En un mundo donde la innovación y la creatividad impulsan la economía global, la protección de la Propiedad Intelectual se ha convertido en un eje estratégico para las empresas, creadores y autoridades. La falsificación y la piratería continúan evolucionando, desafiando las estructuras jurídicas y operativas de los países. Ante esta realidad, es crucial fortalecer los mecanismos de defensa de la PI y capacitar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Los delitos relacionados con la falsificación y la piratería han crecido exponencialmente en los últimos años. La facilidad con la que los infractores acceden a tecnologías de producción avanzada y redes de distribución globales ha hecho que la lucha contra estos delitos sea cada vez más compleja. Desde productos electrónicos hasta bienes de lujo, ropa y medicamentos, la fabricación y comercialización de productos falsificados representa una amenaza para la economía, la seguridad de los consumidores y la competitividad de las marcas legítimas.
En el marco de la segunda edición del Taller de Propiedad Intelectual impartido al Laboratorio de Criminalística de Quito y Esmeraldas, el Mayor Santiago Guzmán compartió su visión sobre los desafíos actuales en la lucha contra la piratería y la falsificación.
"A nivel mundial, el crimen organizado ha demostrado una capacidad constante de adaptación, desarrollando nuevas formas de infringir la ley en el ámbito de la falsificación y la piratería. La policía, en conjunto con expertos en Propiedad Intelectual, trabaja de manera continua en la actualización de conocimientos sobre productos falsificados, sus métodos de fabricación y la evolución de estos sistemas año tras año. Esta actualización es clave para innovar y fortalecer los informes periciales, haciendo que sean más precisos y útiles en los procesos judiciales", señaló Guzmán.
Uno de los principales retos que enfrentan las autoridades es la capacidad de identificar productos falsificados y comprender los mecanismos empleados por los infractores. La capacitación constante se ha convertido en una herramienta indispensable para mejorar las investigaciones y optimizar los informes periciales que sustentan procesos judiciales.
"La formación impartida por expertos y representantes de marcas es un recurso invaluable", enfatizó Guzmán. "En muchos países, la oferta de programas especializados en universidades o instancias estatales es escasa, lo que hace que la colaboración con el sector privado sea fundamental. Gracias a esta cooperación, las autoridades pueden acceder a conocimientos técnicos avanzados que les permiten mejorar la detección de falsificaciones y el reconocimiento de marcas vulnerables a la piratería. Sin estos programas de formación, las investigaciones carecerían de la profundidad necesaria para garantizar un cumplimiento eficaz de la ley".
La alianza entre el sector público y privado juega un papel crucial en la lucha contra la piratería. Mientras que las instituciones gubernamentales suelen enfrentar limitaciones en cuanto al acceso a información técnica actualizada, las empresas privadas y los titulares de derechos aportan conocimientos esenciales sobre los procesos de fabricación y los métodos más avanzados para detectar falsificaciones. Esta sinergia permite mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades y reducir la impunidad de los infractores..
El crecimiento del mercado de productos falsificados y piratas tiene consecuencias significativas para la economía y la sociedad. La afectación a las empresas legítimas se traduce en una reducción de sus ingresos y un desincentivo a la inversión en innovación. Asimismo, la presencia de productos falsificados supone un riesgo para la salud y seguridad de los consumidores, especialmente en sectores sensibles como el farmacéutico y el automotriz, donde un defecto en los productos puede poner en peligro vidas humanas.
En los últimos años, la aplicación de sanciones económicas y penas privativas de libertad para los responsables de estos delitos ha comenzado a generar un impacto positivo. "Gracias a estas sanciones, hemos visto que músicos, compositores y otros creadores de contenido han tomado más conciencia sobre la importancia de registrar sus marcas y proteger sus derechos de propiedad intelectual", mencionó Guzmán.
El fortalecimiento de la conciencia sobre la importancia de la PI, combinado con mejores herramientas de detección, ha llevado a un incremento en el número de personas que buscan asegurar su propiedad intelectual de manera formal. Sin embargo, aún existen brechas que deben ser atendidas a través de la implementación de regulaciones más estrictas y la aplicación de penas más severas para quienes infringen la ley.
El avance tecnológico ha permitido que los infractores desarrollen métodos más sofisticados para fabricar y distribuir productos falsificados. Sin embargo, estas mismas tecnologías pueden ser utilizadas para reforzar la protección de la PI. El uso de inteligencia artificial, blockchain y sistemas de trazabilidad avanzada ha demostrado ser una herramienta efectiva para detectar y rastrear productos falsificados en tiempo real.
"Es fundamental mejorar la investigación en torno a la fabricación de productos falsificados", indicó Guzmán. "Contar con un enfoque más práctico, que permita conocer de primera mano cómo se crean estos productos, es esencial para detectar con mayor precisión sus diferencias con los originales. No basta con diapositivas o imágenes; es necesario comprender en detalle la estructura de fabricación para poder identificar patrones de falsificación y actuar con mayor contundencia".
La implementación de sistemas de autenticación digital y etiquetado inteligente también contribuye a que consumidores y autoridades puedan verificar la autenticidad de los productos de manera más eficiente. Estas innovaciones representan una oportunidad invaluable para fortalecer la protección de la PI y mitigar el impacto de la piratería a nivel global.
El 2025 representa una nueva oportunidad para fortalecer la protección de la Propiedad Intelectual a través de la capacitación continua, la implementación de tecnologías innovadoras y la cooperación entre el sector público y privado. La lucha contra la piratería y la falsificación no solo protege a las empresas y creadores, sino que también garantiza un mercado más seguro y equitativo para los consumidores.
A pesar de los avances logrados, la evolución del crimen organizado sigue representando un reto. Sin embargo, las fuerzas del orden han avanzado en la implementación de estrategias especializadas. "Hemos visto la creación de nuevas unidades dentro de la Policía Nacional, así como un mayor control en fronteras y aeropuertos. Esto ha permitido fortalecer los mecanismos de detección y sanción de estos delitos", concluyó Guzmán.
Con un enfoque estratégico y una visión a largo plazo, es posible avanzar hacia un futuro en el que la PI sea verdaderamente valorada y protegida en todos los niveles. La capacitación, el uso de tecnología avanzada y la cooperación entre sectores son las claves para combatir eficazmente la piratería y asegurar un entorno en el que la innovación pueda prosperar sin amenazas.
La falsificación de productos representa una amenaza significativa para la economía, la salud de los consumidores y los derechos de propiedad intelectual en Ecuador. A través del Artículo 208C del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el país establece mecanismos claros para la incautación, adjudicación gratuita o destrucción de bienes infractores. El incremento en las actividades de falsificación y la creciente eficacia de las autoridades para detectar y decomisar estos productos han añadido nuevos desafíos logísticos y ambientales.
Además de afectar a los titulares de derechos, la falsificación de productos impacta negativamente en la inversión extranjera y la estabilidad del mercado local. Las empresas legítimas deben competir con productos que imitan sus características sin cumplir los estándares de calidad ni seguridad. Esto genera un entorno de incertidumbre y afecta el desarrollo de nuevas tecnologías y la protección de la innovación.
Este artículo analiza la destrucción de productos falsificados y su adecuado tratamiento dentro del marco legal, asegurando que el proceso sea seguro, sostenible y efectivo. Se examinarán también las mejores prácticas internacionales que pueden servir de referencia para fortalecer el cumplimiento normativo en el país.
El Art. 208C del COIP establece que, cuando se determina la responsabilidad de una persona natural o jurídica en delitos contra la propiedad intelectual, el tribunal penal correspondiente puede ordenar la destrucción de los bienes infractores.
El objetivo principal de este mecanismo es evitar la reintroducción de productos ilícitos en el mercado y mitigar los impactos económicos y sanitarios asociados. Esta normativa garantiza que los titulares de derechos puedan proteger sus productos y que los consumidores tengan acceso a bienes auténticos y seguros. Además, la cooperación entre instituciones permite una respuesta más efectiva ante la creciente amenaza de la piratería y falsificación.
Para reforzar la aplicación de estas disposiciones, es esencial que las autoridades trabajen en conjunto con el sector privado. La vigilancia constante del mercado y la capacitación de funcionarios en la identificación de productos falsificados son medidas clave para una ejecución efectiva de la normativa vigente.
La destrucción de productos falsificados en Ecuador debe seguir un protocolo seguro y sustentable. Existen varios métodos utilizados a nivel internacional que también aplican en Ecuador:
Las regulaciones en Ecuador exigen que la destrucción de estos bienes sea certificada y documentada para evitar inconsistencias legales y garantizar la transparencia del proceso. Además, la huella ambiental de la eliminación de estos productos debe ser minimizada mediante prácticas sostenibles. La implementación de auditorías y controles internos es crucial para prevenir la corrupción y el desvío de productos durante el proceso de destrucción.
La protección de la propiedad intelectual en Ecuador requiere un enfoque coordinado entre el sector público y privado. La aplicación rigurosa del Art. 208C del COIP y el uso de métodos efectivos de destrucción de productos falsificados son esenciales para erradicar el comercio ilegal y proteger tanto a los consumidores como a los titulares de derechos.
La implementación de estrategias de eliminación sustentables y la colaboración con empresas especializadas en gestión de residuos permitirán reducir el impacto ambiental y fortalecer el enforcement en el país. Además, la adopción de tecnologías de autenticación y el fortalecimiento de las regulaciones garantizarán una lucha más efectiva contra las falsificaciones, asegurando un mercado más justo y seguro para todos.
A medida que la falsificación de productos evoluciona y se diversifica, Ecuador debe continuar adaptando sus regulaciones y estrategias de enforcement para combatir este problema de manera efectiva. La creación de mecanismos de cooperación internacional y la actualización de los procedimientos legales serán clave para enfrentar los desafíos futuros en la protección de la propiedad intelectual.
Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Organización Mundial del Comercio (OMC) – Normativas sobre Propiedad Intelectual
Cámara de Comercio Internacional (ICC) – Reportes sobre comercio ilícito y falsificación
Legislación y prácticas internacionales en enforcement de propiedad intelectual.
La primera sentencia por asociación ilícita en el ámbito de la propiedad intelectual en Ecuador se constituye como un precedente jurídico relevante en la lucha contra la falsificación de marcas. En una publicación anterior, se abordaron los aspectos centrales del caso y los criterios probatorios considerados en la decisión judicial. En este estudio, se examina cómo la figura penal de la asociación ilícita permite comprender el rol de las estructuras organizadas en la ejecución de esquemas delictivos complejos, como la falsificación de productos protegidos por derechos de propiedad intelectual. El análisis se enfoca en los fundamentos jurídicos utilizados para configurar este delito y en su aplicabilidad para el desmantelamiento de redes criminales dedicadas a la infracción de estos derechos.
Desde la doctrina penal, la figura de la asociación ilícita se ha analizado como un delito de peligro abstracto, el jurista alemán Claus Roxin “sostiene que la punibilidad en este tipo de delitos no depende específicamente de la consumación del delito, sino de una prevención de la existencia de estructuras criminales.” Es decir, busca la protección de un bien jurídico colectivo, como la seguridad pública y el orden económico.
El delito de asociación ilícita en Ecuador se encuentra tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual lo define como la acción de "dos o más personas que se asocien con el propósito de cometer delitos sancionados con penas privativas de libertad de menos de cinco años". Los elementos constitutivos de esta figura penal incluyen;(i) la participación de al menos dos personas, lo que amplía su aplicabilidad a estructuras organizadas; (ii) la existencia de una organización estructurada, aunque no necesariamente formalizada, implica la necesidad de probar una colaboración estable y continua entre sus miembros; y (iii) un fin delictivo común, es decir, la intención de cometer delitos específicos como en este caso la violación de derechos de PI.
En consecuencia, la tipificación de la asociación ilícita como delito permite a las autoridades abordar y perseguir estructuras delictivas en su conjunto, en lugar de limitarse a hechos aislados. Esta es una herramienta jurídica que facilita la desarticulación de redes criminales que, de otro modo, podrían operar de manera fragmentada, dificultando su identificación y sanción.
Por otro lado, el delito tipificado en el artículo 208A del Código Orgánico Integral Penal (COIP) hace referencia a los “Actos Lesivos a la Propiedad Intelectual”, estableciendo sanciones para quienes, con fines de lucro y a escala comercial, realicen acciones que vulneren los derechos de propiedad intelectual. La norma contempla una serie de conductas no permitidas, incluyendo, entre otras, el almacenamiento, fabricación, uso, oferta en venta, importación o exportación de productos protegidos por signos distintivos registrados en el país. Al tipificar estas conductas, el legislador busca proteger la integridad del mercado y los derechos de los titulares de propiedad intelectual, evitando la comercialización de bienes falsificados y la consecuente afectación a la competencia leal y la confianza del consumidor.
La estructura criminal detrás de los delitos de falsificación de marcas constituye una problemática inminentemente global, que trasciende fronteras y se vincula con otras actividades delictivas de carácter transnacional. El acelerado crecimiento del comercio internacional ha facilitado la expansión de estas redes ilícitas, generando un impacto significativo en diversas industrias y en la economía mundial. La falsificación no solo afecta a los titulares de derechos de propiedad intelectual, sino que también representa un desafío para los Estados, al requerir mecanismos efectivos de cooperación internacional para su combate.
En este contexto, el Centro de Lucha contra la Falsificación y la Protección del Producto de la Universidad Estatal de Michigan (A-CAPP), en su informe "Un mundo totalmente nuevo: Informe de la conferencia sobre América Latina", analiza la falsificación desde una perspectiva global y destaca su impacto transversal en múltiples sectores productivos. El informe subraya que la abundancia de productos falsificados no solo afecta el comercio legítimo, sino que también debilita la confianza en los mercados y afecta la competitividad empresarial a nivel internacional. Asimismo, la Homeland Security Investigations (HSI), división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, advierte en su artículo "Mercancías falsificadas: Un peligro para la seguridad pública" que la comercialización de productos falsificados constituye una amenaza directa para la salud y seguridad de los consumidores, quienes pueden verse expuestos a bienes defectuosos o peligrosos. Además, este tipo de actividades ilícitas no solo perjudican la economía formal, sino que pueden contribuir al financiamiento de organizaciones criminales transnacionales, representando un riesgo adicional para la seguridad nacional.
Es por lo que, la relación entre el delito de actos lesivos contra la propiedad intelectual y la asociación ilícita adquiere especial relevancia en su aplicación, pues la falsificación de marcas y productos rara vez constituye un acto aislado, sino que responde a una estructura criminal organizada. La configuración de estos delitos permite evidenciar la existencia de redes delictivas con un propósito común, en las que distintos actores desempeñan roles específicos dentro de la cadena de producción, distribución y comercialización de productos falsificados. En este sentido, la tipificación de ambas figuras penales en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) no solo posibilita la persecución y sanción de los individuos directamente involucrados en la falsificación, sino que también proporciona un marco jurídico eficaz para la desarticulación de estructuras delictivas que facilitan y sostienen estas actividades ilícitas.
Ahora bien, otro aspecto fundamental a analizar en este caso es la participación de la Fiscalía, cuyo rol resulta crucial en la persecución de ambos delitos. En Ecuador, la entidad encargada de estos procesos es la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (FEDOTI), cuya intervención fue determinante en la obtención de la sentencia. Como reflejo directo de la resolución judicial, se evidencia que dicha unidad fiscal articuló acciones conjuntas, con los titulares marcarios y con agentes especializados de la Unidad Nacional de Delitos Aduaneros y Régimen de Desarrollo de la Policía Nacional, lo que permitió la recolección de pruebas contundentes que demostraron la existencia de una red criminal estructurada.
Una vez configurados los elementos que sustentaban la existencia de la organización delictiva, el análisis financiero y tecnológico permitió rastrear el movimiento de flujos de dinero entre sus integrantes, e intercambio de comunicaciones, lo que evidenció no solo la magnitud de la operación, sino también la jerarquía y roles dentro de la estructura criminal. Este enfoque permitió no solo imputar a los ejecutores materiales de los delitos, sino también identificar y sancionar a quienes planificaban y dirigían estas actividades ilícitas.
La aplicabilidad de la figura de asociación ilícita en el proceso investigativo resultó clave, ya que permitió imputar cargos a todos los miembros de la red dedicada a la producción y comercialización de productos falsificados en Ecuador. Esto reafirma la necesidad de una estrategia coordinada en la lucha contra los delitos de propiedad intelectual, asegurando que la respuesta penal alcance tanto a los ejecutores directos como a las estructuras que sostienen y financian estas operaciones ilícitas.
La sentencia emitida en Ecuador constituye un hito en la evolución del derecho penal ecuatoriano y, en un sentido más amplio, en la protección de la propiedad intelectual a nivel regional. Históricamente, la falsificación de marcas ha sido abordada principalmente desde el ámbito del derecho administrativo y civil, mediante sanciones económicas y el decomiso de productos infractores. No obstante, este caso introduce un enfoque penal más amplio, al reconocer que la falsificación de marcas no es únicamente una infracción de propiedad intelectual, sino también una manifestación del crimen organizado. Al considerar que la falsificación forma parte de una estructura criminal con actores que desempeñan roles específicos, se da un paso adelante en la perspectiva del delito económico, equiparándola a otras formas de crimen organizado.
La lucha contra la falsificación de marcas en Ecuador ha representado un desafío constante para los profesionales dedicados a la protección de la propiedad intelectual. Sin embargo, los esfuerzos institucionales y jurídicos han dado resultados concretos cuando se articulan estrategias eficaces, como en el presente caso, donde se rompe con los enfoques tradicionales y se refuerza la aplicación del derecho penal como herramienta clave en la protección de la propiedad intelectual. Este precedente no solo consolida la viabilidad del derecho penal en la persecución de estos delitos, sino que también envía un mensaje disuasivo a quienes consideran rentable la participación en redes de falsificación de marcas.
Este caso evidencia que la lucha contra la falsificación de marcas no puede abordarse de manera aislada. La coordinación entre la Fiscalía, la Policía Nacional y los titulares de derechos marcarios no solo fue esencial para identificar, desarticular y sancionar a la red criminal involucrada, sino que también sentó un precedente para futuras acciones. La sentencia obtenida no es solo un logro jurídico, sino un mensaje claro de que el uso de herramientas legales adecuadas permite avanzar en la protección de la propiedad intelectual y en la defensa de un mercado justo.
Más allá de la victoria judicial, este fallo marca un punto de inflexión en la forma en que se enfrentan estos delitos en Ecuador. Refuerza la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales, promover marcos normativos eficaces y fomentar la cooperación entre el sector público y privado. La lucha contra la falsificación no termina con una resolución judicial, por el contrario, exige un esfuerzo constante que combine vigilancia, actualización legislativa e implementación de políticas públicas efectivas. Solo mediante un enfoque completo y sostenido se podrá garantizar un entorno comercial seguro, equitativo y respetuoso de los derechos de propiedad intelectual.
Centro de Lucha contra la Falsificación y la Protección del Producto de la Universidad Estatal de Michigan (A-CAPP). (2021). Un mundo totalmente nuevo: Informe de la conferencia sobre América Latina. Michigan State University.
Homeland Security Investigations (HSI), Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. (s.f.). Mercancías falsificadas: Un peligro para la seguridad pública. U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Roxin, C. (2016). Autoría y dominio del hecho en el derecho penal (6ª ed.). Marcial Pons.
Ecuador. Asamblea Nacional. (2014). Código Orgánico Integral Penal (COIP), Artículo 208A. Registro Oficial No. 180, 10 de febrero de 2014.
La protección de la propiedad intelectual (PI) es un componente esencial para fomentar la innovación y salvaguardar los intereses comerciales de creadores y empresas. Sin embargo, garantizar su efectividad requiere más que un marco legal: se necesita un sistema sólido de enforcement, o aplicación efectiva, capaz de enfrentar los desafíos regionales y proteger los derechos exclusivos de los titulares.
El enforcement implica un conjunto amplio de medidas para hacer cumplir las normas de propiedad intelectual, desde la prevención y el monitoreo hasta la persecución de las infracciones. En Latinoamérica, los delitos contra la PI van desde la falsificación de productos hasta la reproducción y distribución no autorizada de obras protegidas. Su impacto no solo se limita al ámbito económico, sino que también afecta la percepción de seguridad jurídica y limita la competitividad empresarial.
El carácter dual de los derechos de PI—con un componente tanto patrimonial como moral—subraya la importancia de abordarlos desde una perspectiva holística. Por un lado, se protege la capacidad creativa y el esfuerzo individual del autor o inventor, y por otro, se busca mantener un entorno competitivo y justo. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha destacado que una estrategia de enforcement eficaz requiere equilibrar las medidas punitivas con políticas de sensibilización y cooperación, sobre todo en mercados vulnerables a la informalidad.
El sistema penal es una pieza clave en la protección de la PI, ya que establece las bases para sancionar conductas que atentan contra la exclusividad de uso de marcas, patentes y otras creaciones protegidas. No obstante, la aplicación efectiva de las sanciones depende de varios factores, como la claridad de los marcos legales y la coherencia en su ejecución.
Los delitos contra la PI son considerados de peligro abstracto, es decir, no es necesario que se demuestre un daño concreto para que se considere infringido el bien jurídico protegido. Esta característica refuerza el principio de prevención, ya que busca inhibir comportamientos infractores antes de que se materialicen daños mayores.
En este contexto, es fundamental entender la diferencia entre los bienes protegidos. Mientras que los derechos de autor tienen un carácter personalista que prioriza la paternidad de la obra, los derechos industriales, como las marcas y patentes, están más ligados al aspecto económico de la competencia. Por ello, las sanciones penales deben considerar estas particularidades para ser verdaderamente efectivas.
La falsificación de productos y las imitaciones ilegales aprovechan la demanda generada por promociones exclusivas de empresas legítimas. Este fenómeno, común en fechas comerciales clave, revela una estrategia deliberada por parte de redes criminales para atraer consumidores con ofertas fraudulentas que simulan campañas originales, generando un ciclo continuo de confusión en el mercado.
Además de los daños económicos, estas prácticas afectan la reputación de las marcas y erosionan la confianza de los consumidores, quienes pueden verse involucrados en situaciones de riesgo al adquirir productos defectuosos o inseguros. Esta dinámica, potenciada por el auge del comercio electrónico y la proliferación de plataformas digitales, facilita la expansión de la piratería más allá de los mercados físicos, incrementando la complejidad del problema.
Por tanto, para hablar de acciones de enforcement eficaces, se debe contemplar acciones conjuntas entre autoridades, empresas y organismos internacionales para identificar patrones de fraude y actuar antes de que estos alcancen un impacto masivo. Esto incluye desde la implementación de sistemas de monitoreo avanzado hasta campañas de educación dirigidas al público para fomentar un consumo informado y consciente.
La regulación responsiva plantea la necesidad de adaptar las medidas según la gravedad de la infracción y el comportamiento del infractor. Este modelo, representado a través de una “pirámide de cumplimiento”, sugiere iniciar con medidas preventivas, como cartas de advertencia, reuniones informativas y capacitaciones para sensibilizar a los agentes económicos. Estas acciones no solo buscan informar, sino generar un cambio en la percepción sobre los derechos de propiedad intelectual y promover el cumplimiento voluntario.
Sin embargo, cuando estas medidas iniciales no surten efecto, se procede a intensificar las acciones mediante auditorías más frecuentes, inspecciones y la emisión de sanciones progresivas. En el ámbito penal, estas medidas deben considerar tanto los efectos directos de la infracción como su impacto en la confianza del mercado y en la cadena de valor de la innovación. Un caso ejemplar es la sanción a redes de falsificación, que además de castigar el delito, envía un mensaje disuasorio a posibles infractores, fortaleciendo el entorno de legalidad.
Finalmente, estas medidas deben complementarse con campañas de sensibilización dirigidas al público y a las empresas para evitar que, incluso sin intención, los consumidores contribuyan al ciclo de piratería. Este enfoque tiene como objetivo establecer una red de protección que aborde tanto la prevención como la corrección de las conductas, garantizando un equilibrio entre sanción y educación para fortalecer la cultura de respeto a la propiedad intelectual.
La diversidad de realidades económicas y culturales en la región plantea desafíos significativos para el enforcement. La persistencia de mercados informales, la alta demanda de productos de bajo costo y la limitada percepción sobre los derechos de los autores y titulares dificultan la tarea de erradicar la piratería.
Además, los vacíos legales o la falta de armonización de las normativas regionales pueden generar inconsistencias que los infractores aprovechan para operar en zonas grises. La armonización de criterios y el fortalecimiento de los mecanismos de intercambio de información son pasos clave para contrarrestar este problema.
Un sistema de protección de PI debe ir más allá de la simple imposición de sanciones. Es necesario promover una cultura de respeto hacia la creatividad y la innovación mediante políticas educativas, campañas de concienciación y el reconocimiento del valor de los derechos de autor y de la propiedad industrial.
La colaboración público-privada es también un factor decisivo. Las alianzas entre gobiernos, organismos internacionales y el sector privado permiten compartir experiencias, optimizar recursos y diseñar estrategias más eficaces para combatir la piratería y la falsificación. Asimismo, es fundamental fomentar el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, como sistemas de trazabilidad y monitoreo digital, para identificar patrones de conducta y anticipar amenazas.
La protección de la propiedad intelectual en Latinoamérica requiere un enfoque multidimensional que combine prevención, sanción y sensibilización. El enforcement efectivo debe garantizar tanto la defensa de los derechos individuales de los creadores como la integridad del mercado y la seguridad de los consumidores. Solo a través de una estrategia coordinada, flexible y sostenible se podrá consolidar un entorno donde la innovación prospere y los derechos de los titulares sean plenamente respetados.
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Bajo Fernández, M. (1989). Manual de Derecho Penal: Parte Especial. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces.
Esteve Sáez de Retana, B. (2021). La protección penal de la propiedad industrial: especial referencia a patentes y marcas. Universidad Autónoma de Madrid.
Cobo del Rosal, M. y Otros. (1988). Derecho Penal: Parte Especial. Tirant Lo Blanch.
Ruiz Muñoz, M. (2017). Derecho de la Propiedad Intelectual: Derecho de Autor y Propiedad Industrial. Tirant Lo Blanch.
Cuatrecasas Gonzalves Pereira. (2021). La propiedad industrial.
La reciente sentencia condenatoria por asociación ilícita en un caso de propiedad intelectual en Ecuador marca un paso trascendental en la protección de los derechos de marcas internacionales frente a la comercialización de productos falsificados. Este fallo no solo representa un precedente legal en Ecuador, sino que también refleja un esfuerzo consolidado entre el sector privado y las instituciones públicas para desarticular redes de falsificación y fortalecer el sistema de justicia. La resolución judicial emite un mensaje inequívoco: quienes vulneren los derechos marcarios se enfrentarán a consecuencias legales proporcionales a la magnitud de sus acciones.
El proceso penal, tramitado en la jurisdicción de Loja, tuvo su origen en denuncias interpuestas por diversas marcas internacionales afectadas por la venta de productos falsificados. La Fiscalía, en coordinación con los representantes legales, documentó el funcionamiento de una red con roles bien definidos, evidenciando que se trataba de un esquema organizado y no de hechos aislados. Este caso pone de manifiesto la complejidad de las operaciones ilegales que buscan debilitar la estructura del mercado legítimo.
El caso se distinguió por la precisión de las investigaciones y el manejo estratégico de los recursos probatorios (elementos de convicción). La colaboración entre diversas entidades permitió no solo identificar a los responsables directos, sino también revelar los mecanismos mediante los cuales la red distribuía productos falsificados en puntos estratégicos de la región.
Investigación y Recopilación de Pruebas
Desde las primeras denuncias, se estableció un plan de trabajo que priorizó la recolección de pruebas que demostraran el alcance y modus operandi de la red delictiva. La reconstrucción de las actividades de los implicados incluyó el análisis de transacciones sospechosas, inventarios irregulares y declaraciones de testigos protegidos.
Las evidencias más destacadas apuntaban a registros documentales que reflejaban movimientos sospechosos en inventarios y facturas inconsistentes, así como información clave obtenida a partir del monitoreo de comunicaciones y el análisis de los dispositivos incautados durante el operativo. También se consideraron informes técnicos sobre la autenticidad de la mercancía, que ilustraban con precisión los indicios de falsificación. Este cúmulo de elementos permitió comprender la magnitud y complejidad de la red sin entrar en detalles técnicos innecesarios sobre el procedimiento investigativo, poniendo el énfasis en el impacto de estas acciones y sus implicaciones legales.
Los procesados se acogieron al procedimiento abreviado, una herramienta contemplada en el COIP que permite acelerar el proceso judicial mediante la aceptación de responsabilidad y, con ello, obtener una reducción de la pena. La colaboración entre nuestro equipo legal y la Fiscalía fue un esfuerzo unificado que garantizó la integración legítima y consistente de las pruebas al proceso. Este enfoque permitió identificar con claridad a los responsables operativos y evidenció cómo las decisiones de los líderes reforzaban el funcionamiento de la estructura criminal, sin entrar en detalles técnicos innecesarios sobre el procedimiento investigativo.
Evaluación y Preparatoria de Juicio
Durante el desarrollo de esta etapa penal, se presentaron las pruebas, mostrando cómo cada elemento aportaba a la reconstrucción de este sistema criminal. Las audiencias preprocesales fueron clave para evidenciar la existencia de una organización con una jerarquía clara y un plan de acción definido.
En las audiencias se destacaron elementos fundamentales que contribuyeron a fortalecer la presentación de la acusación. Entre ellos, los informes de peritos en propiedad intelectual que explicaron la relevancia de los indicadores de autenticidad y cómo estos evidenciaron la falsificación de los productos y documentos financieros que evidenciaron transacciones irregulares y cuentas asociadas a los responsables, reafirmando la existencia de ganancias ilícitas derivadas de la comercialización de productos falsificados.
Este conjunto de elementos reforzó la narrativa del caso y puso de relieve la complejidad de la operación investigada. La argumentación durante las audiencias logró reforzar la idea de que la operación no solo buscaba lucrar a través de la falsificación, sino que empleaba estrategias para evitar controles legales y perpetuar sus actividades de manera discreta.
Sentencia y Precedentes
La sentencia emitida ratificó la culpabilidad de los procesados y subrayó la importancia de incluir la figura de asociación ilícita en este tipo de casos. Esta figura legal permitió abordar el delito desde una perspectiva más amplia, evidenciando que los actos de falsificación no eran eventos aislados, sino parte de una trama estructurada que requería una planificación conjunta y roles específicos.
La relevancia de la figura de asociación ilícita radica en su capacidad para sancionar de manera integral la colaboración entre múltiples individuos que participan en la comisión de infracciones. Esta sentencia refuerza el criterio de que la respuesta jurídica debe estar a la altura de la sofisticación de las redes criminales. En nuestro próximo análisis, exploraremos a profundidad los alcances de esta figura y cómo fortalece la defensa de la propiedad intelectual en casos de alta complejidad.
Este fallo representa un antes y un después en la protección de los derechos marcarios en Ecuador y contribuye a afianzar la confianza en el sistema de justicia. Más allá de la resolución específica, la sentencia establece un precedente que influirá en la manera en que se aborden futuros procesos relacionados con la falsificación y la piratería.
Implicaciones Clave:
Este resultado refleja el éxito de un esfuerzo colectivo en el que cada actor cumplió un rol crucial: desde la Fiscalía hasta nuestro equipo de abogados y peritos, todos contribuyeron a la construcción de un caso robusto que desmanteló un esquema delictivo y sentó las bases para procedimientos futuros.
El fallo subraya la necesidad de mantener y fortalecer la colaboración entre las partes involucradas. La experiencia derivada de este caso demuestra que la defensa de la propiedad intelectual no debe limitarse a la reacción ante los delitos, sino que debe incorporar estrategias preventivas, educativas y sancionadoras.
Como representantes legales de las marcas afectadas, reafirmamos nuestro compromiso de seguir implementando medidas de protección y promover buenas prácticas comerciales. La lucha contra la falsificación demanda un análisis constante de los riesgos y una actualización de los procedimientos legales que responda a las nuevas dinámicas del mercado.
Además, la colaboración con organismos internacionales será esencial para combatir redes con vínculos transnacionales. Fortalecer alianzas globales permitirá compartir recursos y experiencias, mejorando la capacidad de respuesta ante operaciones complejas.
Este caso reafirma que, con planificación estratégica y cooperación efectiva, es posible cerrar los márgenes de acción de quienes buscan desestabilizar el comercio legal. La protección de la propiedad intelectual es un componente clave para fomentar la innovación, la lealtad de los consumidores y la competitividad justa.
En un mundo donde la moda se ha convertido en su propia industria, la propiedad intelectual (PI) toma una relevancia fundamental. Recientemente, esta industria ha sido testigo de una disputa legal entre dos gigantes del fast fashion: Shein y Temu. Shein, conocido por su capacidad para seguir las últimas tendencias y ponerlas a disposición del público en tiempo récord, ha acusado a Temu de copiar diseños y apropiarse de secretos industriales. Este conflicto no solo refleja la intensa competencia en el mercado global de la moda, sino que también resalta la importancia crítica de la PI para proteger la creatividad y la innovación en esta industria.
El caso Temu vs. Shein es un claro ejemplo de cómo la PI puede ser un campo de batalla clave para las empresas que buscan proteger sus activos intangibles más valiosos. En un sector donde la innovación y la exclusividad son fundamentales, cualquier intento de apropiación indebida de diseños o ideas puede tener consecuencias devastadoras para las marcas. La importancia de este caso radica en su potencial para establecer precedentes que podrían afectar no solo a estas dos empresas, sino a toda la industria de la moda en su conjunto. Además, pone de relieve la necesidad de una regulación efectiva que proteja los derechos de PI en un entorno cada vez más digitalizado y globalizado.
Este artículo ofrece una visión profunda de la disputa legal entre Temu y Shein, explorando los detalles del caso y su impacto en la industria de la moda. Asimismo, se analizarán los diferentes tipos de protección de PI disponibles para los diseñadores y marcas, y se revisarán casos anteriores que han marcado la historia de la moda en términos de PI. Finalmente, se discutirán los desafíos que enfrentan los creadores para proteger sus diseños y se propondrán soluciones que podrían fortalecer la defensa de la PI en este sector.
La disputa entre Temu y Shein comenzó cuando Shein presentó una demanda alegando que Temu había incurrido en el robo de secretos industriales y en la falsificación de diseños exclusivos. Según los documentos judiciales, Shein acusó a Temu de replicar sus productos y de utilizar información confidencial para lanzar artículos muy similares a un precio inferior. Estas acciones, según Shein, no solo violan los derechos de PI de la empresa, sino que también constituyen una competencia desleal, ya que Temu habría obtenido una ventaja competitiva al no invertir en la creación y desarrollo original de los productos.
Temu ha respondido a estas acusaciones de manera contundente, negando rotundamente cualquier mala conducta. La empresa afirma que todos sus productos son el resultado de un proceso de diseño independiente y que no han utilizado ninguna información confidencial de Shein. Además, Temu ha contraatacado argumentando que Shein está utilizando tácticas legales agresivas para intentar monopolizar el mercado y sofocar a sus competidores. Según Temu, este tipo de demandas son un intento de disuadir a otros actores del mercado y de consolidar la posición dominante de Shein en el sector del fast fashion.
El desarrollo de este caso podría tener implicaciones significativas para la industria de la moda. Si el tribunal falla a favor de Shein, podría sentar un precedente que refuerce la protección de los secretos industriales y los diseños exclusivos en el sector. Por otro lado, un fallo favorable a Temu podría abrir la puerta a una mayor competencia en el mercado, con empresas que se sientan más seguras para innovar sin el temor constante a ser demandadas por gigantes de la moda. En cualquier caso, el resultado de esta disputa será observado de cerca por todas las empresas del sector.
La propiedad intelectual, con el tiempo, se ah convertido en ese componente esencial para la protección de los diseños en la industria de la moda. En el entorno donde la copia y la imitación son prácticas comunes, los diseñadores y marcas dependen de varios tipos de protección legal para salvaguardar su trabajo. Los derechos de autor, por ejemplo, protegen las obras originales de autoría, lo que en el contexto de la moda puede incluir bocetos, patrones y ciertas creaciones artísticas que se reflejan en el diseño de prendas y accesorios. Aunque los derechos de autor no cubren la funcionalidad de un artículo, sí son cruciales para proteger su expresión estética.
Además de los derechos de autor, las marcas registradas son otro pilar fundamental en la protección de la PI en la moda. Una marca registrada protege los signos distintivos, como logotipos, nombres comerciales y eslóganes, que identifican y diferencian los productos de una empresa en el mercado. Esto es particularmente importante en la moda, donde el reconocimiento de marca puede ser un factor decisivo para el éxito comercial. Las patentes, aunque menos comunes en este sector, pueden proteger innovaciones técnicas, como nuevos tejidos o métodos de producción, que ofrecen ventajas competitivas a las marcas.
La importancia de proteger los diseños y otros activos de PI en la moda no puede ser subestimada. En un mercado saturado donde las tendencias cambian rápidamente, las marcas deben poder proteger su originalidad y evitar que otros se aprovechen de su creatividad. Sin una protección adecuada de la PI, los diseñadores pueden enfrentar pérdidas significativas, no solo en términos de ingresos, sino también en la reputación y el valor de marca. Por eso, la PI es un elemento clave para garantizar que la innovación y la creatividad sigan siendo recompensadas en la industria de la moda.
La moda ha sido escenario de numerosas disputas legales que han sentado precedentes importantes en la protección de la PI. Uno de los casos más emblemáticos es el de Gucci vs. Guess, donde Gucci acusó a Guess de copiar varios de sus diseños de logotipos y patrones. El tribunal finalmente falló a favor de Gucci, estableciendo que las similitudes entre los productos de Guess y los de Gucci eran lo suficientemente significativas como para constituir una infracción de PI. Este caso subrayó la importancia de las marcas registradas en la moda y reforzó la necesidad de proteger los elementos distintivos de una marca.
Otro caso relevante es el de Louboutin vs. Saint Laurent, que se centró en la protección del color rojo en las suelas de los zapatos de Louboutin. Louboutin demandó a Saint Laurent por utilizar su característico color rojo en la suela de algunos de sus modelos. Aunque inicialmente el tribunal negó la protección del color, finalmente se reconoció que el uso del color rojo por parte de Louboutin en la suela de sus zapatos había adquirido un carácter distintivo que merecía protección. Este caso es un ejemplo claro de cómo los elementos visuales, aunque aparentemente simples, pueden ser protegidos bajo la PI si se asocian de manera significativa con una marca.
Estos casos, entre otros, han influido en la legislación actual y han reforzado la importancia de la PI en la moda. Las lecciones aprendidas de estos precedentes son claras: las marcas deben ser proactivas en la protección de sus activos de PI, y los diseñadores deben estar conscientes de los derechos que tienen para proteger su trabajo. Además, estos casos han demostrado que la PI no solo es una herramienta defensiva, sino también una estrategia ofensiva que puede ser utilizada para consolidar la posición de una marca en el mercado.
A pesar de la importancia de la PI, los diseñadores y marcas enfrentan varios desafíos al tratar de proteger sus creaciones. Uno de los problemas más comunes es la dificultad y el costo asociado con el registro de diseños. En muchos países, el proceso de registro puede ser largo y costoso, lo que desalienta a pequeños diseñadores y empresas emergentes. Además, incluso cuando un diseño está registrado, puede ser difícil y costoso hacer cumplir esos derechos en mercados globales donde las leyes de PI varían considerablemente.
Otro desafío significativo es la rápida evolución de las tendencias en la moda. Debido a que las tendencias cambian tan rápidamente, los diseñadores a menudo se enfrentan a la presión de lanzar nuevos productos antes de que puedan registrar adecuadamente sus diseños. Esto crea una ventana de vulnerabilidad donde los diseños pueden ser copiados y comercializados por otros antes de que se otorgue protección legal. Además, en el entorno digital actual, la copia y distribución de diseños se ha vuelto más fácil que nunca, exacerbando estos desafíos.
Para superar estos desafíos, los diseñadores y marcas pueden adoptar varias estrategias. Una de ellas es la implementación de tecnologías emergentes como blockchain, que puede ser utilizada para registrar y rastrear la autoría de un diseño en tiempo real. Esto no solo ayuda a proteger los derechos de PI, sino que también facilita la prueba de la autoría en caso de disputas legales. Además, es crucial que las marcas inviertan en vigilancia activa del mercado y en la creación de acuerdos contractuales sólidos con sus socios comerciales para prevenir la copia y el uso no autorizado de sus diseños.
La disputa entre Temu y Shein es un claro recordatorio de la importancia de la PI en la industria de la moda. A medida que las marcas compiten en un mercado cada vez más globalizado y digital, la protección de los activos de PI se convierte en un factor clave para el éxito a largo plazo. La PI no solo protege la creatividad y la innovación, sino que también garantiza que los diseñadores y marcas puedan obtener el reconocimiento y la compensación que merecen por su trabajo. En un sector donde la originalidad es la clave, la PI es esencial para asegurar un futuro sostenible y próspero para la industria de la moda.
Comercio y Justicia. (2021). La propiedad intelectual en la industria de la moda.
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Publimetro. (2024). Temu le responde con todo a Shein tras ser acusados de copiar sus diseños: "La osadía es increíble".
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). (2021). La moda y la propiedad intelectual: Especial referencia al diseño industrial.
En el contexto del comercio internacional, la protección de la propiedad intelectual se ha convertido en un puntoimportante a la hora de salvaguardar los derechos de los creadores y titulares de marcas. En un reciente operativo realizado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) en la provincia del Guayas - Ecuador pone de manifiesto la importancia de estas medidas. El decomiso de producto deportivo de procedencia extranjera, en su mayoría réplicas de marcas reconocidas, destaca los desafíos y la necesidad de una vigilancia constante para combatir la piratería y el comercio ilícito.
El mercado globalizado actual permite una circulación rápida y extensa de bienes y servicios, lo cual, si bien fomenta el comercio y el crecimiento económico, también facilita la propagación de productos falsificados. Estas falsificaciones no solo erosionan los ingresos de las marcas legítimas, también socavan la confianza de los consumidores. Las economías de escala que benefician a las industrias también se vuelven herramientas para aquellos que buscan lucrar ilegalmente con imitaciones de productos populares.
Además, la tecnología ha jugado un doble papel en esta dinámica. Mientras que las innovaciones tecnológicas han mejorado la capacidad de vigilancia y control de las aduanas, también han permitido a los falsificadores producir y distribuir réplicas de alta calidad con mayor facilidad. Este escenario plantea un desafío constante para las autoridades encargadas de proteger la propiedad intelectual y mantener la integridad del comercio internacional.
La protección de la propiedad intelectual es crucial para mantener la integridad del mercado y fomentar la innovación. Las marcas y patentes no solo representan activos para las empresas, también son indicativos de calidad y confianza para los consumidores. En el caso de la aprehensión realizada por SENAE, se evidenció una clara violación de los derechos de propiedad intelectual, al encontrarse en los productos incautados réplicas de marcas reconocidas como Nike, Adidas y Jordan. Estas falsificaciones no solo afectan económicamente a los titulares de las marcas, sino que también pueden poner en riesgo a los consumidores debido a la falta de controles de calidad en los productos piratas.
La presencia de productos falsificados en el mercado también tiene un impacto negativo en la economía general. Las marcas legítimas invierten significativamente en investigación y desarrollo para crear productos innovadores y de alta calidad. La piratería socava estos esfuerzos al ofrecer copias más baratas y de menor calidad, lo que puede llevar a una disminución en las ventas de productos originales y, en consecuencia, a una reducción en la inversión futura en innovación. Esto crea un círculo vicioso donde la capacidad de las empresas para desarrollar nuevos productos y mejorar los existentes se ve comprometida.
Además, la piratería y la falsificación están frecuentemente vinculadas a actividades delictivas más amplias, incluyendo el lavado de dinero y el financiamiento de organizaciones criminales. Esto no solo plantea riesgos económicos y de seguridad, sino que también representa un desafío significativo para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. La lucha contra la piratería y la falsificación requiere una cooperación efectiva y la implementación de tecnologías avanzadas para rastrear y desmantelar estas redes ilícitas.
El operativo llevado a cabo en Guayaquil sigue el marco legal que respalda las acciones de aprehensión y custodia de mercancías. Basándose en los artículos 258 y 259 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el Art. 211 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), las autoridades aduaneras procedieron a la incautación de los productos que no contaban con la documentación que acreditara su legal ingreso y movilización en el país. Este procedimiento garantiza que las mercancías aprehendidas sean manejadas adecuadamente, preservando la cadena de custodia y asegurando que se cumplan las normativas vigentes.
El proceso de aprehensión no solo implica la identificación y confiscación de los productos falsificados, sino también una serie de pasos administrativos y legales que aseguran la integridad del procedimiento. Una vez incautadas, las mercancías deben ser almacenadas en condiciones que eviten su deterioro y pérdida, mientras se lleva a cabo una investigación más detallada. Este manejo cuidadoso es crucial para mantener la validez de las pruebas en caso de que se inicien procesos judiciales contra los responsables de la importación y distribución de los productos falsificados.
La intervención de especialistas en propiedad intelectual refuerza la capacidad para enfrentar estas infracciones de manera efectiva. Los profesionales no solo aportan su conocimiento en leyes de propiedad intelectual, sino que también asisten en la navegación de procedimientos legales que pueden involucrar múltiples jurisdicciones y actores nacionales e internacionales. La colaboración entre las autoridades aduaneras y abogados especializados es vital para asegurar que los casos de piratería sean tratados con la seriedad y precisión necesarias.
Para combatir eficazmente el comercio ilícito y la piratería, es esencial que los organismos de control aduanero implementen estrategias robustas y tecnológicamente avanzadas. El uso de sistemas de vigilancia inteligente, como cámaras de alta resolución y software de reconocimiento de patrones, permite a las aduanas detectar productos falsificados con mayor precisión y rapidez. Estas tecnologías, combinadas con bases de datos globales que rastrean productos legítimos y falsificados, mejoran significativamente la capacidad de respuesta de las autoridades aduaneras.
La colaboración internacional también juega un papel crucial en la lucha contra la piratería. Los acuerdos y tratados internacionales, como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), establecen estándares y procedimientos que los países deben seguir para proteger la propiedad intelectual. La cooperación entre países permite el intercambio de información y recursos, lo que ayuda a identificar y desmantelar redes de falsificación transnacionales. Esta colaboración puede incluir operaciones conjuntas, capacitaciones compartidas y el desarrollo de estrategias comunes para abordar problemas específicos.
Adicionalmente, la capacitación continua del personal aduanero es fundamental. Las técnicas de falsificación evolucionan constantemente, y es crucial que los agentes aduaneros estén al tanto de las últimas tácticas utilizadas por los falsificadores. Programas de formación y actualizaciones regulares aseguran que el personal aduanero tenga las habilidades y conocimientos necesarios para identificar productos falsificados de manera efectiva. La sensibilización de los importadores y comerciantes sobre las implicaciones legales y económicas de la piratería también es crucial para crear un entorno de comercio más seguro y transparente.
El decomiso de calzado falsificado en Guayaquil subraya la importancia de la protección de la propiedad intelectual en el comercio internacional. La implementación de procedimientos legales rigurosos y la cooperación entre entidades aduaneras y especialistas en propiedad intelectual son vitales para combatir la piratería. Al fortalecer estas medidas, no solo se protege a las marcas y a los consumidores, sino que también se promueve un mercado más justo y seguro.
La vigilancia y el compromiso continuo son esenciales para enfrentar los desafíos de la piratería y garantizar el respeto a los derechos de propiedad intelectual a nivel global. La inversión en tecnología, la formación del personal y la cooperación internacional deben ser pilares fundamentales en esta lucha. Solo a través de un enfoque coordinado y persistente se puede asegurar que la propiedad intelectual sea protegida adecuadamente, fomentando así la innovación y la confianza en el mercado global.
El respeto por la propiedad intelectual constituye puede considerarse como la base para fomentar la innovación y garantizar la equidad en el mercado. Desde invenciones hasta obras literarias, pasando por diseños y marcas registradas, estos derechos legales protegen las creaciones de la mente humana. Sin embargo, la proliferación de productos falsificados y la violación de marcas registradas representan una amenaza significativa para los propietarios legítimos y el tejido empresarial en su conjunto.
Un ejemplo reciente de esta problemática se desarrolló en Guayaquil, Ecuador, donde una operación conjunta entre la Unidad de Delitos Aduaneros y Régimen de Desarrollo y la Policía Judicial desmanteló una red de falsificación. En un establecimiento comercial, se descubrió una amplia gama de mercancía falsificada, incluyendo zapatillas y accesorios de marcas reconocidas como Adidas, Nike, Puma, Chanel y Victoria's Secret. Este incidente subraya la importancia de la vigilancia constante y la acción decidida por parte de las autoridades para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual y preservar la integridad del mercado.
La intervención policial fue resultado de denuncias sobre la presencia de productos falsificados en el mercado local, lo que destaca la necesidad de una colaboración estrecha entre las autoridades y la comunidad empresarial para combatir la piratería y proteger los derechos de propiedad intelectual. La obtención de una orden de registro por parte de un juez competente fue el primer paso para llevar a cabo la operación, subrayando la importancia de un marco legal sólido que respalde las acciones de aplicación de la ley en casos de infracciones de PI.
Durante la inspección del establecimiento, se halló una amplia variedad de productos falsificados que imitaban fraudulentamente marcas reconocidas a nivel mundial. Estos productos no solo constituyen una violación flagrante de los derechos de propiedad intelectual de las empresas legítimas, sino que también plantean riesgos para la salud y seguridad de los consumidores. La presencia de mercancía falsificada en el mercado mina la confianza del consumidor en la autenticidad de los productos y puede tener repercusiones económicas negativas para las empresas afectadas, que sufren pérdidas de ingresos y daños a su reputación debido a la competencia desleal.
Las acciones emprendidas en este caso se ajustan al tipo penal establecido en el artículo 208A del Código Orgánico Integral Penal-COIP. Este artículo sanciona a quienes, con fines de lucro y a escala comercial, violan los derechos de propiedad intelectual. La tipificación clara de este delito en la legislación ecuatoriana demuestra el compromiso del país con la protección de los derechos de propiedad intelectual y la promoción de un entorno empresarial justo y competitivo.
Las marcas están debidamente registradas en Ecuador, confiriendo a sus titulares el derecho exclusivo sobre los productos de la Clase Internacional a la que pertenecen. Esta protección abarca no solo la naturaleza de las marcas, sino también los productos asociados. El registro de marca otorga el derecho al uso exclusivo, según las disposiciones del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. Este derecho faculta al titular a prevenir diversos actos, incluyendo la aplicación no autorizada de la marca en productos y la fabricación de materiales que reproduzcan la marca.
El caso en cuestión resalta la importancia de una aplicación rigurosa de las leyes de propiedad intelectual para proteger los derechos de los propietarios de marcas registradas y desalentar la actividad delictiva. La efectividad de la intervención policial y judicial en este caso demuestra que la cooperación entre las autoridades es fundamental para abordar eficazmente las infracciones de propiedad intelectual y promover un entorno empresarial seguro y equitativo. En última instancia, la protección de la propiedad intelectual es esencial para garantizar la equidad en el mercado y fomentar la innovación, dos elementos cruciales para el desarrollo económico y social de cualquier país.
La colaboración entre las autoridades desempeña un papel crucial en la protección efectiva de la propiedad intelectual. La cooperación entre estas entidades permite una respuesta coordinada y rápida ante las infracciones, lo que facilita la identificación y persecución de los infractores. Además, esta colaboración facilita el intercambio de información y recursos, fortaleciendo así las medidas de aplicación de la ley y aumentando las posibilidades de éxito en la lucha contra la piratería y la falsificación.
La aplicación rigurosa de las leyes pertinentes es esencial para proteger los derechos de los propietarios de marcas registradas y desalentar la actividad delictiva. Esto implica no solo la adopción de medidas preventivas, como la vigilancia y el control fronterizo, sino también la imposición de sanciones efectivas contra aquellos que violan las leyes de propiedad intelectual. Las penas adecuadas y proporcionales son necesarias para disuadir a los infractores y enviar un mensaje claro de que la infracción de derechos de propiedad intelectual no será tolerada en ninguna circunstancia.
La protección a la PI es un componente relevante en un sistema legal y económico justo y equitativo. Al garantizar que los innovadores y creadores estén protegidos contra la explotación y la competencia desleal, se fomenta la innovación y se promueve el progreso económico y social. La colaboración entre las autoridades, la aplicación rigurosa de las leyes y el reconocimiento de la importancia de la propiedad intelectual son elementos clave para construir un entorno empresarial justo y seguro en el que todos puedan prosperar.
La protección de marcas y propiedad intelectual es un tema crucial en el entorno empresarial moderno. En el contexto de un caso reciente en Ecuador, se destaca la importancia de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual para prevenir infracciones y garantizar un ambiente justo para la competencia empresarial.
En Guayaquil, el 8 de marzo de 2024, las autoridades aduaneras, en colaboración con las fuerzas armadas y la fiscalía, llevaron a cabo una operación que culminó en la aprehensión de un considerable volumen de prendas de vestir almacenadas en un establecimiento comercial sin nombre en Av. Idelfonso Coronel y Méndez.
Estas prendas, presumiblemente de origen extranjero, no contaban con la documentación requerida para demostrar su legalidad en el país ni cumplían con los estándares de etiquetado establecidos por la Resolución Nro. 2109 del "Reglamento Técnico Andino para el Etiquetado de Confecciones" de la CAN.
El incumplimiento de estas regulaciones no solo constituye una infracción a las leyes aduaneras, sino que también vulnera los derechos de propiedad intelectual, especialmente cuando se trata de marcas registradas. En este caso, se identificó que las prendas almacenadas infringían los derechos de varias marcas reconocidas.
La utilización no autorizada de marcas registradas es una violación seria que puede tener consecuencias legales significativas. En este sentido, la acción coordinada de las autoridades para incautar las mercancías infractoras es un ejemplo de aplicación efectiva de la ley en la protección de la propiedad intelectual en Ecuador.
El caso en cuestión se enmarca en el tipo penal establecido en el artículo 208A del COIP de Ecuador, el cual sanciona con pena privativa de libertad, comiso y multa a quienes, con fines de lucro y a escala comercial, violen los derechos de propiedad intelectual contemplados en la normativa aplicable. Es esencial destacar que todas las marcas involucradas están debidamente registradas en Ecuador, otorgando a sus titulares el derecho exclusivo y excluyente de uso, respaldado por el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos.
La legislación ecuatoriana establece que el registro de marca confiere al titular el derecho exclusivo y excluyente de ese signo distintivo, así como la facultad de impedir actos que infrinjan dichos derechos. Además, se prohíbe el uso de signos idénticos o similares a una marca notoriamente conocida, incluso para fines no comerciales. En este contexto, la retención de las mercancías durante el operativo se llevó a cabo conforme al artículo 208 A del COIP, justificada por la falta de documentación que respaldara la legalidad de los productos comercializados.
El artículo 208 A del COIP establece claramente que cualquier persona que realice actividades relacionadas con obras, producciones, invenciones, signos distintivos u otros elementos protegidos por la ley de propiedad intelectual, sin la debida autorización, estará sujeta a las sanciones correspondientes. En este caso, la ausencia de documentación legal constituye una clara violación de este artículo, evidenciando una infracción a los derechos de propiedad intelectual de las marcas afectadas.
Es fundamental destacar que, en el contexto internacional, las marcas registradas otorgan a sus propietarios derechos exclusivos sobre el uso de su marca en relación con determinados productos o servicios. Estos derechos incluyen la capacidad de evitar que terceros utilicen una marca idéntica o similar para productos similares, lo que protege la reputación y el valor comercial asociado con la marca.
Además, la cooperación entre las autoridades y las empresas afectadas, es esencial para investigar y perseguir las infracciones de propiedad intelectual de manera efectiva. La participación activa de la empresa afectada en la investigación puede proporcionar información clave y fortalecer el caso legal contra los infractores.
Este caso ilustra la importancia de proteger las marcas y la propiedad intelectual en un entorno empresarial cada vez más globalizado. La colaboración entre las autoridades, las empresas y los titulares de derechos es fundamental para combatir la infracción de propiedad intelectual y garantizar un mercado justo y equitativo para todos los actores involucrados.
En un operativo llevado a cabo por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Corrupción, en colaboración con la Unidad de Delitos Aduaneros y Régimen de Desarrollo, se evidenció un flagrante caso de infracción a los derechos de propiedad intelectual en la ciudad de Guayaquil. El evento tuvo lugar el 08 de febrero de 2024, en un local comercial ubicado en un sector altamente comercial.
La diligencia, autorizada por una orden de allanamiento emitida por el Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes de Guayaquil, fue ejecutada por agentes policiales. En el lugar, se encontró una amplia cantidad de calzado deportivo con logotipos de reconocidas marcas internacionales.
Es relevante destacar que, conforme al artículo 208 A del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, la retención de las mercancías se realizó de manera justificada. Esto ocurrió porque el propietario del establecimiento no pudo proporcionar la documentación necesaria que autorizara la comercialización de dichos productos. El objetivo principal de esta acción fue salvaguardar los derechos de propiedad intelectual de las marcas afectadas.
El mencionado artículo establece que cualquier persona que, sin la debida autorización, fabrique, importe, exporte, reproduzca, almacene, distribuya, comercialice o exhiba obras, producciones, invenciones, signos distintivos, entre otros, protegidos por la ley de propiedad intelectual, estará sujeta a las sanciones correspondientes.
En el caso específico del operativo en Guayaquil, la presencia de una gran cantidad de calzado deportivo con logotipos de marcas reconocidas internacionalmente, sin la documentación que respaldara su legalidad, constituye una clara violación del artículo 208 A. Esta falta de autorización para comercializar estos productos evidencia una infracción a los derechos de propiedad intelectual de las marcas afectadas.
La retención de las mercancías durante el operativo se llevó a cabo en estricto cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en el artículo 208 A. Esta medida no solo busca prevenir la comercialización ilegal de productos falsificados, sino también proteger los derechos legítimos de los propietarios de las marcas afectadas.
La defensa de los derechos de propiedad intelectual es fundamental para preservar la creatividad, la innovación y el esfuerzo de quienes desarrollan productos y servicios originales. En este contexto, la falsificación y comercialización de productos bajo marcas registradas constituye una clara infracción legal y una amenaza para la integridad de la propiedad intelectual.
Como abogados especializados en derecho de propiedad intelectual, estamos comprometidos con la defensa de los derechos de nuestros clientes. En este sentido, nos pusimos a disposición de la Fiscalía para brindar el respaldo legal necesario en el desarrollo de la investigación criminal y la protección de las diferentes marcas.
Para ello, nos encargamos de recopilar y presentar toda la documentación relevante, incluyendo certificados de marca registrada, declaraciones de testigos y autoridades, informes policiales detallados sobre la ubicación y descripción de los productos incautados, así como cualquier otra diligencia requerida para fortalecer el caso.
La lucha contra la piratería y la falsificación no solo es una responsabilidad legal, sino también un imperativo ético y económico. La protección de la propiedad intelectual es esencial para fomentar una competencia justa, estimular la innovación y garantizar la calidad y seguridad de los productos para los consumidores.
El reciente caso en Guayaquil subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de protección de la propiedad intelectual y fomentar la colaboración entre las autoridades, el sector privado y la sociedad en general. Juntos, debemos enfrentar eficazmente la piratería y la falsificación. La colaboración activa entre las partes interesadas es fundamental. Las empresas y los creadores deben invertir en tecnologías de protección y educar al público sobre los riesgos asociados con productos falsificados.
Los consumidores también desempeñan un papel crucial al tomar decisiones informadas y elegir productos auténticos. La falsificación no solo afecta a las empresas y a la economía, sino también a la salud y seguridad de las personas. Por lo tanto, debemos estar alerta y apoyar iniciativas que promuevan la autenticidad y la integridad en el mercado.
La lucha contra la falsificación es una batalla que debemos librar juntos. Al proteger la propiedad intelectual, estamos defendiendo la creatividad, la innovación y la confianza en los productos que consumimos.
