Llegamos un poco retrasados esta semana, pero les traemos interesantes noticias sobre el desarrollo y la lucha por patentes en el mundo de la propiedad intelectual, aquí te presentaremos las marcas que se suman con sus patentes al metaverso y problemas de lado y lado en el paraíso de las vacunas.
Algunas de estas notas son muy interesantes y otras de seguro revolucionaran el cotidiano, te traemos una mirada distinta de nuestra sociedad desde las patentes. Te recordamos que puedes revisar aquí nuestras notas de la semana pasada.
Adidas y Nike han comenzado a moverse para formar parte del metaverso en los próximos años. A través de diferentes iniciativas, las dos marcas deportivas más famosas del mundo tendrán un hueco importante en el universo virtual del futuro, lo que demuestra el potencial que las grandes empresas ven en esta tecnología.
La primera en acercarse al metaverso ha sido Nike, que hace pocos días registró ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos toda su mercancía, incluyendo el eslogan y el famoso logo del Jumpman, como productos virtuales descargables. Esta noticia tendría sentido, teniendo en cuenta que uno de los atractivos del universo virtual sería poder comprar ropa para los avatares.
Por otro lado, la segunda marca deportiva más reconocida del mundo, Adidas, no ha querido quedarse atrás, y ha firmado un acuerdo de colaboración con el exchange de criptomonedas Coinbase, que podría abrir la posibilidad de que la compañía comenzara a admitir como método de pago algunas de las divisas digitales más conocidas, como bitcoin o Ethereum.
Además, Adidas anunció hace unos días el lanzamiento de un token no fungible (NFT), una de las grandes tendencias de 2021 en el sector del blockchain y propiedad intelectual; además ha adelantado la creación de su propio metaverso, que se llamaría AdiVerse y tendría unas funcionalidades similares a las del universo virtual de Nike.
La creación de un metaverso propio por parte de Adidas y Nike es la primera prueba de que las grandes marcas están experimentando las funcionalidades de esta tecnología, que alcanzaría su momento de mayor desarrollo cuando Facebook -ahora Meta- lance su universo virtual, que pretende revolucionar Internet.
En este sentido, otras grandes marcas han optado por entrar en uno de los metaversos que llevan años triunfando, sobre todo en el sector de los videojuegos. Por ejemplo, Louis Vuitton ha firmado un acuerdo con League of Legends, mientras que Balenciaga lo ha hecho con Fortnite, para incluir algunas de sus prendas en los marketplace del juego.
Así, el sector de la moda se suma al metaverso, algo que ya hicieron hace unos años las figuras más destacadas de la industria musical. En este sentido, cabe recordar que Ariana Grande, J Balvin o Travis Scott ya han realizado sus primeros conciertos en un universo virtual. En concreto, sus actuaciones exclusivas en el metaverso de Fortnite fueron todo un éxito, llegando a alcanzar los 27,7 millones de espectadores en directo.
Además de la posibilidad de comprar los mismos productos que las marcas ofrecen en la vida real, una de las grandes ambiciones del metaverso de Meta es la posibilidad de trabajar en la propia plataforma. La pandemia y el teletrabajo han acelerado el crecimiento de plataformas de videoconferencias y otras herramientas digitales de comunicación y organización, por lo que no es descabellado pensar que el universo virtual podría ser un canal idóneo para ir un paso más allá y que sea tu avatar el que acuda a una reunión con tus compañeros y surjan nuevas herramientas de visualización enfocadas a mejorar la productividad.
La nueva disputa es entre los socios públicos y privados que han colaborado en la creación de la vacuna de Moderna, es decir, la firma estadounidense Moderna Therapeutics y los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), la gran maquinaria pública de investigación biomédica norteamericana.
La razón del malestar es simple: los investigadores públicos no firmaron la solicitud de patente, pese a ser coinventores del fármaco. Puesto que Moderna prevé ingresar 18.000 millones de dólares este año con las ventas de su vacuna, dicho descuido le va a salir caro a la ciencia pública norteamericana.
Los NIH perderán, o dejarán de ingresar, un dinero que les habría permitido licenciar la patente en condiciones ventajosas para los países en desarrollo. No es solo altruismo. La amenaza actual de la variante ómicron muestra lo mucho que tienen que perder los países ricos por no facilitar dosis suficientes al resto del mundo.
Una norma no escrita en este tipo de colaboraciones es que los institutos públicos se ocupan de las fases iniciales de la investigación y luego le pasan los resultados a la industria para que los desarrolle. La ciencia pública asume así el riesgo de apostar por líneas de investigación que al final no conducen a aplicaciones rentables, una contingencia que el sector privado suele considerar disuasoria. A cambio, la industria invierte con fuerza cuando ve una línea prometedora en sus colaboradores públicos, que no suelen disponer de los cientos de millones de euros necesarios para desarrollar el producto y organizar los ensayos clínicos.
Ese protocolo es tácito, sin embargo, ha empezado a cuestionarse en los últimos años, incluso antes de la pandemia. Lo que ahora afecta a la vacuna de Moderna/NIH puede tener un efecto expansivo sobre otras vacunas contra el SARS-CoV-2, que son también producto de la colaboración público/privada.
La montaña rusa de la pandemia, el avance disparejo de la vacunación y sobre todo la presentación de una iniciativa indo-sudafricana en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para una exención de los derechos de propiedad intelectual (PI) con el fin de hacer frente a la Covid-19, ha generado mucho interés en las discusiones que del 30 de noviembre al 3 de diciembre se darían en la duodécima Cumbre Ministerial (MC12). Pero desafortunadamente, la llegada de ómicron trajo consigo la decisión de, una vez más, posponerla.
Si bien había interés en la MC12, pocas eran las expectativas de lograr consenso. Ciertamente, las patentes tienen un papel estelar, sin embargo, a la fecha no se ha demostrado que con la exención propuesta se logre mayor fabricación, distribución y aplicación de las vacunas. De igual manera, no se ha logrado demostrar que los mecanismos ya existentes sobre las limitaciones de patentes, como lo es la licencia de utilidad pública, resultan insuficientes para librar la batalla.
A la par de la propuesta de liberar patentes, se discutiría en la MC12, una propuesta de la UE por cuanto a utilizar los mecanismos ya contemplados en el Acuerdo sobre Derechos de PI administrado por la OMC y que maximice las condiciones y circunstancias excepcionales para aplicarlos en esta situación. Sin embargo, este será un tema que trascenderá hasta el 2022 con una constante presión por hacia el sector farmacéutico, la visión de más países para con la liberación de patentes y una mirada de preocupación con respecto a la evolución del virus .
El escudo del Capitán América, el Hombre Araña o las orejas del ratón Mickey Mouse están en camisetas, zapatos deportivos o calentadores. Logos de estos y otros personajes o marcas se observan en buena parte de la mercadería que se expende en locales comerciales de zonas como El Tejar y La Marín, en el centro de la capital, y en su mayoría tienen un grabe problema de propiedad intelectual en Ecuador.
El uso de una marca sin la autorización del propietario en el país puede acarrear multas e incluso procesos civiles y penales, pero los comerciantes de productos lo desconocen.
Manuel Lazo es un pequeño distribuidor de calentadores. Abrió su local hace más de cinco años. El negociante adquiere la mercadería en una empresa textil de Ambato. Vende chaquetas con estampados de Adidas, Under Armour o con personajes de series infantiles.
Lazo no sabía que las prendas cuentan con licencia para comercializar las marcas. “Los distribuidores sí deben tener permisos, pues en cada una de las prendas colocan etiquetas con la marca del producto”.
Otros distribuidores comentan que prefieren traer mercadería de Pelileo, Colombia, Perú o comprarla en las ferias que se llevan a cabo los domingos en el sector de El Tejar.
El Código Ingenios establece que las multas por el uso sin autorización de una marca van desde USD 500 hasta 50 000.
El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi, antes IEPI) puede ordenar medidas cautelares como prohibición del uso de la marca o de la comercialización de productos en los casos en los que se violen los derechos de propiedad intelectual.
“Las marcas son signos que identifican productos o servicios. Para poder adquirir el derecho sobre una marca, un signo, es necesario que se haga un registro. Si no se registra, no existe”, explica Santiago Cevallos, director de la entidad.
El organismo también aborda los temas relacionados con patentes, derechos de autor (música, libros, software), obtenciones vegetales y frutos y conocimiento ancestral.
El Senadi recibió el año pasado 700 denuncias sobre propiedad intelectual en Ecuador, incluido el tema de marcas.
Los afectados también pueden reclamar daños y perjuicios por la vía civil o penal.
Grupo Mantra, licenciante de 58 marcas como Disney, Star Wars, Marvel y Los Simpsons para Ecuador, Bolivia y Venezuela, firmó un convenio para formalizar estos negocios a través de una licencia.
Los principales problemas que enfrentan los pequeños negocios son la falta de recursos para adquirir las licencias o de capacitación. “Muchas veces el irrespeto al uso de los derechos de propiedad intelectual no es intencionado, sino por desconocimiento de la necesidad de una autorización de uso o del registro de una marca para adquirir el derecho”, explicó el director del Senadi.
De hecho, Grupo Mantra envió en el último año cartas a 52 empresas o negocios que estaban violando los derechos de propiedad intelectual en ecuador. De ellas, el 85% manifestó desconocer el tema y estaba dispuesto a formalizarse.
El proyecto está compuesto por tres modelos de franquicias destinados a micro, pequeñas y medianas empresas.
El primero es la industrial, para que puedan generar productos de forma legal, de manera que puedan pasar las auditorías de las licencias de las marcas. “Se verifican procesos de calidad, materiales, seguridad industrial y derechos laborales”, explicó Cevallos. La iniciativa iniciará con 10 firmas, que ya están en el programa.
La segunda es la franquicia comercial, que permite ser un canal autorizado para venta de productos con licencia. Este programa arrancará con 20.
A futuro se prevé desarrollar una franquicia juvenil (para menores de 30 años). Se otorga de forma individual para comercializar la marca.
En el acuerdo también participa Banco del Pacífico, que facilitará financiamiento, por ejemplo, de hasta USD 6 000 para la franquicia comercial. En América Latina las licencias deportivas, de entretenimiento, de arte y otras mueven unos USD 11 800 millones. Ecuador representa apenas el 0,3% de ese monto. Más del 80% de la facturación total en la región corresponde a Disney, según Grupo Mantra.
Fuente: Diario El Comercio
El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual informó un nuevo mecanismo para el pago de las tasas de marcas y servicios prestados por el organismo.
El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) ha dictado una resolución a través de la cual obliga a que las tasas de marcas y patentas oficiales de titulares extranjeros sean pagadas en la criptomoneda “petro”. Y otorga un plazo de 60 días para cancelar las correspondientes tasas de marcas concedidas entre los boletines 580 y 590.
En tal sentido, el bufete HPCD comunica a sus clientes que las transacciones en “petro” están sujetas a sanciones por algunos países, entre ellos Estados Unidos. Por esta situación, la firma ha realizado reuniones con asesores expertos en la materia. Por su parte, la Asociación de Agentes de Propiedad Industrial (COVAPI) está en deliberación para resolver el tema sobre una medida colectiva.
Como es de público conocimiento, Venezuela atraviesa una situación particular y, según la comunidad internacional, la Nación se encuentra sometida a un estatuto que, aprobado el 5 de febrero de 2019 por la Asamblea Nacional, rige la Transición hacia la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución, aplicable a los Poderes Públicos, funcionarios y a los particulares.
Por las razones expuestas, la firma HPCD ha decidido aconsejar a la clientela no dar pasos apresurados hasta tanto no tener más claridad en la materia. También se anuncia que los mantendrán informados.
Seguiremos atentos a las resoluciones y modificaciones.
Fuente: Marcasur (por HOET PELAEZ CASTILLO & DUQUE)
Enlace: http://www.marcasur.com/noticia.php?NoNoId=4863
Por: Alejandra Vargas Morera
En el 2017 la demanda de títulos de propiedad intelectual alcanzó niveles récord en el mundo, con China liderando el número de solicitudes de patentes, registros de marcas y diseños industriales. Sin embargo, ese mismo año, los números de América Latina fueron débiles, lo que sugiere una tendencia al estancamiento en la región, sin respeto a la propiedad intelectual.
El último informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) revela que en 2017 se presentaron a nivel mundial 3,17 millones de solicitudes de patentes, un 5,8 por ciento más que en el 2016. De ellas, el 65,1 por ciento provino de Asia, mientras América Latina y el Caribe, Oceanía y África juntos apenas sumaron un 3,4 por ciento.
En el 2007 en América Latina y el Caribe se solicitaron 58.100 patentes (un 3,1 por ciento del total). Diez años después, 2017, la cantidad llegó apenas a 57.600 solicitudes (1,8 por ciento).
Marco Alemán, director de la División de Patentes de la OMPI, reconoció a SciDev.Net que los números de patentes evidencian que los esfuerzos en innovación de América Latina son muy bajos, menos del 0.5 por ciento de su Producto Interno Bruto en promedio, y que “faltan más políticas de innovación” y más involucramiento del sector privado en dicha actividad.
Aunque creo que las patentes no son la única manera de medir el quehacer intelectual de un país, en una sociedad y economía del conocimiento sí es preocupante ver las cifras de América Latina.
Pablo Jenkins, Foro Económico Mundial.
Destacó también que las cifras de los solicitantes locales (o residentes) son muy bajas en los países más grandes de América Latina, como Brasil, México, Chile y Argentina.
“No es que las cifras en la región hayan bajado mucho (unas mil patentes menos), lo que ocurre es que otras regiones, como Asia, aumentaron significativamente”, subrayó.
El informe menciona que el tiempo necesario para obtener patentes en la región es prolongado. En Brasil, por ejemplo, completar el proceso de solicitud de una patente puede demorar hasta 8 años, más de 6 años que lo que toma en China y Europa (donde el trámite tarda 22 meses). En Rusia el proceso sólo tarda 9 meses.
De las 25.000 solicitudes de patentes (de las cuales 20.000 venían del exterior) presentadas al Instituto Nacional da Propriedade Industrial de Brasil, se concedieron 5.450 registros de patentes. De ellas, 700 fueron para empresas, universidades o innovadores nacionales. En el 2017 en México se otorgaron 8,510 patentes. Allí el trámite tarda 3 años.
Como casos curiosos, el informe destaca que entre las oficinas de países de bajos y medianos ingresos, Ecuador y Colombia presentaron un crecimiento particularmente rápido (11,5 y 7,7 por ciento, respectivamente). En ambos casos, se registró un crecimiento de solicitudes hechas por no residentes.
“La presentación de solicitudes en el extranjero refleja la globalización de la protección y de la propiedad intelectual y el deseo de comercializar tecnología en mercados extranjeros”, explica la publicación. Por ejemplo, fueron solicitantes de EEUU quienes presentaron el 52,8 por ciento de las solicitudes de no residentes presentadas en México.
La abogada María José Cordero, doctora en derecho de la Universidad de Stanford, especializada en propiedad intelectual explica a SciDev.Net que América Latina no es una región homogénea.
La inversión que cada uno de los países hace en innovación y desarrollo y el porcentaje del Producto Interno Bruto que destinan a promover la ciencia y la tecnología, son muy dispares y en la mayoría de los casos muy inferiores a los que hacen países como China, señala.
Brasil, México y Argentina son los tres países que aglomeran casi el 90 por ciento de la investigación latinoamericana. Tras más de una década de crecimiento, entre 2007 y 2016, ellos mostraron caídas significativas en su inversión en ciencia y tecnología: Brasil (2%), México (3%) y Argentina (10%), asegura el informe El Estado de la Ciencia de la por la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología.
“Si el país invierte poco en el desarrollo e investigación de ciencia básica desde las instituciones estatales y tampoco ofrece incentivos para la innovación hace la ecuación más retadora para quienes quieran innovar. También falta la colaboración del sector privado”, destaca la abogada.
“Cambios políticos y crisis económicas en las diferentes naciones también pueden haber desalentado a los científicos a realizar investigación y desarrollo”, añade.
“Aunque creo que las patentes no son la única manera de medir el quehacer intelectual de un país, en una sociedad y economía del conocimiento sí es preocupante ver las cifras de América Latina”, asegura Pablo Jenkins, líder joven del Foro Económico Mundial, con una maestría en innovación por la Universidad de Harvard.
Además de que el proceso sea engorroso y costoso, Jenkins opina que existe una cultura que no ha valorado históricamente la propiedad intelectual, “entonces se buscan otras maneras de proteger pequeñas ideas”, explica.
Finalmente, atribuye parte de la responsabilidad al sistema educativo de la región: “El sistema educativo regional se ha quedado con esquemas del siglo XX, siendo como una línea de ensamblaje donde desde el primer grado todos reciben más o menos lo mismo y van pasando fase a fase de una manera relativamente genérica y no tan basada en la creación, experimentación y aprendizaje individual. Si no hemos sembrado eso temprano, es difícil esperar ver presentes las destrezas necesarias para crear e innovar en esas personas adultas”, subraya.
> Descargue el informe completo (en inglés).
FUENTE: Scidev
Marcasur publicaba, en su edición digital #70 de agosto pasado, una tabla comparativa de las fluctuaciones en materia de registros y marcas en América Latina durante los últimos años. Analizaba el patentamiento especialmente en la transición 2016 al 2017, donde todo a simple vista ratificaba el orden establecido, con las siguientes aproximaciones: Brasil 186 mil, México 154 mil, Argentina 87 mil, Chile 45 mil y Colombia 43 mil.
No obstante, la propia publicación destacaba el crecimiento exponencial de dos países durante ese período. Los de mayor crecimiento proporcional Perú y Argentina, el primero con una fluctuación de (Aprox.) 27 puntos porcentuales respecto del 2016, seguido de cerca por Argentina, con un crecimiento de (Aprox.) 24 porciento. Lejos de ellos las potencias Brasil y México, con 11% y 12% respectivamente.
El crecimiento de Perú sorprende más si se lo compara con sus marcas de años anteriores, 2014-2016, cuando las fluctuaciones rondaban el 3-4% anual, en términos positivos o negativos.
Evidentemente serán muchos los factores que explican estos hechos. Aquí proponemos detenernos en un actor clave del proceso, ya sea como promotor de cambios o como dinamizador y facilitador de cambios. Indecopi es sin dudas un agente fundamental en semejante “golpe de patentamiento”.
En su informe anual 2017, Indecopi destaca la aprobación de la primera Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor y el primer Plan Nacional de Protección del Consumidor. Y con ello que las herramientas jurídicas son determinantes para la consecución de grandes proyectos nacionales.
En términos operativos, se centró en la relación con los usuarios, implementando medidas que facilitan y convocan el patentamiento, como la reducción de costos y tiempos de operación, ambos puntales concentrados en una apuesta: “servicios y procedimientos digitales”.
La primera busca mejorar el aparato de Estado, eliminando barreras burocráticas “ilegales y/o irracionales”. En ello trabajan una Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y luego una Secretaría Técnica Regional con el mismo fin, enlazados con los usuarios a través de sus plataformas digitales. Ha logrado eliminar un total de 3.288 barreras burocráticas ilegales y/o irracionales, generando un ahorro potencial de S/ 578.4 millones al país. Además, logró reducir a dos meses y medio el promedio de tiempo para el registro, uno de los mejores de Latinoamérica.
El segundo emprendimiento que destaca, a cargo de la Dirección de Signos Distintivos, es la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial, que publica gratuitamente las solicitudes de marcas y patentes, ahorrando a los ciudadanos el costo de la publicación (que se hacía en el diario oficial El Peruano). En el informe de labores 2017 se destaca que la Gaceta Electrónica ha generado un ahorro de más de 4.3 millones de soles a los ciudadanos.
Fuentes:
INDECOPI. Rendición de cuentas 2017
Marcasur, Edición digital No 70
Naturalizada en poco tiempo y seguramente “palabra nativa” para la próxima generación, blockchain es hoy una verdadera paradoja en al menos dos sentidos: siendo un término ya generalizado, pocos pueden decir con seguridad de qué se trata; y siendo objeto de permanente patentamiento, es una tecnología que aún no está mayormente puesta al servicio de la sociedad.
De un momento a otro blockchain provocó una revolución de expectativas, prometiendo ser tan importante como la propia Internet y omnipresente en nuestras vidas. La promesa sigue en pie, pero no está claro aún cómo se materializará esa tecnología ni se valora con seguridad el alcance y los usos posibles.
Sin ánimos de una definición precisa y técnicamente detallada, podríamos decir que blockchain (la cadena de bloques) es un sistema descentralizado que registra transacciones (no necesariamente monetarias) en todos los nodos de una red, por lo que la información se torna incorruptible.
Eso lo hace gigante, puede crecer indefinidamente, tanto como red y como sistema, puede conectar a todas las personas en el planeta. No necesita intermediaciones institucionales para operar, sino sólo acceso a una computadora conectada a la red. Como tecnología es tan potente que permitiría mejorar y facilitar desde trámites administrativos hasta transacciones financieras. Birgit Clark (de Baker McKenzie) analiza y prevé importantes beneficios de blockchain en el futuro de la protección a la propiedad intelectual. Incluso Golem se plantea la posibilidad de que la red ayude a procesar ingentes cantidades de datos para beneficio común, por ejemplo el desarrollo del conocimiento científico.
Para ser gigante es como mínimo sospechoso que blockchain sea tan silencioso. Si por un lado es cierto que la gran mayoría de personas no está enterada de su significado y alcance, por otro no es menos cierto que las instituciones públicas y privadas se han encargado de mantener el tema oculto tras un halo de misterio e intrascendencia. Poco se dice sobre el desarrollo y la implementación de esta tecnología, pero es sabido que se cuece en todo el mundo.
Las grandes empresas, importantes instituciones financieras y los estados desarrollados apuestan fuerte a la tecnología blockchain, con la certeza de que en el corto plazo será revolucionaria más que incidente. Concretamente, a la fecha, los que pueden se van armando lo mejor posible para dar batalla en lo que sea que venga. Las (provisorias) armas son las patentes.
"Las empresas se están moviendo con rapidez para proteger sus ideas en nuevas áreas de desarrollo tecnológico; mucho antes de que la tecnología en realidad vaya al mercado” mencionaba Alex Batteson, editor de Derecho Práctico en Thomson Reuters (citado por Aaron Wood en Cointelegraph), refiriéndose al patentamiento en derredor de blockchain.
Batteson resume bien la situación. El boom de patentamiento alusivo hace suponer que el patent troll domina el escenario y que, en definitiva, no hay claridad sobre cuáles serán los usos de esta tecnología en “el mundo real”. Con excepción de las criptomonedas (y algunos incipientes desarrollos tecnológicos), nadie parece decidido a tirar la primera piedra.
Aún así, se pueden apreciar ciertos comportamientos en el rastro que dejan a su paso las patentes para posibles usos y aplicaciones de la tecnología blockchain.
Acaso hablando fuerte y claro sobre el futuro de la economía mundial, la hermética China lidera el ranking de naciones que solicitaron patentes a la Asociación Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO por sus siglas en inglés) durante 2017 -informaba Thomson Reuters-, con 225 solicitudes, más de la mitad del total de solicitudes y más del doble que su principal seguidor, Estados Unidos, con 91 solicitudes; luego sigue Australia con 13. Los números refieren, además, que las solicitudes de patente para la tecnología blockchain se triplicó en 2017 respecto del año anterior y que las principales beneficiarias (empresas chinas) entre 2012 y 2017 presentaron 6 de cada 9 patentes para uso de esta tecnología.
No obstante, un nuevo análisis de KPMG muestra que la inversión en blockchain dentro de EE. UU durante la primera mitad del 2018 ha excedido el total general incurrido en el 2017, según su informe semestral "The Pulse of Fintech" publicado el pasado 31 de julio.
Engrosa esa lista Bank of América, que es noticia permanentemente por su asidua participación: desde hace algunos meses dio a conocer su intención de solicitar a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) el registro de 20 patentes que incluyen la tecnología de contabilidad distribuida. Recientemente, USPTO publicó tres de las solicitudes entregadas en febrero de 2016 por la compañía financiera.
El tercero en la lista, Australia, utiliza su agencia federal "Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth" (CSIRO, por sus siglas en inglés) y, de ésta, su brazo de investigación Data61, para crear una nueva plataforma llamada Australian National Blockchain. Trabaja junto a la firma de abogados Herbert Smith Freehills y a la transnacional IBM para permitir a las empresas automatizar transacciones basadas en términos legales predefinidos, codificados en contratos inteligentes sobre una red de blockchain basada en IBM.
Según informa Coindesk, "El esquema establecerá contratos inteligentes que tienen la capacidad de registrar orígenes de datos externos, como los dispositivos de Internet de las cosas (IoT), y puede ejecutarse automáticamente una vez que se cumplan las condiciones especificadas."
Los países que no están en los primeros lugares del ránking, pero quieren estarlo, también hacen su apuesta. El gobierno de Hong Kong publicó el pasado agosto una actualización de los criterios que tomará en cuenta para migrar a ese país, otorgando puntos adicionales de calificación a profesionales expertos en tecnología blockchain o, para ser más específicos, en tecnologías de contabilidad distribuida y con experiencia en Fintech.
Rusia, otro jugador de peso, pese a sus reservas, manifiesta abiertamente su interés por el desarrollo del sector y se asocia con la internacional Ethereum, en un primer momento para la gestión de los 15.000 puestos de comercio de fines de semana para los agricultores de su país y los que provengan de Armenia, Bielorrusia, Kazajstán y Kirguistán.
Está bien como ensayo. Pero, fiel a su estilo, el Kremlin prefiere apostar al control y sube el tono a la fiscalización con un sistema que le permita rastrear las transacciones realizadas con criptomonedas y que debería estar operando desde este año. Las razones alegadas: “confrontar los esquemas de fraude y prevenir el financiamiento del terrorismo”. Razones a las que no está demás atender.
Ciertos fundamentos de blockchain tienen una base muy antigua: el arte de los mensajes cifrados. Esta tecnología tuvo un auge durante la segunda guerra mundial y se desarrolla disciplinariamente con el nombre de criptografía.
Así, como la propia Internet, el origen de blockchain se remonta a tecnología fraguada principalmente en el ámbito militar, que se redimensiona en su contacto con lo público. Para el caso, el "contacto" se produjo con el desarrollo de ciertos algoritmos que permitieron crear la "criptografía de clave pública", precedente fundamental para el desarrollo de blockchain.
El toque final llegó en la década de 1990, a través del desarrollo de proyectos informáticos con fines políticos que buscaban un sistema descentralizado, libertad de información, distribución del poder... Así se originó la publicación de Bitcoin P2P e-cash, la antesala de la criptomoneda.
Los fines políticos nunca abandonaron el proyecto y continúan hoy instalados en el corazón mismo de la tecnología, cual si fueran inherentes a ella (con énfasis en las criptomonedas).
Satoshi Nakamoto, pseudónimo con que el (o los) creador de Bitcoin firmó su obra, manifestaba en lo que se conoce como su primera aparición pública (un post en el foro P2P Foundation / 2009): "El problema raíz de la moneda convencional es toda la confianza que se requiere para que funcione. Se debe confiar en el banco central para no degradar la moneda, pero el historial de monedas fiduciarias está lleno de violaciones de esa confianza. Se debe confiar en los bancos para retener nuestro dinero y transferirlo electrónicamente, pero lo prestan en oleadas de burbujas de crédito con apenas una fracción de reserva. Tenemos que confiarles nuestra privacidad, confiar en que no permitan que los ladrones de identidad agoten nuestras cuentas [...] Es hora de que tengamos lo mismo por dinero. Con la moneda electrónica basada en pruebas criptográficas, sin la necesidad de confiar en un intermediario externo, el dinero puede ser seguro y las transacciones realizarse sin esfuerzo." (la traducción es nuestra).
Sin más, en palabras de su creador, el Bitcoin centra su atención en dos temas fundamentales que sustentan el sistema financiero internacional y a las propias monedas: confianza e intermediación o, mejor, la confianza en la intermediación. Bitcoin propone, concretamente, que la confianza se traslade de las (poco confiables) instituciones, como los bancos y los estados, al inviolable (o muy confiable) sistema blockchain, prescindiendo así de las instituciones como intermediarias en las relaciones económicas y financieras interpersonales.
La idea de prescindir de las instituciones fue siempre una apuesta anarquista y este caso no es la excepción. De allí los recaudos que los gobiernos (como Rusia y Australia) toman para el desarrollo de esta tecnología, o incluso para permitir su desarrollo (como es el caso de Colombia).
De allí también el silencio que envuelve como un halo de misterio al gigante blockchain. Pero el silencio sólo es posible en esta fase de patentamiento: cuando comience a desarrollarse asiduamente la tecnología, la necesidad de controlarla requerirá pronto del ámbito jurídico, donde se buscará definir y acotar los usos permitidos.
La pregunta, a todas luces, es ¿cuánto control se podrá ejercer sobre blockchain, diseñado justamente para minimizar el control (institucional)? No es la primera vez que tecnología desarrollada por los estados (principalmente con participación de sus ejércitos) amenaza volverse contra ellos.
La amenaza es real, como reconoce el "Manifiesto cripto-anarquista" (1992), que supone uno de los fundamentos políticos e ideológicos de Bitcoin y blockchain, además de ser un documento escalofriantemente premonitorio:
"El Estado intentará, por supuesto, retardar o detener la diseminación de esta tecnología, citando preocupaciones de seguridad nacional, el uso de esta tecnología por traficantes de drogas y evasores de impuestos y miedos de desintegración social. Cualquiera de estas preocupaciones serán válidas; la cripto-anarquía permitirá la comercialización libre de secretos nacionales y la comercialización de materiales ilícitos y robados. Un mercado computarizado anónimo permitirá incluso el establecimiento de horribles mercados de asesinatos y extorsiones. Varios elementos criminales y extranjeros serán usuarios activos de la CryptoNet. Pero esto no detendrá la extensión de la cripto-anarquía. La cripto-anarquía, combinada con los mercados de información emergentes, creará un mercado líquido para cualquier material que pueda ponerse en palabras e imágenes. Y de la misma manera que una invención aparentemente menor como el alambre de púas hizo posible el cercado de grandes ranchos y granjas, alterando así para siempre los conceptos de tierra y los derechos de propiedad en las fronteras de Occidente, así también el descubrimiento aparentemente menor de una rama arcana de las matemáticas se convertirá en el alicate que desmantele el alambre de púas alrededor de la propiedad intelectual."
