El escudo del Capitán América, el Hombre Araña o las orejas del ratón Mickey Mouse están en camisetas, zapatos deportivos o calentadores. Logos de estos y otros personajes o marcas se observan en buena parte de la mercadería que se expende en locales comerciales de zonas como El Tejar y La Marín, en el centro de la capital, y en su mayoría tienen un grabe problema de propiedad intelectual en Ecuador.
El uso de una marca sin la autorización del propietario en el país puede acarrear multas e incluso procesos civiles y penales, pero los comerciantes de productos lo desconocen.
Manuel Lazo es un pequeño distribuidor de calentadores. Abrió su local hace más de cinco años. El negociante adquiere la mercadería en una empresa textil de Ambato. Vende chaquetas con estampados de Adidas, Under Armour o con personajes de series infantiles.
Lazo no sabía que las prendas cuentan con licencia para comercializar las marcas. “Los distribuidores sí deben tener permisos, pues en cada una de las prendas colocan etiquetas con la marca del producto”.
Otros distribuidores comentan que prefieren traer mercadería de Pelileo, Colombia, Perú o comprarla en las ferias que se llevan a cabo los domingos en el sector de El Tejar.
El Código Ingenios establece que las multas por el uso sin autorización de una marca van desde USD 500 hasta 50 000.
El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi, antes IEPI) puede ordenar medidas cautelares como prohibición del uso de la marca o de la comercialización de productos en los casos en los que se violen los derechos de propiedad intelectual.
“Las marcas son signos que identifican productos o servicios. Para poder adquirir el derecho sobre una marca, un signo, es necesario que se haga un registro. Si no se registra, no existe”, explica Santiago Cevallos, director de la entidad.
El organismo también aborda los temas relacionados con patentes, derechos de autor (música, libros, software), obtenciones vegetales y frutos y conocimiento ancestral.
El Senadi recibió el año pasado 700 denuncias sobre propiedad intelectual en Ecuador, incluido el tema de marcas.
Los afectados también pueden reclamar daños y perjuicios por la vía civil o penal.
Grupo Mantra, licenciante de 58 marcas como Disney, Star Wars, Marvel y Los Simpsons para Ecuador, Bolivia y Venezuela, firmó un convenio para formalizar estos negocios a través de una licencia.
Los principales problemas que enfrentan los pequeños negocios son la falta de recursos para adquirir las licencias o de capacitación. “Muchas veces el irrespeto al uso de los derechos de propiedad intelectual no es intencionado, sino por desconocimiento de la necesidad de una autorización de uso o del registro de una marca para adquirir el derecho”, explicó el director del Senadi.
De hecho, Grupo Mantra envió en el último año cartas a 52 empresas o negocios que estaban violando los derechos de propiedad intelectual en ecuador. De ellas, el 85% manifestó desconocer el tema y estaba dispuesto a formalizarse.
El proyecto está compuesto por tres modelos de franquicias destinados a micro, pequeñas y medianas empresas.
El primero es la industrial, para que puedan generar productos de forma legal, de manera que puedan pasar las auditorías de las licencias de las marcas. “Se verifican procesos de calidad, materiales, seguridad industrial y derechos laborales”, explicó Cevallos. La iniciativa iniciará con 10 firmas, que ya están en el programa.
La segunda es la franquicia comercial, que permite ser un canal autorizado para venta de productos con licencia. Este programa arrancará con 20.
A futuro se prevé desarrollar una franquicia juvenil (para menores de 30 años). Se otorga de forma individual para comercializar la marca.
En el acuerdo también participa Banco del Pacífico, que facilitará financiamiento, por ejemplo, de hasta USD 6 000 para la franquicia comercial. En América Latina las licencias deportivas, de entretenimiento, de arte y otras mueven unos USD 11 800 millones. Ecuador representa apenas el 0,3% de ese monto. Más del 80% de la facturación total en la región corresponde a Disney, según Grupo Mantra.
Fuente: Diario El Comercio
La nación Tsáchila es uno de los tantos pueblos indígenas que le dan a Ecuador el carácter de plurinacional e intercultural. Pero no es uno más, porque con apenas 3.000 habitantes (2010) este pueblo es depositario de un saber acumulado milenariamente que hoy está protegido mediante el reconocimiento de sus derechos intelectuales.
Para lograrlo, el pueblo tsáchila se acogió al proceso de depósito voluntario de sus conocimientos ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), contemplado en el art. 523 del Código de la Economía Social del Conocimiento, Creatividad e Innovación (2016). Su objetivo es impedir apropiaciones ilegítimas de los conocimientos de etnias, pueblos y nacionalidades. También servirá como medio de verificación para reconocer los derechos intelectuales colectivos sobre saberes tradicionales, por si alguien intenta infringirlos.
Pero antes, la decisión debió pasar por el Consejo de Ancianos, el máximo órgano encargado de regular la suerte de las prácticas que comprometen a los conocimientos ancestrales. Desde allí se propuso empezar con los rituales, la cosmovisión, los vegetales y la vestimenta tradicional.
El registro comenzó en enero de este año y en el proceso de recolección de información participaron varios personajes emblemáticos de la comunidad, la mayoría ancianos. Se han registrado 490 plantas medicinales y el pueblo tsáchila cuenta con los respectivos certificados de depósito.
Tras el registro, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales trabaja en los protocolos biocomunitarios para potenciar estos recursos ante empresas que quieran invertir en posibles patentes.
Fernando Nogales, experto en conocimientos tradicionales del SENADI, reconoce la importancia de esta construcción colectiva de la población tsáchila, tanto para la propia comunidad como para el país. Incluso -destaca- para que el mundo conozca el origen de esta riqueza.
Ciertamente, no se trata solamente de constatar el origen: “Una vez que los conocimientos son depositados en el SENADI, pasan a la base de datos, es decir que si las compañías farmacéuticas quieren patentar algún medicamento tienen que venir a la comuna a pedir consentimiento para poder realizarlo”, señaló Nogales. Y agregó que con el consentimiento llegarán beneficios, sean económicos o no.
Para Flavio Calazacón, presidente de la comuna El Poste, esta labor recién empieza: a futuro se espera la protección de "rituales de petrificación", energéticos e incluso de sanación; también bebidas como la Ayahuasca; expresiones como la danza; y festividades como el Kasama. “Los depósitos no están terminados, pero sí hemos avanzado, hemos ganado experiencia”, afirmó.
Son experiencias que suman y se nota: la Unidad de Conocimiento Tradicional del Servicio de Derechos Intelectuales informa que se han depositado 150 conocimientos tradicionales a escala nacional desde que rige la normativa. Son conocimientos originarios de los pueblos Sarayaku, Cofán, Kayambi y Tsáchila. La Unidad espera contar con una base de datos de 200 registros de las tradiciones hasta finalizar este año.
Desde el 14 de noviembre la nacionalidad Tsáchila ya cuenta con las certificaciones de los depósitos, son 44 y los recibió la gobernadora tsáchila, Diana Aguavil, en la comuna El Poste.
Son los 44 certificados de depósitos de conocimientos tradicionales que entregó SENADI en 2018... durante todo el año anterior fueron sólo nueve.
Fuente: Diario la hora
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Diario El Comercio
La historia cuenta que en noviembre de 2006 tenía lugar la primera “Medida en Frontera de protección a los derechos de propiedad intelectual en Ecuador”. Y nosotros podemos contar la historia, porque estuvimos allí*.
Desde entonces las medidas en frontera proliferaron exitosamente hasta el año 2008, cuando se realizaron (Aprox.) 150 medidas en Frontera de protección a los derechos de PI, por acción de la Corporación Aduanera Ecuatoriana – CAE (hoy Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE), con un estimado de 1.2 millones de productos ilegales detenidos en aduanas. En ese año Ecuador fue premiado ante la Organización Mundial de Aduanas por la importante labor en la protección a la Propiedad Industrial.
La visión gubernamental de aquél entonces provocó que se impongan limitaciones al comercio internacional. En enero de 2009 entró en vigencia la resolución del entonces Consejo de Comercio Exterior e Inversiones – COMEXI, que estableció restricciones al ingreso de cientos de subpartidas de bienes, a través de la implementación de cupos de importaciones e incrementó el valor de los aranceles a otros cientos de productos. El calzado tuvo un arancel de US$10 por cada par, la cerámica un impuesto de US$0,12 por kg, los textiles y ropa un arancel de US$12 por kg... Además existieron otras disposiciones legales que perjudicaron el comercio internacional, como la normativa de etiquetado INEN.
Durante ese año se realizaron tan sólo 30 medidas en frontera (una reducción del 80% respecto al año anterior) y se incautaron menos de 100 mil productos (una reducción del 82%). La mayoría de los productos detenidos por la CAE en 2009 fueron juguetes.
Aquél año fue ciertamente un punto de inflexión. Desde entonces hemos sido testigos de una drástica reducción de medidas de protección a los derechos de PI en frontera . Para el año 2016 existieron 3 Medidas en Frontera y durante 2018 no se ha realizado ninguna.
La situación es producto, en buena medida, de la sustitución de la Ley de Propiedad Intelectual por el vigente Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos e Innovación – INGENIOS. La norma derogada establecía, en su artículo 342, la obligación del Estado Ecuatoriano de actuar de oficio ante estas infracciones. La normativa contenida a partir del artículo 575 del Código INGENIOS establece requisitos que parecen exagerados y en la práctica bastante difíciles de cumplir a efectos de ejercer protección legal en frontera en defensa del derecho de PI; esto es la “evidencia suficiente” de la infracción, que se traduce en un impedimento legal.
Sin embargo parecería que el segundo párrafo del artículo 51 del Reglamento a INGENIOS, contenido en el Decreto Ejecutivo No. 1435 de mayo 23 de 2017, abre una posibilidad de lograr acciones en frontera, al responsabilizar al Servicio Nacional de Aduanas del suministro de “información necesaria” que sirva de “sustento de la Medida en Frontera”.
Como se demostró entre 2006 y 2008, las medidas en Frontera son una de las mejores formas de proteger los derechos de propiedad intelectual, se impide el ingreso de productos potencialmente ilícitos (muchos perjudiciales para la salud), se protege de riegos y de futuros engaños a los consumidores, y se fomenta a gran escala un comercio más justo.
*Luzuriaga & Castro Abogados realizó, el 06 de noviembre de 2006, la primera acción de medida en frontera acontecida en el país.
