Aprovechamos la visita de Julie Mejia, Global Brand Protection de Procter & Gamble, Tito Davarro, Jefe legal de Converse para América Latina y Fabricio Reshuan, Gerente General de Converse Ecuador, para conocer sus percepciones sobre la situación de la protección de Propiedad Intelectual (PI) en Ecuador. Tres temas concentraron la atención.

La vista gorda del Estado

En Ecuador, acaso como en la mayoría de los países de la región, existe una delgada línea entre lo legal y lo ilegal, entre lo permitido y lo prohibido. En ciertos casos esta línea se vuelve difusa e irremediablemente termina por cruzarse. Lo que no deja de llamar poderosamente la atención es que en ocaciones el propio Estado permite la ilegalidad, tolerando actividades ilíciatas que a la postre redundarán en detrimento del propio Estado. El resultado es la naturalización de esas actividades ilícitas, lo que es decir, normosis*.

Fabricio Reshuan comenta un caso muy común en la ciudad de Guayaquil (extensible a todas las ciudades del país): “Día a día tú ves crecer negocios con mercadería adulterada, falsificaciones, copias, a las que no se hace segumiento. En Guayaquil se ven grandes negocios de películas pirata, que no necesitan disimular o camuflarse, todo lo contrario, se promocionan con grandes muñecos inflables y posters promocionales de los estrenos. Se ha creado una estructura paralela de productos falsificados que es tolerada, permitida…”.

La permisividad anima al descaro y es así que “en ciertos puntos de la ciudad -continúa Reshuan- se ofrecen copias y falsificaciones que se promocionan como de primera calidad o, como las llaman, de calidad AAA”. En definitiva sucede, según el propio Reshuan, porque si bien Ecuador cuenta con una Ley de Propiedad Intelectual que tiene mucha fuerza, no se ejecuta con la firmeza necesaria.

A decir de Tito Davarro, no se trata de una simple anécdota sino que resume un tema sociopolítico profundo, “porque si los gobernantes no le prestan atención a la protección de la propiedad intelectual, entonces la sociedad lo acepta como bueno. Si a una falsificación se llama de primera calidad o AAA, quiere decir que el criminal es honesto y es honesto porque puede serlo. Si te ofrece una falsificación como de primera calidad, quiere decir que la comunidad lo está aceptando. Esta situación vuelve muy difícil la erradicación de la piratería, el contrabando y las falsificaciones”.

La situación de Ecuador

El caso de Ecuador no es atípico en la región, es más bien común que existan dificultades para proteger la PI. Según Davarro y Mejía, conocedores de la situación en distintos países de América Latina, la protección de la PI se hace más difícil en países como Colombia o Bolivia; por el contrario, existen mayores garantías en países como Panamá o Uruguay.

Con respecto a Panamá, Davarro comenta que existe una Fiscalía especializada y una Ley también especializada en PI , con su propio Código, que en conjunto permiten un trabajo de gran calidad en materia de protección, tanto que “es muy difícil encontrar productos falsificados, que sí los hay, pero no llegan a afectar las ventas”.

En el polo opuesto en materia de garantías para la protección de la PI se podría considerar a Bolivia y Colombia, según Mejia y Davarro. En Colombia “existen los San andresito -comenta Davarro- que conocimos a raíz de una drástica merma en nuestras ventas. Son como barriadas, manzanas enteras, con una infinidad de comercios, donde todo lo que se vende es falsificado o contrabandeado. Inició con contrabando y la gente sabía que allí encontraría producto más barato porque era contreabandeado. Pero esa confianza ciega de la gente sobre que se trataba de productos originales fomentó también la propagación de las falsificaciones que, a diferencia de Ecuador, se ofrecen como originales”.

Si bien el caso de Colombia se presenta como de mayor complejidad, esta realidad es pan de todos los días en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Entre otras cosas, denota una clara falta de conciencia y educación por parte de la ciudadanía que termina encontrando falsificaciones donde busca originales, aunque estos originales sean introducidos ilegalmente al país. Detrás de este comercio ilegal hay robos, evasión de impuestos, lavado de dinero, que termina siendo perjudicial para la propia sociedad que consume estos productos, ergo, para el Estado.

“Es tal la naturalización de esos ilícitos, que la policía camina por el sector, asegurándose que halla orden y seguridad. En colombia parece haberse perdido la guerra contra las falsificaciones, para nosotros se trata de no perderla también en Ecuador. El gobierno debe atender al hecho de que pierde millones de dólares por impuestos en estos productos”, culminó Davarro.

La situación en Ecuador con el nuevo gobierno

En Ecuador Reshuan ve visos de cambio con el nuevo gobierno, que se manifestarían -por ejemplo- en la eliminación de salvaguardias (restricciones arancelarias a las importanciones), lo que permitiría impulsar las ventas legales de productos importados con precios más accesibles. Así, aunque suene paradójico, es posible competir en mejores condiciones con los productos falsificados, contrabanadeados y demás -destacó el Gerente General de Converse Ecuador.

Gonzalo Luzuriaga, socio en Luzuriaga & Castro Abogados (L&C), prefirió la cautela al pensar en cambios importantes a nivel nacional. Observó que en el país “también existen estos lugares [como los San andresito] que son polos de confluencia de productos falsificados, aunque -en Ecuador- no todos son falsificados” y explicó que “se trata ciertamente de la falta de protección del Estado respecto de la PI: hemos vivido una serie de reformas legales que nos han llevado a la desprotección y, como consecuencia, a la proliferación del producto ilegal”. Desde el punto de vista de Luzuriaga, los cambios necesarios para revertir esta situación aún no se han manifestado: “Ojalá Ecuador busque la reforma legal; L&C realiza promoción y gestiones para la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, pero no es prioridad del gobierno, que sí tiene prioridades en el área administrativa de impuestos o para contrabando en aduanas, pero no ha visto a la PI todavía como un factor importante para igualar las condiciones comerciales”, puntualizó el abogado.

Julie Mejía coincide con esta percepción y es optimista de cara al futuro. Según su lectura, si bien no se evidencian mayores fortalezas en la protección de PI con el nuevo gobierno, se percibe la posibilidad de un cambio positivo en proceso: “Hasta hace unos años la Ley sobre PI en Ecuador estaba muy lejos de lo que es la legislación en otros países de la región, pero si realmente se cumplen los compromisos estaremos en camino de ser un país enfocado en atacar el flagelo del comercio ilícito”.

En su opinión, “aunque no estamos tan mal como Bolivia en términos generales”, es posible mejorar bastante y para ello tiene su propia receta: por un lado sugiere “replicar legislaciones parecidas a las de Uruguay” y, para que esto sea posible, por otro lado sugiere incentivar al Estado para que se repliquen.

* No consta aún en diccionarios, pero se usa para definir “todo acto, costumbre o sentencia anormal -quizás incorrecta más que anormal- que se asume como normal” o también podría entenderse como un “disturbio del comportamiento humano”.