Entre el 3 y el 5 de julio 2019 se llevó a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, la Reunión Regional de Jefes o Directores de las Oficinas de Derecho de Autor de América Latina.
El un documento titulado “Hacia una plena protección de los autores, artistas e industrias creativas en el entorno digital”, expertos de 30 países reclamaron un marco legal equilibrado, para evitar los daños que restan calidad de vida a los autores.
Consideraron imprescindible garantizar “en particular, los derechos de remuneración y el derecho de puesta a disposición” de los autores, para evitar que sigan perdiendo cientos de miles de millones de dólares anuales por causa del plagio y la piratería, particularmente a través de las plataformas digitales.
Este fue el espíritu y el marco de la reunión, la necesidad de encaminar acciones en los distintos países para adaptar las legislaciones nacionales a la era digital. Y acaso "adaptar" no sea el verbo más conveniente para describir la dimensión y el desafío que la tarea exige, en una realidad que es cada día menos analógica y menos clara para muchos autores, creadores, investigadores... especialmente los que se dedican al arte y a las ciencias
La actividad, encabezada por Sylvie Forbin, directora adjunta de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y el doctor Trajano Santana, director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) en República Dominicana, fue también la tercera reunión preparatoria, previa al encuentro mundial.
Fuentes:
Diario El Día (República Dominicana)
Diario La Hora (República Dominicana)
México es una de las tres grandes potencias regionales de América Latina, una de las que marca el ritmo en cuanto a innovación, patentes y marcas. Y, más que eso, México es también reflejo y termómetro de otras realidades latinoamericanas, con las que comparte el estigma de poco desarrollada en materia de inventiva.
Si bien ocupa el puesto 12 en el ranking mundial de patentamiento según la OMPI, se debe, en buena medida, a la intensa actividad del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), que procesó 142.000 expedientes en promedio durante 2018 y autorizó el registro a 11.711.
De allí que, no sin ironía, el Diario Expansión observara lo peligrosamente cerca que se encuentra la multinacional IBM, con 9.100 patentes a nivel mundial, de patentar lo mismo que México. Es que ciertamente no es lo mismo decir los números en México que los números de México, donde las instituciones de educación superior, que mejor desempeño tuvieron en cuanto a patentes durante 2018, sumaron en total 117. Y donde 120.000 de los 142.000 expedientes procesados por IMPI son solicitudes de registro marcario.
Enzo Gavina, director de la plataforma Biobiz, encargada de vincular a gobierno, industria y emprendedores en la generación de proyectos de alto valor, entrevistado en 2018 por Expansión sugería que aunque ya existe mayor atención en el tema por parte de algunas instituciones, otras siguen frenando el entorno de innovación y emprendimiento.
“IMPI es un generador y vinculador de patentes y en México tenemos datos de que 1.000 patentes y marcas están detenidas o están sin comercializar. En este sentido el trabajo que hacen Inadem o Conacyt frenan que estas patentes vean la luz ya sea por razones de confidencialidad o por los estatutos que se les da a los los emprendedores”, aseguraba Gavina.
Para el directivo de Biobiz, el ambiente emprendedor y de generación tecnológica continúa a la baja por falta de gobernanza, también de acceso a un fideicomiso con objetivos claros y el poco interés por parte de las empresas a invertir en pequeñas firmas.
"Hemos detectado algunos problemas en la venta de los productos de los emprendedores, muchos de ellos no sabe cómo tramitar patentes y marcas, qué regulación existe y cómo pueden generar las condiciones para la comercialización”, argumentaba Gavina.
Otro problema que identificaba el directivo de Biobiz es el divorcio entre empresas y academia: “Varias entidades destacan en el país, también varias escuelas, como el Cinvestav, la UNAM o el Tec de Monterrey, pero también estas sufren la apatía del mercado, sufren la poca creencia de las empresas ante proyectos que podrían generar empleos e innovación de alto valor”.
Entre las consecuencias de ese divorcio y la necesidad de un entorno de innovación efectivo encontramos la fuga de cerebros (y de patentes). Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), de forma gradual e ininterrumpida ha crecido el número de mexicanos con nivel de posgrado que se encuentran en Estados Unidos, pasando de 354,000 en el 2000 a más de 1,000,000 en 2015, lo que supone alrededor del 13.5% del total.
Según el estudio Barómetro de innovación, elaborado por General Electric, el apoyo por parte de gobierno para generar entornos de innovación es casi nulo, especialmente a nivel local.
El estudio fue realizado a 100 ejecutivos en innovación mexicanos, de los cuales sólo 3% considera que las autoridades a nivel nacional toman acciones para generar mayor innovación en el país. El común más bien considera que el sector innovador está compuesto por empresas multinacionales, empresarios individuales, startups y empresas mexicanas con más de 250 empleados.
Federico De Silva, director de investigación de Gartner, consultora especializada en asesoría y liderazgo empresarial, aludió durante la presentación del estudio a que en México lo que más hace falta es “la visión de los tomadores de decisión, del CEO, pues él es quien tiene que considerar invertir en nuevas tecnologías. Si no se tiene la visión por desarrollar nuevos negocios, nuevos contactos, nuevos canales de distribución seguirán invirtiendo en lo mismo y poco a poco dejarán de competir”.
Por su parte, Vladimiro de la Mora, CEO de GE en México, fue un poco más allá: “En México enfrentamos varios retos que van desde la inversión, la infraestructura, la vinculación de la academia con la industria, la divulgación, la cantidad de recursos humanos altamente capacitados, el sistema de evaluación de los investigadores, los esquemas de jubilación y hasta los tiempos y escenarios políticos tanto nacionales como internacionales”.
Por si fuera poco, un factor importante que requiere reforzamiento es la infraestructura:
“En América Latina estamos apenas en la parte baja de la curva en temas de Internet de las cosas u otras tecnologías disruptivas, aún nos falta infraestructura en el tema de Data Centers, o plataformas y analíticos de IoT que son necesarios para tener una mayor competitividad. Aunque ya hay conocimiento y ya se empiezan utilizar, aún nos hace falta más adopción”, precisó De Silva.
Fuente: Diario Expansión
La nación Tsáchila es uno de los tantos pueblos indígenas que le dan a Ecuador el carácter de plurinacional e intercultural. Pero no es uno más, porque con apenas 3.000 habitantes (2010) este pueblo es depositario de un saber acumulado milenariamente que hoy está protegido mediante el reconocimiento de sus derechos intelectuales.
Para lograrlo, el pueblo tsáchila se acogió al proceso de depósito voluntario de sus conocimientos ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), contemplado en el art. 523 del Código de la Economía Social del Conocimiento, Creatividad e Innovación (2016). Su objetivo es impedir apropiaciones ilegítimas de los conocimientos de etnias, pueblos y nacionalidades. También servirá como medio de verificación para reconocer los derechos intelectuales colectivos sobre saberes tradicionales, por si alguien intenta infringirlos.
Pero antes, la decisión debió pasar por el Consejo de Ancianos, el máximo órgano encargado de regular la suerte de las prácticas que comprometen a los conocimientos ancestrales. Desde allí se propuso empezar con los rituales, la cosmovisión, los vegetales y la vestimenta tradicional.
El registro comenzó en enero de este año y en el proceso de recolección de información participaron varios personajes emblemáticos de la comunidad, la mayoría ancianos. Se han registrado 490 plantas medicinales y el pueblo tsáchila cuenta con los respectivos certificados de depósito.
Tras el registro, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales trabaja en los protocolos biocomunitarios para potenciar estos recursos ante empresas que quieran invertir en posibles patentes.
Fernando Nogales, experto en conocimientos tradicionales del SENADI, reconoce la importancia de esta construcción colectiva de la población tsáchila, tanto para la propia comunidad como para el país. Incluso -destaca- para que el mundo conozca el origen de esta riqueza.
Ciertamente, no se trata solamente de constatar el origen: “Una vez que los conocimientos son depositados en el SENADI, pasan a la base de datos, es decir que si las compañías farmacéuticas quieren patentar algún medicamento tienen que venir a la comuna a pedir consentimiento para poder realizarlo”, señaló Nogales. Y agregó que con el consentimiento llegarán beneficios, sean económicos o no.
Para Flavio Calazacón, presidente de la comuna El Poste, esta labor recién empieza: a futuro se espera la protección de "rituales de petrificación", energéticos e incluso de sanación; también bebidas como la Ayahuasca; expresiones como la danza; y festividades como el Kasama. “Los depósitos no están terminados, pero sí hemos avanzado, hemos ganado experiencia”, afirmó.
Son experiencias que suman y se nota: la Unidad de Conocimiento Tradicional del Servicio de Derechos Intelectuales informa que se han depositado 150 conocimientos tradicionales a escala nacional desde que rige la normativa. Son conocimientos originarios de los pueblos Sarayaku, Cofán, Kayambi y Tsáchila. La Unidad espera contar con una base de datos de 200 registros de las tradiciones hasta finalizar este año.
Desde el 14 de noviembre la nacionalidad Tsáchila ya cuenta con las certificaciones de los depósitos, son 44 y los recibió la gobernadora tsáchila, Diana Aguavil, en la comuna El Poste.
Son los 44 certificados de depósitos de conocimientos tradicionales que entregó SENADI en 2018... durante todo el año anterior fueron sólo nueve.
Fuente: Diario la hora
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Diario El Comercio
En noviembre pasado Chile perdió una sonada batalla de marca registrada contra Perú en la India, en el marco de lo que se conoce como “la guerra del pisco”. Nos hicimos eco de esa noticia en Luzuriaga & Castro Abogados.
Vale recordar que estos países andinos están envueltos desde hace tiempo en una disputa por indicación geográfica (IG) respecto de la propiedad de la marca Pisco. Con este nombre se reconoce internacionalmente a una bebida alcohólica mundialmente apreciada, no menos que otras de su talante, como el tequila.
En 2018 un fallo de IPAB le concedió la marca registrada Pisco a Perú, amparado en el argumento principal de que "la llamada región del Pisco chileno, se ha construido convenientemente al apropiarse del nombre peruano Pisco y renombrar artificialmente una región, que durante muchos siglos ha sido conocida con otro nombre".
Para ambos países se trata de una marca registrada muy importante. En el caso de Chile, en cuanto a bebidas alcohólicas se refiere, es la más importante detrás de sus vinos. Tanto es así, que la Embajada chilena presentó recientemente una oposición a la marca "Pisco" en India, con un recurso de apelación que solicita la solución salomónica de compartir la marca registrada. Acepta, para ello, que no se opondría a ningún registro de una marca GI con el nombre "Pisco peruano" y renuncia a sus pretensiones originales de quedarse con la marca registrada en la India.
Acaso el recurso tiene posibilidades de éxito, en tanto que el IPAB también había dictaminado que los dos licores eran diferentes en su "elaboración, técnicas y calidad".
Seguiremos atentos a las medidas y decisiones, en cuanto sientan precedentes.
Fuente consultada: World Intellectual Property Review
China es afamada en el mercado internacional por sus productos de baja gama y dudosa legalidad (que incluye falsificaciones, piratería y toda clase de impunes violaciones a la propiedad intelectual), característica con la que, no obstante, se ganó el apelativo de “fábrica del mundo”.
Pero la estructura productiva que la llevó a ser potencia económica del mundo empieza a dar muestras de agotamiento.
Los factores incidentes son de carácter endógeno, como el aumento de salarios y las políticas demográficas que socavan lo que parecía ser una fuente inagotable de mano de obra barata disponible; o exógeno, como la creciente conciencia medioambiental, sobre todo la resistencia al plástico descartable y a los productos desechables en general.
Por ahora no podría llamarse crisis, porque la demanda de estos productos de baja gama tienen el respaldo de poderosas plataformas virtuales que los reparten por el mundo: Alibaba o Aliexpress los ofrecen (con envío incluido) a precios muchas veces ridículos aunque se trate de productos cuya calidad y durabilidad sea igualmente ridícula.
No obstante, está claro que la crisis del fin del dinero fácil toca a la puerta del gigante asiático. Al menos así lo advirtió el presidente Xi Jinping, que trazó un plan de 10 años cambiar la imagen de “Mad in China” hasta 2025, convirtiendo al país en una potencia en cuanto a desarrollo científico y tecnológico.
Así, mientras por un lado funciona a pleno la maquinaria de producción barata y comercialización a nivel mundial a través de plataformas digitales, China se plantea dar batalla en la próxima década invirtiendo en innovación y tecnología, como blockchain e Inteligencia Artificial (IA).
Hace un par de meses comentábamos que China lidera el ranking de naciones solicitantes de patentes, a la Asociación Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO por sus siglas en inglés). Durante 2017, tenía 225 solicitudes, más de la mitad del total de solicitudes y más del doble que su principal seguidor, Estados Unidos, con 91.
En cuanto a la Inteligencia Artificial, la situación es similar. China y EEUU lideran la investigación en el campo de la IA en investigación aplicada, basada en el análisis de los datos de registro de patentes y publicaciones científicas. En 2014, el número de primeros registro de marca en China superó al de los EE. UU y así se mantiene el ranking (sin embargo, sólo el 4% de las patentes registradas primero en China se presentan posteriormente en otra jurisdicción).
China y EE. UU lideran las solicitudes de patentes en todas las técnicas de inteligencia artificial y aplicaciones funcionales. En 2007, la oficina de patentes de China pasó de ser una oficina de segunda solicitud para inventores en el extranjero, a una oficina de primera solicitud para inventores chinos y crece rápidamente.
Para más señas, la voz autorizada de Frank Chen, de Andreessen Horowitz, opinaba en “ WIPO Technology Trends (2019). Artificial Intelligence”: “En este momento, tu dinero va más lejos en China que en EE. UU. Por ejemplo, supongamos que invertiste $10 millones en una pequeña empresa de inteligencia artificial en EE.UU. la compañía gastaría 2 de los 10 millones en datos de etiquetado, mientras que en China supondría una cuarta parte o una décima parte de ese costo. Obtendrá mucho más rendimiento por su inversión de $ 10 millones. Durante los próximos 10 años tendremos ecosistemas paralelos en AI: uno en Silicon Valley y una en China. Será interesante ver cuál tira más.” (la traducción es nuestra)
El caso es que a pesar de todo esfuerzo, cambiar la imagen de China, en términos de fabricación de productos, no será nada fácil.
Por un lado, una parte de las ingentes cantidades de dinero que ingresan al país continúan teniendo su origen en la tradicional “made in China”. Por otro, si bien el presidente Xi Jinping propone una reconversión industrial, respeto y control en lo relativo a la propiedad intelectual y registro de marca, no está muy claro si es realmente posible en tanto que -cumplido casi la mitad del plazo sugerido para el recambio- poco se ha hecho en esa dirección.
Cambiar la producción masiva de productos baratos por otros de alto valor añadido supone -además- instalar el cambio en el imaginario del mercado internacional. Y si bien hay muchos productos chinos en el mercado internacional, no puede decirse lo mismo de sus marcas nacionales, de entre las cuales apenas un puñado puede reconocerse por fuera de sus fronteras.
Por si fuera poco, China no produce tecnologías claves para sus industrias y las importa principalmente de empresas estadounidenses, japonesas o alemanas. Y un país de vanguardia en innovación y tecnologías no se construye de la noche a la mañana. Menos aún si el gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) ha aumentado medio punto porcentual (del 1,5% al 2% del PIB entre 2008 y 2014), todavía por debajo del 3% que se maneja como estándar en la mayoría de economías de referencia.
Mientras el presidente busca afanosamente que las start-up de vanguardia abran sus puertas a la inversión china, para de este modo no sólo importar tecnología (que hasta hoy sólo se copia) sino conocimientos y potencial para el crecimiento autónomo, cada vez más voces -tanto chinas como extranjeras- aluden a que el verdadero cambio para el gigante asiático llegará sólo cuando la producción, la innovación y el crecimiento económico sean temas cada vez más alusivos a la empresa privada, siempre relegadas en la China socialista.
Fuentes:
WIPO, “Technology Trends 2019. Artificial Intelligence”.
Enlace: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf
El País, “China quiere cambiar producción barata por innovación y tecnología”
Enlace: https://elpais.com/economia/2015/05/30/actualidad/1433009430_272111.html
Luzuriaga & Castro Abogados, “Blockchain: el gigante silencioso, su rastro de patentes y el desafío del control”
Enlace: https://luzuriagacastro.com/2018/11/06/blockchain-el-gigante-silencioso-su-rastro-de-patentes-y-el-desafio-del-control/
Las autoridades de India fallaron a favor de Perú, otorgándole la marca registrada "Pisco". Sustentaron su fallo en el hecho de que pisco constituye la denominación utilizada para identificar un valle, un río, un puerto y una ciudad en la costa sur peruana, desde la época colonial.
Investigaciones de lexicógrafos, cronistas e historiadores, demuestran que la palabra Pisco proviene del idioma quechua y significa 'ave'. Y, en su favor, INDECOPI recordó que "Chile modificó indebidamente el nombre de una región de su territorio (Pisco Elqui) a fin de apropiarse del término Pisco perteneciente al Perú, cuando por muchos años ese territorio contaba con otra denominación (La Unión)”.
Por lo demás (y a diferencia de Chile), con INDECOPI a la cabeza, Perú se movió en bloque para enfrentar este litigio por la marca registrada, que resultó a su favor.
El pisco es una bebida destilada de la uva, producida muchas veces de forma artesanal en los valles de la costa sur del Perú y en las regiones de Coquimbo y de Atacama en Chile. Goza de alto reconocimiento en el ámbito internacional, como el ron o el tequila.
Perú y Chile sostienen una histórica disputa en derredor de la propiedad del Pisco, una marca reconocida a nivel mundial, con potencial y vocación expansiva. En Japón, Australia, Nueva Zelanda y México (entre otros) se reconoce el derecho a Chile sobre la denominación Pisco, mientras que Nicaragua, Cuba, Panamá, Venezuela o Colombia conceden el derecho a Perú. Por su lado Estados Unidos, Canadá, China y la Unión Europea aceptan a ambos países.
En cuanto al volumen de venta, en 2016 las exportaciones de pisco peruano llegaron a 44 países y obtuvieron réditos por poco más de US$8 millones (cifras de Adex, la Asociación de Exportadores de Perú). El pisco chileno vendió en el exterior cerca de US$2,9 millones durante el mismo año.
Así dicho, parecen números claros. Pero no es tan claro, pues el 30% de la exportación peruana de Pisco lleva por destino Chile, que es el principal consumidor del producto (promediando los 2,2 litros anuales per capita) a nivel mundial, tanto en su versión chilena como peruana.
Ciertamente India no es un actor incidente en el mercado mundial de Pisco, de hecho su participación en el consumo de este licor es nimia. Pero es un mercado gigante! Basta con que que una minúscula fracción de los 1240 millones de potenciales consumidores se deje seducir por este destilado de uva, para que se vea comprometida la posibilidad de producción con las capacidades hoy instaladas.
Por eso el ministro chileno de Economía, José Ramón Valente, salió a relativizar lo sucedido y aseguró que continuará trabajando para registrar como Chile la marca Pisco en India: "Chile no ha perdido nada, el pisco chileno debiera poder venderse sin ningún problema en India y tanto los peruanos como los chilenos van a poder vender pisco en India".
Fuentes consultadas: Emol, La República (Perú), Bio Bio (Chile)
Enlaces a las fuente consultadas
https://www.emol.com/noticias/Economia/2019/01/11/933992/Un-golpe-para-Chile-India-le-reconoce-a-Peru-la-denominacion-de-origen-del-pisco.html
https://larepublica.pe/economia/1393567-chile-insiste-vender-pisco-india-pesar-fallo
Marcasur publicaba, en su edición digital #70 de agosto pasado, una tabla comparativa de las fluctuaciones en materia de registros y marcas en América Latina durante los últimos años. Analizaba el patentamiento especialmente en la transición 2016 al 2017, donde todo a simple vista ratificaba el orden establecido, con las siguientes aproximaciones: Brasil 186 mil, México 154 mil, Argentina 87 mil, Chile 45 mil y Colombia 43 mil.
No obstante, la propia publicación destacaba el crecimiento exponencial de dos países durante ese período. Los de mayor crecimiento proporcional Perú y Argentina, el primero con una fluctuación de (Aprox.) 27 puntos porcentuales respecto del 2016, seguido de cerca por Argentina, con un crecimiento de (Aprox.) 24 porciento. Lejos de ellos las potencias Brasil y México, con 11% y 12% respectivamente.
El crecimiento de Perú sorprende más si se lo compara con sus marcas de años anteriores, 2014-2016, cuando las fluctuaciones rondaban el 3-4% anual, en términos positivos o negativos.
Evidentemente serán muchos los factores que explican estos hechos. Aquí proponemos detenernos en un actor clave del proceso, ya sea como promotor de cambios o como dinamizador y facilitador de cambios. Indecopi es sin dudas un agente fundamental en semejante “golpe de patentamiento”.
En su informe anual 2017, Indecopi destaca la aprobación de la primera Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor y el primer Plan Nacional de Protección del Consumidor. Y con ello que las herramientas jurídicas son determinantes para la consecución de grandes proyectos nacionales.
En términos operativos, se centró en la relación con los usuarios, implementando medidas que facilitan y convocan el patentamiento, como la reducción de costos y tiempos de operación, ambos puntales concentrados en una apuesta: “servicios y procedimientos digitales”.
La primera busca mejorar el aparato de Estado, eliminando barreras burocráticas “ilegales y/o irracionales”. En ello trabajan una Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y luego una Secretaría Técnica Regional con el mismo fin, enlazados con los usuarios a través de sus plataformas digitales. Ha logrado eliminar un total de 3.288 barreras burocráticas ilegales y/o irracionales, generando un ahorro potencial de S/ 578.4 millones al país. Además, logró reducir a dos meses y medio el promedio de tiempo para el registro, uno de los mejores de Latinoamérica.
El segundo emprendimiento que destaca, a cargo de la Dirección de Signos Distintivos, es la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial, que publica gratuitamente las solicitudes de marcas y patentes, ahorrando a los ciudadanos el costo de la publicación (que se hacía en el diario oficial El Peruano). En el informe de labores 2017 se destaca que la Gaceta Electrónica ha generado un ahorro de más de 4.3 millones de soles a los ciudadanos.
Fuentes:
INDECOPI. Rendición de cuentas 2017
Marcasur, Edición digital No 70
Naturalizada en poco tiempo y seguramente “palabra nativa” para la próxima generación, blockchain es hoy una verdadera paradoja en al menos dos sentidos: siendo un término ya generalizado, pocos pueden decir con seguridad de qué se trata; y siendo objeto de permanente patentamiento, es una tecnología que aún no está mayormente puesta al servicio de la sociedad.
De un momento a otro blockchain provocó una revolución de expectativas, prometiendo ser tan importante como la propia Internet y omnipresente en nuestras vidas. La promesa sigue en pie, pero no está claro aún cómo se materializará esa tecnología ni se valora con seguridad el alcance y los usos posibles.
Sin ánimos de una definición precisa y técnicamente detallada, podríamos decir que blockchain (la cadena de bloques) es un sistema descentralizado que registra transacciones (no necesariamente monetarias) en todos los nodos de una red, por lo que la información se torna incorruptible.
Eso lo hace gigante, puede crecer indefinidamente, tanto como red y como sistema, puede conectar a todas las personas en el planeta. No necesita intermediaciones institucionales para operar, sino sólo acceso a una computadora conectada a la red. Como tecnología es tan potente que permitiría mejorar y facilitar desde trámites administrativos hasta transacciones financieras. Birgit Clark (de Baker McKenzie) analiza y prevé importantes beneficios de blockchain en el futuro de la protección a la propiedad intelectual. Incluso Golem se plantea la posibilidad de que la red ayude a procesar ingentes cantidades de datos para beneficio común, por ejemplo el desarrollo del conocimiento científico.
Para ser gigante es como mínimo sospechoso que blockchain sea tan silencioso. Si por un lado es cierto que la gran mayoría de personas no está enterada de su significado y alcance, por otro no es menos cierto que las instituciones públicas y privadas se han encargado de mantener el tema oculto tras un halo de misterio e intrascendencia. Poco se dice sobre el desarrollo y la implementación de esta tecnología, pero es sabido que se cuece en todo el mundo.
Las grandes empresas, importantes instituciones financieras y los estados desarrollados apuestan fuerte a la tecnología blockchain, con la certeza de que en el corto plazo será revolucionaria más que incidente. Concretamente, a la fecha, los que pueden se van armando lo mejor posible para dar batalla en lo que sea que venga. Las (provisorias) armas son las patentes.
"Las empresas se están moviendo con rapidez para proteger sus ideas en nuevas áreas de desarrollo tecnológico; mucho antes de que la tecnología en realidad vaya al mercado” mencionaba Alex Batteson, editor de Derecho Práctico en Thomson Reuters (citado por Aaron Wood en Cointelegraph), refiriéndose al patentamiento en derredor de blockchain.
Batteson resume bien la situación. El boom de patentamiento alusivo hace suponer que el patent troll domina el escenario y que, en definitiva, no hay claridad sobre cuáles serán los usos de esta tecnología en “el mundo real”. Con excepción de las criptomonedas (y algunos incipientes desarrollos tecnológicos), nadie parece decidido a tirar la primera piedra.
Aún así, se pueden apreciar ciertos comportamientos en el rastro que dejan a su paso las patentes para posibles usos y aplicaciones de la tecnología blockchain.
Acaso hablando fuerte y claro sobre el futuro de la economía mundial, la hermética China lidera el ranking de naciones que solicitaron patentes a la Asociación Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO por sus siglas en inglés) durante 2017 -informaba Thomson Reuters-, con 225 solicitudes, más de la mitad del total de solicitudes y más del doble que su principal seguidor, Estados Unidos, con 91 solicitudes; luego sigue Australia con 13. Los números refieren, además, que las solicitudes de patente para la tecnología blockchain se triplicó en 2017 respecto del año anterior y que las principales beneficiarias (empresas chinas) entre 2012 y 2017 presentaron 6 de cada 9 patentes para uso de esta tecnología.
No obstante, un nuevo análisis de KPMG muestra que la inversión en blockchain dentro de EE. UU durante la primera mitad del 2018 ha excedido el total general incurrido en el 2017, según su informe semestral "The Pulse of Fintech" publicado el pasado 31 de julio.
Engrosa esa lista Bank of América, que es noticia permanentemente por su asidua participación: desde hace algunos meses dio a conocer su intención de solicitar a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) el registro de 20 patentes que incluyen la tecnología de contabilidad distribuida. Recientemente, USPTO publicó tres de las solicitudes entregadas en febrero de 2016 por la compañía financiera.
El tercero en la lista, Australia, utiliza su agencia federal "Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth" (CSIRO, por sus siglas en inglés) y, de ésta, su brazo de investigación Data61, para crear una nueva plataforma llamada Australian National Blockchain. Trabaja junto a la firma de abogados Herbert Smith Freehills y a la transnacional IBM para permitir a las empresas automatizar transacciones basadas en términos legales predefinidos, codificados en contratos inteligentes sobre una red de blockchain basada en IBM.
Según informa Coindesk, "El esquema establecerá contratos inteligentes que tienen la capacidad de registrar orígenes de datos externos, como los dispositivos de Internet de las cosas (IoT), y puede ejecutarse automáticamente una vez que se cumplan las condiciones especificadas."
Los países que no están en los primeros lugares del ránking, pero quieren estarlo, también hacen su apuesta. El gobierno de Hong Kong publicó el pasado agosto una actualización de los criterios que tomará en cuenta para migrar a ese país, otorgando puntos adicionales de calificación a profesionales expertos en tecnología blockchain o, para ser más específicos, en tecnologías de contabilidad distribuida y con experiencia en Fintech.
Rusia, otro jugador de peso, pese a sus reservas, manifiesta abiertamente su interés por el desarrollo del sector y se asocia con la internacional Ethereum, en un primer momento para la gestión de los 15.000 puestos de comercio de fines de semana para los agricultores de su país y los que provengan de Armenia, Bielorrusia, Kazajstán y Kirguistán.
Está bien como ensayo. Pero, fiel a su estilo, el Kremlin prefiere apostar al control y sube el tono a la fiscalización con un sistema que le permita rastrear las transacciones realizadas con criptomonedas y que debería estar operando desde este año. Las razones alegadas: “confrontar los esquemas de fraude y prevenir el financiamiento del terrorismo”. Razones a las que no está demás atender.
Ciertos fundamentos de blockchain tienen una base muy antigua: el arte de los mensajes cifrados. Esta tecnología tuvo un auge durante la segunda guerra mundial y se desarrolla disciplinariamente con el nombre de criptografía.
Así, como la propia Internet, el origen de blockchain se remonta a tecnología fraguada principalmente en el ámbito militar, que se redimensiona en su contacto con lo público. Para el caso, el "contacto" se produjo con el desarrollo de ciertos algoritmos que permitieron crear la "criptografía de clave pública", precedente fundamental para el desarrollo de blockchain.
El toque final llegó en la década de 1990, a través del desarrollo de proyectos informáticos con fines políticos que buscaban un sistema descentralizado, libertad de información, distribución del poder... Así se originó la publicación de Bitcoin P2P e-cash, la antesala de la criptomoneda.
Los fines políticos nunca abandonaron el proyecto y continúan hoy instalados en el corazón mismo de la tecnología, cual si fueran inherentes a ella (con énfasis en las criptomonedas).
Satoshi Nakamoto, pseudónimo con que el (o los) creador de Bitcoin firmó su obra, manifestaba en lo que se conoce como su primera aparición pública (un post en el foro P2P Foundation / 2009): "El problema raíz de la moneda convencional es toda la confianza que se requiere para que funcione. Se debe confiar en el banco central para no degradar la moneda, pero el historial de monedas fiduciarias está lleno de violaciones de esa confianza. Se debe confiar en los bancos para retener nuestro dinero y transferirlo electrónicamente, pero lo prestan en oleadas de burbujas de crédito con apenas una fracción de reserva. Tenemos que confiarles nuestra privacidad, confiar en que no permitan que los ladrones de identidad agoten nuestras cuentas [...] Es hora de que tengamos lo mismo por dinero. Con la moneda electrónica basada en pruebas criptográficas, sin la necesidad de confiar en un intermediario externo, el dinero puede ser seguro y las transacciones realizarse sin esfuerzo." (la traducción es nuestra).
Sin más, en palabras de su creador, el Bitcoin centra su atención en dos temas fundamentales que sustentan el sistema financiero internacional y a las propias monedas: confianza e intermediación o, mejor, la confianza en la intermediación. Bitcoin propone, concretamente, que la confianza se traslade de las (poco confiables) instituciones, como los bancos y los estados, al inviolable (o muy confiable) sistema blockchain, prescindiendo así de las instituciones como intermediarias en las relaciones económicas y financieras interpersonales.
La idea de prescindir de las instituciones fue siempre una apuesta anarquista y este caso no es la excepción. De allí los recaudos que los gobiernos (como Rusia y Australia) toman para el desarrollo de esta tecnología, o incluso para permitir su desarrollo (como es el caso de Colombia).
De allí también el silencio que envuelve como un halo de misterio al gigante blockchain. Pero el silencio sólo es posible en esta fase de patentamiento: cuando comience a desarrollarse asiduamente la tecnología, la necesidad de controlarla requerirá pronto del ámbito jurídico, donde se buscará definir y acotar los usos permitidos.
La pregunta, a todas luces, es ¿cuánto control se podrá ejercer sobre blockchain, diseñado justamente para minimizar el control (institucional)? No es la primera vez que tecnología desarrollada por los estados (principalmente con participación de sus ejércitos) amenaza volverse contra ellos.
La amenaza es real, como reconoce el "Manifiesto cripto-anarquista" (1992), que supone uno de los fundamentos políticos e ideológicos de Bitcoin y blockchain, además de ser un documento escalofriantemente premonitorio:
"El Estado intentará, por supuesto, retardar o detener la diseminación de esta tecnología, citando preocupaciones de seguridad nacional, el uso de esta tecnología por traficantes de drogas y evasores de impuestos y miedos de desintegración social. Cualquiera de estas preocupaciones serán válidas; la cripto-anarquía permitirá la comercialización libre de secretos nacionales y la comercialización de materiales ilícitos y robados. Un mercado computarizado anónimo permitirá incluso el establecimiento de horribles mercados de asesinatos y extorsiones. Varios elementos criminales y extranjeros serán usuarios activos de la CryptoNet. Pero esto no detendrá la extensión de la cripto-anarquía. La cripto-anarquía, combinada con los mercados de información emergentes, creará un mercado líquido para cualquier material que pueda ponerse en palabras e imágenes. Y de la misma manera que una invención aparentemente menor como el alambre de púas hizo posible el cercado de grandes ranchos y granjas, alterando así para siempre los conceptos de tierra y los derechos de propiedad en las fronteras de Occidente, así también el descubrimiento aparentemente menor de una rama arcana de las matemáticas se convertirá en el alicate que desmantele el alambre de púas alrededor de la propiedad intelectual."
La historia cuenta que en noviembre de 2006 tenía lugar la primera “Medida en Frontera de protección a los derechos de propiedad intelectual en Ecuador”. Y nosotros podemos contar la historia, porque estuvimos allí*.
Desde entonces las medidas en frontera proliferaron exitosamente hasta el año 2008, cuando se realizaron (Aprox.) 150 medidas en Frontera de protección a los derechos de PI, por acción de la Corporación Aduanera Ecuatoriana – CAE (hoy Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE), con un estimado de 1.2 millones de productos ilegales detenidos en aduanas. En ese año Ecuador fue premiado ante la Organización Mundial de Aduanas por la importante labor en la protección a la Propiedad Industrial.
La visión gubernamental de aquél entonces provocó que se impongan limitaciones al comercio internacional. En enero de 2009 entró en vigencia la resolución del entonces Consejo de Comercio Exterior e Inversiones – COMEXI, que estableció restricciones al ingreso de cientos de subpartidas de bienes, a través de la implementación de cupos de importaciones e incrementó el valor de los aranceles a otros cientos de productos. El calzado tuvo un arancel de US$10 por cada par, la cerámica un impuesto de US$0,12 por kg, los textiles y ropa un arancel de US$12 por kg... Además existieron otras disposiciones legales que perjudicaron el comercio internacional, como la normativa de etiquetado INEN.
Durante ese año se realizaron tan sólo 30 medidas en frontera (una reducción del 80% respecto al año anterior) y se incautaron menos de 100 mil productos (una reducción del 82%). La mayoría de los productos detenidos por la CAE en 2009 fueron juguetes.
Aquél año fue ciertamente un punto de inflexión. Desde entonces hemos sido testigos de una drástica reducción de medidas de protección a los derechos de PI en frontera . Para el año 2016 existieron 3 Medidas en Frontera y durante 2018 no se ha realizado ninguna.
La situación es producto, en buena medida, de la sustitución de la Ley de Propiedad Intelectual por el vigente Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos e Innovación – INGENIOS. La norma derogada establecía, en su artículo 342, la obligación del Estado Ecuatoriano de actuar de oficio ante estas infracciones. La normativa contenida a partir del artículo 575 del Código INGENIOS establece requisitos que parecen exagerados y en la práctica bastante difíciles de cumplir a efectos de ejercer protección legal en frontera en defensa del derecho de PI; esto es la “evidencia suficiente” de la infracción, que se traduce en un impedimento legal.
Sin embargo parecería que el segundo párrafo del artículo 51 del Reglamento a INGENIOS, contenido en el Decreto Ejecutivo No. 1435 de mayo 23 de 2017, abre una posibilidad de lograr acciones en frontera, al responsabilizar al Servicio Nacional de Aduanas del suministro de “información necesaria” que sirva de “sustento de la Medida en Frontera”.
Como se demostró entre 2006 y 2008, las medidas en Frontera son una de las mejores formas de proteger los derechos de propiedad intelectual, se impide el ingreso de productos potencialmente ilícitos (muchos perjudiciales para la salud), se protege de riegos y de futuros engaños a los consumidores, y se fomenta a gran escala un comercio más justo.
*Luzuriaga & Castro Abogados realizó, el 06 de noviembre de 2006, la primera acción de medida en frontera acontecida en el país.
Luzuriaga & Castro Abogados
El sector artesanal en Ecuador es potencialmente muy importante en términos de innovación, inventiva y creatividad: sin contar con grandes recursos, hace gala de su ingenio para aprovechar al máximo los recursos disponibles; realiza pequeñas innovaciones que suponen valor agregado, buscando siempre la mejor relación costo/beneficio.
Pero no son muchos los casos en que esa potencialidad se traduce en potencia. Los propios artesanos destacan cuatro impedimentos principales para este salto cualitativo: falta de innovación tecnológica para la producción de bienes y servicios, inconvenientes para acceder de forma directa a los mercados nacional e internacional, falta de capacitación y limitaciones en la oferta de líneas de crédito.
A esto hay que agregar ciertas inconsistencias del Estado: una amplia legislación en materia artesanal (al menos 15 normas vigentes aplicables al sector) que coexiste en el marco de un desarrollo normativo inorgánicamente introducido y que, más aún, se torna obsoleto con la vigencia de la nueva Constitución (2008), pues la mayoría de las normas señaladas son anteriores. Como hay normativa dispersa, también una multiplicidad de actores estatales que se vinculan al sector de manera ineficiente, con poca capacidad de respuesta.
No se trata de un problema menor, considerando que en Ecuador la microempresa -sector en el que se inscribe el ámbito artesanal- represente más del 90% del universo empresarial y particularmente el trabajo artesanal ocupa alrededor de 22% de la PEA nacional.
El potencial es afín a la propuesta de "cambio de la matriz productiva" impulsada desde el gobierno anterior, que se traduce, básicamente, en agregación de valor a la rica materia prima producida en el país.
De cara a estos y otros temas se presentó, desde la propia bancada oficialista en la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Artesanal (2016) que pretende el fomento del sector. Acorde con la Constitución para evitar problemas de aplicación e interpretación de la ley, la propuesta busca superar (doctrinariamente) buena parte de los problemas señalados. Se mantendría para artesanos la exoneración de impuestos, aranceles, tasas, certificaciones y permisos de funcionamiento, abono tributario para exportaciones con dificultades de acceso a mercados, entre otros. Se incorporaría a los artesanos al mercado de compras públicas; se generarían productos financieros en el ámbito público y privado; se fomentaría capacitación, profesionalización y especialización (bachillerato artesanal y tecnificación de las ramas artesanales en institutos técnicos y en escuelas de artes y oficios). Se impulsaría asesoría técnica en nuevas tecnologías (para mejorar productividad y conservación del medio ambiente), acceso a mercados nacionales e internacionales (con sello propio: "Primero Ecuador”), registro único y simplificación de trámites, generación de permisos y reconocimientos para el sector. Se resguardaría la creatividad artesanal por medio de diferentes formas de protección a la propiedad intelectual.
Cabe destacar que la propuesta cuenta con amplia aceptación por parte del sector artesanal, que espera con entusiasmo la efectiva promulgación de la Ley y que efectivamente se traduzca en fomento artesanal. No obstante, tal optimismo puede resultar excesivo si no se considera, además de las posibilidades, la propia realidad.
Por un lado sabemos que las leyes son efectivas si se acompañan con procesos sostenidos de cambio en el ámbito operativo, de lo contrario pasa a ser “letra muerta”. Para el caso de los artesanos, el proyecto de ley propone registro único, simplificación de trámites, generación de permisos y reconocimientos para el sector. En la práctica debería suponer no sólo reducir impuestos y la excesiva burocratización, sino contemplar la formación y profesionalización de los agentes estatales para simplificar los complejos procesos técnicos (no siempre tecnificados) de la actualidad. Que agilicen efectivamente la infinidad de costosos y engorrosos trámites que hoy se requieren, por ejemplo, para obtener el registro sanitario de un producto alimenticio.
El caso es que, a la fecha, con ánimo de promover la artesanía y facilitar la inclusión de sus productos (y servicios) en el mercado, se cometió el error de una exagerada permisividad y laxitud poco ortodoxa en la observancia de las normas. Así, en lugar de abordar estructuralmente el problema, se optó por permitir que salieran al mercado productos sin aprobación, es decir, que no fueron debidamente calificados. La vigente Ley de Fomento Artesanal (1986) permite, por ejemplo, la venta a pequeña escala de productos alimenticios sin registro sanitario.
Y no se trata solamente de antiguas y obsoletas normas. Desde el ámbito de la propiedad intelectual, en el que tenemos competencia, una reciente reforma al Código Orgánico Integral Penal (2015), concretamente el Art. 208a, sanciona con multas la fabricación y venta de copias o falsificaciones, siempre y cuando “el valor de la mercadería incautada sea de ciento cuarenta y dos a cuatrocientos veinticuatro salarios básicos unificados del trabajador en general…”, y dispone que “La misma pena se aplicará a la persona que produzca, reproduzca o comercialice a escala comercial, mercancía pirata que lesione el derecho de autor para las obras registradas…” (la pena no es acumulativa y no contempla penas privativas de la libertad). Aún más, el Art. 208a dispone que “No constituye delito la fabricación o comercialización de mercancías imitadas que tengan una marca con características propias que no conlleven a una confusión con la marca original…”.
El camino más corto no siempre es el mejor. Sucede que este tipo de “soluciones”, no compatibles con la normativa internacional, restringe la comercialización de productos artesanales ecuatorianos al nivel nacional y le cierra las puertas del mercado global, que es uno de los objetivos dispuestos en el proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Artesanal (y acaso no sólo para los productos que infringen las normas, sino a la propia marca “Primero Ecuador” y los demás productos que representa). En materia de propiedad intelectual, ¿de qué sirve el registro de una marca (actitud promovida por la futura nueva ley) si a la postre se permite su falsificación y hasta la comercialización de falsificaciones siempre que no excedan un límite “prudente” de ganancias?
Señalamos la necesidad de una visión integral en la promulgación de nuevas leyes y normas, para que sean consecuentes con los mandatos constitucionales y los acuerdos internacionales de los que somos signatarios. Nuestros votos (y este aporte) porque la nueva normativa impulse cambios profundos, no sólo en materia legislativa, sino con fuerza en el quehacer de las instituciones y agentes del Estado.
