La falsificación de productos representa una amenaza significativa para la economía, la salud de los consumidores y los derechos de propiedad intelectual en Ecuador. A través del Artículo 208C del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el país establece mecanismos claros para la incautación, adjudicación gratuita o destrucción de bienes infractores. El incremento en las actividades de falsificación y la creciente eficacia de las autoridades para detectar y decomisar estos productos han añadido nuevos desafíos logísticos y ambientales.
Además de afectar a los titulares de derechos, la falsificación de productos impacta negativamente en la inversión extranjera y la estabilidad del mercado local. Las empresas legítimas deben competir con productos que imitan sus características sin cumplir los estándares de calidad ni seguridad. Esto genera un entorno de incertidumbre y afecta el desarrollo de nuevas tecnologías y la protección de la innovación.
Este artículo analiza la destrucción de productos falsificados y su adecuado tratamiento dentro del marco legal, asegurando que el proceso sea seguro, sostenible y efectivo. Se examinarán también las mejores prácticas internacionales que pueden servir de referencia para fortalecer el cumplimiento normativo en el país.
Marco Legal y Procedimientos
El Art. 208C del COIP establece que, cuando se determina la responsabilidad de una persona natural o jurídica en delitos contra la propiedad intelectual, el tribunal penal correspondiente puede ordenar la destrucción de los bienes infractores.
El objetivo principal de este mecanismo es evitar la reintroducción de productos ilícitos en el mercado y mitigar los impactos económicos y sanitarios asociados. Esta normativa garantiza que los titulares de derechos puedan proteger sus productos y que los consumidores tengan acceso a bienes auténticos y seguros. Además, la cooperación entre instituciones permite una respuesta más efectiva ante la creciente amenaza de la piratería y falsificación.
Para reforzar la aplicación de estas disposiciones, es esencial que las autoridades trabajen en conjunto con el sector privado. La vigilancia constante del mercado y la capacitación de funcionarios en la identificación de productos falsificados son medidas clave para una ejecución efectiva de la normativa vigente.
Procedimiento de incautación y destrucción
Denuncia e investigación: La detección de productos falsificados puede derivar de denuncias de titulares de derechos, inspecciones aduaneras o investigaciones de oficio por parte de las autoridades. Se requiere que los productos sean identificados correctamente para proceder con su incautación. Una adecuada coordinación entre las entidades públicas y privadas facilita este proceso y reduce la probabilidad de errores.
Elementos de convicción y determinación de responsabilidad: Para fundamentar la decisión judicial sobre los bienes incautados, se deben recopilar diversos elementos de convicción que sustenten la ilicitud de los productos. Entre estos elementos se incluyen el informe pericial elaborado por un perito acreditado ante el Consejo de la Judicatura, pero también otros aspectos relevantes como la responsabilidad penal del infractor, títulos de propiedad intelectual, peritajes especializados, reconocimientos técnicos, versiones de testigos o afectados, informes administrativos y técnicos sobre la autenticidad de los productos, y análisis del impacto económico de la mercadería en el mercado. La recopilación de estos elementos de convicción es fundamental para establecer con precisión la responsabilidad de los implicados en la distribución y comercialización de productos falsificados. Asimismo, estos informes pueden servir como referencia en futuras investigaciones y contribuir a la formulación de políticas públicas más efectivas en la lucha contra la falsificación. El uso de pruebas documentales y testimoniales bien estructuradas garantiza que el proceso judicial sea riguroso y basado en evidencias concretas, evitando fallos injustificados y asegurando que los infractores sean sancionados conforme a la ley.
Solicitud de impulso fiscal y decisión judicial: La Fiscalía puede solicitar el impulso del proceso penal o, en caso contrario, proceder con el archivo del caso si no se encuentran suficientes pruebas para sustentar la responsabilidad penal. En este punto, la intervención judicial es clave para determinar si los bienes incautados deben ser destruidos o si pueden ser adjudicados de forma gratuita a entidades benéficas. Si el juez determina la falsificación, puede ordenar la adjudicación gratuita (para donación cuando sea posible) o la destrucción de los productos. La decisión debe considerar el impacto en la salud pública, la seguridad y el medio ambiente. Además, el fallo debe basarse en pruebas contundentes y en la evaluación de los riesgos asociados con la circulación de estos productos en el mercado. En algunos casos, los jueces pueden ordenar la realización de estudios adicionales para determinar si los productos incautados pueden ser reutilizados de alguna manera antes de proceder a su destrucción. Sin embargo, esta alternativa solo es viable en casos específicos en los que se pueda garantizar que los productos no representan ningún riesgo para la salud o la seguridad pública.
Ejecución de la destrucción: Se debe garantizar que la eliminación de los productos se realice de manera definitiva y segura, evitando su reintroducción en el mercado. Esto se realiza mediante métodos de destrucción certificada en instalaciones especializadas. Es fundamental que el proceso se lleve a cabo con transparencia y con la supervisión de las entidades competentes para asegurar su efectividad.
Destrucción de Productos Falsificados: Metodologías y Regulaciones
La destrucción de productos falsificados en Ecuador debe seguir un protocolo seguro y sustentable. Existen varios métodos utilizados a nivel internacional que también aplican en Ecuador:
Incineración: Comúnmente utilizada para productos textiles, documentos falsos y empaques ilegales. Debe realizarse en instalaciones con medidas de control ambiental para minimizar la contaminación. La alta temperatura de este proceso garantiza la eliminación total de los productos sin generar riesgos sanitarios.
Trituración: Aplicada a productos tecnológicos, juguetes y piezas mecánicas, asegurando que los componentes no sean reutilizables. Este método es particularmente eficaz para dispositivos electrónicos y plásticos, reduciendo la posibilidad de que los materiales sean ensamblados nuevamente para su venta ilegal.
Desmantelamiento y reciclaje: En casos de maquinaria o vehículos, los componentes pueden desmantelarse y, en algunos casos, reciclarse bajo normativas de seguridad. Esto permite una gestión más eficiente de los residuos generados y minimiza el impacto ambiental derivado de la destrucción de estos bienes.
Tratamiento químico: Para la neutralización de productos farmacéuticos o cosméticos peligrosos para la salud. Este método asegura que los residuos peligrosos sean manejados de manera responsable y evita que sustancias dañinas lleguen a los ecosistemas.
Las regulaciones en Ecuador exigen que la destrucción de estos bienes sea certificada y documentada para evitar inconsistencias legales y garantizar la transparencia del proceso. Además, la huella ambiental de la eliminación de estos productos debe ser minimizada mediante prácticas sostenibles. La implementación de auditorías y controles internos es crucial para prevenir la corrupción y el desvío de productos durante el proceso de destrucción.
Puntos Finales
La protección de la propiedad intelectual en Ecuador requiere un enfoque coordinado entre el sector público y privado. La aplicación rigurosa del Art. 208C del COIP y el uso de métodos efectivos de destrucción de productos falsificados son esenciales para erradicar el comercio ilegal y proteger tanto a los consumidores como a los titulares de derechos.
La implementación de estrategias de eliminación sustentables y la colaboración con empresas especializadas en gestión de residuos permitirán reducir el impacto ambiental y fortalecer el enforcement en el país. Además, la adopción de tecnologías de autenticación y el fortalecimiento de las regulaciones garantizarán una lucha más efectiva contra las falsificaciones, asegurando un mercado más justo y seguro para todos.
A medida que la falsificación de productos evoluciona y se diversifica, Ecuador debe continuar adaptando sus regulaciones y estrategias de enforcement para combatir este problema de manera efectiva. La creación de mecanismos de cooperación internacional y la actualización de los procedimientos legales serán clave para enfrentar los desafíos futuros en la protección de la propiedad intelectual.
