El 21 de agosto de 2026, la Autoridad de Protección de Datos de los Países Bajos (Autoriteit Persoonsgegevens, AP) impuso a Uber una multa de 824,99 millones de euros por utilizar decisiones automatizadas que provocaron la desactivación de cuentas de conductores, afectando directamente su capacidad de generar ingresos. La investigación, originada en reclamaciones de 171 conductores franceses, examinó prácticas desarrolladas entre 2018 y 2022. La resolución, posteriormente difundida por el Comité Europeo de Protección de Datos, identificó infracciones relacionadas con las decisiones automatizadas y la falta de información suficiente a los afectados. Uber recurrió la sanción, por lo que todavía no existe una resolución judicial definitiva.
Menos de un mes después, el 9 de septiembre de 2026, la Superintendencia de Protección de Datos Personales de Ecuador expidió la Resolución SPDP-SPD-2026-0039-R, que establece condiciones para el tratamiento de información biométrica y limita determinadas decisiones automatizadas. Aunque ambos acontecimientos responden a ordenamientos distintos, revelan una preocupación jurídica compartida: la eficiencia tecnológica no justifica que las organizaciones deleguen decisiones que afectan derechos fundamentales sin mecanismos efectivos de control y revisión humana.

La investigación neerlandesa estableció que Uber empleaba sistemas capaces de suspender temporalmente cuentas ante sospechas de fraude o calificaciones negativas y de desactivarlas permanentemente cuando persistían evaluaciones insuficientes. Para los conductores, estas medidas podían significar la interrupción inmediata de sus ingresos. El problema no era la utilización de herramientas automatizadas para detectar irregularidades, sino que sus resultados podían convertirse en decisiones de consecuencias económicas relevantes sin una intervención humana efectiva.
Este punto resulta determinante porque transforma una controversia tecnológica en una cuestión de derechos. La supervisión de trabajadores mediante algoritmos permite identificar comportamientos, evaluar rendimientos y administrar operaciones a gran escala. Sin embargo, cuando las evaluaciones automatizadas condicionan el acceso al trabajo, la organización debe justificar jurídicamente cómo adopta sus decisiones y qué oportunidades reales ofrece para cuestionarlas.
El artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos reconoce el derecho a no quedar sometido a decisiones basadas únicamente en tratamientos automatizados cuando produzcan efectos jurídicos o consecuencias igualmente significativas. La disposición contempla excepciones específicas, relacionadas con la necesidad contractual, una autorización legal o el consentimiento explícito. En los supuestos correspondientes, exige garantías que incluyen intervención humana, posibilidad de expresar el propio punto de vista e impugnación de la decisión.
La relevancia del caso Uber reside precisamente en la diferencia entre disponer de procedimientos de revisión y demostrar que estos permiten examinar efectivamente los resultados del sistema. Esta exigencia encuentra un complemento en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-203/22, de 27 de febrero de 2025, relativa al acceso a información significativa sobre la lógica de una evaluación crediticia automatizada. Aunque no es un litigio laboral, refuerza la necesidad de proporcionar explicaciones comprensibles que permitan cuestionar decisiones algorítmicas.

La normativa ecuatoriana introduce una dimensión complementaria. El artículo 18 de la Resolución SPDP-SPD-2026-0039-R impide que decisiones con efectos jurídicos o que afecten derechos y libertades fundamentales se fundamenten exclusivamente en sistemas automatizados de identificación biométrica, o mayoritariamente en biometría con intervención humana meramente formal. Además, reconoce el derecho del titular a solicitar una explicación motivada de la decisión. No reproduce íntegramente el artículo 22 europeo: establece restricciones específicas para tratamientos biométricos dentro del régimen ecuatoriano.
La disposición adquiere especial relevancia en las relaciones laborales. Los artículos 7 y 8 contemplan alternativas no biométricas cuando el tratamiento se sustenta en el consentimiento, con especial atención a situaciones de subordinación o dependencia económica, sujetas a las excepciones previstas. Los artículos 13 y 15 incorporan, respectivamente, un examen estricto de necesidad y la obligación de realizar una evaluación de impacto antes de implementar sistemas biométricos. Así, la capacidad técnica de identificar a un trabajador no constituye, por sí misma, una justificación jurídica suficiente para utilizar esa tecnología.
La convergencia entre ambos acontecimientos plantea consecuencias concretas para las organizaciones que utilizan sistemas de reconocimiento facial, controles biométricos de asistencia o herramientas automatizadas de evaluación del desempeño. La responsabilidad corporativa no se limita a verificar que la tecnología funcione correctamente. También comprende identificar quién puede modificar sus resultados, qué información fundamenta las decisiones y cómo se garantiza el ejercicio de los derechos de las personas afectadas. Un proveedor tecnológico puede ejecutar el procesamiento, pero su participación no elimina las obligaciones que correspondan al responsable del tratamiento.
Desde esta perspectiva, el caso Uber demuestra el riesgo de convertir una recomendación algorítmica en una decisión prácticamente irreversible. La regulación ecuatoriana aborda preventivamente una parte de ese problema mediante exigencias de proporcionalidad, evaluación de impacto y supervisión efectiva. La diferencia entre ambos modelos es relevante: mientras la sanción neerlandesa responde a prácticas determinadas, la norma ecuatoriana establece condiciones generales para la utilización de tecnologías biométricas.

La sanción a Uber y la regulación biométrica ecuatoriana evidencian una transformación en la manera de examinar jurídicamente el control tecnológico sobre las personas. La cuestión ya no consiste únicamente en determinar si una organización puede recopilar y procesar información, sino en establecer hasta dónde puede utilizarla para adoptar decisiones que condicionan derechos, oportunidades económicas o relaciones laborales.
Ambos acontecimientos apuntan hacia una exigencia compartida, aunque jurídicamente diferenciada: la automatización debe permanecer sometida a mecanismos de responsabilidad, explicación y control humano efectivo. La controversia pendiente es cómo demostrar que esa supervisión constituye una garantía real y no una formalidad incorporada al funcionamiento del sistema.
Autoriteit Persoonsgegevens. Uber fined nearly 825 million euros for automated driver blocking. 21 de agosto de 2026. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/current/uber-fined-nearly-825-million-euros-for-automated-driver-blocking
Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB). Dutch DPA fines Uber EUR 824 990 000 for unlawful automated decision-making and insufficient information on profiling. 8 de octubre de 2026. https://www.edpb.europa.eu/news/dutch-dpa-fines-uber-eur-824-990-000-for-unlawful-automated-decision-making-and-insufficient_en
Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. Reglamento (UE) 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos. 27 de abril de 2016. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/spa
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia en el asunto C-203/22, Dun & Bradstreet Austria. 27 de febrero de 2025. https://juris.curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=295841&doclang=ES
Superintendencia de Protección de Datos Personales de Ecuador. Resolución N.º SPDP-SPD-2026-0039-R. Norma General para el Tratamiento de Datos Biométricos. 9 de septiembre de 2026. https://www.spdp.gob.ec/wp-content/uploads/2026/10/SPDP-SPD-2026-0039-R-Norma-General-para-el-Tratamiento-de-Datos-Biometricos-signed.pdf