En los primeros tres meses del presente año se han asegurado casi 800 mil productos falsos o piratas, sin copyright, con un valor calculado en casi 3 millones de pesos, y multas impuestas por 18 millones 830 mil 260 pesos, informó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Las multas se han impuesto 123 responsables por resolución del IMPI y oposición a las visitas de inspección, lo que equivale a un valor aproximad de casi 19 millones de pesos, además de que se han clausurado cuatro establecimientos comerciales por la venta de estos productos apócrifos.
El director general del Instituto, Juan Lozano Tovar, que este año tomó posesión del cargo, detalló que la mayoría de los productos decomisados son de higiene personal, belleza, juguetes y prendas de vestir, calzado, tenis y accesorios.
El funcionario argumentó que se han realizado 999 visitas de inspección para identificar casos probables de piratería, de las cuales 759 han sido visitas de oficio y 240 visitas a petición de parte.
El directivo explicó a Notimex que este aseguramiento supera al del mismo periodo del año anterior, como resultado del trabajo conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y las oficinas de aduanas.
“La piratería es uno de los males más graves de nuestros tiempos, porque inhibe la creación y es un aspecto de los más relevantes en la economía”, argumentó.
Lozano Tovar recordó que solo en 2018 se aseguraron 2.9 millones de productos sin copyright, ilegales, cuya tendencia se mantiene en México. “En todos los terrenos posibles seguiremos la lucha contra la piratería y trataremos de acreditarlo a través de números concretos”.
El funcionario resaltó que el IMPI tiene la mira puesta en los sitios de Internet piratas y empezó a bloquear algunas páginas, como ba-k.com y mymusiic.com, por carecer del consentimiento de los titulares de los derechos de autor.
Apuntó que el organismo tiene la facultad para bloquear y cerrar los website ilegales. “No es algo sencillo (…) y es un ilícito que en todo el mundo debemos enfrentar”, finalizó.
En una misiva dirigida a las autoridades reguladoras a escala mundial, el IMCO cita que la protección de los derechos de propiedad intelectual permite a los innovadores y a los artistas ser dueños de su trabajo y controlar cómo se utiliza, “al formar la base de un sistema de mercado que ayuda a liberar la capacidad inventiva de los innovadores mundiales”.
Sin embargo, “a pesar de que han pasado más de veinte años desde el Acuerdo de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial del Comercio, en el que todos los miembros del G20 son firmantes, la piratería en línea y el comercio de bienes falsos asciende a un total de 461 mil millones de dólares, o bien 2.5% de las importaciones globales, que continúan siendo una plaga en la economía mundial”.
Fuente:
Contra Réplica
Más de $1 billón le costó al campo colombiano el año pasado el uso de semilla pirata, aquellas que se reproducen, se comercializan y se usan sin respetar los derechos de propiedad intelectual y sin la autorización del obtentor. Por lo cual no son reconocidas como certificadas. Del total, 85% son producidas por empresas locales y 15% por multinacionales.
“Es difícil cuantificar las pérdidas de todo el sector porque la piratería es un fenómeno sin registro, no hay cifras formales. Sin embargo, hemos detectado que solo en arroz, este flagelo representa cerca de $250.000 millones y en papa al menos $200.000 millones”, explicó Leonardo Ariza, gerente general de la Asociación Colombiana de Semillas (Acosemillas).
Y es que, de las 333.770 hectáreas de arroz que se sembraron en el primer semestre de 2018, solo en 76.768 hectáreas (23%) se utilizaron semillas certificadas. Mientras que en las 257.010 restantes (77%), se utilizó semilla pirata. Casanare, por su liderazgo como territorio arrocero, ha sido la región más afectada.
“En el caso del arroz, como producimos variedades, hay mucha piratería. Se está vendiendo arroz paddy contaminado con malezas, plagas y enfermedades. Por eso, hemos pedido que se haga un control estricto y se sancione a los productores de esas semillas, pues la piratería trae problemas a los rendimientos, a la productividad y hace que se pierda la pureza del varietal, sus propiedades”, indicó Rafael Hernández, presidente de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz).
“Hemos tenido un gran impacto de contrabando de semillas desde Ecuador y algo en la frontera con Venezuela sobre los Santanderes. Lo que nos preocupa es el problema fitosanitario del ingreso tanto de semillas como de papa fresca. Sin embargo, hemos tenido una buena receptividad por parte del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), para establecer puntos de control”, dijo Germán Palacio, gerente general de la Federación Colombiana de Productores de Papa (Fedepapa).
Ariza, además, citó la afectación que ha dejado la semilla pirata a otros cultivos como la soya y el sorgo. Aunque las áreas cultivadas son mucho menores, de 9.320 hectáreas y 720 hectáreas, respectivamente, hasta noviembre de 2018. Las pérdidas ascienden a $3.600 millones en el caso de la soya en zonas como la altillanura y a $560.000 millones para los productores de sorgo en el centro del país. Solo con estos cuatro sectores se pierde $1 billón al año.
Al respecto, Henry Vanegas, gerente general de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas (Fenalce), dijo que en este sector el impacto resulta ser menor al estar compuesto por cultivos híbridos (no variedades). A ello se suma que las extensiones de sorgo y soya son menores.
“Hemos tenido buena receptividad del Ministerio de Agricultura y todas sus autoridades para este caso. Desarrollamos una agenda para promover el uso de semillas certificadas a través de campañas capacitación, incluso con universidades, pues 40% de la productividad lo da la semilla”, dijo Ariza.
El balance hecho por Leonardo Ariza desde Acosemillas también detalló que, para 2017 (el reporte consolidado más reciente), el volumen de semillas certificadas vendidas ascendió a 36.983 toneladas por un valor de $222.281 millones. “Esas cifras son importantes si las comparamos contra las importaciones, que fueron 7.664 toneladas por US$68 millones”, dijo el directivo, quien agregó que Colombia tiene un gran potencial para crecer en la producción de semillas.
Fuente: Agronegocios (Lina María Guevara Benavides)
La historia cuenta que en noviembre de 2006 tenía lugar la primera “Medida en Frontera de protección a los derechos de propiedad intelectual en Ecuador”. Y nosotros podemos contar la historia, porque estuvimos allí*.
Desde entonces las medidas en frontera proliferaron exitosamente hasta el año 2008, cuando se realizaron (Aprox.) 150 medidas en Frontera de protección a los derechos de PI, por acción de la Corporación Aduanera Ecuatoriana – CAE (hoy Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE), con un estimado de 1.2 millones de productos ilegales detenidos en aduanas. En ese año Ecuador fue premiado ante la Organización Mundial de Aduanas por la importante labor en la protección a la Propiedad Industrial.
La visión gubernamental de aquél entonces provocó que se impongan limitaciones al comercio internacional. En enero de 2009 entró en vigencia la resolución del entonces Consejo de Comercio Exterior e Inversiones – COMEXI, que estableció restricciones al ingreso de cientos de subpartidas de bienes, a través de la implementación de cupos de importaciones e incrementó el valor de los aranceles a otros cientos de productos. El calzado tuvo un arancel de US$10 por cada par, la cerámica un impuesto de US$0,12 por kg, los textiles y ropa un arancel de US$12 por kg... Además existieron otras disposiciones legales que perjudicaron el comercio internacional, como la normativa de etiquetado INEN.
Durante ese año se realizaron tan sólo 30 medidas en frontera (una reducción del 80% respecto al año anterior) y se incautaron menos de 100 mil productos (una reducción del 82%). La mayoría de los productos detenidos por la CAE en 2009 fueron juguetes.
Aquél año fue ciertamente un punto de inflexión. Desde entonces hemos sido testigos de una drástica reducción de medidas de protección a los derechos de PI en frontera . Para el año 2016 existieron 3 Medidas en Frontera y durante 2018 no se ha realizado ninguna.
La situación es producto, en buena medida, de la sustitución de la Ley de Propiedad Intelectual por el vigente Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos e Innovación – INGENIOS. La norma derogada establecía, en su artículo 342, la obligación del Estado Ecuatoriano de actuar de oficio ante estas infracciones. La normativa contenida a partir del artículo 575 del Código INGENIOS establece requisitos que parecen exagerados y en la práctica bastante difíciles de cumplir a efectos de ejercer protección legal en frontera en defensa del derecho de PI; esto es la “evidencia suficiente” de la infracción, que se traduce en un impedimento legal.
Sin embargo parecería que el segundo párrafo del artículo 51 del Reglamento a INGENIOS, contenido en el Decreto Ejecutivo No. 1435 de mayo 23 de 2017, abre una posibilidad de lograr acciones en frontera, al responsabilizar al Servicio Nacional de Aduanas del suministro de “información necesaria” que sirva de “sustento de la Medida en Frontera”.
Como se demostró entre 2006 y 2008, las medidas en Frontera son una de las mejores formas de proteger los derechos de propiedad intelectual, se impide el ingreso de productos potencialmente ilícitos (muchos perjudiciales para la salud), se protege de riegos y de futuros engaños a los consumidores, y se fomenta a gran escala un comercio más justo.
*Luzuriaga & Castro Abogados realizó, el 06 de noviembre de 2006, la primera acción de medida en frontera acontecida en el país.
