Las Denominaciones de Origen (DO) e Indicaciones Geográficas (IG) ya no se limitan a certificar la calidad o el origen de un producto; hoy son instrumentos de soberanía económica, proyección cultural y negociación comercial internacional. Su valor no reside únicamente en el reconocimiento legal, sino en la construcción de un relato identitario que combina territorio, conocimiento tradicional e interés económico estratégico.
En un contexto marcado por tensiones comerciales, acuerdos multilaterales fragmentados y un consumidor que exige autenticidad y ética, las DO se han convertido en monedas simbólicas y reales del comercio exterior. Este artículo propone una visión transversal: cómo las DO pueden entenderse como parte de una estrategia nacional de marca, una herramienta de diplomacia comercial y un mecanismo de defensa ante la apropiación indebida y la estandarización global.
Analizaremos cómo ciertos países han convertido sus DO en instrumentos de soft power, examinando políticas públicas, conflictos emblemáticos y el papel de la innovación para resguardar estos activos en entornos digitales. También plantearemos cómo América Latina puede fortalecer su posición mediante políticas comunes, vigilancia tecnológica y alianzas interinstitucionales.
Las DO son vectores de diplomacia cultural. Lo han demostrado países como:
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) reconoce que los sistemas de DO exitosos están ligados no solo a marcos legales sólidos, sino a una coherencia de marca nacional. OMPI - GI and Nation Branding
En el terreno del comercio internacional, las DO permiten que los países con menor poder de negociación desplieguen estrategias asimétricas de defensa:
Las DO, en este contexto, funcionan como barreras de entrada positivas, impidiendo la banalización de productos simbólicos y otorgando ventaja competitiva legítima en nichos de mercado.
La protección de las DO se ha convertido en una arena de conflicto simbólico:
Estos ejemplos demuestran que las DO son espacios de conflicto discursivo: quien gana la batalla por el nombre, gana la batalla por el mercado.
La digitalización del comercio y la proliferación de marketplaces ha trasladado la protección de las DO al ciberespacio. El desafío ya no es solo legal, sino también técnico:
Invertir en estas herramientas ya no es opcional: es el estándar mínimo para participar en la economía digital con garantías.
América Latina posee una biodiversidad y una cultura agroalimentaria privilegiadas, pero su sistema de DO aún está subdesarrollado. Algunas propuestas clave:
Estas acciones pueden posicionar al continente como líder en un nuevo enfoque de propiedad intelectual inclusiva y estratégica.
Las denominaciones de origen han dejado de ser meras certificaciones para convertirse en elementos clave de la geoeconomía contemporánea. En ellas se juega el reconocimiento internacional, la narrativa identitaria y la capacidad de los países para insertarse con dignidad en cadenas globales de valor.
Para avanzar, es necesario:
Las DO son, en definitiva, uno de los últimos baluartes frente a la homogenización global. Y también, una oportunidad única para construir un comercio más justo, transparente y arraigado.
Por qué la represión legal no basta y cómo la equidad puede ser la mejor arma contra la piratería.
En Nigeria, acceder legalmente a un artículo científico puede costar hasta el 30% del salario mensual promedio. En España, una suscripción a todas las plataformas de streaming supera los 80 euros. En ambos escenarios, el resultado es el mismo: un crecimiento sostenido de la piratería. Y no es casualidad.
La piratería digital no es solo un delito: es también un síntoma. A menudo revela una combinación de barreras económicas, limitaciones geográficas y modelos de negocio desalineados con las realidades sociales. El acceso desigual a la cultura, el conocimiento y la tecnología sigue alimentando redes ilícitas más sofisticadas y difíciles de erradicar.
Mientras las estrategias de enforcement avanzan en bloqueos judiciales, responsabilidad de plataformas e inteligencia artificial, el consumo ilegal de contenido persiste e incluso se transforma. La clave, entonces, no está solo en prohibir, sino en comprender.
Este artículo propone una mirada crítica desde la propiedad intelectual, vinculando la protección de derechos con la innovación, la equidad y la sostenibilidad. Combatir la piratería exige más que leyes: exige soluciones estructurales que combinen acceso, precio justo y cooperación multisectorial.
Brechas globales que alimentan la piratería
La piratería no se distribuye de manera uniforme en el mapa. Según BSA | The Software Alliance (2023), la tasa de uso de software sin licencia alcanza el 80% en Venezuela, mientras que en Estados Unidos no supera el 15%. Esta diferencia revela más que una cuestión de enforcement: refleja economías colapsadas, monedas devaluadas y sistemas de acceso limitados.
En el ámbito del entretenimiento, un informe reciente de la EUIPO (2023) señala que el 48% de los usuarios en Europa del Este que acceden a contenido pirata citan los “precios elevados” como razón principal. La percepción de que los contenidos legales son inalcanzables es un motor constante de piratería.
Pero no se trata solo de dinero. El geo-blocking también contribuye al problema. Según el Informe de la Motion Picture Association (2023), solo el 35% de los eventos deportivos globales están disponibles legalmente para audiencias internacionales. Plataformas como Sci-Hub, por su parte, reciben más de 800.000 visitas diarias —una evidencia de la demanda global insatisfecha por acceso a la investigación científica.
En este contexto, la desigualdad en el acceso se convierte en un riesgo para el sistema de propiedad intelectual: sin equidad, no hay respeto por el derecho.
Cuando la piratería confronta derechos fundamentales
El caso de Sci-Hub y LibGen ha generado un debate global: ¿es justo criminalizar a quienes buscan acceso al conocimiento? Para su fundadora, Alexandra Elbakyan, la piratería académica es “un acto de desobediencia civil contra editoriales depredadoras”. Y aunque muchas editoriales demandan daños millonarios, millones de investigadores siguen utilizando estas plataformas, incluso desde universidades con suscripciones legales.
En el plano legislativo, la Directiva sobre Derechos de Autor de la UE (Artículo 17) exige a plataformas como YouTube o TikTok supervisar los contenidos subidos por sus usuarios. Si bien esto refuerza la protección de los titulares de derechos, también plantea riesgos para la libertad de expresión y la innovación digital.
Los bloqueos masivos —como los ordenados por India o Australia— muestran una eficacia discutible y una tensión creciente con el principio de neutralidad de la red. La línea entre enforcement y censura se vuelve cada vez más delgada.
En definitiva, el enforcement debe equilibrarse con la protección de derechos fundamentales. La solución no puede basarse solo en el castigo.
Soluciones que priorizan inclusión y acceso
Varios modelos innovadores están demostrando que la inclusión puede ser más efectiva que la prohibición. Spotify ofrece planes regionalizados: en India, una suscripción cuesta apenas €1,5 al mes. En América Latina, operadoras como Claro integran streaming en sus planes móviles, reduciendo así la necesidad de recurrir a plataformas ilegales.
Además, el crecimiento de plataformas gratuitas con publicidad —como Tubi y Pluto TV— ha demostrado reducir la piratería en hasta un 22%, según Ampere Analysis (2023). El contenido legal gratuito, aunque financiado por anuncios, satisface la demanda de accesibilidad.
A nivel público, algunos países han adoptado políticas más inclusivas. Francia, por ejemplo, implementó el programa “Pass Culture”, que otorga crédito a jóvenes para consumir cultura legalmente. Y la Convención de la UNESCO de 2005promueve el acceso equitativo a bienes culturales como parte de la diversidad cultural global.
Por último, las campañas educativas también juegan un rol clave. Un informe de Kaspersky (2024) reveló que el 40% de los sitios pirata contienen malware. Concientizar sobre los riesgos cibernéticos puede ser tan efectivo como un bloqueo judicial.
El mito del “delito sin víctimas”
Existe una narrativa persistente de que la piratería solo afecta a grandes corporaciones. Pero los datos muestran una realidad distinta. Según un estudio de FAPAV (Italia, 2023), el 70% de los cineastas independientes afirma que la piratería ha impactado directamente en la cancelación de sus proyectos.
Aunque Hollywood —representado por la MPA— reporta pérdidas, su modelo de negocio es más resiliente. Las víctimas reales son los creadores emergentes, los estudios locales, las editoriales independientes, y los equipos técnicos que dependen del circuito formal para subsistir.
La piratería también afecta el empleo: traductores, dobladores, distribuidoras pequeñas, cines independientes. El efecto dominó es tan silencioso como profundo.
No se trata solo de proteger derechos, sino de preservar ecosistemas culturales diversos, sostenibles y económicamente viables.
Reducir la piratería no es simplemente una cuestión de enforcement. Es una cuestión de equidad estructural. Mientras no existan alternativas legales accesibles, el ciclo de la piratería continuará reproduciéndose.
Las acciones sostenibles deben combinar:
En el contexto de la propiedad intelectual, esto implica un cambio de paradigma: del castigo a la prevención; del derecho exclusivo a la inclusión razonable; del enforcement reactivo a la innovación social.
En un mundo donde el contenido es poder, la verdadera defensa de la PI pasa por democratizar su acceso. La piratería no se erradicará con leyes, sino con justicia digital.
La propiedad intelectual (PI) ha evolucionado de ser un aspecto técnico del comercio a convertirse en un campo estratégico en las relaciones económicas globales. La protección de marcas, patentes y derechos de autor no solo garantiza la innovación, sino que también representa un indicador clave de estabilidad jurídica para la inversión extranjera. En 2023, el Informe Especial 301 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR)colocó nuevamente a México en su lista de vigilancia prioritaria, señalando preocupaciones específicas en materia de enforcement. Este artículo explora el impacto de estas observaciones, analiza conflictos emblemáticos como el caso Rosalía vs. Rozaliya en Europa y destaca los desafíos estructurales que enfrenta la protección de marcas en un escenario global hipercompetitivo.
El ascenso de México a la lista de vigilancia prioritaria en el Informe 301 responde a varios factores interrelacionados que afectan directamente la protección efectiva de marcas. Entre los más destacados se encuentran la persistencia de redes de piratería y falsificación, particularmente en sectores como la moda, la tecnología y los productos farmacéuticos.
La falta de mecanismos judiciales eficaces para sancionar infracciones de propiedad intelectual contribuye a la inseguridad jurídica. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha intentado modernizar procesos, pero enfrenta desafíos estructurales, desde insuficiencia presupuestaria hasta demoras procesales. La piratería de marcas no solo daña a las compañías extranjeras, sino que erosiona la confianza de los inversionistas locales.
Casos emblemáticos, como la proliferación de productos falsificados de marcas estadounidenses en tianguis y plataformas digitales mexicanas, ejemplifican cómo la falta de enforcement sólido impacta la competitividad del país. A este problema se suma la necesidad de actualizar leyes de variedades vegetales y fortalecer la protección de secretos comerciales, según lo advertido en el Special 301 Report.
México no está solo en la lista prioritaria. China, India, Rusia y Argentina también figuran como países donde la protección de la PI genera preocupación internacional. El caso chino es particularmente relevante: pese a compromisos asumidos en el acuerdo comercial de 2020, persisten prácticas de transferencia forzada de tecnología, robo de secretos comerciales y distribución masiva de falsificaciones a través de plataformas digitales.
A diferencia de Turkmenistán, retirado de la lista por mejoras regulatorias, China y México se mantienen bajo escrutinio, lo que indica que las reformas legales y de enforcement no solo deben ser adoptadas, sino ejecutadas de manera efectiva. Esta situación afecta las cadenas globales de suministro y complica la cooperación internacional en materia de protección de marcas, como detalla el International Intellectual Property Alliance (IIPA).
La protección de marcas en México también debe entenderse dentro del marco más amplio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA), que contiene disposiciones específicas sobre enforcement en materia de propiedad intelectual. Sin embargo, las tensiones geopolíticas, como los aranceles impuestos por EE.UU. en 2023 debido al tráfico de fentanilo, agravan la percepción de riesgo comercial, como analiza Foreign Affairs Latinoamérica.
Si bien el USMCA introdujo estándares más altos de protección, su impacto depende de la voluntad política de implementar reformas estructurales. Sectores como la energía y la agricultura, aunque protegidos parcialmente, siguen enfrentando dificultades para hacer valer sus marcas en mercados donde los productos falsificados compiten deslealmente.
En Europa, el enforcement de marcas enfrenta desafíos diferentes pero igualmente complejos. La disputa entre la cantante española Rosalía y la joyera búlgara Rozaliya en 2023 ilustra un problema creciente: la confusión de marca en mercados saturados.
Aunque los productos —música y joyería— pertenecían a categorías diferentes, la artista argumentó que el uso de un nombre fonéticamente similar diluía su marca personal, afectando su estrategia de posicionamiento global. Este caso, registrado ante el Instituto de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), destaca la importancia de proteger no solo marcas comerciales tradicionales, sino también marcas personales en sectores creativos.
Otros casos, como el reciente litigio Lidl vs. Tesco (C-159/22), refuerzan la necesidad de un enforcement flexible y adaptado a nuevas realidades de consumo.
Pese a diferencias regionales, existen desafíos transversales que afectan la protección de marcas:
La protección de marcas y la defensa de la propiedad intelectual ya no son temas puramente jurídicos: son instrumentos esenciales de política económica y diplomacia comercial. Para México, mejorar el enforcement será clave no solo para salir de la lista prioritaria del Informe 301, sino también para consolidar su posición en cadenas globales de valor.
Asimismo, casos como el de Rosalía en Europa evidencian que incluso en jurisdicciones maduras, la lucha por preservar la distintividad de marca exige estrategias legales proactivas. En el futuro inmediato, la colaboración internacional, la innovación en técnicas de enforcement y el fortalecimiento institucional serán vitales para asegurar que la propiedad intelectual siga siendo un motor de desarrollo económico global.
Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos. (2023). Special 301 Report.
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (2023). México reitera su compromiso con la protección de la propiedad intelectual.
Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos. (2020). USMCA Chapter 20: Intellectual Property Rights.
EUIPO. (2023). Boletín de marcas: Caso Rosalía vs. Rozaliya.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2023). Sentencia C-159/22 – Lidl vs. Tesco.
Max Planck Institute for Innovation and Competition. (2022). Enforcement of Intellectual Property Rights in Mexico.
Harvard Law Review. (2023). China’s Forced Technology Transfer: A Legal Analysis.
Organización Panamericana de la Salud. (2021). Falsificación de medicamentos en América Latina.
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). WIPO Lex: México.
EUIPO. (s.f.). Global Brand Database.
El Economista. (2023). Piratería le cuesta a México más de 43,000 millones de pesos al año.
Foreign Affairs Latinoamérica. (2023). Fentanilo y aranceles: La nueva frontera comercial.
International Intellectual Property Alliance. (2023). 2023 Special 301 Report – Mexico.
Transparencia Internacional. (s.f.). Global Corruption Barometer.
Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. (2022). Protección de patentes farmacéuticas en México.
Organización Mundial del Comercio. (s.f.). TRIPS Agreement – Compliance Review: Mexico.
El avance de la inteligencia artificial (IA) ha provocado un debate crucial sobre los límites de la creatividad humana y la necesidad de preservar los derechos que la protegen. Lejos de ser un conflicto técnico, el enfrentamiento entre algoritmos generativos y la propiedad intelectual toca fibras éticas, culturales y democráticas. Así lo expresó el escritor Manuel Rivas en su poderoso discurso al recibir el Premio Cedro 2025, donde defendió el rol del creador frente a un entorno cada vez más automatizado y voraz. ¿Cómo evitar que la IA transforme la cultura en un banco de datos despersonalizado? ¿Qué tipo de protección merecen los autores ante esta nueva forma de “minería creativa”?
Para Rivas, la IA generativa representa un riesgo inédito para el patrimonio cultural: "una suerte de expolio del patrimonio intelectual global", donde los algoritmos entrenan sus modelos con millones de obras protegidas sin solicitar permiso ni ofrecer compensación. Este fenómeno recuerda a debates ya vividos con la llegada de Napster o Spotify, donde la digitalización de la música generó vacíos normativos sobre compensación justa. Sin embargo, ahora el conflicto no se limita a la reproducción, sino a la creación misma.
La crítica se centra en que estas plataformas tecnológicas, al generar obras “originales” a partir de contenido ajeno, desafían no solo el concepto legal de autoría, sino su dimensión ética. Si un algoritmo escribe una novela basándose en los estilos de 10.000 escritores, ¿es eso una creación o una copia encubierta? El derecho de autor tradicional, basado en la autoría humana, se encuentra así en una encrucijada.
La propuesta de Rivas se articula sobre tres principios rectores: consentimiento, transparencia y monetización justa. Es decir, los algoritmos deben pedir permiso para entrenarse, informar cómo lo hacen y compartir los beneficios obtenidos. Estos valores dialogan con marcos internacionales como el Convenio de Berna y la Directiva Europea sobre derechos de autor en el entorno digital.
El temor a que la tecnología desplace al ser humano no es nuevo. Durante la Revolución Industrial, los luditas destruyeron telares por considerar que despojaban a los artesanos de su dignidad. Hoy, el miedo vuelve con rostro digital. Como advierte Rivas, la IA no solo replica habilidades creativas, sino que lo hace sin memoria ni emoción: compone sin vivir, escribe sin recordar, pinta sin sentir.
Este fenómeno ha sido objeto de análisis de pensadores como Hannah Arendt, quien ya en 1958 advertía sobre la pérdida de agencia humana frente a sistemas tecnocráticos. En el presente, filósofos como Umberto Eco alertaban de la banalización del conocimiento, una preocupación que encuentra eco en las producciones automáticas de la IA generativa.
Los sistemas de IA, al generar contenido sin intención estética o vivencia personal, banalizan la noción misma de cultura. Y es que la creación intelectual, además de técnica, es experiencia. Frente a una melodía compuesta por un modelo como Suno AI, ¿puede hablarse realmente de arte?
En su discurso, Rivas subraya un aspecto fundamental: los derechos de propiedad intelectual son también derechos democráticos. Protegen la diversidad de voces, permiten la sostenibilidad del trabajo creativo y garantizan que las obras culturales reflejen una pluralidad de perspectivas. Sin ellos, el ecosistema creativo sería rápidamente absorbido por algoritmos sin rostro ni contexto.
Este argumento se conecta con marcos como el Tratado de Marrakech, que equilibra el derecho de acceso con la protección autoral. Sin embargo, la IA se mueve aún en una “zona gris” legal: muchas jurisdicciones no consideran si el uso de obras protegidas para entrenamiento constituye infracción. ¿Quién responde si un modelo como ChatGPT genera un cuento con el estilo de Borges?
La respuesta legal aún es difusa. Pero desde una perspectiva ética, el mensaje de Rivas es claro: debemos humanizar la tecnología, no deshumanizar la cultura.
Uno de los aportes más originales de Rivas es su analogía entre el ecosistema cultural y el ecológico. Así como la minería descontrolada degrada bosques y fuentes de agua, la extracción masiva de obras culturales por parte de la IA amenaza la biodiversidad creativa. Esta idea se alinea con la noción de “ecología de saberes” de Boaventura de Sousa Santos, quien defiende la coexistencia de múltiples formas de conocimiento.
Desde esta perspectiva, sería legítimo plantear “reservas culturales” que protejan ciertas obras de ser utilizadas por la IA. No se trata de impedir el acceso al conocimiento, sino de regular su uso y redistribuir sus beneficios.
Estas reservas podrían funcionar como licencias abiertas, al estilo de Creative Commons, pero con mecanismos claros de compensación para los autores. También podrían surgir fondos de reparto colectivo, similares al modelo que utiliza SAYCE en Ecuador para gestionar derechos musicales.
La historia de la propiedad intelectual está llena de momentos fundacionales que equilibraron derechos y acceso. El Estatuto de Ana, promulgado en 1710, fue la primera ley de derechos de autor moderna. Tres siglos después, Creative Commons transformó la forma de compartir obras. Hoy, la IA exige una tercera revolución: no tecnológica, sino normativa.
En 2024, países como Estados Unidos y la Unión Europea ya han iniciado procesos legislativos para regular el uso de obras protegidas en el entrenamiento de IA (ver aquí). Sin embargo, la regulación por sí sola no es suficiente. Hace falta un cambio cultural que reconozca la centralidad del creador en la cadena de valor.
Como dice Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno español, los modelos de IA “se lucran con el trabajo creativo ajeno”. El reto está en diseñar sistemas donde la IA complemente —y no compita con— la creación humana.
El conflicto entre IA y propiedad intelectual no es solo legal, sino existencial. En un mundo donde la creatividad puede ser simulada por máquinas, urge recordar que el arte no es solo resultado, sino proceso. Como escribió Rivas, “la memoria es un país donde todos tenemos derecho a vivir”. Ese país, hoy, necesita fronteras éticas que lo protejan.
En lugar de temer a la tecnología, deberíamos diseñar marcos que la pongan al servicio de la cultura. Una IA entrenada con obras donadas voluntariamente, con autores remunerados y algoritmos auditables, no solo es posible: es necesaria. Solo así podremos asegurar que, en el futuro, las historias sigan teniendo alma.
Arendt, H. (1958). La condición humana. Editorial Paidós.
Boaventura de Sousa Santos. (2014). Epistemologías del Sur. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
CEDRO. (2025). Manuel Rivas, galardonado con el Premio CEDRO 2025. Centro Español de Derechos Reprográficos.
Creative Commons. (2001). Sitio oficial de Creative Commons.
Díaz, Y. (2024). Declaraciones recogidas en medios durante el Congreso de Cultura Digital. Disponible en El País.
Eco, U. (2016). Reflexiones sobre la cultura y la tecnología. El País.
Estatuto de Ana (1710). The Statute of Anne. British Library.
OpenAI. (2024). ChatGPT.
Reuters. (2024). Artificial Intelligence legislation around the world.
SAYCE. (s.f.). Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador.
WIPO. (s.f.). Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.
WIPO. (s.f.). Tratado de Marrakech.
En un entorno económico impulsado por la innovación, el sistema de propiedad intelectual —y en particular, el régimen de patentes— se convierte en una herramienta clave para proteger, rentabilizar y defender las invenciones tecnológicas. Las patentes no solo otorgan derechos exclusivos a sus titulares sobre una invención, sino que también funcionan como instrumentos de control de mercado, herramientas de negociación y activos intangibles de alto valor en sectores tan diversos como la informática, la automoción o la electrónica de consumo.
Sin embargo, el papel de las patentes va mucho más allá de su función de registro. En la práctica, su eficacia depende del uso estratégico que las empresas hagan de ellas. Desde la anticipación en el registro hasta la ejecución de acciones legales por infracción, las decisiones que rodean a una patente pueden marcar el éxito o el declive de una organización. A lo largo del ciclo de vida de una patente —que generalmente abarca 20 años—, el contexto tecnológico, legal y comercial puede variar significativamente, lo que exige una gestión activa y adaptable del portafolio de derechos.
Los casos recientes de Asetek, Mazda y Alfa Romeo permiten analizar cómo el sistema de patentes se aplica en tres momentos diferentes: el vencimiento de una protección crítica, la solicitud temprana para salvaguardar desarrollos futuros, y el uso de registros de diseño como extensión de la estrategia de protección industrial. Estos ejemplos ponen en evidencia que el enforcement de patentes no solo responde a una infracción, sino que forma parte de una visión integral de desarrollo empresarial y posicionamiento competitivo.
En este artículo se analiza el valor jurídico y comercial de las patentes como núcleo de la propiedad intelectual tecnológica, considerando las implicaciones que su expiración, registro o divulgación pueden tener para las empresas. La gestión eficiente de este tipo de derechos puede significar la diferencia entre liderar un mercado o perderlo ante la competencia.
La empresa danesa Asetek representa un caso paradigmático de cómo una única patente bien gestionada puede convertirse en el eje de una estrategia comercial sostenida durante décadas. En 2005, Asetek registró su invención de un sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO) que integra una bomba en el bloque de agua de la CPU, una solución que se convertiría en estándar en la industria del hardware de alto rendimiento.
Durante 20 años, la patente US8240362B2 y su contraparte en Dinamarca permitieron a Asetek controlar una parte crítica del mercado tecnológico, mediante licencias o acciones legales contra competidores que intentaban replicar su diseño. Esta exclusividad no solo protegió su innovación, sino que le permitió establecer relaciones comerciales privilegiadascon fabricantes globales como ASUS y Corsair, quienes incorporaron la tecnología Asetek en sus productos sin necesidad de desarrollar alternativas.
Sin embargo, la naturaleza finita de la protección patentaria marca un antes y un después para Asetek. Con la expiración del derecho, el diseño puede ser utilizado libremente por otras empresas, lo que representa un riesgo considerable para un modelo de negocio basado en la exclusividad técnica. En este nuevo escenario, la empresa se ha visto forzada a reconsiderar su estrategia, explorando la posibilidad de vender su división de refrigeración a otros actores interesados en el sector de centros de datos.
El caso Asetek evidencia la necesidad de complementar la protección por patentes con otras formas de defensa jurídica —como el secreto industrial o la diversificación del portafolio—, así como la importancia de anticipar la expiración de los derechos exclusivos con planes de innovación o reconversión del negocio.Para saber más del tema, puedes leer Asetek perderá su ventaja clave en el mercado, la patente de las AIO.
Frente al ejemplo de una patente que expira, Mazda muestra cómo el uso oportuno del sistema de propiedad intelectual puede ser una herramienta proactiva de protección y diferenciación. En un contexto donde la industria automotriz avanza hacia la electrificación, Mazda ha presentado una patente innovadora sobre la disposición interna de baterías en futuros modelos eléctricos, específicamente en su icónico deportivo MX-5.
Esta solicitud de patente, aunque aún no se ha traducido en un producto final, revela una estrategia clara de anticipación. Al registrar la solución antes de lanzarla al mercado, Mazda no solo asegura sus derechos en caso de que terceros intenten replicarla, sino que también establece un marco de referencia legal desde el cual podrá ejercer control sobre tecnologías similares en desarrollo.
Este tipo de patente no busca defender una tecnología consolidada, sino más bien proyectar una línea de evolución futura dentro de la empresa, blindando su camino ante posibles competidores. Además, la publicación de la solicitud genera un efecto disuasorio, advirtiendo a la industria sobre la existencia de derechos potenciales que podrían ser exigidos en un futuro cercano.
Desde la perspectiva de la propiedad intelectual, Mazda entiende que las patentes también cumplen una función de posicionamiento estratégico, permitiendo a las empresas no solo proteger lo que han creado, sino también lo que están por crear. Este enfoque fortalece su reputación como actor innovador y refuerza su capacidad para negociar licencias o alianzas con otras marcas. Para conocer más del tema, puedes leer la curiosa patente de Mazda para solucionar el gran problema de un futuro MX-5 eléctrico.
El caso del nuevo Alfa Romeo Stelvio 2025 se centra en otra dimensión del sistema de patentes: el registro de diseños industriales. Aunque estas figuras difieren técnicamente de las patentes de invención, ambas forman parte del ecosistema de propiedad industrial y cumplen un papel crucial en la protección de activos intangibles. En este caso, Alfa Romeo ha registrado imágenes detalladas de su nuevo SUV ante la oficina de patentes, anticipándose al lanzamiento comercial del modelo.
Esta estrategia responde a dos objetivos. En primer lugar, el diseño registrado otorga derechos exclusivos sobre la apariencia del producto, impidiendo que terceros imiten sus características visuales distintivas. En segundo lugar, permite a la marca controlar el flujo de información previa al lanzamiento, generando expectativa sin renunciar al amparo legal.
Desde una perspectiva de enforcement, el registro de diseños industriales fortalece la capacidad de respuesta jurídica frente a imitaciones o réplicas no autorizadas, sobre todo en mercados donde las copias visuales son frecuentes. Esta protección se convierte en un escudo contra el llamado “parasitismo de diseño”, una práctica común en sectores como el automotriz, la moda o los electrodomésticos.
El caso Alfa Romeo confirma que el sistema de patentes y diseños industriales debe ser considerado de forma integral y estratégica, no como un trámite aislado, sino como un componente esencial de la innovación empresarial. Si buscas más información, puedes ver, el nuevo Alfa Romeo Stelvio 2025 se deja ver en las fotos de patente.
Los tres casos analizados —Asetek, Mazda y Alfa Romeo— ilustran cómo las patentes y otros derechos conexos son mucho más que simples registros técnicos. Son activos que otorgan poder en la mesa de negociación, permiten controlar mercados, y ofrecen una plataforma sólida para el crecimiento basado en innovación.
En primer lugar, el caso Asetek nos recuerda que toda patente tiene una fecha de vencimiento, y que su expiración puede abrir la puerta a una competencia feroz si no se ha previsto un plan de transición. Esto subraya la importancia de integrar el ciclo de vida de las patentes en la planificación empresarial y no depender exclusivamente de un único derecho.
En segundo lugar, Mazda demuestra que el valor de una patente también reside en su temporalidad anticipada: registrar una invención antes de que exista una amenaza real permite construir un marco preventivo, limitar el accionar de terceros y potenciar la imagen de marca como innovadora y pionera.
Finalmente, el uso de diseños industriales por parte de Alfa Romeo refleja que el sistema de propiedad intelectual puede —y debe— abarcar todas las dimensiones del producto: desde su funcionamiento técnico hasta su estética visual. Esta visión holística permite fortalecer el enforcement y actuar rápidamente ante infracciones en múltiples frentes.
En conclusión, el sistema de patentes no es un fin en sí mismo, sino un instrumento de estrategia legal y comercial. Las empresas que comprenden esto no solo protegen su innovación, sino que consolidan una ventaja competitiva sostenible. En tiempos de cambio acelerado, invertir en propiedad intelectual es apostar por el futuro.
Las empresas multinacionales enfrentan hoy una presión sin precedentes para proteger sus activos intangibles en un entorno de constante cambio normativo. En este escenario, la protección de las marcas —y su enforcement efectivo— se convierte en una prioridad estratégica. Instrumentos regulatorios como la Directiva de Denunciantes en Europa, la Ley de Prevención de Extorsión Extranjera en Estados Unidos, y reformas en Asia y América Latina, imponen nuevas obligaciones y abren espacios para combatir infracciones de propiedad intelectual. La vigilancia de la PI ya no es solo un asunto corporativo: es un imperativo de cumplimiento legal y reputacional en la economía global actual.
El enforcement de marcas en este contexto enfrenta retos complejos: la fragmentación normativa entre regiones, la necesidad de actuar con agilidad ante riesgos emergentes, y el uso creciente de tecnología como blockchain o inteligencia artificial para combatir infracciones. Al mismo tiempo, la colaboración entre entidades públicas y privadas se fortalece, exigiendo a las empresas respuestas más rápidas y programas de compliance adaptados a realidades locales y globales.
Este artículo examina cómo las transformaciones regulatorias en distintas regiones del mundo afectan la protección de marcas y otros derechos de propiedad intelectual. Asimismo, analiza las estrategias que las empresas deben adoptar para defender sus activos en un entorno de riesgos múltiples e interconectados.
La Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de denunciantes ha modificado radicalmente la gestión de riesgos de propiedad intelectual en Europa. Ahora, los empleados pueden reportar anónimamente la falsificación de marcas, uso no autorizado de licencias o vulneraciones a secretos industriales, bajo la protección de canales seguros y sin temor a represalias (Directiva UE 2019/1937).
Esta medida impacta directamente en los programas de compliance de PI: las empresas deben integrar mecanismos de detección temprana de infracciones en sus operaciones diarias. Ignorar o minimizar las denuncias podría derivar en sanciones regulatorias severas y, peor aún, en daños a la reputación comercial de las marcas.
Sin embargo, la implementación de la directiva presenta asimetrías en la región. Mientras países como Francia y Alemania han avanzado en su aplicación, otros como Polonia o Hungría presentan retrasos, complicando la gestión uniforme del enforcement de marcas en operaciones multinacionales.
En este escenario, las empresas deben reforzar la capacitación interna en temas de PI, sensibilizar a sus colaboradores sobre los riesgos asociados a las infracciones de marca y establecer protocolos claros de investigación interna para responder eficazmente a las denuncias. En Luzuriaga & Castro, trabajamos en la protección estratégica de activos intangibles, integrando programas de compliance adaptados a las exigencias de cada jurisdicción.
Asia, epicentro de innovación y comercio global, ha tomado medidas significativas para fortalecer la protección de marcas. China, bajo su Ley de Propiedad Intelectual 2021, aumentó las multas por falsificación e introdujo procedimientos acelerados para resolver disputas de marca, elevando los niveles de confianza en su sistema judicial (Ley de PI de China).
En 2023, China registró 7.8 millones de solicitudes de patentes, incluyendo registros de marcas, lo que refleja la creciente importancia estratégica de la PI en su modelo económico (Informe OMPI 2023). Este crecimiento ha incentivado también una mayor vigilancia en el mercado para detectar productos falsificados.
Japón, por su parte, ha impulsado iniciativas pioneras como el uso de blockchain para rastrear la autenticidad de productos, fortaleciendo la trazabilidad y reduciendo las posibilidades de fraude en sectores clave como la tecnología y el farmacéutico (JPO Annual Report 2023).
El sudeste asiático, si bien avanza en regulación, enfrenta retos derivados de escándalos de corrupción, como el caso de malversación en Vietnam por USD 12.4 mil millones, que afectó licencias de marcas extranjeras (Financial Times). Estos eventos refuerzan la necesidad de contar con una defensa sólida. Nuestro equipo ofrece asesoría y representación legalfrente a falsificaciones y uso no autorizado de marcas.
En diciembre de 2023, Estados Unidos promulgó la Foreign Extortion Prevention Act (FEPA), que criminaliza el soborno a funcionarios extranjeros, incluyendo prácticas para facilitar el uso ilegítimo de marcas, obtener licencias o evadir procesos de enforcement (FEPA 2023).
La FEPA complementa la FCPA y plantea una amenaza directa para empresas cuyos activos más valiosos son marcas y patentes. Ahora, no solo las infracciones de propiedad intelectual son riesgos legales: la corrupción que las encubre también lo es.
Un ejemplo práctico: en 2023, una empresa biotecnológica que descubrió sobornos en México relacionados con licencias de patentes se benefició de una reducción de sanciones tras autodenunciarse al Departamento de Justicia en cuestión de horas (DOJ Corporate Enforcement Policy).
En Luzuriaga & Castro, incorporamos estas nuevas exigencias en los programas de cumplimiento normativo, con protocolos específicos para prevenir riesgos de infracción, corrupción y fuga de activos de PI en procesos corporativos.
En Oriente Medio, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han reforzado sus leyes anticorrupción para proteger sectores intensivos en propiedad intelectual, como la tecnología y el entretenimiento. Esto responde a su estrategia de diversificación económica y a su interés en atraer inversión extranjera.
Brasil ha dado un paso adelante mediante el uso de inteligencia artificial para detectar irregularidades en contratos públicos vinculados a transferencias de tecnología y licencias de marca (Doing Business 2023).
En el Reino Unido, la nueva Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 amplía la responsabilidad penal corporativa para incluir delitos relacionados con la manipulación de activos de PI (UK Economic Crime Act). Esto obliga a fortalecer los procesos de due diligence sobre licencias, transferencias y adquisiciones de marcas.
Estas tendencias muestran un claro mensaje: el enforcement de marcas y activos intangibles se encuentra ahora firmemente entrelazado con las políticas de anticorrupción y transparencia global.
La transformación regulatoria en curso redefine el rol de la propiedad intelectual en las estrategias de cumplimiento empresarial. La protección de marcas ya no es un tema exclusivo de litigios comerciales: es un componente central en la defensa contra riesgos regulatorios, de corrupción y reputacionales.
Las empresas que integren la gestión activa de marcas en sus programas de cumplimiento —con auditorías internas periódicas, canales de denuncia efectivos, monitoreo tecnológico avanzado y colaboración transfronteriza— estarán mejor posicionadas para afrontar los desafíos del nuevo entorno global.
En un mundo cada vez más regulado y transparente, la fortaleza de una marca ya no solo se mide por su valor comercial, sino también por su capacidad de resistir a riesgos legales y éticos. En esta nueva era, proteger las marcas es proteger la credibilidad, la competitividad y el futuro mismo de las organizaciones.
Unión Europea (2019). Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
Departamento de Justicia de EE.UU. (2023). Corporate Enforcement Policy (actualizada en 2023).
Congreso de Estados Unidos (2023). Foreign Extortion Prevention Act (FEPA).
Gobierno de China (2021). Ley de Propiedad Intelectual de la República Popular China (enmiendas).
Reino Unido (2023). Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023.
OMPI (2023). World Intellectual Property Report: Innovation in a Time of Crisis.
Oficina de Patentes de Japón (2023). Annual Report on Intellectual Property Activities.
Banco Mundial (2023). Doing Business 2023: Enforcing Intellectual Property Rights.
Transparency International (2023). Corruption Perceptions Index 2023.
Bloomberg Law (2023). Yonekura, S. & Sullivan, M. Rising Global Enforcement Pressure Puts Multinationals on Notice.
Hogan Lovells (2023). Global Anti-Corruption Review.
Risk Global Consulting (2023). Actualizaciones en Cumplimiento Normativo.
Cada 26 de abril celebramos el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, una fecha instaurada por la OMPI para reconocer el valor de la creatividad, la innovación y los derechos que las respaldan. Este 2025, la celebración se mueve al ritmo de la música, destacando cómo los derechos de propiedad intelectual (PI) no solo protegen la labor de compositores, intérpretes y productores, sino que también fortalecen toda una economía creativa interconectada.
La música, como lenguaje universal, trasciende fronteras y sectores. Su vínculo con la PI es esencial para garantizar la sostenibilidad del ecosistema creativo. En este contexto, desde Luzuriaga & Castro Abogados reafirmamos nuestro compromiso no solo en la defensa jurídica de estos derechos, sino también en la formación de quienes deben hacerlos cumplir. Por eso, nos unimos a esta celebración resaltando nuestras acciones en capacitación y divulgación como parte fundamental del fortalecimiento institucional.
La música es una de las expresiones más evidentes del potencial creativo humano. Detrás de cada melodía existen derechos que resguardan el trabajo, la inversión y la identidad cultural de sus creadores. Desde los derechos de autor sobre letras y composiciones hasta los derechos conexos de los intérpretes y productores, la PI articula un complejo entramado legal que garantiza que los beneficios económicos y morales lleguen a quienes dan vida a la música.
Sin embargo, este entramado enfrenta desafíos contemporáneos: el streaming, la inteligencia artificial generativa, la viralización en plataformas como TikTok, la piratería digital y los usos no autorizados en contenido generado por usuarios. Cada uno de estos fenómenos pone a prueba la eficacia del marco legal y la capacidad de respuesta de autoridades y titulares de derechos. Celebrar el Día Mundial de la PI desde la música es también una oportunidad para visibilizar estos desafíos y repensar las respuestas que requiere un mercado en constante evolución.
En Luzuriaga & Castro hemos comprendido que la defensa efectiva de la propiedad intelectual no se limita a los tribunales. Requiere instituciones fuertes, operadores jurídicos bien formados y un ecosistema que valore la innovación y la creatividad como motores del desarrollo. Por eso, desde hace varios años hemos desarrollado un programa de capacitaciones dirigido a autoridades aduaneras, policías y funcionarios públicos encargados de controlar, vigilar y sancionar delitos contra la PI.
Estas jornadas han abordado temáticas clave como:
Tal como lo destacamos en nuestro artículo “La importancia de la capacitación en propiedad intelectual para autoridades aduaneras”, el conocimiento especializado permite una reacción oportuna y coherente frente a los delitos contra la PI. Nuestra experiencia también evidencia que la formación genera confianza, articulación institucional y mejora la calidad de las decisiones administrativas.
Más allá del enfoque legal, este Día Mundial de la PI también nos invita a reflexionar sobre cómo la propiedad intelectual conecta a las personas. La música, en particular, tiene la capacidad de evocar emociones, contar historias y generar identidad colectiva. Pero ninguna canción existiría sin protección adecuada para su autor o sin condiciones legales que permitan su circulación justa en el mercado.
Desde el diseño de políticas públicas hasta el desarrollo de tecnologías para identificar infracciones, la PI construye puentes entre la creatividad y la innovación. En este sentido, iniciativas como el programa IP Youth Ambassadors de la OMPI o los estudios sobre música y propiedad intelectual en América Latina abren caminos para una cultura legal que protege y promueve el arte.
Este 26 de abril, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual nos recuerda que la música no solo se escucha: también se defiende. En Luzuriaga & Castro, celebramos esta fecha ratificando nuestro compromiso con la protección de los derechos que hacen posible la creación artística. Lo hacemos en los juzgados, en las fronteras y, sobre todo, en las aulas.
Porque cuando una autoridad reconoce una infracción, cuando un joven artista registra su primera canción o cuando una marca protege la música que inspira su identidad, la propiedad intelectual cumple su promesa de ser motor de desarrollo, justicia y cultura.
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (2025). Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2025: Siente el ritmo de la PI.
Luzuriaga & Castro Abogados. (2023). La importancia de la capacitación en propiedad intelectual para autoridades aduaneras.
Luzuriaga & Castro Abogados. (2023). Defensa de la propiedad intelectual y la capacitación de autoridades: un desafío en evolución.
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (2023). Global Trade in Fakes: A Worrying Threat. OCDE-EUIPO Report.
OMPI. (s.f.). Academia de la OMPI: Jóvenes embajadores de la PI.
El combate contra las falsificaciones ya no es únicamente una preocupación de las marcas. Hoy, representa una prioridad global que articula múltiples niveles, desde las aduanas hasta las plataformas digitales, con un objetivo claro: proteger al consumidor, salvaguardar la economía legítima y garantizar la vigencia de los derechos de propiedad intelectual. En un escenario donde el 3.3% del comercio global está compuesto por productos falsificados (OCDE, 2023), la necesidad de acciones coordinadas y estrategias integrales se vuelve urgente.
Este fenómeno afecta transversalmente: productos sin control de calidad llegan a manos de consumidores vulnerables, se erosionan las fuentes de empleo legítimo y se generan pérdidas multimillonarias para las empresas que innovan y cumplen la ley. En Europa, por ejemplo, la EUIPO estima que las falsificaciones generan pérdidas anuales de €83 mil millones, debilitando tanto a grandes corporaciones como a emprendimientos emergentes.
El impacto tangible se evidencia en cifras contundentes. Solo en 2023, las aduanas de la Unión Europea incautaron 86 millones de productos falsificados, de los cuales el 23% representaba un riesgo directo para la salud. Desde juguetes con componentes tóxicos hasta electrónicos inseguros, las falsificaciones desafían los sistemas de control tradicionales, demandando respuestas más inteligentes y articuladas.
Este artículo explora los mecanismos especializados de enforcement, estrategias sectoriales, cooperación público-privada y desafíos emergentes, evidenciando cómo la lucha contra las falsificaciones se ha convertido en un ecosistema multidimensional que protege no solo activos comerciales, sino derechos fundamentales del consumidor.
Los mecanismos actuales combinan inteligencia artificial, marcos legales específicos y procedimientos simplificados para actuar con rapidez frente al tráfico de productos falsificados. Herramientas tecnológicas como el Intellectual Property Module (IPM) de la OMA han transformado la capacidad de respuesta de las aduanas. Con una base de más de 5 millones de registros de PI, este sistema se encuentra integrado en 78 administraciones y permite identificar con una precisión del 92% productos sospechosos.
Un caso paradigmático es la Operación Fake Star (2022), donde algoritmos de reconocimiento de patrones detectaron 12.000 paquetes con relojes Rolex falsificados en Heathrow. Asimismo, la implementación del sistema FAST en Singapur ha reducido el tiempo promedio de inspección de 45 a solo 7 minutos por envío sospechoso.
El respaldo legal resulta igualmente decisivo. El Reglamento (UE) 608/2013 permite a las aduanas actuar de oficio, reteniendo mercancías sospechosas y autorizando su destrucción en un plazo de 96 horas. En 2023, este mecanismo se aplicó en 23.000 casos. Por otro lado, la STOP Act de EE. UU. exige el envío previo de datos electrónicos para los paquetes postales, lo que logró una reducción del 38% en las falsificaciones detectadas por esta vía.
Estos sistemas funcionan como el primer filtro para frenar la circulación de productos falsificados. La combinación entre tecnología y normativa especializada permite actuar antes de que estos artículos lleguen a las manos del consumidor, reduciendo riesgos sanitarios, económicos y legales.
Una de las claves en la lucha contra falsificaciones es adoptar enfoques diferenciados por categoría de producto, adaptando los recursos y tecnologías según los riesgos y características de cada sector. En la industria farmacéutica, por ejemplo, el sistema EMVO permite la serialización y verificación de medicamentos en el 98% del mercado europeo, bloqueando más de 550.000 unidades falsas en 2023.
El sector lujo ha optado por soluciones basadas en blockchain. El programa AURA, impulsado por LVMH, permite autenticar productos desde su origen hasta el punto de venta. En 2023, esta tecnología facilitó 17.000 incautaciones coordinadas con aduanas, demostrando su eficacia como herramienta preventiva.
En la electrónica, el Proyecto CHIP desarrollado por la EUIPO ha implementado análisis de componentes mediante espectrometría portátil, logrando reducir en un 32% las falsificaciones de semiconductores entre 2022 y 2023. Estas estrategias permiten actuar en tiempo real, adaptando los métodos de verificación a las particularidades de cada sector.
La cadena de valor del enforcement se estructura en tres fases: prevención, interceptación y seguimiento. La prevención incluye la formación de 45.000 oficiales aduaneros por parte de la Academia RILO de la OMA. La interceptación se refuerza con escáneres de última generación como el sistema ECO, y el seguimiento se apoya en análisis forenses y cooperación con organismos como Europol para desmantelar redes.
Cada eslabón de esta cadena suma valor, construyendo un sistema reactivo y proactivo, capaz de anticiparse a las nuevas formas que adoptan los delitos contra la propiedad intelectual.
La colaboración entre el sector público y privado ha demostrado ser uno de los motores más eficaces del enforcement moderno. Modelos como los Centros de Inteligencia Conjunta, incluyendo el IP Crime Center de INTERPOL o el Anti-Counterfeiting Group en Reino Unido, permiten procesar más de 15.000 reportes anuales provenientes de empresas, activando operaciones coordinadas a nivel internacional.
Otro ejemplo exitoso es el programa de Operadores Económicos Autorizados (AEO) en la UE. Estas empresas certificadas, actualmente más de 3.200, se benefician de inspecciones reducidas (<2%), facilitando el comercio legal y fortaleciendo la trazabilidad de productos legítimos.
Las tecnologías colaborativas también cumplen un rol central. La plataforma ACIS, utilizada en 42 países, permite el intercambio de inteligencia sobre rutas y métodos de operación de las redes de falsificación. Por su parte, IPM Connect, desarrollada por la EUIPO, permite a las empresas registrar sus derechos directamente con las aduanas, con más de 58.000 derechos registrados en 2023.
Estas herramientas demuestran que ningún actor puede combatir las falsificaciones de forma aislada. La coordinación entre empresas, gobiernos y organismos multilaterales permite cerrar el círculo de protección en todos los niveles de la cadena comercial, protegiendo tanto a consumidores como a operadores legítimos.
El escenario actual presenta desafíos complejos. Uno de los más relevantes es la fragmentación de envíos: el 82% de las falsificaciones incautadas llegan en paquetes menores a 2 kg, lo que encarece el proceso de inspección (entre 18 y 25 dólares por paquete, frente a 3–5 para contenedores). Esto multiplica los puntos de entrada y exige capacidades adaptativas para su detección.
Los mercados digitales opacos agravan el panorama. Según la OCDE, el 68% de las falsificaciones se venden a través de plataformas de terceros, pero solo el 12% de estos marketplaces implementa verificaciones sistemáticas de autenticidad. Esto abre una brecha que facilita la circulación de productos ilícitos, sin control directo por parte de las autoridades o de los titulares de derechos.
Sin embargo, las soluciones emergen con fuerza. El sistema TITAN de la OMA utiliza IA predictiva para analizar 142 variables por envío, logrando una precisión del 94% en la identificación de productos falsificados. En América Latina, el proyecto CADENA está probando el uso de blockchain aduanero, ofreciendo trazabilidad completa desde el origen hasta el destino, y reduciendo las falsificaciones en un 41% en sus pilotos.
Las unidades móviles FAST, equipadas con laboratorios portátiles y espectrómetros Raman, permiten verificar productos en menos de 15 minutos. Estas soluciones innovadoras consolidan un control ágil y eficaz, capaz de actuar en un entorno de comercio digital dinámico y en expansión.
La lucha contra las falsificaciones ya no puede abordarse de forma fragmentada. Requiere una visión ecosistémica que articule tecnología avanzada, cooperación institucional, marcos legales dinámicos y formación continua. Solo así es posible construir barreras inteligentes capaces de filtrar productos ilícitos sin frenar el comercio legítimo.
Los países que han adoptado enfoques integrales —como Singapur o Suiza— han logrado reducir la circulación de productos falsificados hasta en un 60% en menos de cinco años. Estas experiencias demuestran que el enforcement efectivo no solo protege la propiedad intelectual, sino que resguarda la salud pública, la confianza del consumidor y la competitividad empresarial.
Mirando hacia el futuro, se hace indispensable avanzar hacia una armonización global de estándares, una adopción acelerada de tecnologías disruptivas y una mayor fiscalización de los entornos digitales. Solo así se podrá transformar a las fronteras, físicas y virtuales, en verdaderos filtros inteligentes que resguarden la economía legítima y los derechos de los consumidores.
OCDE & EUIPO. (2023). Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods. OECD Publishing.
EUIPO. (2023). Annual Report on the Enforcement of Intellectual Property Rights.
WCO (World Customs Organization). (2023). IPM Annual Impact Report.
European Commission. (2023). Report on EU customs enforcement of intellectual property rights: Results at the EU border – 2022.
US Customs and Border Protection (CBP). (2023). Intellectual Property Rights Seizure Statistics – Fiscal Year 2022.
INTERPOL. (2023). IP Crime and Illicit Goods – Global Strategy 2023–2026.
EMVO (European Medicines Verification Organisation). (2023). Annual Performance Report.
EUIPO Observatory. (2023). Status Report on IPR Infringement.
LVMH. (2023). AURA Blockchain Consortium – Securing Authenticity.
CADENA Project (CAF – Banco de Desarrollo de América Latina). (2023). Blockchain Aduanero en América Latina: Resultados y Perspectivas.
WCO Academy. (2023). RILO Customs Enforcement Training Programs.
EUIPO. (2023). IPM Connect Platform.
En un mundo donde la falsificación y la piratería continúan en aumento, la protección de la propiedad intelectual (PI) se vuelve crucial para garantizar la legalidad en el comercio y salvaguardar los derechos de marcas y creadores. La falta de capacitación especializada para las autoridades encargadas de la aplicación de la ley dificulta la detección y control de productos ilegales, debilitando los esfuerzos contra la falsificación.
La tercera edición del Taller de Propiedad Intelectual, organizada por Luzuriaga & Castro Abogados en colaboración con la Aduana de Ecuador, reforzó el conocimiento de los funcionarios aduaneros sobre la identificación de productos falsificados, la regulación vigente y las herramientas tecnológicas disponibles para fortalecer la protección de la PI.
Uno de los mayores desafíos en la lucha contra la falsificación es la identificación eficaz de productos ilegales. Muchas veces, los funcionarios aduaneros carecen de formación técnica para diferenciar entre productos originales y falsificados, lo que permite el ingreso de mercadería ilegal al mercado.
Capacitaciones como el Taller de Propiedad Intelectual no solo brindan herramientas prácticas para detectar falsificaciones, sino que también facilitan la cooperación con los titulares de derechos y otros actores clave. Esto permite mejorar los procedimientos de actuación y reforzar la aplicación de sanciones contra infractores.
En su tercera edición, el taller se enfocó en dotar a los funcionarios aduaneros de herramientas actualizadas para la detección de productos falsificados y la correcta aplicación de la normativa vigente. Entre los principales temas abordados estuvieron:
El evento proporcionó un espacio de aprendizaje y discusión, donde los participantes pudieron intercambiar experiencias y fortalecer su conocimiento en la aplicación de la ley en temas de PI.
Las capacitaciones en PI ofrecen ventajas clave para las autoridades y el sector empresarial:
Para mejorar la protección de la propiedad intelectual en Ecuador y la región, es necesario:
La capacitación en propiedad intelectual es fundamental para mejorar la protección de los derechos de PI y combatir la falsificación. La tercera edición del Taller de Propiedad Intelectual representó un paso adelante en la formación de funcionarios aduaneros, contribuyendo al fortalecimiento de la aplicación de la ley en Ecuador.
El trabajo conjunto entre autoridades, expertos y el sector privado es clave para garantizar un comercio legal y la protección efectiva de la propiedad intelectual en el país. La continuidad de estas iniciativas fortalecerá la capacidad de respuesta ante la falsificación y piratería, generando un impacto positivo en la economía y la seguridad del consumidor.
La falsificación de productos representa una amenaza significativa para la economía, la salud de los consumidores y los derechos de propiedad intelectual en Ecuador. A través del Artículo 208C del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el país establece mecanismos claros para la incautación, adjudicación gratuita o destrucción de bienes infractores. El incremento en las actividades de falsificación y la creciente eficacia de las autoridades para detectar y decomisar estos productos han añadido nuevos desafíos logísticos y ambientales.
Además de afectar a los titulares de derechos, la falsificación de productos impacta negativamente en la inversión extranjera y la estabilidad del mercado local. Las empresas legítimas deben competir con productos que imitan sus características sin cumplir los estándares de calidad ni seguridad. Esto genera un entorno de incertidumbre y afecta el desarrollo de nuevas tecnologías y la protección de la innovación.
Este artículo analiza la destrucción de productos falsificados y su adecuado tratamiento dentro del marco legal, asegurando que el proceso sea seguro, sostenible y efectivo. Se examinarán también las mejores prácticas internacionales que pueden servir de referencia para fortalecer el cumplimiento normativo en el país.
El Art. 208C del COIP establece que, cuando se determina la responsabilidad de una persona natural o jurídica en delitos contra la propiedad intelectual, el tribunal penal correspondiente puede ordenar la destrucción de los bienes infractores.
El objetivo principal de este mecanismo es evitar la reintroducción de productos ilícitos en el mercado y mitigar los impactos económicos y sanitarios asociados. Esta normativa garantiza que los titulares de derechos puedan proteger sus productos y que los consumidores tengan acceso a bienes auténticos y seguros. Además, la cooperación entre instituciones permite una respuesta más efectiva ante la creciente amenaza de la piratería y falsificación.
Para reforzar la aplicación de estas disposiciones, es esencial que las autoridades trabajen en conjunto con el sector privado. La vigilancia constante del mercado y la capacitación de funcionarios en la identificación de productos falsificados son medidas clave para una ejecución efectiva de la normativa vigente.
La destrucción de productos falsificados en Ecuador debe seguir un protocolo seguro y sustentable. Existen varios métodos utilizados a nivel internacional que también aplican en Ecuador:
Las regulaciones en Ecuador exigen que la destrucción de estos bienes sea certificada y documentada para evitar inconsistencias legales y garantizar la transparencia del proceso. Además, la huella ambiental de la eliminación de estos productos debe ser minimizada mediante prácticas sostenibles. La implementación de auditorías y controles internos es crucial para prevenir la corrupción y el desvío de productos durante el proceso de destrucción.
La protección de la propiedad intelectual en Ecuador requiere un enfoque coordinado entre el sector público y privado. La aplicación rigurosa del Art. 208C del COIP y el uso de métodos efectivos de destrucción de productos falsificados son esenciales para erradicar el comercio ilegal y proteger tanto a los consumidores como a los titulares de derechos.
La implementación de estrategias de eliminación sustentables y la colaboración con empresas especializadas en gestión de residuos permitirán reducir el impacto ambiental y fortalecer el enforcement en el país. Además, la adopción de tecnologías de autenticación y el fortalecimiento de las regulaciones garantizarán una lucha más efectiva contra las falsificaciones, asegurando un mercado más justo y seguro para todos.
A medida que la falsificación de productos evoluciona y se diversifica, Ecuador debe continuar adaptando sus regulaciones y estrategias de enforcement para combatir este problema de manera efectiva. La creación de mecanismos de cooperación internacional y la actualización de los procedimientos legales serán clave para enfrentar los desafíos futuros en la protección de la propiedad intelectual.
Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Organización Mundial del Comercio (OMC) – Normativas sobre Propiedad Intelectual
Cámara de Comercio Internacional (ICC) – Reportes sobre comercio ilícito y falsificación
Legislación y prácticas internacionales en enforcement de propiedad intelectual.
