Estrategia, datos y tecnología en la lucha contra la falsificación
La falsificación de productos se ha convertido en uno de los mayores desafíos del comercio internacional. No se trata únicamente de copias baratas de artículos de consumo, sino de un fenómeno complejo que involucra contrabando, crimen organizado e incluso redes vinculadas al narcotráfico. Sin embargo, a diferencia de estos delitos de alto impacto, la falsificación suele recibir menor atención institucional y presupuestaria. Este rezago en la prioridad estatal genera un círculo vicioso: al no considerarse una amenaza urgente, los recursos son limitados y, por lo tanto, las respuestas tienden a ser fragmentadas y tardías.
En este escenario, hablar de estrategias integrales de enforcement puede sonar utópico. No obstante, la experiencia práctica demuestra que cuando las acciones legales se complementan con análisis de datos, cooperación internacional y herramientas tecnológicas avanzadas, se produce un auténtico efecto dominó: una sola acción local puede desencadenar repercusiones en múltiples países y a lo largo de toda la cadena de suministro. Este enfoque integral se convierte en una forma de transformar la reacción aislada en un modelo de prevención y control sistemático.
En 2019, Ecuador enfrentó un caso que ilustra este efecto. Todo comenzó con la detección de botellas de tinta falsificada en el mercado local, un producto cotidiano, pero altamente demandado que sirvió como puerta de entrada para entender la magnitud del problema. Una investigación inicial permitió llegar a un distribuidor intermedio y, posteriormente, al principal importador en el país. Hasta aquí, un esquema relativamente común en los operativos de este tipo.
Lo transformador ocurrió al analizar los registros históricos de importaciones vinculadas al infractor. El estudio de datos reveló patrones de comportamiento, rutas comerciales, proveedores de transporte y puertos de embarque, elementos que ampliaron el panorama y mostraron la magnitud global de la operación. Con esta información, un equipo legal en China rastreó la red de distribución en Shenzhen, atacando directamente al fabricante y cortando el suministro desde la raíz. Al mismo tiempo, en Ecuador se identificó a los proveedores locales de insumos y materiales, debilitando la cadena desde varios frentes y generando un efecto cascada que alteró de manera sustancial la logística de los infractores.
Este caso confirma que la protección de marcas basada en datos es más efectivo que el enfoque reactivo. Anticiparse al arribo de los cargamentos en aduana es mucho más eficiente que intentar combatir los productos una vez dispersos en múltiples puntos de venta. Además, puso en evidencia que el verdadero impacto no se limita a la incautación física de los bienes falsificados, sino a la capacidad de desarticular redes y prevenir su recomposición inmediata.
Hoy en día, los infractores perfeccionan sus métodos para ocultar movimientos y reducir señales de alerta. Esto obliga a innovar y a ir más allá de los procedimientos tradicionales de inspección. Bases de datos dinámicas, inteligencia artificial y algoritmos de detección se convierten en aliados estratégicos, capaces de procesar millones de registros en segundos para detectar coincidencias inusuales. Estos sistemas permiten reconocer patrones de importación sospechosos, detectar incongruencias en declaraciones aduaneras, anticipar rutas utilizadas para el comercio ilícito y, en algunos casos, incluso simular escenarios de riesgo para proyectar la probabilidad de futuras infracciones. La clave está en combinar el conocimiento experto de los equipos jurídicos con el poder de la tecnología predictiva y la colaboración interinstitucional.
El Informe de la OMPI de 2024 resalta cómo la IA y el blockchain están transformando la protección de marcas, al permitir seguimiento en tiempo real y trazabilidad de mercancías falsificadas. Estas tecnologías no solo ofrecen transparencia y rapidez, sino que también crean un historial confiable que puede ser presentado como prueba en tribunales internacionales. En Ecuador, iniciativas privadas ya han desarrollado plataformas de detección basadas en IA que colaboran con la aduana para identificar cargamentos ilícitos antes de que ingresen al mercado. Estas experiencias muestran que la inteligencia artificial no sustituye la labor humana, sino que la potencia: proporciona alertas tempranas, filtra grandes volúmenes de información, integra información de distintas fuentes y reduce la posibilidad de que los infractores pasen inadvertidos. Con este enfoque, la tecnología no solo es un apoyo técnico, sino una herramienta decisiva que transforma la manera de planificar y ejecutar las acciones de protección a nivel internacional y regional.
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) ha intensificado los operativos, decomisando más de 179.490 unidades falsificadas en un solo operativo en Guayaquil. Estas cifras reflejan el esfuerzo por fortalecer la frontera como primera línea de defensa, pero también muestran la magnitud del problema y la necesidad de reforzar la cooperación regional. La falsificación no reconoce fronteras y exige una visión multinacional: las rutas que hoy cruzan Ecuador mañana pueden desviarse hacia Colombia, Perú o Centroamérica. Asimismo, cada decomiso aporta información valiosa que retroalimenta las bases de datos de inteligencia aduanera, permitiendo anticipar futuras operaciones ilícitas y diseñar protocolos más efectivos para prevenir la reincidencia. El trabajo de SENAE se ha complementado con talleres de formación para funcionarios, inversiones en tecnología de escaneo no intrusivo y la creación de unidades especializadas en análisis de riesgo.
La magnitud del problema también ha motivado esfuerzos coordinados con organismos internacionales como la OMPI y la Comunidad Andina, los cuales promueven el intercambio de información y el desarrollo de estrategias conjuntas. De esta manera, lo que comienza con un decomiso puntual puede convertirse en una operación regional que frene redes criminales con ramificaciones en varios países.
En paralelo, países como Estados Unidos destacan los riesgos de salud y seguridad pública asociados a las falsificaciones. Productos como medicinas, autopartes y equipos electrónicos falsificados ponen en riesgo vidas humanas y generan pérdidas millonarias en la economía. Estas advertencias subrayan que la lucha contra la falsificación no es un tema exclusivamente comercial, sino también una cuestión de protección al consumidor y de seguridad nacional. Al integrar estas perspectivas internacionales con la realidad ecuatoriana, se hace evidente que el combate contra la falsificación demanda tanto visión local como articulación global, con un enfoque de protección integral que abarque lo económico, lo social y lo sanitario.
Ninguna estrategia es definitiva. Los falsificadores responden rápidamente, adaptando sus mecanismos para evadir controles y aprovechando cualquier vacío normativo o administrativo. En muchos casos, disminuyen los volúmenes de carga para pasar desapercibidos, utilizan rutas alternas en países vecinos y fragmentan operaciones de importación para evitar que sus patrones sean fácilmente detectables. También recurren a empresas de fachada, intermediarios ficticios y documentos falsificados para aparentar licitud y ocultar la calidad real de las mercancías. La diversificación de tácticas muestra que su capacidad de adaptación es casi inmediata, lo que obliga a que la respuesta legal y tecnológica sea igualmente ágil y en constante evolución.
Además, cada vez es más común que los infractores recurran a plataformas digitales y servicios de mensajería rápida para introducir pequeñas cantidades de productos falsificados, multiplicando los puntos de entrada y dificultando el control aduanero. En redes sociales y marketplaces aparecen perfiles efímeros que ofrecen bienes ilícitos con entregas directas al consumidor, lo que desplaza parte del problema del ámbito físico al digital. Esto exige a las autoridades no solo fortalecer los controles en puertos y aeropuertos, sino también desarrollar unidades de ciberinteligencia capaces de rastrear estas operaciones y cerrarlas de manera coordinada con las plataformas tecnológicas.
Frente a este escenario, la clave está en mantener un enfoque flexible y dinámico: actualizar algoritmos de detección constantemente, retroalimentar las bases de datos con nuevas modalidades de fraude y coordinar acciones multinivel entre autoridades, sector privado, organizaciones internacionales y proveedores de tecnología. De este modo, la lucha contra la falsificación se convierte en un proceso vivo, donde la capacidad de adaptación de las instituciones es tan importante como la de los propios infractores.
La primera sentencia en Ecuador por asociación ilícita en un caso de falsificación marcaria en 2024 refleja cómo la innovación jurídica también es necesaria. Utilizar tipos penales más amplios y sancionar no solo al distribuidor sino a toda la red organizada amplifica el efecto disuasorio. Esta decisión judicial abrió la puerta a que otros procesos puedan seguir la misma línea, fortaleciendo la idea de que la falsificación no es un delito menor, sino una actividad criminal compleja que requiere sanciones ejemplares. Además, envía un mensaje claro a los infractores: las estructuras delictivas dedicadas a la falsificación serán perseguidas con la misma rigurosidad que otros delitos de crimen organizado, lo que marca un antes y un después en la política criminal ecuatoriana.
El llamado “efecto dominó” en la protección de marcas no es fruto del azar. Surge de la convergencia entre experiencia jurídica, análisis de datos, tecnología y cooperación internacional. Detectar un producto falsificado en una tienda puede convertirse en el inicio de un operativo global que desmantele fábricas enteras al otro lado del mundo. El impacto trasciende las cifras de incautaciones: se trata de consolidar confianza en el mercado, proteger la innovación y resguardar a los consumidores. Además, implica generar un ambiente de previsibilidad para las empresas que invierten en investigación y desarrollo, quienes requieren garantías de que su propiedad intelectual será protegida en cada etapa de la cadena comercial.
La confianza en el mercado internacional también se traduce en un fortalecimiento de la reputación de los países que aplican medidas efectivas. Un Estado que demuestra resultados en la lucha contra la falsificación envía una señal positiva a inversionistas y socios comerciales, quienes ven seguridad en las operaciones y certeza en el cumplimiento de las reglas. Este factor es esencial en un contexto global donde la competencia es feroz y donde las prácticas ilícitas pueden erosionar ventajas competitivas en cuestión de meses.
En un entorno en el que los infractores se perfeccionan constantemente, los actores legales y estatales deben apostar por estrategias que combinen lo mejor de dos mundos: la precisión jurídica y la innovación tecnológica. Solo así la lucha contra la falsificación dejará de ser reactiva para convertirse en proactiva, global y verdaderamente transformadora. Esta visión, aunque ambiciosa, es la única capaz de garantizar resultados sostenibles y de inspirar a que otros países repliquen el modelo con un enfoque colaborativo y moderno. Al mismo tiempo, exige mantener la capacitación continua de autoridades, fortalecer la cooperación público-privada y explorar permanentemente nuevas herramientas digitales que anticipen los movimientos del crimen organizado. Solo así el efecto dominó no será una excepción, sino un patrón replicable que cambie de raíz la dinámica del comercio ilícito.
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