Las autoridades de India fallaron a favor de Perú, otorgándole la marca registrada "Pisco". Sustentaron su fallo en el hecho de que pisco constituye la denominación utilizada para identificar un valle, un río, un puerto y una ciudad en la costa sur peruana, desde la época colonial.
Investigaciones de lexicógrafos, cronistas e historiadores, demuestran que la palabra Pisco proviene del idioma quechua y significa 'ave'. Y, en su favor, INDECOPI recordó que "Chile modificó indebidamente el nombre de una región de su territorio (Pisco Elqui) a fin de apropiarse del término Pisco perteneciente al Perú, cuando por muchos años ese territorio contaba con otra denominación (La Unión)”.
Por lo demás (y a diferencia de Chile), con INDECOPI a la cabeza, Perú se movió en bloque para enfrentar este litigio por la marca registrada, que resultó a su favor.
El pisco es una bebida destilada de la uva, producida muchas veces de forma artesanal en los valles de la costa sur del Perú y en las regiones de Coquimbo y de Atacama en Chile. Goza de alto reconocimiento en el ámbito internacional, como el ron o el tequila.
Perú y Chile sostienen una histórica disputa en derredor de la propiedad del Pisco, una marca reconocida a nivel mundial, con potencial y vocación expansiva. En Japón, Australia, Nueva Zelanda y México (entre otros) se reconoce el derecho a Chile sobre la denominación Pisco, mientras que Nicaragua, Cuba, Panamá, Venezuela o Colombia conceden el derecho a Perú. Por su lado Estados Unidos, Canadá, China y la Unión Europea aceptan a ambos países.
En cuanto al volumen de venta, en 2016 las exportaciones de pisco peruano llegaron a 44 países y obtuvieron réditos por poco más de US$8 millones (cifras de Adex, la Asociación de Exportadores de Perú). El pisco chileno vendió en el exterior cerca de US$2,9 millones durante el mismo año.
Así dicho, parecen números claros. Pero no es tan claro, pues el 30% de la exportación peruana de Pisco lleva por destino Chile, que es el principal consumidor del producto (promediando los 2,2 litros anuales per capita) a nivel mundial, tanto en su versión chilena como peruana.
Ciertamente India no es un actor incidente en el mercado mundial de Pisco, de hecho su participación en el consumo de este licor es nimia. Pero es un mercado gigante! Basta con que que una minúscula fracción de los 1240 millones de potenciales consumidores se deje seducir por este destilado de uva, para que se vea comprometida la posibilidad de producción con las capacidades hoy instaladas.
Por eso el ministro chileno de Economía, José Ramón Valente, salió a relativizar lo sucedido y aseguró que continuará trabajando para registrar como Chile la marca Pisco en India: "Chile no ha perdido nada, el pisco chileno debiera poder venderse sin ningún problema en India y tanto los peruanos como los chilenos van a poder vender pisco en India".
Fuentes consultadas: Emol, La República (Perú), Bio Bio (Chile)
Enlaces a las fuente consultadas
https://www.emol.com/noticias/Economia/2019/01/11/933992/Un-golpe-para-Chile-India-le-reconoce-a-Peru-la-denominacion-de-origen-del-pisco.html
https://larepublica.pe/economia/1393567-chile-insiste-vender-pisco-india-pesar-fallo
Inglaterra, Alemania y ahora Ecuador son algunos de los países donde Michael Valdivieso está enfocando sus esfuerzos para promover el desarrollo sostenible y la consciencia ambiental. Este ecuatoriano de 27 años se instaló en Europa desde hace dos años para estudiar su maestría. Allí fundó una empresa para cumplir su objetivo y ha logrado organizar eventos con expertos mundiales para transmitir su mensaje.
Desde los 13 años, Valdivieso se empezó a vincular en actividades relacionadas al desarrollo responsable de los países, hasta que en octubre del 2017, pudo crear su emprendimiento. Junto con un alemán y una amiga de República Checa, se les ocurrió empezar un proyecto que promueva el desarrollo sostenible de las empresas. Así surgió Momentum Novum, el cual se enfoca en dar consultorías a empresas de todo el mundo, educación para sus clientes e información a través de diferentes campañas y podcasts sobre temas relacionados a la sostenibilidad.
Lo que se inició como un proyecto de tres personas, ahora ha logrado a reunir a más de 20 miembros que trabajan desde diferentes continentes. Al escuchar sobre esta iniciativa, el centro del ambiente de la Universidad de Heidelberg, en Alemania, se interesó en trabajar con este grupo y juntos pudieron llevar a cabo una conferencia que reunió a más de 100 participantes en Heidelberg.
Valdivieso explica que, a través de esta actividad, se logró fomentar “una red de entusiastas por el desarrollo sostenible” provenientes de diferentes profesiones y edades. Durante este evento no se permitió el uso de plásticos.
La comida fue servida en vajillas reusables, se ofrecieron solo alimentos vegetarianos y todo fue preparado con productos locales, que fueron realizados por refugiados.
Los participantes recibieron una botella reusable, una bolsa de tela y les entregaron una bicicleta para su movilización. “Ahorramos más de 1 000 kilogramos de CO2 en emisiones por cambios pequeños”, dice Valdivieso. La idea era demostrar que con pequeños cambios, se puede lograr un impacto significativo.
El objetivo es realizar la conferencia anualmente y cada vez incrementar el número de asistentes. En este 2019 el evento se llevará a cabo en noviembre y hasta el momento tienen dos opciones donde se podría dar el encuentro: Ecuador o Estados Unidos.
Para este joven sería una gran oportunidad poder trasladar la conferencia a este país para poder reunir a todos los expertos y lograr fomentar los objetivos de desarrollo sostenible en las empresas nacionales. “En Europa podemos aprender y hay más personas dispuestas a jugarse por algo que puede fallar”, dice Valdivieso, quien este año busca traer todo el conocimiento que ha adquirido en el extranjero durante su estadía en Londres, Alemania y los tres meses que vivió en Belgrado, en Serbia.
Actualmente, continúa estudiando en The London School of Economics, donde ganó una visa de emprendimiento por 12 meses para poder establecerse en otros países y continuar difundiendo su mensaje.
Fuente: El Comercio (Ecuador)
Las vallas colocadas en el bulevar de la calle Lizardo Ruiz, en Cotocollao (norte de Quito) no han impedido que las ventas informales retornen a este espacio público.
A las 10:10 del pasado sábado 5 de enero del 2019, cinco agentes metropolitanos, que recorrían ambas aceras del bulevar, pedían a los comerciantes sin permiso que se retiren de la esquina de calles De La Prensa y Lizardo Ruiz. Unos hacían caso a la primera llamada de atención y otros intentaban persuadir a los agentes, pero al final terminaron por retirarse del lugar.
Elena Herrera vende artículos de limpieza de manera informal para mantener a su familia. Confiesa que no tiene para pagar el arriendo de un local y, aunque, sabe que no es permitido, no encuentra otra forma de ingreso económico.
Quienes tienen locales comerciales en ese sector se oponen a la ventas informales en las aceras. Rosa Almache tiene su negocio de venta de ropa en la Lizardo Ruiz.
Ella señala que desde mediados de diciembre pasado, por la época navideña, se colocaron las vallas y hubo más control del Municipio. “No estoy de acuerdo con que se les permita vender. Nosotros pagamos arriendo y permisos. Con base en eso ponemos nuestros precios. Los informales pueden vender lo mismo pero a la mitad de precio y no es justo”, dice.
Ángel Lema, inspector del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, señala que los jueves, viernes, sábados y domingos son los días más complicados por el comercio informal. Para evitar que se ocupe de forma indebida el espacio público se destinan 20 agentes que trabajan de 09:30 a 18:30.
Cotocollao no es el único punto en el que se colocaron vallas de seguridad. La Policía Metropolitana hizo lo mismo en el bulevar de la J, en el sector de Solanda (sur), por la alta concentración de los vendedores informales.
La Ordenanza Metropolitana 201 establece que no es posible las ventas informales, sin permisos, en los bulevares destinados para el tránsito de los peatones.
En esa normativa también se incluyen sanciones. Para quienes venden sin permiso hay una multa de USD 100 y, en caso de reincidencia, USD 200.
Además es posible la retención de la mercadería cuando se inicia un proceso por parte de la Agencia Metropolitana de Control (AMC).
De acuerdo con los datos del Municipio, en el Distrito Metropolitano hay cerca de 11 000 comerciantes autónomos.
Fuente: El Comercio.
Por: Alejandra Vargas Morera
En el 2017 la demanda de títulos de propiedad intelectual alcanzó niveles récord en el mundo, con China liderando el número de solicitudes de patentes, registros de marcas y diseños industriales. Sin embargo, ese mismo año, los números de América Latina fueron débiles, lo que sugiere una tendencia al estancamiento en la región, sin respeto a la propiedad intelectual.
El último informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) revela que en 2017 se presentaron a nivel mundial 3,17 millones de solicitudes de patentes, un 5,8 por ciento más que en el 2016. De ellas, el 65,1 por ciento provino de Asia, mientras América Latina y el Caribe, Oceanía y África juntos apenas sumaron un 3,4 por ciento.
En el 2007 en América Latina y el Caribe se solicitaron 58.100 patentes (un 3,1 por ciento del total). Diez años después, 2017, la cantidad llegó apenas a 57.600 solicitudes (1,8 por ciento).
Marco Alemán, director de la División de Patentes de la OMPI, reconoció a SciDev.Net que los números de patentes evidencian que los esfuerzos en innovación de América Latina son muy bajos, menos del 0.5 por ciento de su Producto Interno Bruto en promedio, y que “faltan más políticas de innovación” y más involucramiento del sector privado en dicha actividad.
Aunque creo que las patentes no son la única manera de medir el quehacer intelectual de un país, en una sociedad y economía del conocimiento sí es preocupante ver las cifras de América Latina.
Pablo Jenkins, Foro Económico Mundial.
Destacó también que las cifras de los solicitantes locales (o residentes) son muy bajas en los países más grandes de América Latina, como Brasil, México, Chile y Argentina.
“No es que las cifras en la región hayan bajado mucho (unas mil patentes menos), lo que ocurre es que otras regiones, como Asia, aumentaron significativamente”, subrayó.
El informe menciona que el tiempo necesario para obtener patentes en la región es prolongado. En Brasil, por ejemplo, completar el proceso de solicitud de una patente puede demorar hasta 8 años, más de 6 años que lo que toma en China y Europa (donde el trámite tarda 22 meses). En Rusia el proceso sólo tarda 9 meses.
De las 25.000 solicitudes de patentes (de las cuales 20.000 venían del exterior) presentadas al Instituto Nacional da Propriedade Industrial de Brasil, se concedieron 5.450 registros de patentes. De ellas, 700 fueron para empresas, universidades o innovadores nacionales. En el 2017 en México se otorgaron 8,510 patentes. Allí el trámite tarda 3 años.
Como casos curiosos, el informe destaca que entre las oficinas de países de bajos y medianos ingresos, Ecuador y Colombia presentaron un crecimiento particularmente rápido (11,5 y 7,7 por ciento, respectivamente). En ambos casos, se registró un crecimiento de solicitudes hechas por no residentes.
“La presentación de solicitudes en el extranjero refleja la globalización de la protección y de la propiedad intelectual y el deseo de comercializar tecnología en mercados extranjeros”, explica la publicación. Por ejemplo, fueron solicitantes de EEUU quienes presentaron el 52,8 por ciento de las solicitudes de no residentes presentadas en México.
La abogada María José Cordero, doctora en derecho de la Universidad de Stanford, especializada en propiedad intelectual explica a SciDev.Net que América Latina no es una región homogénea.
La inversión que cada uno de los países hace en innovación y desarrollo y el porcentaje del Producto Interno Bruto que destinan a promover la ciencia y la tecnología, son muy dispares y en la mayoría de los casos muy inferiores a los que hacen países como China, señala.
Brasil, México y Argentina son los tres países que aglomeran casi el 90 por ciento de la investigación latinoamericana. Tras más de una década de crecimiento, entre 2007 y 2016, ellos mostraron caídas significativas en su inversión en ciencia y tecnología: Brasil (2%), México (3%) y Argentina (10%), asegura el informe El Estado de la Ciencia de la por la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología.
“Si el país invierte poco en el desarrollo e investigación de ciencia básica desde las instituciones estatales y tampoco ofrece incentivos para la innovación hace la ecuación más retadora para quienes quieran innovar. También falta la colaboración del sector privado”, destaca la abogada.
“Cambios políticos y crisis económicas en las diferentes naciones también pueden haber desalentado a los científicos a realizar investigación y desarrollo”, añade.
“Aunque creo que las patentes no son la única manera de medir el quehacer intelectual de un país, en una sociedad y economía del conocimiento sí es preocupante ver las cifras de América Latina”, asegura Pablo Jenkins, líder joven del Foro Económico Mundial, con una maestría en innovación por la Universidad de Harvard.
Además de que el proceso sea engorroso y costoso, Jenkins opina que existe una cultura que no ha valorado históricamente la propiedad intelectual, “entonces se buscan otras maneras de proteger pequeñas ideas”, explica.
Finalmente, atribuye parte de la responsabilidad al sistema educativo de la región: “El sistema educativo regional se ha quedado con esquemas del siglo XX, siendo como una línea de ensamblaje donde desde el primer grado todos reciben más o menos lo mismo y van pasando fase a fase de una manera relativamente genérica y no tan basada en la creación, experimentación y aprendizaje individual. Si no hemos sembrado eso temprano, es difícil esperar ver presentes las destrezas necesarias para crear e innovar en esas personas adultas”, subraya.
> Descargue el informe completo (en inglés).
FUENTE: Scidev
A inicios de este año el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Pablo Campana, anunció seis marcas registradas en Ecuador, sectoriales que auparían a los principales productos nacionales de exportación: cacao, banano, camarón, pescado, flores y sombreros de paja toquilla.
De esas solo dos se lanzaron: Cacao Ecuador Premiun & Sustainable en agosto y Banano Ecuador Premium & Sustainable en octubre.
La coordinadora de Marcas y Denominaciones de Origen del Ministerio, Claudia Ugarte, señala que el resto de marcas registradas en Ecuador: camarón, flores, pesca y sombreros, serán presentados el próximo año y adelanta que se está iniciando el proceso para la madera, café, tagua y Superfoods del Ecuador, de este último el sello ya está listo.
Se seleccionaron los sectores de cacao, atún, banano, flores y camarón, porque representan 75% de las exportaciones no petroleras y mineras del país. Y el sombrero de paja toquilla por haber sido declarado por la Unesco patrimonio inmaterial cultural de la humanidad.
Campana dice que la marca es parte de la estrategia de refrescar la imagen del país en el exterior. Para que los productos sean reconocidos por la certificación de buenas prácticas de manufactura, trazabilidad, de respeto al ambiente y la legislación laboral, como la no contratación de menores. “Aspiramos a que cuando exportemos con esta marca nuestros productos sean reconocidos con un mayor precio, lo cual significa más ingresos para Ecuador”.
El cacao ya exporta bajo su marca. La Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao) reporta que desde agosto hasta noviembre, diez empresas han exportado unas 27.504 toneladas con ese sello.
La marca sectorial es un proceso largo en el que le entregamos a los compradores esta ventaja de mercado. Poco a poco se va introduciendo”, Francisco Miranda, presidente de Anecacao
El presidente de Anecacao, Francisco Miranda, reconoce que falta un poco de campaña de marketing para mostrar las ventajas al consumidor y poder diferenciar el producto.
Ugarte explica que cada empresa maneja un presupuesto y plan de inventario en compras de empaques, envases y etiquetas. “El cronograma para que el producto que se exporta salga con la marca, en un proceso de implementación, que va a variar de acuerdo a la empresa”.
El presidente de la Asociación de Exportadores de Banano, Eduardo Ledesma, indica que aún no se exporta banano con la marca sectorial y que el proceso podría tomar entre tres y seis meses: “Con la marca origen país no creo (que) hayan salido al exterior todavía, porque el proceso no se termina, son procesos largos, que hay que establecer la gobernanza, quién va a hacer la supervisión, eso está en proceso”.
Este año, agrega, las exportaciones de la fruta superarían los 330 millones de cajas, entre 3% y 5% más que en el 2017.
Ugarte explica que los productos deben pertenecer a un sector exportador maduro, con alto nivel de asociatividad y representatividad; tener una estrategia para posicionarlo internacionalmente, ser competitivos, generar divisas y empleo e inclusión de los pequeños, medianos y grandes actores dentro de toda la cadena de valores.
Como expectativa para el próximo año, Ugarte indica que se proyecta lanzar las marcas registradas en Ecuador, en el marco de los eventos sectoriales internacionales más importantes del mundo.
Añade que la marca Cacao Ecuador Premium & Sustainable busca implementar en conjunto con el gremio exportador, una campaña para que marcas globales de chocolatería fina, desarrollen sus productos a base del cacao ecuatoriano certificado y los presenten en los principales supermercados, casas y tiendas especializadas de chocolates finos de Europa y de Estados Unidos. (I)
En la región hay casos similares de marcas sectoriales, por ejemplo, en Chile existe experiencia con las marcas: Chile Olive Oil, Salmón de Chile, Wine of Chile. TexModa en Brasil, Alpaca en Perú, Logística en Uruguay, Carne de Argentina, entre otros.
FUENTE: Diario El Universo
El envío de productos falsificados ya no va solo en grandes volúmenes. Los envíos reducidos, muchos de ellos por comercio electrónico, están aumentando. Su detección es más complicada.
El rastreo de mercancías falsificadas se ha dificultado para los agentes de aduanas porque se envían en paquetes pequeños, utilizando el correo postal o empresas de mensajería.
Esta es la principal conclusión de una investigación desarrollada por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) que constata que el 63% de las incautaciones aduaneras de productos falsificados en el mundo y el 76% en la UE venían en paquetes de pequeño formato por correo postal o mensajería, una de las vías más utilizadas en las compras online.
Este sistema de entrada de productos falsificados, dice la Euipo, carece del control que sí recogen los manifiestos de los buques y ejercen los agentes de aduanas por lo que "los datos recogidos por los servicios postales y las empresas de mensajería urgente podrían constituir un recurso de vigilancia y control muy valioso si se pusieran a disposición de las autoridades aduaneras".
No obstante, pese al incremento de esta vía, el mayor volumen de importación de falsificaciones que llegan a la UE, lo hace "principalmente, en contenedores y otros envíos marítimos", asegura el director de la Euipo, Christian Archambeau, que recuerda, citando estudios anteriores, que las falsificaciones representan "el 2,5% del comercio mundial, que equivale a unos 338.000 millones de euros anuales, y el 5% de las importaciones de la Unión Europea", que suman unos 85.000 millones.
Según la investigación los envíos suelen distribuirse en paquetes de diez o menos artículos, aunque más de la mitad de las incautaciones de paquetes postales contenían uno solo producto. Y son los artículos más pequeños los más frecuentes. Así el 84 % de los envíos contenía calzado, el 77 % productos ópticos, fotográficos y médicos falsificados (principalmente gafas de sol) y el 63% llevaba relojes, artículos de marroquinería (como cinturones), bolsos y artículos de joyería falsificados.
El estudio es el quinto del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual y ha cruzado datos del comercio de productos falsificados y servicios postales de cinco organismos internacionales. La Euipo, con sede en Alicante, es una agencia descentralizada de la UE que gestiona el registro de las marcas de la Union Europea (MUE) y los dibujos y modelos comunitarios registrados (DMC), que proporcionan protección de la propiedad intelectual en los 28 Estados miembros.
Fuente: Expansión.
Marcasur publicaba, en su edición digital #70 de agosto pasado, una tabla comparativa de las fluctuaciones en materia de registros y marcas en América Latina durante los últimos años. Analizaba el patentamiento especialmente en la transición 2016 al 2017, donde todo a simple vista ratificaba el orden establecido, con las siguientes aproximaciones: Brasil 186 mil, México 154 mil, Argentina 87 mil, Chile 45 mil y Colombia 43 mil.
No obstante, la propia publicación destacaba el crecimiento exponencial de dos países durante ese período. Los de mayor crecimiento proporcional Perú y Argentina, el primero con una fluctuación de (Aprox.) 27 puntos porcentuales respecto del 2016, seguido de cerca por Argentina, con un crecimiento de (Aprox.) 24 porciento. Lejos de ellos las potencias Brasil y México, con 11% y 12% respectivamente.
El crecimiento de Perú sorprende más si se lo compara con sus marcas de años anteriores, 2014-2016, cuando las fluctuaciones rondaban el 3-4% anual, en términos positivos o negativos.
Evidentemente serán muchos los factores que explican estos hechos. Aquí proponemos detenernos en un actor clave del proceso, ya sea como promotor de cambios o como dinamizador y facilitador de cambios. Indecopi es sin dudas un agente fundamental en semejante “golpe de patentamiento”.
En su informe anual 2017, Indecopi destaca la aprobación de la primera Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor y el primer Plan Nacional de Protección del Consumidor. Y con ello que las herramientas jurídicas son determinantes para la consecución de grandes proyectos nacionales.
En términos operativos, se centró en la relación con los usuarios, implementando medidas que facilitan y convocan el patentamiento, como la reducción de costos y tiempos de operación, ambos puntales concentrados en una apuesta: “servicios y procedimientos digitales”.
La primera busca mejorar el aparato de Estado, eliminando barreras burocráticas “ilegales y/o irracionales”. En ello trabajan una Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y luego una Secretaría Técnica Regional con el mismo fin, enlazados con los usuarios a través de sus plataformas digitales. Ha logrado eliminar un total de 3.288 barreras burocráticas ilegales y/o irracionales, generando un ahorro potencial de S/ 578.4 millones al país. Además, logró reducir a dos meses y medio el promedio de tiempo para el registro, uno de los mejores de Latinoamérica.
El segundo emprendimiento que destaca, a cargo de la Dirección de Signos Distintivos, es la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial, que publica gratuitamente las solicitudes de marcas y patentes, ahorrando a los ciudadanos el costo de la publicación (que se hacía en el diario oficial El Peruano). En el informe de labores 2017 se destaca que la Gaceta Electrónica ha generado un ahorro de más de 4.3 millones de soles a los ciudadanos.
Fuentes:
INDECOPI. Rendición de cuentas 2017
Marcasur, Edición digital No 70
Naturalizada en poco tiempo y seguramente “palabra nativa” para la próxima generación, blockchain es hoy una verdadera paradoja en al menos dos sentidos: siendo un término ya generalizado, pocos pueden decir con seguridad de qué se trata; y siendo objeto de permanente patentamiento, es una tecnología que aún no está mayormente puesta al servicio de la sociedad.
De un momento a otro blockchain provocó una revolución de expectativas, prometiendo ser tan importante como la propia Internet y omnipresente en nuestras vidas. La promesa sigue en pie, pero no está claro aún cómo se materializará esa tecnología ni se valora con seguridad el alcance y los usos posibles.
Sin ánimos de una definición precisa y técnicamente detallada, podríamos decir que blockchain (la cadena de bloques) es un sistema descentralizado que registra transacciones (no necesariamente monetarias) en todos los nodos de una red, por lo que la información se torna incorruptible.
Eso lo hace gigante, puede crecer indefinidamente, tanto como red y como sistema, puede conectar a todas las personas en el planeta. No necesita intermediaciones institucionales para operar, sino sólo acceso a una computadora conectada a la red. Como tecnología es tan potente que permitiría mejorar y facilitar desde trámites administrativos hasta transacciones financieras. Birgit Clark (de Baker McKenzie) analiza y prevé importantes beneficios de blockchain en el futuro de la protección a la propiedad intelectual. Incluso Golem se plantea la posibilidad de que la red ayude a procesar ingentes cantidades de datos para beneficio común, por ejemplo el desarrollo del conocimiento científico.
Para ser gigante es como mínimo sospechoso que blockchain sea tan silencioso. Si por un lado es cierto que la gran mayoría de personas no está enterada de su significado y alcance, por otro no es menos cierto que las instituciones públicas y privadas se han encargado de mantener el tema oculto tras un halo de misterio e intrascendencia. Poco se dice sobre el desarrollo y la implementación de esta tecnología, pero es sabido que se cuece en todo el mundo.
Las grandes empresas, importantes instituciones financieras y los estados desarrollados apuestan fuerte a la tecnología blockchain, con la certeza de que en el corto plazo será revolucionaria más que incidente. Concretamente, a la fecha, los que pueden se van armando lo mejor posible para dar batalla en lo que sea que venga. Las (provisorias) armas son las patentes.
"Las empresas se están moviendo con rapidez para proteger sus ideas en nuevas áreas de desarrollo tecnológico; mucho antes de que la tecnología en realidad vaya al mercado” mencionaba Alex Batteson, editor de Derecho Práctico en Thomson Reuters (citado por Aaron Wood en Cointelegraph), refiriéndose al patentamiento en derredor de blockchain.
Batteson resume bien la situación. El boom de patentamiento alusivo hace suponer que el patent troll domina el escenario y que, en definitiva, no hay claridad sobre cuáles serán los usos de esta tecnología en “el mundo real”. Con excepción de las criptomonedas (y algunos incipientes desarrollos tecnológicos), nadie parece decidido a tirar la primera piedra.
Aún así, se pueden apreciar ciertos comportamientos en el rastro que dejan a su paso las patentes para posibles usos y aplicaciones de la tecnología blockchain.
Acaso hablando fuerte y claro sobre el futuro de la economía mundial, la hermética China lidera el ranking de naciones que solicitaron patentes a la Asociación Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO por sus siglas en inglés) durante 2017 -informaba Thomson Reuters-, con 225 solicitudes, más de la mitad del total de solicitudes y más del doble que su principal seguidor, Estados Unidos, con 91 solicitudes; luego sigue Australia con 13. Los números refieren, además, que las solicitudes de patente para la tecnología blockchain se triplicó en 2017 respecto del año anterior y que las principales beneficiarias (empresas chinas) entre 2012 y 2017 presentaron 6 de cada 9 patentes para uso de esta tecnología.
No obstante, un nuevo análisis de KPMG muestra que la inversión en blockchain dentro de EE. UU durante la primera mitad del 2018 ha excedido el total general incurrido en el 2017, según su informe semestral "The Pulse of Fintech" publicado el pasado 31 de julio.
Engrosa esa lista Bank of América, que es noticia permanentemente por su asidua participación: desde hace algunos meses dio a conocer su intención de solicitar a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) el registro de 20 patentes que incluyen la tecnología de contabilidad distribuida. Recientemente, USPTO publicó tres de las solicitudes entregadas en febrero de 2016 por la compañía financiera.
El tercero en la lista, Australia, utiliza su agencia federal "Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth" (CSIRO, por sus siglas en inglés) y, de ésta, su brazo de investigación Data61, para crear una nueva plataforma llamada Australian National Blockchain. Trabaja junto a la firma de abogados Herbert Smith Freehills y a la transnacional IBM para permitir a las empresas automatizar transacciones basadas en términos legales predefinidos, codificados en contratos inteligentes sobre una red de blockchain basada en IBM.
Según informa Coindesk, "El esquema establecerá contratos inteligentes que tienen la capacidad de registrar orígenes de datos externos, como los dispositivos de Internet de las cosas (IoT), y puede ejecutarse automáticamente una vez que se cumplan las condiciones especificadas."
Los países que no están en los primeros lugares del ránking, pero quieren estarlo, también hacen su apuesta. El gobierno de Hong Kong publicó el pasado agosto una actualización de los criterios que tomará en cuenta para migrar a ese país, otorgando puntos adicionales de calificación a profesionales expertos en tecnología blockchain o, para ser más específicos, en tecnologías de contabilidad distribuida y con experiencia en Fintech.
Rusia, otro jugador de peso, pese a sus reservas, manifiesta abiertamente su interés por el desarrollo del sector y se asocia con la internacional Ethereum, en un primer momento para la gestión de los 15.000 puestos de comercio de fines de semana para los agricultores de su país y los que provengan de Armenia, Bielorrusia, Kazajstán y Kirguistán.
Está bien como ensayo. Pero, fiel a su estilo, el Kremlin prefiere apostar al control y sube el tono a la fiscalización con un sistema que le permita rastrear las transacciones realizadas con criptomonedas y que debería estar operando desde este año. Las razones alegadas: “confrontar los esquemas de fraude y prevenir el financiamiento del terrorismo”. Razones a las que no está demás atender.
Ciertos fundamentos de blockchain tienen una base muy antigua: el arte de los mensajes cifrados. Esta tecnología tuvo un auge durante la segunda guerra mundial y se desarrolla disciplinariamente con el nombre de criptografía.
Así, como la propia Internet, el origen de blockchain se remonta a tecnología fraguada principalmente en el ámbito militar, que se redimensiona en su contacto con lo público. Para el caso, el "contacto" se produjo con el desarrollo de ciertos algoritmos que permitieron crear la "criptografía de clave pública", precedente fundamental para el desarrollo de blockchain.
El toque final llegó en la década de 1990, a través del desarrollo de proyectos informáticos con fines políticos que buscaban un sistema descentralizado, libertad de información, distribución del poder... Así se originó la publicación de Bitcoin P2P e-cash, la antesala de la criptomoneda.
Los fines políticos nunca abandonaron el proyecto y continúan hoy instalados en el corazón mismo de la tecnología, cual si fueran inherentes a ella (con énfasis en las criptomonedas).
Satoshi Nakamoto, pseudónimo con que el (o los) creador de Bitcoin firmó su obra, manifestaba en lo que se conoce como su primera aparición pública (un post en el foro P2P Foundation / 2009): "El problema raíz de la moneda convencional es toda la confianza que se requiere para que funcione. Se debe confiar en el banco central para no degradar la moneda, pero el historial de monedas fiduciarias está lleno de violaciones de esa confianza. Se debe confiar en los bancos para retener nuestro dinero y transferirlo electrónicamente, pero lo prestan en oleadas de burbujas de crédito con apenas una fracción de reserva. Tenemos que confiarles nuestra privacidad, confiar en que no permitan que los ladrones de identidad agoten nuestras cuentas [...] Es hora de que tengamos lo mismo por dinero. Con la moneda electrónica basada en pruebas criptográficas, sin la necesidad de confiar en un intermediario externo, el dinero puede ser seguro y las transacciones realizarse sin esfuerzo." (la traducción es nuestra).
Sin más, en palabras de su creador, el Bitcoin centra su atención en dos temas fundamentales que sustentan el sistema financiero internacional y a las propias monedas: confianza e intermediación o, mejor, la confianza en la intermediación. Bitcoin propone, concretamente, que la confianza se traslade de las (poco confiables) instituciones, como los bancos y los estados, al inviolable (o muy confiable) sistema blockchain, prescindiendo así de las instituciones como intermediarias en las relaciones económicas y financieras interpersonales.
La idea de prescindir de las instituciones fue siempre una apuesta anarquista y este caso no es la excepción. De allí los recaudos que los gobiernos (como Rusia y Australia) toman para el desarrollo de esta tecnología, o incluso para permitir su desarrollo (como es el caso de Colombia).
De allí también el silencio que envuelve como un halo de misterio al gigante blockchain. Pero el silencio sólo es posible en esta fase de patentamiento: cuando comience a desarrollarse asiduamente la tecnología, la necesidad de controlarla requerirá pronto del ámbito jurídico, donde se buscará definir y acotar los usos permitidos.
La pregunta, a todas luces, es ¿cuánto control se podrá ejercer sobre blockchain, diseñado justamente para minimizar el control (institucional)? No es la primera vez que tecnología desarrollada por los estados (principalmente con participación de sus ejércitos) amenaza volverse contra ellos.
La amenaza es real, como reconoce el "Manifiesto cripto-anarquista" (1992), que supone uno de los fundamentos políticos e ideológicos de Bitcoin y blockchain, además de ser un documento escalofriantemente premonitorio:
"El Estado intentará, por supuesto, retardar o detener la diseminación de esta tecnología, citando preocupaciones de seguridad nacional, el uso de esta tecnología por traficantes de drogas y evasores de impuestos y miedos de desintegración social. Cualquiera de estas preocupaciones serán válidas; la cripto-anarquía permitirá la comercialización libre de secretos nacionales y la comercialización de materiales ilícitos y robados. Un mercado computarizado anónimo permitirá incluso el establecimiento de horribles mercados de asesinatos y extorsiones. Varios elementos criminales y extranjeros serán usuarios activos de la CryptoNet. Pero esto no detendrá la extensión de la cripto-anarquía. La cripto-anarquía, combinada con los mercados de información emergentes, creará un mercado líquido para cualquier material que pueda ponerse en palabras e imágenes. Y de la misma manera que una invención aparentemente menor como el alambre de púas hizo posible el cercado de grandes ranchos y granjas, alterando así para siempre los conceptos de tierra y los derechos de propiedad en las fronteras de Occidente, así también el descubrimiento aparentemente menor de una rama arcana de las matemáticas se convertirá en el alicate que desmantele el alambre de púas alrededor de la propiedad intelectual."
La historia cuenta que en noviembre de 2006 tenía lugar la primera “Medida en Frontera de protección a los derechos de propiedad intelectual en Ecuador”. Y nosotros podemos contar la historia, porque estuvimos allí*.
Desde entonces las medidas en frontera proliferaron exitosamente hasta el año 2008, cuando se realizaron (Aprox.) 150 medidas en Frontera de protección a los derechos de PI, por acción de la Corporación Aduanera Ecuatoriana – CAE (hoy Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE), con un estimado de 1.2 millones de productos ilegales detenidos en aduanas. En ese año Ecuador fue premiado ante la Organización Mundial de Aduanas por la importante labor en la protección a la Propiedad Industrial.
La visión gubernamental de aquél entonces provocó que se impongan limitaciones al comercio internacional. En enero de 2009 entró en vigencia la resolución del entonces Consejo de Comercio Exterior e Inversiones – COMEXI, que estableció restricciones al ingreso de cientos de subpartidas de bienes, a través de la implementación de cupos de importaciones e incrementó el valor de los aranceles a otros cientos de productos. El calzado tuvo un arancel de US$10 por cada par, la cerámica un impuesto de US$0,12 por kg, los textiles y ropa un arancel de US$12 por kg... Además existieron otras disposiciones legales que perjudicaron el comercio internacional, como la normativa de etiquetado INEN.
Durante ese año se realizaron tan sólo 30 medidas en frontera (una reducción del 80% respecto al año anterior) y se incautaron menos de 100 mil productos (una reducción del 82%). La mayoría de los productos detenidos por la CAE en 2009 fueron juguetes.
Aquél año fue ciertamente un punto de inflexión. Desde entonces hemos sido testigos de una drástica reducción de medidas de protección a los derechos de PI en frontera . Para el año 2016 existieron 3 Medidas en Frontera y durante 2018 no se ha realizado ninguna.
La situación es producto, en buena medida, de la sustitución de la Ley de Propiedad Intelectual por el vigente Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos e Innovación – INGENIOS. La norma derogada establecía, en su artículo 342, la obligación del Estado Ecuatoriano de actuar de oficio ante estas infracciones. La normativa contenida a partir del artículo 575 del Código INGENIOS establece requisitos que parecen exagerados y en la práctica bastante difíciles de cumplir a efectos de ejercer protección legal en frontera en defensa del derecho de PI; esto es la “evidencia suficiente” de la infracción, que se traduce en un impedimento legal.
Sin embargo parecería que el segundo párrafo del artículo 51 del Reglamento a INGENIOS, contenido en el Decreto Ejecutivo No. 1435 de mayo 23 de 2017, abre una posibilidad de lograr acciones en frontera, al responsabilizar al Servicio Nacional de Aduanas del suministro de “información necesaria” que sirva de “sustento de la Medida en Frontera”.
Como se demostró entre 2006 y 2008, las medidas en Frontera son una de las mejores formas de proteger los derechos de propiedad intelectual, se impide el ingreso de productos potencialmente ilícitos (muchos perjudiciales para la salud), se protege de riegos y de futuros engaños a los consumidores, y se fomenta a gran escala un comercio más justo.
*Luzuriaga & Castro Abogados realizó, el 06 de noviembre de 2006, la primera acción de medida en frontera acontecida en el país.
Luzuriaga & Castro Abogados
El sector artesanal en Ecuador es potencialmente muy importante en términos de innovación, inventiva y creatividad: sin contar con grandes recursos, hace gala de su ingenio para aprovechar al máximo los recursos disponibles; realiza pequeñas innovaciones que suponen valor agregado, buscando siempre la mejor relación costo/beneficio.
Pero no son muchos los casos en que esa potencialidad se traduce en potencia. Los propios artesanos destacan cuatro impedimentos principales para este salto cualitativo: falta de innovación tecnológica para la producción de bienes y servicios, inconvenientes para acceder de forma directa a los mercados nacional e internacional, falta de capacitación y limitaciones en la oferta de líneas de crédito.
A esto hay que agregar ciertas inconsistencias del Estado: una amplia legislación en materia artesanal (al menos 15 normas vigentes aplicables al sector) que coexiste en el marco de un desarrollo normativo inorgánicamente introducido y que, más aún, se torna obsoleto con la vigencia de la nueva Constitución (2008), pues la mayoría de las normas señaladas son anteriores. Como hay normativa dispersa, también una multiplicidad de actores estatales que se vinculan al sector de manera ineficiente, con poca capacidad de respuesta.
No se trata de un problema menor, considerando que en Ecuador la microempresa -sector en el que se inscribe el ámbito artesanal- represente más del 90% del universo empresarial y particularmente el trabajo artesanal ocupa alrededor de 22% de la PEA nacional.
El potencial es afín a la propuesta de "cambio de la matriz productiva" impulsada desde el gobierno anterior, que se traduce, básicamente, en agregación de valor a la rica materia prima producida en el país.
De cara a estos y otros temas se presentó, desde la propia bancada oficialista en la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Artesanal (2016) que pretende el fomento del sector. Acorde con la Constitución para evitar problemas de aplicación e interpretación de la ley, la propuesta busca superar (doctrinariamente) buena parte de los problemas señalados. Se mantendría para artesanos la exoneración de impuestos, aranceles, tasas, certificaciones y permisos de funcionamiento, abono tributario para exportaciones con dificultades de acceso a mercados, entre otros. Se incorporaría a los artesanos al mercado de compras públicas; se generarían productos financieros en el ámbito público y privado; se fomentaría capacitación, profesionalización y especialización (bachillerato artesanal y tecnificación de las ramas artesanales en institutos técnicos y en escuelas de artes y oficios). Se impulsaría asesoría técnica en nuevas tecnologías (para mejorar productividad y conservación del medio ambiente), acceso a mercados nacionales e internacionales (con sello propio: "Primero Ecuador”), registro único y simplificación de trámites, generación de permisos y reconocimientos para el sector. Se resguardaría la creatividad artesanal por medio de diferentes formas de protección a la propiedad intelectual.
Cabe destacar que la propuesta cuenta con amplia aceptación por parte del sector artesanal, que espera con entusiasmo la efectiva promulgación de la Ley y que efectivamente se traduzca en fomento artesanal. No obstante, tal optimismo puede resultar excesivo si no se considera, además de las posibilidades, la propia realidad.
Por un lado sabemos que las leyes son efectivas si se acompañan con procesos sostenidos de cambio en el ámbito operativo, de lo contrario pasa a ser “letra muerta”. Para el caso de los artesanos, el proyecto de ley propone registro único, simplificación de trámites, generación de permisos y reconocimientos para el sector. En la práctica debería suponer no sólo reducir impuestos y la excesiva burocratización, sino contemplar la formación y profesionalización de los agentes estatales para simplificar los complejos procesos técnicos (no siempre tecnificados) de la actualidad. Que agilicen efectivamente la infinidad de costosos y engorrosos trámites que hoy se requieren, por ejemplo, para obtener el registro sanitario de un producto alimenticio.
El caso es que, a la fecha, con ánimo de promover la artesanía y facilitar la inclusión de sus productos (y servicios) en el mercado, se cometió el error de una exagerada permisividad y laxitud poco ortodoxa en la observancia de las normas. Así, en lugar de abordar estructuralmente el problema, se optó por permitir que salieran al mercado productos sin aprobación, es decir, que no fueron debidamente calificados. La vigente Ley de Fomento Artesanal (1986) permite, por ejemplo, la venta a pequeña escala de productos alimenticios sin registro sanitario.
Y no se trata solamente de antiguas y obsoletas normas. Desde el ámbito de la propiedad intelectual, en el que tenemos competencia, una reciente reforma al Código Orgánico Integral Penal (2015), concretamente el Art. 208a, sanciona con multas la fabricación y venta de copias o falsificaciones, siempre y cuando “el valor de la mercadería incautada sea de ciento cuarenta y dos a cuatrocientos veinticuatro salarios básicos unificados del trabajador en general…”, y dispone que “La misma pena se aplicará a la persona que produzca, reproduzca o comercialice a escala comercial, mercancía pirata que lesione el derecho de autor para las obras registradas…” (la pena no es acumulativa y no contempla penas privativas de la libertad). Aún más, el Art. 208a dispone que “No constituye delito la fabricación o comercialización de mercancías imitadas que tengan una marca con características propias que no conlleven a una confusión con la marca original…”.
El camino más corto no siempre es el mejor. Sucede que este tipo de “soluciones”, no compatibles con la normativa internacional, restringe la comercialización de productos artesanales ecuatorianos al nivel nacional y le cierra las puertas del mercado global, que es uno de los objetivos dispuestos en el proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Artesanal (y acaso no sólo para los productos que infringen las normas, sino a la propia marca “Primero Ecuador” y los demás productos que representa). En materia de propiedad intelectual, ¿de qué sirve el registro de una marca (actitud promovida por la futura nueva ley) si a la postre se permite su falsificación y hasta la comercialización de falsificaciones siempre que no excedan un límite “prudente” de ganancias?
Señalamos la necesidad de una visión integral en la promulgación de nuevas leyes y normas, para que sean consecuentes con los mandatos constitucionales y los acuerdos internacionales de los que somos signatarios. Nuestros votos (y este aporte) porque la nueva normativa impulse cambios profundos, no sólo en materia legislativa, sino con fuerza en el quehacer de las instituciones y agentes del Estado.
