El pasado 26 de noviembre de 2024, en la ciudad de Pelileo, icónica por su Feria del Jean, se llevó a cabo un allanamiento liderado por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) en conjunto con la Policía Nacional. Este operativo destacó no solo por su organización meticulosa, sino también por su impacto en la lucha contra la piratería y la defensa de la propiedad intelectual en Ecuador. Durante la diligencia, se identificó el uso no autorizado de marcas internacionales reconocidas, lo que reafirma el compromiso del país en proteger los derechos marcarios.
El allanamiento demostró la efectividad de las instituciones ecuatorianas en la aplicación de la ley. Con la participación activa de la Policía Nacional y nosotros como representantes legales de la marca internacional, se aseguró el cumplimiento del procedimiento bajo los estándares legales establecidos. La coordinación de las autoridades también permitió garantizar un manejo justo y transparente de las evidencias recolectadas, sentando un precedente importante en materia de enforcement de derechos intelectuales.
En este caso, se incauto una representativa cantidad de jeans que reproducían las marcas sin autorización, infringiendo los derechos exclusivos de la empresa titular. Estas prendas eran distribuidas en la Feria del Jean, un centro comercial conocido a nivel nacional. Además de proteger los intereses del titular de las marcas, este operativo resalta la importancia de garantizar un mercado competitivo y transparente, evitando que los consumidores sean engañados al adquirir productos que aparentan ser originales.
La ciudad de Pelileo, ubicada en la provincia de Tungurahua, es conocida como un epicentro de producción textil en Ecuador. La Feria del Jean, en particular, atrae tanto a comerciantes locales como a compradores de distintas regiones del país. Sin embargo, esta actividad económica también enfrenta retos significativos relacionados con la comercialización de productos que infringen derechos de propiedad intelectual.
En el contexto del caso, la empresa Levi Strauss & Co., titular de las marcas registradas “LEVI’S” y “LEVI STRAUSS”, presentó una demanda administrativa contra un comerciante local identificado por utilizar de manera no autorizada estas marcas en sus productos. La investigación reveló que estas prendas eran fabricadas y comercializadas como si fueran originales, afectando tanto la reputación de la marca como los derechos de los consumidores.
El inmueble allanado es un edificio de cuatro pisos ubicado en una zona clave de la ciudad. Desde allí se gestionaban actividades de producción y distribución de los productos infractores. Además, se constató que la publicidad de estos artículos se realizaba también a través de redes sociales, aumentando su alcance. Este caso refleja la necesidad de una vigilancia constante y una intervención efectiva por parte de las autoridades para proteger los derechos de propiedad intelectual en un entorno tan complejo como el comercio textil de Pelileo.
Uno de los aspectos destacados de este operativo fue la actitud del comerciante involucrado, quien reconoció la infracción y colaboró con las autoridades. Durante la diligencia, el propietario expresó su compromiso de cesar cualquier actividad que implique el uso no autorizado de marcas registradas. Este tipo de reconocimiento no solo acelera el proceso legal, sino que también abre la puerta a soluciones alternativas que beneficien a las partes involucradas.
El infractor también manifestó su disposición para compartir con otros miembros de la comunidad de Pelileo sobre la importancia de respetar los derechos de propiedad intelectual. Esta iniciativa es un paso importante para transformar la cultura local hacia un modelo más ético y legal en la producción textil. Además, este compromiso contribuye a prevenir futuros incidentes similares, fomentando un ambiente de respeto mutuo y cumplimiento normativo.
La actitud cooperativa de los infractores no solo facilita la aplicación de la ley, sino que también refuerza la importancia de las acciones preventivas. En un mercado competitivo como el textil, este tipo de intervenciones pueden servir como ejemplo para otros comerciantes, incentivándolos a operar dentro del marco legal y a valorar los beneficios de una competencia leal.
El papel del SENADI en este caso fue fundamental. Como organismo encargado de la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual, demostró una gestión efectiva y un compromiso con el cumplimiento de la ley. La participación de la Policía Nacional también fue crucial, garantizando la seguridad de los intervinientes y el cumplimiento óptimo del procedimiento.
Este caso también destaca la importancia de la colaboración interinstitucional. La coordinación entre el SENADI, la Policía y de Levi Strauss & Co. aseguró que el operativo se llevara a cabo de manera eficiente y dentro de los límites legales. Este nivel de organización refuerza la confianza en las instituciones y envía un mensaje claro sobre las consecuencias de violar los derechos de propiedad intelectual.
Además, el manejo transparente de la diligencia, incluyendo la incautación de productos y la documentación del proceso, establece un precedente importante. Este tipo de operativos no solo tienen un impacto legal, sino también educativo, mostrando a la comunidad y al sector comercial que las infracciones marcarias no serán toleradas.
Desde un punto de vista legal, el uso no autorizado de marcas registradas constituye una violación al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos (COESCCI) y a la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Estas normativas otorgan a los titulares de marcas el derecho exclusivo de uso y la facultad de impedir que terceros utilicen sus signos distintivos sin autorización. En este caso, la aplicación de estas disposiciones legales fue clave para proteger los derechos de la marca Levi Strauss & Co. y garantizar un mercado justo.
Socialmente, este caso resalta la necesidad de sensibilizar a las comunidades locales sobre la importancia de la propiedad intelectual. En un entorno comercial como Pelileo, donde la actividad textil es una fuente clave de ingresos, es fundamental promover una cultura de respeto hacia los derechos marcarios. Esto no solo beneficia a las empresas titulares, sino también a los consumidores, quienes tienen derecho a productos que cumplan con los estándares de calidad y autenticidad.
Además, la colaboración del infractor para prevenir futuras infracciones representa una oportunidad única para transformar el desafío en una ventaja comunitaria. Al fomentar el cumplimiento normativo, Pelileo puede fortalecer su reputación como un centro de producción textil que combina la tradición con la legalidad, atrayendo así más inversiones y oportunidades de desarrollo.
La defensa de la propiedad intelectual no es solo una cuestión legal, sino también un acto de justicia social y económica. Este caso en Pelileo demuestra que la protección de los derechos marcarios beneficia a todos los actores del mercado: titulares, consumidores y comunidades productoras. La participación activa del SENADI y de la Policía Nacional estableció un precedente significativo, reafirmando la importancia de proteger la creatividad, la innovación y los valores comerciales en un mercado competitivo.
Además, la actitud cooperativa de los infractores resalta la capacidad de la ley para educar y transformar, generando un impacto positivo en la comunidad. Este enfoque no solo fortalece el cumplimiento normativo, sino que también fomenta un cambio cultural hacia el respeto mutuo y la legalidad. Pelileo ahora tiene la oportunidad de liderar con el ejemplo, demostrando que el desarrollo económico y el respeto por la propiedad intelectual pueden coexistir de manera armónica.
En última instancia, la colaboración entre las autoridades, los titulares de derechos y la comunidad local refuerza el compromiso de Ecuador con la construcción de un entorno comercial justo, transparente y sostenible. Este caso no solo marca un hito en la defensa de la propiedad intelectual, sino que también subraya el papel esencial de la cooperación para enfrentar los retos legales y sociales en el país.
