La protección de la propiedad intelectual es un principio fundamental que impulsa la innovación, la creatividad y el desarrollo económico en diversas industrias. Cuando estos derechos son vulnerados, ya sea mediante la copia no autorizada, la piratería o la falsificación, se producen graves consecuencias que van más allá de los perjuicios económicos para los titulares legítimos.
En primer lugar, la violación de los derechos de propiedad intelectual perjudica directamente a los titulares legítimos, quienes invierten tiempo, esfuerzo y recursos en la creación y desarrollo de sus ideas y productos. Cuando se ven privados de los beneficios económicos que deberían obtener, se desincentiva la inversión en futuras investigaciones y desarrollos. Esta falta de protección puede generar un ambiente desfavorable para la innovación, frenando el progreso tecnológico y el avance en diferentes sectores.
Además, la violación de los derechos de propiedad intelectual afecta la competencia leal en el mercado. Cuando se permiten productos falsificados o copias no autorizadas, se crea una distorsión en la oferta y la demanda, ya que los infractores pueden ofrecer precios más bajos y competir deslealmente con los productos legítimos. Esto puede llevar a una disminución de la confianza del consumidor y a un debilitamiento de la competencia justa entre empresas, lo cual es perjudicial para la economía en su conjunto.
Otro aspecto relevante es el riesgo que conlleva la presencia de productos falsificados en el mercado. Estos productos suelen no cumplir con los estándares de calidad y seguridad establecidos, poniendo en peligro la salud y la seguridad de los consumidores. Al no contar con los controles adecuados y la supervisión de los titulares de los derechos, los productos falsificados pueden ser fabricados con materiales de baja calidad, sin seguir las regulaciones y normativas vigentes, lo que supone un riesgo para los usuarios finales.
En el ámbito de la propiedad intelectual, resulta crucial que las autoridades competentes estén vigilantes en la detección y persecución de infracciones que puedan afectar los derechos de los titulares. En esta línea, recientemente se llevó a cabo un operativo policial que demuestra un compromiso firme en la lucha contra la piratería y la protección de los derechos de propiedad intelectual. A continuación, se detallarán los aspectos más relevantes de este caso con el propósito de comprender su importancia y sus implicaciones.
El día 21 de abril de 2023, en la provincia de Guayas, específicamente en la localidad de Nobol, sector Petrillo, se ejecutó una orden de allanamiento autorizada por el Juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en Daule. La operación fue llevada a cabo por la Unidad de Delitos Aduaneros y Régimen de Desarrollo en coordinación con un Agente Fiscal de turno y nosotros como representantes legales de diferentes marcas reconocidas.
La acción legal se llevó a cabo mediante una operación de incautación en las afueras de Guayaquil, donde agentes de la Policía Judicial identificaron una fábrica. Durante la inspección, se encontraron productos que llevaban marcas registradas de NIKE y VANS, las cuales se encuentran debidamente registradas en el país. Al ser interrogados, los sospechosos confirmaron no tener documentación que respalde el origen o la propiedad de los bienes.
Como resultado, el fiscal a cargo ordenó la incautación de todos los bienes ilegales como evidencia en la investigación por el uso no autorizado de las marcas de NIKE y VANS. Ante la presunción de la comisión de una infracción penal, amparados en el Artículo 208A del Código Orgánico Integral Penal, se procedió a la incautación de miles de zapatos, así como miles de plantillas con logotipos similares a las marcas mencionadas.
Los actos realizados constituyen una violación al artículo 208A del Código Orgánico Integral Penal, el cual establece penas privativas de libertad, comiso y multas para aquellos que, a sabiendas, realicen actos lesivos a la propiedad intelectual con fines de lucro y a escala comercial. En particular, se considera una infracción almacenar, fabricar, utilizar, ofertar en venta, vender, importar o exportar productos que utilicen un signo distintivo no registrado idéntico o similar a un signo distintivo registrado en el país, cuando dichos productos guarden conexión competitiva con los protegidos por las marcas o indicaciones geográficas registradas.
El registro de una marca confiere a su titular el derecho al uso exclusivo y excluyente de ese signo distintivo. La legislación ecuatoriana, en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, establece que el titular de una marca tiene el derecho de impedir que terceras personas realicen actos como aplicar o colocar la marca o un signo distintivo similar sobre productos o envases, fabricar etiquetas o materiales que reproduzcan la marca, y usar un signo idéntico o similar a la marca que pueda causar confusión o asociación con el titular del registro.
La infracción a los derechos de propiedad intelectual conlleva graves consecuencias legales. En este caso, se ha iniciado un proceso penal basado en el Artículo 208A del Código Orgánico Integral Penal. Las mercancías incautadas han sido trasladadas al Centro de Acopio de Indicios y Evidencias de la Policía Judicial, donde se les ha asignado una cadena de custodia adecuada para asegurar la integridad de las pruebas.
La acción legal emprendida tiene el objetivo de sancionar a los responsables y evitar la reproducción y comercialización de productos falsificados. Además de las sanciones penales, los titulares de los derechos de propiedad intelectual pueden ejercer acciones civiles para buscar compensación por los daños y perjuicios sufridos como resultado de la infracción.
La protección de la propiedad intelectual es de vital importancia para promover la innovación, la creatividad y el desarrollo económico. Cuando se violan los derechos de propiedad intelectual, se perjudica a los titulares legítimos, desincentivando la inversión en investigación y desarrollo, y se compromete la libre competencia y la calidad de los productos falsificados. Por tanto, es fundamental que las autoridades estén alerta a la detección y persecución de las infracciones para proteger los derechos de los titulares.
Las consecuencias legales de la infracción a los derechos de propiedad intelectual son significativas. Además de las sanciones penales, los titulares de los derechos pueden ejercer acciones civiles para buscar compensación por los daños y perjuicios sufridos. En este caso, se ha iniciado un proceso penal y las mercancías incautadas han sido debidamente resguardadas para asegurar la integridad de las pruebas. El objetivo principal es sancionar a los responsables y prevenir la reproducción y comercialización de productos falsificados.
En resumen, la reciente acción legal llevada a cabo en Ecuador demuestra el compromiso en la lucha contra la piratería y la protección de los derechos de propiedad intelectual. Los actos de violación a los derechos de propiedad intelectual tienen graves consecuencias legales, y los titulares de los derechos pueden buscar compensación por los daños sufridos. El objetivo final es sancionar a los responsables y evitar la reproducción y comercialización de productos falsificados.
