La fusión y escisión de sociedades son procesos de reestructuración empresarial que permiten optimizar operaciones, mejorar la gestión y garantizar la sostenibilidad de las empresas en un entorno competitivo. A través de estas figuras, las organizaciones pueden mejorar su eficiencia, adaptarse a cambios del mercado y optimizar recursos.
No obstante, ambos procesos requieren un análisis profundo de los aspectos legales, fiscales y organizacionales involucrados. Las normativas vigentes buscan garantizar la transparencia, protección de los intereses de terceros y la estabilidad económica de las sociedades involucradas.
El conocimiento detallado de estos procedimientos resulta esencial para evitar riesgos legales y fiscales. En este artículo, exploraremos los conceptos clave, regulaciones y mejores prácticas para ejecutar fusiones y escisiones de manera efectiva y segura.
La fusión de sociedades es un mecanismo de reorganización mediante el cual dos o más entidades combinan sus patrimonios para formar una nueva organización o integrarse en una ya existente. Este proceso tiene como objetivo principal fortalecer la competitividad de las empresas y optimizar sus operaciones.
Existen dos tipos principales de fusión:
En Ecuador, con la reforma a la Ley de Compañías del año 2019, se incorporó otras formas de reorganización entre las que se incluye a las fusiones transfronterizas, es decir, la posibilidad de que una o más sociedades extranjeras se fusionen con una o más sociedades ecuatorianas para operar a través de una nueva compañía en el país. En estos casos, las compañías absorbidas deben cancelarse en su país de origen. Las sociedades anónimas, en comandita por acciones y de responsabilidad limitada pueden participar en estas fusiones, bajo la supervisión de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (portal.compraspublicas.gob.ec).
Para garantizar la legalidad del proceso, la fusión debe ser aprobada en asambleas extraordinarias de socios. Este requisito busca asegurar la participación y el acuerdo de todas las partes interesadas, protegiendo los derechos de los accionistas minoritarios y terceros.
La escisión es un proceso mediante el cual una sociedad divide su patrimonio en dos o más partes, transfiriendo activos y pasivos a nuevas entidades o a otras sociedades existentes. Este procedimiento es utilizado para especializar áreas de negocio, reducir riesgos y mejorar la eficiencia organizativa.
Se identifican tres modalidades principales de escisión:
En Ecuador, la ley permite escisiones múltiples, donde dos o más sociedades pueden escindirse simultáneamente para crear una nueva compañía. En este proceso, las sociedades que se escinden transfieren activos, parte de su patrimonio y, de ser necesario, pasivos a la nueva entidad. Los socios o accionistas pueden convertirse en socios de la nueva compañía en proporción a su aporte, salvo decisión en contrario por la junta general.
Al igual que en la fusión, la escisión requiere la aprobación en asamblea extraordinaria de socios. Este proceso asegura la legalidad de la operación y protege los derechos de los accionistas y acreedores.
Las fusiones y escisiones están reguladas por normativas que buscan garantizar la protección de socios, acreedores y empleados. Estas regulaciones establecen procedimientos claros y plazos para que los interesados puedan hacer valer sus derechos.
Algunos de los mecanismos de protección incluyen:
En Ecuador, la normativa también permite la combinación de transformación, fusión y escisión en un solo acto, lo que facilita la reorganización y optimización de recursos empresariales.
La fusión y escisión de sociedades son herramientas esenciales para la evolución y reestructuración empresarial. Si bien estos procesos pueden generar oportunidades de crecimiento y optimización, también conllevan retos significativos.
Un análisis detallado de los aspectos legales, fiscales y organizacionales es fundamental para garantizar el éxito de la operación. La participación de expertos en derecho corporativo y contabilidad resulta clave para mitigar riesgos y cumplir con la normativa vigente.
Las empresas que implementan adecuadamente estos procesos pueden fortalecer su posición en el mercado, mejorar su estructura financiera y garantizar una mayor eficiencia operativa. Sin embargo, es esencial que estos cambios se realicen con transparencia y respetando los derechos de todas las partes involucradas.
En definitiva, la correcta ejecución de una fusión o escisión puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso empresarial. La planificación estratégica y el cumplimiento normativo son pilares fundamentales para aprovechar al máximo las ventajas de estas figuras corporativas.
La transacción tributaria es una figura jurídica introducida en Ecuador mediante la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19 (Registro Oficial No. 587, 2021) que incorporó al Código Tributario la Sección 6a, constituyendo un avance hacia la modernización de la administración tributaria. Este mecanismo legal permite resolver conflictos fiscales mediante acuerdos entre la administración tributaria y los contribuyentes, integrando principios de suficiencia recaudatoria, simplicidad administrativa y reserva de ley. A continuación, se analizan las características de este instrumento, los retos que plantea y su impacto en el sistema tributario ecuatoriano.
En América Latina, varios países han adoptado mecanismos similares para resolver conflictos tributarios. En Colombia, Brasil y Chile, por ejemplo, la transacción tributaria ha demostrado ser una herramienta efectiva para reducir la carga judicial y fomentar la colaboración entre contribuyentes y administraciones tributarias. Ecuador, al implementar este mecanismo, sigue una tendencia regional, adaptándola a su marco normativo específico.
Definición y Objeto
La transacción tributaria es un acuerdo entre la administración tributaria y el contribuyente que busca extinguir obligaciones fiscales en controversia. Este instrumento, fundamentado en concesiones recíprocas, permite transigir respecto de:
La ley prevé dos formas principales de transacción tributaria:
Determinando el Código Tributario las regulaciones específicas para cada una de ellas, en cuanto a suspensión de términos, plazos de procedimientos y requisitos para sus efectos.
El acta transaccional, una vez suscrita, tiene carácter vinculante, definitivo e inimpugnable, salvo casos de nulidad por transgresión de elementos no transigibles. Este efecto refuerza la seguridad jurídica, la eficiencia administrativa y la suficiencia recaudatoria.
Exclusiones
La transacción no puede abordar ciertos aspectos como:
Compatibilidad con el Principio de Reserva de Ley
El principio de reserva de ley exige que todos los aspectos fundamentales del sistema tributario (hecho imponible, sujetos obligados, base imponible, tarifa) sean definidos exclusivamente mediante normas legales. La flexibilidad inherente a la transacción puede entrar en conflicto con esta rigidez normativa, comprometiendo potencialmente la integridad del sistema tributario.
Si bien se determina, que la transacción podrá implicar concesiones sobre aspectos fácticos de valoración incierta o conceptos jurídicos indeterminados, será la Administración Tributaria que, de acuerdo con los hechos del caso y la norma aplicable, defina el sustento y motivación de sus concesiones.
La administración tributaria debe garantizar que los acuerdos no contravengan disposiciones legales preexistentes ni vulneren derechos de los contribuyentes. Este equilibrio requiere una regulación precisa que defina claramente los límites de la transacción.
Impacto Fiscal y Sustentabilidad
Si bien la transacción agiliza la recaudación y reduce los costos administrativos, puede generar incertidumbre sobre los ingresos fiscales. Los ajustes en las obligaciones tributarias inicialmente determinadas pueden comprometer la previsión presupuestaria, afectando la capacidad del Estado para financiar servicios públicos.
Simplicidad Administrativa vs. Seguridad Jurídica
La transacción promueve la eficiencia al reducir la litigiosidad y facilitar acuerdos rápidos. Sin embargo, existe el riesgo de que esta simplificación administrativa se perciba como una flexibilización excesiva, erosionando la confianza en el sistema tributario.
Confianza y Transparencia
Para que la transacción sea efectiva, debe desarrollarse en un entorno de confianza mutua. La confidencialidad de las negociaciones es esencial, pero también lo es la transparencia en los criterios utilizados por la Administración Tributaria para aprobar acuerdos.
Suficiencia Recaudatoria
La transacción tributaria debe ser utilizada como medio de prevención oportuna de controversias, con la finalidad de alcanzar los principios que rigen al Derecho Tributario en particular de suficiencia recaudatoria, equidad, igualdad y proporcionalidad.
Este principio busca:
Reserva de Ley
La reserva de ley garantiza que los elementos esenciales de la tributación estén claramente definidos por normas legislativas. Este principio es crucial para:
La interacción entre estos principios plantea un desafío: lograr un sistema que sea eficiente y flexible sin comprometer la equidad y seguridad jurídica.
La transacción tributaria es una herramienta con un enorme potencial para modernizar y hacer más eficiente el sistema tributario ecuatoriano. Sin embargo, su éxito depende de:
En síntesis, la transacción tributaria tiene el potencial de transformar la relación entre contribuyentes y administración tributaria, fomentando un sistema más justo y colaborativo. Sin embargo, su implementación debe ser cuidadosamente equilibrada para garantizar que los beneficios de la simplificación administrativa no comprometan la legalidad y sostenibilidad del sistema tributario ecuatoriano.
Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19.
Código Tributario.
Llanos, G. V. (2019). La transacción como medio de extinción de la obligación tributaria. Revista Análisis Tributario, 373(4).
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La licitación, un proceso formal y competitivo de adquisiciones, se erige como el pilar del sector público para garantizar los principios de economía, eficiencia y transparencia. En el ámbito local, este procedimiento adquiere una relevancia vital, siendo esencial comprender sus características fundamentales, objetivos y valores que sustentan su ejecución.
La licitación, como proceso administrativo, implica que un ente público invite a los interesados a presentar propuestas siguiendo las bases establecidas. No es un acto aislado, sino un conjunto de actos que, desde la preparación hasta la ejecución del contrato, configuran la voluntad contractual. En este contexto, la licitación no es solo un trámite; es el origen del contrato público que la administración celebra, ya sea para adquisición de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría.
Las licitaciones se distinguen por su rigor y sentido formalista. Cualquier ordenamiento jurídico establece trámites, etapas y procedimientos que deben cumplirse estrictamente. El incumplimiento de estas formalidades vicia la voluntad contractual, subrayando la importancia de una revisión exhaustiva de la normativa antes de iniciar el proceso de licitación. Este formalismo busca asegurar la igualdad de los licitantes y otorgar transparencia a las decisiones administrativas.
En lo principal:
Cada país debería contar con un conjunto único de normas que establezca reglas comunes para todo tipo de licitaciones, independientemente del contrato, la autoridad convocante o la procedencia de los fondos. La definición clara de excepciones a los procesos de licitación, especialmente en casos de emergencia, es esencial, evitando el abuso y asegurando transparencia.
Además, se destaca la importancia de evaluar la genuinidad de situaciones declaradas como emergencias, evitando prácticas que provoquen artificialmente la necesidad de contrataciones directas como posible elusión de procedimientos. La formulación e implementación de políticas formales en cada país, que incluyan lineamientos, objetivos y planes explícitos en materia de contratación pública, es esencial para una gestión efectiva. Estas políticas deben calendarizar correctamente las licitaciones, asegurar su continuidad y establecer normas uniformes para todos los tipos de licitaciones.
La incorporación de sistemas de medición de resultados y compromisos de los directivos con sus superiores jerárquicos es recomendada, para evaluar el desempeño y garantizar una gestión eficiente y transparente. Se destacan los "Convenios de Desempeño" como mecanismos para calificar el trabajo de funcionarios públicos, fortaleciendo la calidad en el liderazgo de los servicios públicos. Estos convenios, diseñados para asegurar gobernabilidad, responsabilización y mejor gestión, implican la formulación de objetivos estratégicos, metas y evaluación del desempeño al término del período.
Además, se destaca la necesidad de promover la participación ciudadana en licitaciones de envergadura, permitiendo debates amplios sobre proyectos significativos. Aunque la normativa en este ámbito es limitada, se reconoce que involucrar a la sociedad civil contribuye a diseñar mejores modelos licitatorios, identificar problemas prácticos y garantizar transparencia en el proceso. Se resalta la importancia de establecer mecanismos para que la comunidad participe activamente en estos procesos.
En Ecuador, la licitación, como procedimiento de contratación, se despliega en situaciones particulares definidas por el Artículo 48 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Primero, cuando la aplicación de procedimientos dinámicos es inviable o, si aplicados, resultan desiertos, siempre que el presupuesto referencial exceda el valor obtenido al multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del respectivo ejercicio económico.
Además, se utiliza la licitación para la contratación de la adquisición de bienes o servicios no normalizados, excluyendo los de consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del ejercicio económico correspondiente. También, se emplea para contratar la ejecución de obras, siempre que su presupuesto referencial sobrepase el valor obtenido al multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del ejercicio económico respectivo.
La fase preparatoria de cualquier procedimiento licitatorio abarca el levantamiento de la necesidad, la elaboración de estudios, especificaciones técnicas o términos de referencia, pliegos según el tipo de contratación, así como la formación de la Comisión Técnica necesaria para la tramitación de la licitación. Por otro lado, la fase precontractual incluye diversas etapas desde la publicación de la convocatoria, el procedimiento de preguntas, respuestas y/o aclaraciones, presentación de ofertas, hasta el análisis de los contenidos y evaluación, concluyendo con la adjudicación y notificación de los resultados del procedimiento.
Estas dos fases, preparatoria y precontractual, se encuentran reguladas detalladamente en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública, según lo establecido a partir del Artículo 41. El reglamento, así como la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública, proporcionan las pautas y directrices necesarias para llevar a cabo estas etapas de manera oportuna, efectiva y transparente. Esto asegura un proceso licitatorio que cumple con los principios que rigen a la contratación del Estado.
La licitación se erige como un componente fundamental en el marco de la contratación pública, que al igual de los demás procedimientos, su aplicación busca garantizar los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional.
La concurrencia efectiva no solo asegura la participación de oferentes calificados, sino que también contribuye a procurar obtener las mejores condiciones del mercado. La igualdad y la transparencia, por otro lado, impiden preferencias y discriminaciones, promoviendo un terreno nivelado para todos los participantes.
En el ámbito de contratación pública en Ecuador, las fases preparatoria y precontractual de las licitaciones, definidas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establecen un marco normativo detallado. La formación de la Comisión Técnica, la elaboración de pliegos y la ejecución de las fases precontractuales, reguladas a partir del artículo 41 del reglamento, refuerzan la legalidad y transparencia del proceso licitatorio.
En resumen, la licitación no solo constituye un procedimiento de contratación para la administración; es un proceso dinámico y esencial que demanda atención, revisión y adaptación continua. La consolidación y avances en la contratación pública a través de la licitación dependen no solo de la rigurosidad formal, sino también de la implementación de políticas y normativas claras, la promoción de mayor participación y la adaptación constante a las necesidades cambiantes de la sociedad y del entorno económico.
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El Derecho Laboral es una rama fundamental del sistema legal que se encarga de regular las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores en Ecuador. Su principal objetivo es garantizar el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes, promoviendo condiciones de trabajo equitativas y justas. En este artículo, explicaremos las regulaciones laborales en Ecuador, proporcionando información relevante y precisa para el público en general.
El Derecho Laboral en Ecuador se rige por el Ministerio de Trabajo, con el propósito de proteger a la fuerza laboral que no tiene un poder adquisitivo significativo. Algunas de las regulaciones laborales más destacadas incluyen:
El Derecho Laboral en Ecuador se basa en una serie de principios fundamentales que proporcionan un marco sólido para garantizar los derechos y responsabilidades de los individuos y la colectividad en el ámbito laboral. Estos principios son esenciales para mantener un equilibrio justo en las relaciones laborales y asegurar que los trabajadores y empleadores sean tratados de manera equitativa. A continuación, se detallan algunos de los principios más relevantes:
Las fuentes del Derecho Laboral en Ecuador desempeñan un papel crucial en su desarrollo y aplicación. Estas fuentes se dividen en dos categorías principales: fuentes materiales y fuentes formales. A continuación, profundizaremos en estas fuentes y su importancia en la regulación del ámbito laboral en el país.
Fuentes Materiales: Estas fuentes se refieren a las causas o factores que dan lugar a la creación de normas y regulaciones laborales. Algunas de las fuentes materiales más destacadas incluyen:
Fuentes Formales: Estas fuentes se relacionan directamente con la normativa legal y las regulaciones que rigen el ámbito laboral en Ecuador. Algunas de las fuentes formales más importantes son:
En resumen, el Derecho Laboral juega un papel indispensable en la construcción de un entorno laboral saludable y equitativo en Ecuador. Su enfoque en la protección de los derechos humanos fundamentales, la preservación de la dignidad de los trabajadores y la prevención de lesiones y accidentes laborales lo convierte en una disciplina jurídica esencial en la sociedad ecuatoriana. Ecuador, no solo promueve la implementación de recomendaciones y convenios internacionales en su legislación, sino que también trabaja incansablemente para garantizar un ambiente laboral más justo y digno para todos sus ciudadanos.
Ecuador. Asamblea Nacional. (2008). Constitucion de la República del Ecuador. Quito: Asamblea Nacional.
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Ecuador. Asamblea Nacional. (2018). Código del Trabajo. Codificación 2005-2017. Registro Oficial Suplemento 167. Última modificación. Quito: Asamblea Nacional.
Universidad Internacional de Valencia. (Abril de 25 de 2023). ¿Qué es el derecho laboral? Conoce los fundamentos de esta profesión.
