En los primeros tres meses del presente año se han asegurado casi 800 mil productos falsos o piratas, sin copyright, con un valor calculado en casi 3 millones de pesos, y multas impuestas por 18 millones 830 mil 260 pesos, informó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Las multas se han impuesto 123 responsables por resolución del IMPI y oposición a las visitas de inspección, lo que equivale a un valor aproximad de casi 19 millones de pesos, además de que se han clausurado cuatro establecimientos comerciales por la venta de estos productos apócrifos.
El director general del Instituto, Juan Lozano Tovar, que este año tomó posesión del cargo, detalló que la mayoría de los productos decomisados son de higiene personal, belleza, juguetes y prendas de vestir, calzado, tenis y accesorios.
El funcionario argumentó que se han realizado 999 visitas de inspección para identificar casos probables de piratería, de las cuales 759 han sido visitas de oficio y 240 visitas a petición de parte.
El directivo explicó a Notimex que este aseguramiento supera al del mismo periodo del año anterior, como resultado del trabajo conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y las oficinas de aduanas.
“La piratería es uno de los males más graves de nuestros tiempos, porque inhibe la creación y es un aspecto de los más relevantes en la economía”, argumentó.
Lozano Tovar recordó que solo en 2018 se aseguraron 2.9 millones de productos sin copyright, ilegales, cuya tendencia se mantiene en México. “En todos los terrenos posibles seguiremos la lucha contra la piratería y trataremos de acreditarlo a través de números concretos”.
El funcionario resaltó que el IMPI tiene la mira puesta en los sitios de Internet piratas y empezó a bloquear algunas páginas, como ba-k.com y mymusiic.com, por carecer del consentimiento de los titulares de los derechos de autor.
Apuntó que el organismo tiene la facultad para bloquear y cerrar los website ilegales. “No es algo sencillo (…) y es un ilícito que en todo el mundo debemos enfrentar”, finalizó.
En una misiva dirigida a las autoridades reguladoras a escala mundial, el IMCO cita que la protección de los derechos de propiedad intelectual permite a los innovadores y a los artistas ser dueños de su trabajo y controlar cómo se utiliza, “al formar la base de un sistema de mercado que ayuda a liberar la capacidad inventiva de los innovadores mundiales”.
Sin embargo, “a pesar de que han pasado más de veinte años desde el Acuerdo de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial del Comercio, en el que todos los miembros del G20 son firmantes, la piratería en línea y el comercio de bienes falsos asciende a un total de 461 mil millones de dólares, o bien 2.5% de las importaciones globales, que continúan siendo una plaga en la economía mundial”.
Fuente:
Contra Réplica
Las vallas colocadas en el bulevar de la calle Lizardo Ruiz, en Cotocollao (norte de Quito) no han impedido que las ventas informales retornen a este espacio público.
A las 10:10 del pasado sábado 5 de enero del 2019, cinco agentes metropolitanos, que recorrían ambas aceras del bulevar, pedían a los comerciantes sin permiso que se retiren de la esquina de calles De La Prensa y Lizardo Ruiz. Unos hacían caso a la primera llamada de atención y otros intentaban persuadir a los agentes, pero al final terminaron por retirarse del lugar.
Elena Herrera vende artículos de limpieza de manera informal para mantener a su familia. Confiesa que no tiene para pagar el arriendo de un local y, aunque, sabe que no es permitido, no encuentra otra forma de ingreso económico.
Quienes tienen locales comerciales en ese sector se oponen a la ventas informales en las aceras. Rosa Almache tiene su negocio de venta de ropa en la Lizardo Ruiz.
Ella señala que desde mediados de diciembre pasado, por la época navideña, se colocaron las vallas y hubo más control del Municipio. “No estoy de acuerdo con que se les permita vender. Nosotros pagamos arriendo y permisos. Con base en eso ponemos nuestros precios. Los informales pueden vender lo mismo pero a la mitad de precio y no es justo”, dice.
Ángel Lema, inspector del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, señala que los jueves, viernes, sábados y domingos son los días más complicados por el comercio informal. Para evitar que se ocupe de forma indebida el espacio público se destinan 20 agentes que trabajan de 09:30 a 18:30.
Cotocollao no es el único punto en el que se colocaron vallas de seguridad. La Policía Metropolitana hizo lo mismo en el bulevar de la J, en el sector de Solanda (sur), por la alta concentración de los vendedores informales.
La Ordenanza Metropolitana 201 establece que no es posible las ventas informales, sin permisos, en los bulevares destinados para el tránsito de los peatones.
En esa normativa también se incluyen sanciones. Para quienes venden sin permiso hay una multa de USD 100 y, en caso de reincidencia, USD 200.
Además es posible la retención de la mercadería cuando se inicia un proceso por parte de la Agencia Metropolitana de Control (AMC).
De acuerdo con los datos del Municipio, en el Distrito Metropolitano hay cerca de 11 000 comerciantes autónomos.
Fuente: El Comercio.
El envío de productos falsificados ya no va solo en grandes volúmenes. Los envíos reducidos, muchos de ellos por comercio electrónico, están aumentando. Su detección es más complicada.
El rastreo de mercancías falsificadas se ha dificultado para los agentes de aduanas porque se envían en paquetes pequeños, utilizando el correo postal o empresas de mensajería.
Esta es la principal conclusión de una investigación desarrollada por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) que constata que el 63% de las incautaciones aduaneras de productos falsificados en el mundo y el 76% en la UE venían en paquetes de pequeño formato por correo postal o mensajería, una de las vías más utilizadas en las compras online.
Este sistema de entrada de productos falsificados, dice la Euipo, carece del control que sí recogen los manifiestos de los buques y ejercen los agentes de aduanas por lo que "los datos recogidos por los servicios postales y las empresas de mensajería urgente podrían constituir un recurso de vigilancia y control muy valioso si se pusieran a disposición de las autoridades aduaneras".
No obstante, pese al incremento de esta vía, el mayor volumen de importación de falsificaciones que llegan a la UE, lo hace "principalmente, en contenedores y otros envíos marítimos", asegura el director de la Euipo, Christian Archambeau, que recuerda, citando estudios anteriores, que las falsificaciones representan "el 2,5% del comercio mundial, que equivale a unos 338.000 millones de euros anuales, y el 5% de las importaciones de la Unión Europea", que suman unos 85.000 millones.
Según la investigación los envíos suelen distribuirse en paquetes de diez o menos artículos, aunque más de la mitad de las incautaciones de paquetes postales contenían uno solo producto. Y son los artículos más pequeños los más frecuentes. Así el 84 % de los envíos contenía calzado, el 77 % productos ópticos, fotográficos y médicos falsificados (principalmente gafas de sol) y el 63% llevaba relojes, artículos de marroquinería (como cinturones), bolsos y artículos de joyería falsificados.
El estudio es el quinto del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual y ha cruzado datos del comercio de productos falsificados y servicios postales de cinco organismos internacionales. La Euipo, con sede en Alicante, es una agencia descentralizada de la UE que gestiona el registro de las marcas de la Union Europea (MUE) y los dibujos y modelos comunitarios registrados (DMC), que proporcionan protección de la propiedad intelectual en los 28 Estados miembros.
Fuente: Expansión.
La historia cuenta que en noviembre de 2006 tenía lugar la primera “Medida en Frontera de protección a los derechos de propiedad intelectual en Ecuador”. Y nosotros podemos contar la historia, porque estuvimos allí*.
Desde entonces las medidas en frontera proliferaron exitosamente hasta el año 2008, cuando se realizaron (Aprox.) 150 medidas en Frontera de protección a los derechos de PI, por acción de la Corporación Aduanera Ecuatoriana – CAE (hoy Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE), con un estimado de 1.2 millones de productos ilegales detenidos en aduanas. En ese año Ecuador fue premiado ante la Organización Mundial de Aduanas por la importante labor en la protección a la Propiedad Industrial.
La visión gubernamental de aquél entonces provocó que se impongan limitaciones al comercio internacional. En enero de 2009 entró en vigencia la resolución del entonces Consejo de Comercio Exterior e Inversiones – COMEXI, que estableció restricciones al ingreso de cientos de subpartidas de bienes, a través de la implementación de cupos de importaciones e incrementó el valor de los aranceles a otros cientos de productos. El calzado tuvo un arancel de US$10 por cada par, la cerámica un impuesto de US$0,12 por kg, los textiles y ropa un arancel de US$12 por kg... Además existieron otras disposiciones legales que perjudicaron el comercio internacional, como la normativa de etiquetado INEN.
Durante ese año se realizaron tan sólo 30 medidas en frontera (una reducción del 80% respecto al año anterior) y se incautaron menos de 100 mil productos (una reducción del 82%). La mayoría de los productos detenidos por la CAE en 2009 fueron juguetes.
Aquél año fue ciertamente un punto de inflexión. Desde entonces hemos sido testigos de una drástica reducción de medidas de protección a los derechos de PI en frontera . Para el año 2016 existieron 3 Medidas en Frontera y durante 2018 no se ha realizado ninguna.
La situación es producto, en buena medida, de la sustitución de la Ley de Propiedad Intelectual por el vigente Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos e Innovación – INGENIOS. La norma derogada establecía, en su artículo 342, la obligación del Estado Ecuatoriano de actuar de oficio ante estas infracciones. La normativa contenida a partir del artículo 575 del Código INGENIOS establece requisitos que parecen exagerados y en la práctica bastante difíciles de cumplir a efectos de ejercer protección legal en frontera en defensa del derecho de PI; esto es la “evidencia suficiente” de la infracción, que se traduce en un impedimento legal.
Sin embargo parecería que el segundo párrafo del artículo 51 del Reglamento a INGENIOS, contenido en el Decreto Ejecutivo No. 1435 de mayo 23 de 2017, abre una posibilidad de lograr acciones en frontera, al responsabilizar al Servicio Nacional de Aduanas del suministro de “información necesaria” que sirva de “sustento de la Medida en Frontera”.
Como se demostró entre 2006 y 2008, las medidas en Frontera son una de las mejores formas de proteger los derechos de propiedad intelectual, se impide el ingreso de productos potencialmente ilícitos (muchos perjudiciales para la salud), se protege de riegos y de futuros engaños a los consumidores, y se fomenta a gran escala un comercio más justo.
*Luzuriaga & Castro Abogados realizó, el 06 de noviembre de 2006, la primera acción de medida en frontera acontecida en el país.
