Tito Davarro y Fabricio Reshuan / L&C

Aprovechamos la visita de Julie Mejia, Global Brand Protection de Procter & Gamble, Tito Davarro, Jefe legal de Converse para América Latina y Fabricio Reshuan, Gerente General de Converse Ecuador, para conocer sus percepciones sobre la situación de la protección de Propiedad Intelectual (PI) en Ecuador. Tres temas concentraron la atención.

La vista gorda del Estado

En Ecuador, acaso como en la mayoría de los países de la región, existe una delgada línea entre lo legal y lo ilegal, entre lo permitido y lo prohibido. En ciertos casos esta línea se vuelve difusa e irremediablemente termina por cruzarse. Lo que no deja de llamar poderosamente la atención es que en ocaciones el propio Estado permite la ilegalidad, tolerando actividades ilíciatas que a la postre redundarán en detrimento del propio Estado. El resultado es la naturalización de esas actividades ilícitas, lo que es decir, normosis*.

Fabricio Reshuan comenta un caso muy común en la ciudad de Guayaquil (extensible a todas las ciudades del país): “Día a día tú ves crecer negocios con mercadería adulterada, falsificaciones, copias, a las que no se hace segumiento. En Guayaquil se ven grandes negocios de películas pirata, que no necesitan disimular o camuflarse, todo lo contrario, se promocionan con grandes muñecos inflables y posters promocionales de los estrenos. Se ha creado una estructura paralela de productos falsificados que es tolerada, permitida…”.

La permisividad anima al descaro y es así que “en ciertos puntos de la ciudad -continúa Reshuan- se ofrecen copias y falsificaciones que se promocionan como de primera calidad o, como las llaman, de calidad AAA”. En definitiva sucede, según el propio Reshuan, porque si bien Ecuador cuenta con una Ley de Propiedad Intelectual que tiene mucha fuerza, no se ejecuta con la firmeza necesaria.

A decir de Tito Davarro, no se trata de una simple anécdota sino que resume un tema sociopolítico profundo, “porque si los gobernantes no le prestan atención a la protección de la propiedad intelectual, entonces la sociedad lo acepta como bueno. Si a una falsificación se llama de primera calidad o AAA, quiere decir que el criminal es honesto y es honesto porque puede serlo. Si te ofrece una falsificación como de primera calidad, quiere decir que la comunidad lo está aceptando. Esta situación vuelve muy difícil la erradicación de la piratería, el contrabando y las falsificaciones”.

La situación de Ecuador

El caso de Ecuador no es atípico en la región, es más bien común que existan dificultades para proteger la PI. Según Davarro y Mejía, conocedores de la situación en distintos países de América Latina, la protección de la PI se hace más difícil en países como Colombia o Bolivia; por el contrario, existen mayores garantías en países como Panamá o Uruguay.

Con respecto a Panamá, Davarro comenta que existe una Fiscalía especializada y una Ley también especializada en PI , con su propio Código, que en conjunto permiten un trabajo de gran calidad en materia de protección, tanto que “es muy difícil encontrar productos falsificados, que sí los hay, pero no llegan a afectar las ventas”.

En el polo opuesto en materia de garantías para la protección de la PI se podría considerar a Bolivia y Colombia, según Mejia y Davarro. En Colombia “existen los San andresito -comenta Davarro- que conocimos a raíz de una drástica merma en nuestras ventas. Son como barriadas, manzanas enteras, con una infinidad de comercios, donde todo lo que se vende es falsificado o contrabandeado. Inició con contrabando y la gente sabía que allí encontraría producto más barato porque era contreabandeado. Pero esa confianza ciega de la gente sobre que se trataba de productos originales fomentó también la propagación de las falsificaciones que, a diferencia de Ecuador, se ofrecen como originales”.

Si bien el caso de Colombia se presenta como de mayor complejidad, esta realidad es pan de todos los días en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Entre otras cosas, denota una clara falta de conciencia y educación por parte de la ciudadanía que termina encontrando falsificaciones donde busca originales, aunque estos originales sean introducidos ilegalmente al país. Detrás de este comercio ilegal hay robos, evasión de impuestos, lavado de dinero, que termina siendo perjudicial para la propia sociedad que consume estos productos, ergo, para el Estado.

“Es tal la naturalización de esos ilícitos, que la policía camina por el sector, asegurándose que halla orden y seguridad. En colombia parece haberse perdido la guerra contra las falsificaciones, para nosotros se trata de no perderla también en Ecuador. El gobierno debe atender al hecho de que pierde millones de dólares por impuestos en estos productos”, culminó Davarro.

La situación en Ecuador con el nuevo gobierno

En Ecuador Reshuan ve visos de cambio con el nuevo gobierno, que se manifestarían -por ejemplo- en la eliminación de salvaguardias (restricciones arancelarias a las importanciones), lo que permitiría impulsar las ventas legales de productos importados con precios más accesibles. Así, aunque suene paradójico, es posible competir en mejores condiciones con los productos falsificados, contrabanadeados y demás -destacó el Gerente General de Converse Ecuador.

Gonzalo Luzuriaga / L&C

Gonzalo Luzuriaga, socio en Luzuriaga & Castro Abogados (L&C), prefirió la cautela al pensar en cambios importantes a nivel nacional. Observó que en el país “también existen estos lugares [como los San andresito] que son polos de confluencia de productos falsificados, aunque -en Ecuador- no todos son falsificados” y explicó que “se trata ciertamente de la falta de protección del Estado respecto de la PI: hemos vivido una serie de reformas legales que nos han llevado a la desprotección y, como consecuencia, a la proliferación del producto ilegal”. Desde el punto de vista de Luzuriaga, los cambios necesarios para revertir esta situación aún no se han manifestado: “Ojalá Ecuador busque la reforma legal; L&C realiza promoción y gestiones para la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, pero no es prioridad del gobierno, que sí tiene prioridades en el área administrativa de impuestos o para contrabando en aduanas, pero no ha visto a la PI todavía como un factor importante para igualar las condiciones comerciales”, puntualizó el abogado.

Julie Mejía / L&C

Julie Mejía coincide con esta percepción y es optimista de cara al futuro. Según su lectura, si bien no se evidencian mayores fortalezas en la protección de PI con el nuevo gobierno, se percibe la posibilidad de un cambio positivo en proceso: “Hasta hace unos años la Ley sobre PI en Ecuador estaba muy lejos de lo que es la legislación en otros países de la región, pero si realmente se cumplen los compromisos estaremos en camino de ser un país enfocado en atacar el flagelo del comercio ilícito”.

En su opinión, “aunque no estamos tan mal como Bolivia en términos generales”, es posible mejorar bastante y para ello tiene su propia receta: por un lado sugiere “replicar legislaciones parecidas a las de Uruguay” y, para que esto sea posible, por otro lado sugiere incentivar al Estado para que se repliquen.

* No consta aún en diccionarios, pero se usa para definir “todo acto, costumbre o sentencia anormal -quizás incorrecta más que anormal- que se asume como normal” o también podría entenderse como un “disturbio del comportamiento humano”.

Ambas compañías formalizaron su trabajo en conjunto mediante la Declaración Conjunta, para actualizar y extender los derechos tradicionales de radiodifusión sonora y televisiva.

La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica (OTI) trabajarán en conjunto para defender adecuadamente los derechos de propiedad intelectual de los radiodifusores y los "media".

Estas acciones en conjunto se formalizaron en la Declaración Conjunta suscrita por ambas organizaciones, en la que consignaron la necesidad de actualizar y extender los derechos tradicionales de la radiodifusión sonora y televisiva, así como de los "media" a las nuevas formas de emisión, transmisión, retransmisión y redifusión de las plataformas digitales e interactivas.

Asimismo, entre las acciones se destaca la lucha contra la piratería de señales y contenidos; la protección de las señales y los contenidos de los radiodifusores en las nuevas emisiones, servicios, redes y plataformas digitales e interactivas; y resaltar el rol de los radiodifusores como titulares de derechos de autor y conexos con extensión al ámbito digital e interactivo y a las nuevas formas de distribución.

A esto se suma, la consagración de la actividad digital de los medios de comunicación como titulares derechos de Propiedad Intelectual; el impulso de la discusión, análisis y preparación de la regulación sectorial a nivel nacional e internacional; y mantener una agenda de colaboración ante organismos multilaterales, y en particular en la Agenda Digital.

Ambas organizaciones enfatizan que la radiodifusión y los "media" son un instrumento esencial para el desarrollo de los países, además de que una adecuada protección intelectual fortalece el ejercicio de la libertad de expresión y el libre acceso a la información, ya que se otorgan garantías para que las personas sigan generando contenidos con la certeza de que sus derechos de autoría se encuentran protegidos.

Las líneas de acción conjuntas entre la AIR y OTI buscan dar certeza y sostenibilidad a las empresas de comunicación, promover la inversión y que se satisfaga los derechos de los legítimos titulares de las obras, ello dará condiciones para el crecimiento y desarrollo de las industrias creativas y culturales.

Fuente: Todotvnews

Enlace a la noticia original (publicada el 30-11-2017, consultada el 01-12-2017)

http://www.todotvnews.com/news/OTI-y-AIR-se-unen-en-defensa-de-los-derechos-de-propiedad-intelectual-.html

Los titulares del IEPI y la OMPI durante la presentación del programa, en Quito. FOTO: Miguel Jiménez / EL TELÉGRAFO

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) presentó, en Quito, el 'Programa de Apoyo a Inventores' (PAI) que promueve la vinculación de los descubridores con abogados de patentes.

Se trata de un espacio en que los creadores de un dispositivo, aparato o una metodología contarán con asistencia legal gratuita para tramitar la gestión en propiedad intelectual.

Santiago Cevallos, director ejecutivo de IEPI, pretende acercar a los investigadores con expertos legales para que les faciliten en la obtención de una patente.

El experto explicó que cuando los creadores quieren realizar el registro de sus inventos tienen que pasar por una serie de complicados y costosos trámites. Los costos que tienen que cancelar oscilan entre los $ 5.000. A eso se suman los honorarios que cobran los juristas para cumplir con el trámite.

"Estos programas pretenden que estas personas busquen activos de propiedad intelectual que son los activos más valiosos en cualquier empresa", reiteró.

El PAI cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Marco Alemán, director de la División del Derecho de Patentes, indicó que los abogados ofrecerán de forma voluntaria la asesoría.

Agregó que Ecuador es el único país de América Latina y Caribe en ser elegido para contar con este apoyo internacional.

Fuente: El Telégrafo

Enlace a la noticia original (publicada el 20-11-2017, consultada el 20-11-2017)

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/tecnologia/1/iepi-presento-un-programa-para-facilitar-tramites-en-las-patentes-de-inventos

Un campamento para emprendedores se organiza para finales de este mes en Manabí.

Se realizará campamento para emprendedores

Así lo dio a conocer Luis Fernando Luque, director de Fomento Productivo del Gobierno Provincial de Manabí (GPM).

Se desarrollará del 25 al 27 de noviembre en la Escuela Superior Politécnica de Manabí (Espam), en Calceta, donde se fortalecerán las destrezas y capacidades de 120 emprendedores que llegarán al lugar para participar en talleres y asesoramiento.

“Se reunirán las personas que tienen ideas de negocios o productos ya elaborados, que quieren mejorarlos y fortalecerlos”, expresó Luque, quien agregó que asimismo se compartirán experiencias con capacitadores internacionales.

En este evento también participa la Fundación Emprende.

Además el GPM lanzará una marca que se llamará ‘Manabí, cuna de emprendedores’.

“Creemos que nuestra provincia tiene un gran potencial y junto con la colaboración de otras entidades se está dando el apoyo para que mejoren sus productos”, indicó.

Apoyo. El funcionario manifestó que desde el 2015, el GPM viene apoyando a 500 emprendedores, de los cuales 300 ya cuentan con el registro sanitario de sus productos y muchos ya venden en locales provinciales y nacionales.
En los próximos días, se espera entregar 57 notificaciones de la aprobación sanitaria a otros emprendedores para vender sus productos.

Actualmente hay emprendedores que tienen sus productos en el Mall del Pacífico, en Manta, gracias al apoyo de los administradores de este centro comercial, donde los promocionan en una isla especial para ellos.
También, según Luque, hay en un centro comercial de Guayaquil y en dos en Quito.

Fuente: El Diario (Ecuador)

Enlace a la noticia original (Publicada el 15/11/2017, consultada el 15/11/2017)
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/454358-haran-campamento-para-emprendedores/

Coronel Fausto Olivo Cerda durante ceremonia de clausura Seminario de Propiedad Intelectual realizado por Luzuriaga & Castro Abogados / L&C

La protección de la Propiedad Intelectual (PI), en tanto que actividad integral, no sólo implica acciones directas de protección para la firma Luzuriaga & Castro Abogados. Comprometidos con los intereses de las marcas con que trabajamos, y la PI como tal, realizamos permanentes actividades de capacitación y promoción, principalmente a instituciones públicas directametne implicadas en este quehacer.

En ese marco, del 2 al 6 de octubre de 2017, realizamos un seminario de capacitación con el Departamento de Criminalística, Medicina legal y Ciencias Forenses de la Policía Judicial ecuatoriana.

Coronel Olivo Cerda durante su intervención en ceremonia de clausura del Seminario de Propiedad Intelectual / L&C

A propósito de este encuentro, tuvimos el honor de contar con la prsencia del Lic. Fausto Olivo Cerda, Coronel de Policia de Estado Mayor, Coordinador Nacional de Criminalistica, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Judicial ecuatoriana, quien destacó la PI como “una herramienta que permite un mejor desarrollo del comercio en nuestra sociedad” y como “un derecho importante porque nace del intelecto humano”.

Por eso lamentó que si bien están tipificados los delitos de propiedad intelectual en la legislación nacional, aún no se desarrollaran profundamente: “Su tipificación no nos permite ir con mayor fuerza a contrarrestar este delito para conseguir el objetivo nacional que es fomentar el comercio legal”.

Pero esta realidad -reconoció el Coronel- no se explica solamente desde la carencia legal, pues “en nuestros países prevalece la cultura del menor precio, aunque sea de peor calidad. Esto fortalece el mercado de productos falsificados que no sólo son de mala calidad sino que pueden ser nocivos para la salud. Hay países donde los delitos de PI son la excepción, en nuestro país lamentablemente es la regla”, puntualizó.

De allí que conminó a Luzuriaga & Castro Abogados a “continuar trabajando juntos para lograr la justicia en nuestro país”, reconociendo y valorando la importancia del Seminario realizado, que culminó con la entrega de diplomas.

Entrega de presente al Abg. Gonzalo Luzuriaga por parte del Dpto. de Criminalística de la Policía Judicial ecuatoriana / L&C

"Es un gusto tenerlo en este auditorio… porque hay una interacción importante entre la firma y la policía nacional, en diferentes ámbitos de acción y diferentes capacitaciones realizadas, tanto para la policía judicial como criminalística.”

“Para nosotros es importante contar con este tipo de capacitaciones, que no hacen más que mejorar procesos para mejorar el alcance de objetivos que tenemos como Estado y como sociedad. Estas capacitaciones nos ayudan a mejorar los protocolos que debemos cumplir. Esperamos en el futuro continuar trabajando, tanto con la unidad investigativa como con la unidad técnico científica para mejorar el reconocimiento y la evaluación de este tipo de mercaderías”.

Entrega de diplomas a participantes del Seminario de Propiedad Intelectual / L&C Fotografía de cierre del Seminario de Propiedad Intelectual / L&C Entrega de diplomas a participantes del Seminario de Propiedad Intelectual / L&C

Venezuela, Paraguay y Nicaragua lideran el uso de programas piratas a nivel regional. ¿Qué peligros conlleva esta práctica?

El uso de programas sin licencia es cada vez más común dentro de las empresas, y no sólo alrededor del mundo sino que también dentro de Latinoamérica. Sin embargo, muchos desconocen que esta práctica puede ser la causante de pérdidas de data, filtraciones y hackeos en empresas, debido a las brechas de seguridad.

Así lo revela el estudio “Aprovechar oportunidades a través de la observancia de licencias” de BSA | The Software Alliance, en el que detectaron que a nivel mundial el 39% de empresas aún instalan y utilizan programas ilegales.

¿Cómo está la región?

A nivel de América Latina, el índice de piratería dentro de las organizaciones alcanzó un 55%. Una cifra bastante alta pero que representa una disminución en dicha actividad de 8 puntos porcentuales desde el 2009.

Dentro de la región Venezuela ocupa el primer lugar en uso de software pirata. En este país el 88% de empresas en el país continúa instalando programas sin licencia a la fecha; una práctica que prácticamente no ha tenido alteraciones en los últimos años.

A esta nación le siguen Paraguay (84%), Nicaragua (82%), El Salvador (81%) y Guatemala (79%), ocupando el top 5 de la región. En tanto, en el final del listado aparecen, en cambio, países como Costa Rica (59%), Chile (57%), México (52%), Colombia (50%) y Brasil (47%), con el mejor resultado a nivel latinoamericano.

 

Otros problemas

Por otro lado, la investigación revela otra práctica que puede comprometer la seguridad de las empresas. Según el estudio, el 26% de los empleados encuestados admitió haber instalado software externo en las computadoras de trabajo. Y, de esos empleados, el 84% reconoció haber instalado dos o más programas no autorizados por la empresa.

Al respecto Cassandra Oshinnaiye de la Cruz, Directora de Compliance Programs de BSA | The Software Alliance indicó que, a pesar de la disminución en los índices de piratería global, se ha encontrado que gran cantidad de directores y altos ejecutivos no están controlando sus redes y, de hecho, subestiman cuánto software sin autorización se ha instalado dentro de sus empresas.

“Hemos encontrado que las organizaciones continúan usando programas no licenciados a un ritmo alarmante y que no son conscientes de los peligros y desventajas que conlleva esta actividad.”, finalizó Oshinnaiye.

Fuente: AETecno

Enlace a la noticia original (publicado 31-10-2017. Consultado 01-11-2017):

https://tecno.americaeconomia.com/articulos/el-peligroso-estado-del-software-ilegal-en-las-empresas-de-america-latina

La industria de la música está haciendo todo lo posible para cerrar los sitios que extraen y convierten vídeos y música de YouTube, tal y como ya os hemos comentado en alguna ocasión en el pasado y que confirma la RIAA informando de varios de estos al propio Gobierno de los EE. UU.

Sin embargo esto es algo que no ha gustado lo más mínimo al conocido grupo que lucha por los derechos digitales EFF (Electronic Frontier Foundation), que escribió igualmente una respuesta al gobierno destacando que se está tergiversando la ley, ya que estos sitios mencionados no son ilegales por definición.

Y es que la música gratis es muy fácil de encontrar hoy en día, tan solo hay que acceder a sitios como YouTube y ahí podremos encontrar millones de canciones, incluyendo muchas de las versiones más recientes. Aunque algunos artistas comparten su trabajo de manera totalmente abierta, los principales sellos discográficos no quieren que los temas se filtren fuera del ecosistema de YouTube. Por esta razón estas firmas quieren que se cierren todos los extractores y conversores de YouTube a MP3.

La popularidad de estos sitios y su volumen de tráfico está creciendo, lo que evidencia el enorme daño infligido a la industria discográfica, afirma la RIAA, destacando portales como Mp3juices. cc, Convert2mp3. net, Savefrom. net, Ytmp3. cc, Convertmp3. io o Flvto. biz, entre otros. Esta es una posición compartida por muchos otros grupos de la industria musical, que ven en estos sitios la mayor amenaza de piratería on-line. Por lo tanto tras lograr el cierre de YouTube-MP3, esperan que suceda lo mismo con el resto, más si logran obtener el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo no todos comparten la creencia de que estos sitios sean una infracción de los derechos de autor.

Los extractores de MP3 de YouTube también se usan legítimamente

De hecho la mencionada EFF informa que la RIAA está tratando de tergiversar la ley a su favor, ya que no todos estos sitios de extracción MP3 facilitan la violación de los derechos de autor, argumentan. Afirman que los portales web simplemente permiten a los usuarios extraer la pista de audio de un vídeo on-line, por lo que no son responsables de una infracción de los derechos de autor, a menos que realicen acciones adicionales que sí que cumplan con la definición de esta infracción.

De hecho muchos artistas permiten a otros descargar y modificar su trabajo, por ejemplo, es más, hay un creciente volumen de vídeos que se licencian para su descarga y modificación gratuita. Del mismo modo muchas extracciones de audio se consideran legales y que no infringen los derechos de autor. De esta manera proporcionar un servicio que es capaz de extraer estas pistas de audio para estos propósitos legales, es en sí mismo lícito, incluso si algunos usuarios lo infringen. Por otro lado el hecho de que estos sitios generan ingresos por publicidad, tampoco los hace ilegales.

Aunque hay acciones como la distribución de contenidos infractores a terceros, la EFF sostiene que muchas de estas webs identificadas por la RIAA no están implicadas en tales actividades, por lo que el gobierno de los Estados Unidosdebería juzgarlas independientemente, de acuerdo con la ley. Cabe destacar que la mayoría de los que el RIAA denuncia, se anuncian como conversores de YouTube, y aunque esto viola los Términos de servicio del portal de vídeos, la propia plataforma no los clasifica como servicios infractores.

Fuente: ADSL Zone

Fuente original (inglés): TF

El legislador ecuatoriano en su debate legislativo confundió conceptos jurídicos particulares de la propiedad intelectual, hechos que devinieron en una norma penal sin coherencia respecto de la conducta punible que se pretendió sancionar.

En el debate legislativo de aprobación de esta norma penal, primaron los principios de proporcionalidad o dosimetría y mínima intervención, lo que determinó la reducción de las penas y sanciones[1] para una conducta que, de acuerdo a la filosofía gobiernista, no debía ser considerada como delito. El tipo penal contra los derechos de propiedad intelectual es entonces incluido en la sección novena, relacionada con los derechos de propiedad, mediante reforma contenida en la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal - COIP, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 598 del miércoles 30 de septiembre de 2015.

De acuerdo al acta del debate legislativo contenido en oficio No. 185-CEPJEE-P de junio 25 de 2015, el legislador ecuatoriano buscó tipificar como delito la “comercialización o fabricación de mercadería, o su empaque, falsificada que lleve puesta una marca idéntica a la válidamente registrada para tales mercancías, o que esa marca no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales…”.

Sin embargo, la omisión en la identificación de la “falsificación” de marca como acto atípico dentro de la norma penal contenida en al artículo 208A del COIP, da paso a la vigente tipificación del “uso no autorizado” de marca como hecho punible.

El título de la norma penal contenida en el artículo 208A del COIP reza: “Falsificación de marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor”, pero la norma que contiene es una desacertada adaptación de la definición de “mercaderías falsificadas” contenida en la nota explicativa del artículo 51 de la norma ADPIC relacionada a las medidas en frontera. La definición contenida en esta nota explicativa no es, por su estructura, fundamento para la composición de una norma penal.

La falsificación de marca contiene en sí mismo varios actos ilegítimos. Uno es el uso no autorizado de la marca registrada; el otro, la simulación (como consecuencia del primero) - en este caso entendida como acto de reproducción no autorizado de un bien.

El derogado tipo penal de los artículos 319 y 323 de la Ley de Propiedad Intelectual, recogía estos dos aspectos y restringía a los titulares al ejercicio de acciones penales exclusivamente cuando sus derechos eran infringidos por la falsificación de sus marcas, es decir, el uso no autorizado y el acto de simulación.

La técnica legislativa usada por el legislador ecuatoriano al momento de la elaboración de la vigente norma penal contenida en el artículo 208A del COIP, incluye erróneamente una nota explicativa que define a las mercancías falsificadas, hecho que deviene en la vigente tipificación como delito al uso no autorizado de marca, cuando sobrentendemos por el título de la norma, que su intención fue otra.

El error legislativo se vuelve más evidente al analizar el segundo inciso de la norma penal del artículo 208A, ya que, al tipificar la conducta penal respecto a la infracción a los derechos de autor, el legislador expresamente señala como elemento constitutivo de conducta atípica, a las mercancías piratas, para luego pasarlas a definir, estructura normativa lógica, la cual no es usada al inicio de esta norma penal.

[1]Respecto del tipo penal contenido en los artículos 319 y 323 de la Ley de Propiedad Intelectual, derogados por el Código Orgánico Integral Penal.

Fuente: Gonzalo Luzuriaga
Fecha: 2016-11-22 07:37:42

 

La Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual – ASIPI, es el primer organismo regional en materia de propiedad intelectual en el continente americano y uno de los organismos pioneros a nivel mundial en el ámbito de lo regional.

Nació durante la primera mitad de Abril de 1964, por iniciativa de tratadistas americanos y desde su creación tiene presencia y reconocimiento internacional como organismo representativo de la propiedad intelectual en las Américas.

Antes de 1964 no existía una institucionalidad interamericana que atendiera las necesidades, intereses e inquietudes de los especialistas. El impacto de la creación de ASIPI  fue tal que en el primer congreso celebrado en Buenos Aires, un año después, reunió a 122 delegados de 16 países y hoy en día ASIPI cuenta con más de mil quinientos afiliados pertenecientes a la totalidad de los países americanos y otras regiones como Europa, Asia y África.

Desde su creación a la fecha, ASIPI, por la actuación de sus diferentes Comités Ejecutivos, Comités de Trabajo y reuniones celebradas a todo lo largo y ancho de la región, ha estado atenta a la evolución positiva y acelerada que ha registrado la propiedad intelectual a nivel mundial, respondiendo efectiva y responsablemente a los retos y perspectivas que se han venido presentando, y cumpliendo un rol destacado como plataforma del desarrollo económico, social y normativo de nuestros países.

ASIPI, como organismo regional interamericano, es miembro observador de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual- OMPI y participa activamente en otros foros internacionales, como la Organización Mundial del Comercio- OMC y la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers- ICANN.

Sus objetivos definen sus actividades más importantes. A saber:

Agrupar a las personas dedicadas a la atención de asuntos de Propiedad Intelectual, en el país donde ejerzan y a todas aquellas personas que deseen colaborar en el estudio, difusión, desarrollo y perfeccionamiento del Derecho de la Propiedad Intelectual y la armonización de los sistemas nacionales relacionados con esta materia.

Promover en los países americanos, la formación de grupos nacionales integrados por Abogados, Ingenieros, Agentes de Propiedad Intelectual u otros profesionales relacionados con la Propiedad Intelectual, para que, en sus respectivos países, puedan perseguir y alcanzar los objetivos de ASIPI.

Defender las instituciones de la Propiedad Intelectual y la dignidad y funciones de los profesionales encargados de su constitución y resguardo.

Colaborar con otras entidades que persigan los mismos objetivos.

Auxiliar y estimular a los gobiernos nacionales de los países americanos y a las autoridades de los organismos intergubernamentales en el estudio de proyectos de disposiciones legales en materia de Propiedad Intelectual y gestionar ante ellos las revisiones necesarias de los sistemas actuales, con el objeto de lograr su perfeccionamiento y armonización con los de otros países americanos.

Formular propuestas para mejorar las relaciones internacionales, particularmente las relaciones interamericanas y los acuerdos relativos a la Propiedad Intelectual, que puedan servir como normas para guiar y regular la protección de tales derechos en las relaciones de los países americanos, tanto entre sí como con los países de otros continentes; velar y promover que tal protección sea efectiva en cada país.

Adoptar resoluciones sobre las materias señaladas en el párrafo anterior y, en general, sobre todas las comprendidas dentro de su objeto.

Organizar Congresos, Jornadas de Estudio y seminarios periódicos, que hagan recomendaciones y propongan soluciones sobre los asuntos propuestos por sus Asociados, por otras organizaciones y, en particular, por los gobiernos de los países americanos.

Promover prácticas profesionales del más alto nivel ético para ser observadas por sus Asociados.

Justamente en el marco de la organización de eventos alusivos es que se desarrolla, entre el 4 y 7 de diciembre del corriente, las “XIX Jornadas de Trabajo y Consejo de Administración de ASIPI”, uno de los eventos más importantes del año.

Para ampliar información sobre el evento, click aquí.

Fuente:

http://www.asipi.org/es/content/asipi/historia

http://www.asipi.org/es/content/asipi/objetivos

Fecha: 2016-12-05 07:06:13

En Ecuador existe, desde el año 2011, la Ley de Regulación y Control del Poder del Mercado (Ley Antimonopolio), que es aplicada por la Superintendencia de Control de Poder del Mercado (SPCM). Tal organismo, independiente de los poderes del Estado (pertenece a la Función de Transparencia y Control Social, Art. 204 de la Constitución), tiene capacidad sancionatoria y actúa de oficio para “evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado”, como se define en su sitio web (http://www.scpm.gob.ec/scpm-espaniol/).

La Superintendencia tiene un rol protagónico en la actual controversia sobre la posesión de la marca Club, la segunda cerveza más consumida a nivel nacional, hoy en propiedad de Cervecería Nacional. La disputa se originó cuando SPCM ordenó (durante la primera mitad del año) la desinversión de Cervecería Nacional, en propiedad de la multinacional SABMiller desde 2005, para permitir la fusión con AB Inveb (Ambev Ecuador), otra transnacional cervecera de gran importancia. La desinversión incluía entonces la obligatoria venta de las marcas de cerveza denominadas “económicas”, que incluye Zenda, Dorada, Biela y Maltín, cuya participación en el mercado es de poca monta, además de otras disposiciones como limitación de inversiones en publicidad y otorgar un espacio en sus refrigeradores para cervezas artesanales y otras bebidas que producen pequeñas empresas de la economía popular y solidaria.

La situación se complejizó cuando apareció la también multinacional Heineken (holandesa) en el escenario, con la pretensión de comprar una planta de producción de AB Inbev y las marcas denominadas económicas; pero aprovechando las decisiones de la SPCM, Heineken busca también quedarse con la marca Club, como ya dijimos, hoy en manos de Cervecería Nacional (SABMiller), una de las protagonistas de la fusión. El argumento de Heineken para obligar a la venta de Club es que la suma de las denominadas cervezas económicas en el mercado tienen un posicionamiento ínfimo y por ello solicitó a la Superintendencia que incluya, como condición para la fusión, la venta de la marca Club. A la larga (tras solicitud y recurso de apelación) la multinacional holandesa logró que en una resolución del 15 de noviembre pasado, la SPCM agregue la venta de Club a las condiciones para la fusión.

Club existe en el mercado ecuatoriano desde el año 1966, es una de las marcas emblemáticas en el país y, por obvias razones, es uno de los activos importantes de SABMiller (en cuyas manos hoy se encuentra el 90% del mercado cervecero nacional). Es así que Cervecería Nacional salió a defender con uñas y dientes la posesión de la marca, declarando ante la prensa “Iniciaremos y agotaremos todas las instancias administrativas necesarias para proteger nuestra marca Club” (Diario El Comercio 18-11-2016).

La historia dio un nuevo giro hace un par de días, cuando José Luis Tapia, juez de la Unidad de lo Civil y Administrativo del Guayas, resolvió a favor de AB Inbev en el recurso de protección que interpuso para dejar sin efecto la decisión de la SCPM sobre vender la marca Club.

Todo parece indicar que esta historia aún no ha terminado, porque Heineken había condicionado tácitamente su inversión en el país a la compra de la marca Club y para la SCPM la participación de Heineken es importante, pues incluye competidores en el mercado nacional.

A todo esto, la disputa no pasó desapercibida para la ciudadanía ecuatoriana, que opina a través de redes sociales #YoQuieroMiClubDeSiempre.

Fuentes:

Diario El Comercio.

Diario El Universo.

Amplíe la información:

Cervecería Nacional dice que no pondrá a la venta marca tras disposición del Gobierno (Diario El Universo, 18-11-2016)

Cervecería Nacional debe vender la marca de cerveza Club (Diario EL COMERCIO 18-11-2016)

La cerveza Club en la mira de Heineken (Diario EL COMERCIO 24-11-2016)

Polémica por resolución para venta de marca Club (Diario El Universo 21-11-2016)

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