Y donde 120.000 de los 142.000 expedientes procesados por IMPI son solicitudes de registro marcario.
Enzo Gavina, director de la plataforma Biobiz, encargada de vincular a gobierno, industria y emprendedores en la generación de proyectos de alto valor, entrevistado en 2018 por Expansión sugería que aunque ya existe mayor atención en el tema por parte de algunas instituciones, otras siguen frenando el entorno de innovación y emprendimiento.
“IMPI es un generador y vinculador de patentes y en México tenemos datos de que 1.000 patentes y marcas están detenidas o están sin comercializar. En este sentido el trabajo que hacen Inadem o Conacyt frenan que estas patentes vean la luz ya sea por razones de confidencialidad o por los estatutos que se les da a los los emprendedores”, aseguraba Gavina.
Para el directivo de Biobiz, el ambiente emprendedor y de generación tecnológica continúa a la baja por falta de gobernanza, también de acceso a un fideicomiso con objetivos claros y el poco interés por parte de las empresas a invertir en pequeñas firmas.
"Hemos detectado algunos problemas en la venta de los productos de los emprendedores, muchos de ellos no sabe cómo tramitar patentes y marcas, qué regulación existe y cómo pueden generar las condiciones para la comercialización”, argumentaba Gavina.
Otro problema que identificaba el directivo de Biobiz es el divorcio entre empresas y academia: “Varias entidades destacan en el país, también varias escuelas, como el Cinvestav, la UNAM o el Tec de Monterrey, pero también estas sufren la apatía del mercado, sufren la poca creencia de las empresas ante proyectos que podrían generar empleos e innovación de alto valor”.
Entre las consecuencias de ese divorcio y la necesidad de un entorno de innovación efectivo encontramos la fuga de cerebros (y de patentes). Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), de forma gradual e ininterrumpida ha crecido el número de mexicanos con nivel de posgrado que se encuentran en Estados Unidos, pasando de 354,000 en el 2000 a más de 1,000,000 en 2015, lo que supone alrededor del 13.5% del total.
Según el estudio Barómetro de innovación, elaborado por General Electric, el apoyo por parte de gobierno para generar entornos de innovación es casi nulo, especialmente a nivel local.
El estudio fue realizado a 100 ejecutivos en innovación mexicanos, de los cuales sólo 3% considera que las autoridades a nivel nacional toman acciones para generar mayor innovación en el país. El común más bien considera que el sector innovador está compuesto por empresas multinacionales, empresarios individuales, startups y empresas mexicanas con más de 250 empleados.
Federico De Silva, director de investigación de Gartner, consultora especializada en asesoría y liderazgo empresarial, aludió durante la presentación del estudio a que en México lo que más hace falta es “la visión de los tomadores de decisión, del CEO, pues él es quien tiene que considerar invertir en nuevas tecnologías. Si no se tiene la visión por desarrollar nuevos negocios, nuevos contactos, nuevos canales de distribución seguirán invirtiendo en lo mismo y poco a poco dejarán de competir”.
Por su parte, Vladimiro de la Mora, CEO de GE en México, fue un poco más allá: “En México enfrentamos varios retos que van desde la inversión, la infraestructura, la vinculación de la academia con la industria, la divulgación, la cantidad de recursos humanos altamente capacitados, el sistema de evaluación de los investigadores, los esquemas de jubilación y hasta los tiempos y escenarios políticos tanto nacionales como internacionales”.
Por si fuera poco, un factor importante que requiere reforzamiento es la infraestructura:
“En América Latina estamos apenas en la parte baja de la curva en temas de Internet de las cosas u otras tecnologías disruptivas, aún nos falta infraestructura en el tema de Data Centers, o plataformas y analíticos de IoT que son necesarios para tener una mayor competitividad. Aunque ya hay conocimiento y ya se empiezan utilizar, aún nos hace falta más adopción”, precisó De Silva.
Fuente: Diario Expansión
En los primeros tres meses del presente año se han asegurado casi 800 mil productos falsos o piratas, sin copyright, con un valor calculado en casi 3 millones de pesos, y multas impuestas por 18 millones 830 mil 260 pesos, informó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Las multas se han impuesto 123 responsables por resolución del IMPI y oposición a las visitas de inspección, lo que equivale a un valor aproximad de casi 19 millones de pesos, además de que se han clausurado cuatro establecimientos comerciales por la venta de estos productos apócrifos.
El director general del Instituto, Juan Lozano Tovar, que este año tomó posesión del cargo, detalló que la mayoría de los productos decomisados son de higiene personal, belleza, juguetes y prendas de vestir, calzado, tenis y accesorios.
El funcionario argumentó que se han realizado 999 visitas de inspección para identificar casos probables de piratería, de las cuales 759 han sido visitas de oficio y 240 visitas a petición de parte.
El directivo explicó a Notimex que este aseguramiento supera al del mismo periodo del año anterior, como resultado del trabajo conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y las oficinas de aduanas.
“La piratería es uno de los males más graves de nuestros tiempos, porque inhibe la creación y es un aspecto de los más relevantes en la economía”, argumentó.
Lozano Tovar recordó que solo en 2018 se aseguraron 2.9 millones de productos sin copyright, ilegales, cuya tendencia se mantiene en México. “En todos los terrenos posibles seguiremos la lucha contra la piratería y trataremos de acreditarlo a través de números concretos”.
El funcionario resaltó que el IMPI tiene la mira puesta en los sitios de Internet piratas y empezó a bloquear algunas páginas, como ba-k.com y mymusiic.com, por carecer del consentimiento de los titulares de los derechos de autor.
Apuntó que el organismo tiene la facultad para bloquear y cerrar los website ilegales. “No es algo sencillo (…) y es un ilícito que en todo el mundo debemos enfrentar”, finalizó.
En una misiva dirigida a las autoridades reguladoras a escala mundial, el IMCO cita que la protección de los derechos de propiedad intelectual permite a los innovadores y a los artistas ser dueños de su trabajo y controlar cómo se utiliza, “al formar la base de un sistema de mercado que ayuda a liberar la capacidad inventiva de los innovadores mundiales”.
Sin embargo, “a pesar de que han pasado más de veinte años desde el Acuerdo de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial del Comercio, en el que todos los miembros del G20 son firmantes, la piratería en línea y el comercio de bienes falsos asciende a un total de 461 mil millones de dólares, o bien 2.5% de las importaciones globales, que continúan siendo una plaga en la economía mundial”.
Fuente:
Contra Réplica
La nación Tsáchila es uno de los tantos pueblos indígenas que le dan a Ecuador el carácter de plurinacional e intercultural. Pero no es uno más, porque con apenas 3.000 habitantes (2010) este pueblo es depositario de un saber acumulado milenariamente que hoy está protegido mediante el reconocimiento de sus derechos intelectuales.
Para lograrlo, el pueblo tsáchila se acogió al proceso de depósito voluntario de sus conocimientos ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), contemplado en el art. 523 del Código de la Economía Social del Conocimiento, Creatividad e Innovación (2016). Su objetivo es impedir apropiaciones ilegítimas de los conocimientos de etnias, pueblos y nacionalidades. También servirá como medio de verificación para reconocer los derechos intelectuales colectivos sobre saberes tradicionales, por si alguien intenta infringirlos.
Pero antes, la decisión debió pasar por el Consejo de Ancianos, el máximo órgano encargado de regular la suerte de las prácticas que comprometen a los conocimientos ancestrales. Desde allí se propuso empezar con los rituales, la cosmovisión, los vegetales y la vestimenta tradicional.
El registro comenzó en enero de este año y en el proceso de recolección de información participaron varios personajes emblemáticos de la comunidad, la mayoría ancianos. Se han registrado 490 plantas medicinales y el pueblo tsáchila cuenta con los respectivos certificados de depósito.
Tras el registro, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales trabaja en los protocolos biocomunitarios para potenciar estos recursos ante empresas que quieran invertir en posibles patentes.
Fernando Nogales, experto en conocimientos tradicionales del SENADI, reconoce la importancia de esta construcción colectiva de la población tsáchila, tanto para la propia comunidad como para el país. Incluso -destaca- para que el mundo conozca el origen de esta riqueza.
Ciertamente, no se trata solamente de constatar el origen: “Una vez que los conocimientos son depositados en el SENADI, pasan a la base de datos, es decir que si las compañías farmacéuticas quieren patentar algún medicamento tienen que venir a la comuna a pedir consentimiento para poder realizarlo”, señaló Nogales. Y agregó que con el consentimiento llegarán beneficios, sean económicos o no.
Para Flavio Calazacón, presidente de la comuna El Poste, esta labor recién empieza: a futuro se espera la protección de "rituales de petrificación", energéticos e incluso de sanación; también bebidas como la Ayahuasca; expresiones como la danza; y festividades como el Kasama. “Los depósitos no están terminados, pero sí hemos avanzado, hemos ganado experiencia”, afirmó.
Son experiencias que suman y se nota: la Unidad de Conocimiento Tradicional del Servicio de Derechos Intelectuales informa que se han depositado 150 conocimientos tradicionales a escala nacional desde que rige la normativa. Son conocimientos originarios de los pueblos Sarayaku, Cofán, Kayambi y Tsáchila. La Unidad espera contar con una base de datos de 200 registros de las tradiciones hasta finalizar este año.
Desde el 14 de noviembre la nacionalidad Tsáchila ya cuenta con las certificaciones de los depósitos, son 44 y los recibió la gobernadora tsáchila, Diana Aguavil, en la comuna El Poste.
Son los 44 certificados de depósitos de conocimientos tradicionales que entregó SENADI en 2018... durante todo el año anterior fueron sólo nueve.
Fuente: Diario la hora
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Diario El Comercio
