La voz se ha convertido en uno de los atributos más vulnerables de la identidad digital. La inteligencia artificial permite reproducir timbres, entonaciones y patrones de expresión con un nivel de realismo capaz de generar confusión sobre quién habla realmente. Sin embargo, el problema jurídico no reside únicamente en la capacidad de imitación, sino en determinar qué derechos pueden invocarse cuando una voz reconocible se utiliza sin autorización.
Dos acontecimientos recientes ilustran las diferentes respuestas legales. El 30 de septiembre de 2026, un tribunal japonés reconoció que la voz humana puede recibir protección mediante los derechos de publicidad vinculados a la personalidad. Días después, el 5 de octubre, la primera ministra italiana Giorgia Meloni solicitó registrar una grabación de su voz como marca sonora ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Ambos casos plantean una cuestión: ¿puede el derecho proteger la identidad vocal de una persona sin convertir cualquier imitación en una infracción?
La solicitud presentada por Giorgia Meloni comprende una grabación de aproximadamente cuatro segundos en la que pronuncia (Io sono Giorgia Meloni). Según la información publicada por ANSA, el expediente se encontraba bajo examen al momento de su presentación. La iniciativa pretende incorporar una herramienta adicional de protección frente a reproducciones digitales no autorizadas, pero no demuestra que la voz, considerada en su totalidad, pueda convertirse en propiedad exclusiva mediante un registro marcario.
El Reglamento (UE) 2017/1001 permite registrar sonidos siempre que puedan distinguir productos o servicios en el mercado. En consecuencia, el elemento determinante no es únicamente que una voz resulte reconocible, sino que el signo solicitado cumpla una función distintiva. Incluso si la solicitud prospera, su alcance dependerá de la marca protegida, los productos o servicios correspondientes y las circunstancias de utilización. Una imitación de Meloni pronunciando un mensaje diferente no constituiría automáticamente una infracción marcaria.
El caso del actor de doblaje Kenjiro Tsuda ofrece una perspectiva distinta. Tsuda cuestionó la difusión de 188 videos en TikTok que, según su demanda, utilizaban narraciones generadas mediante inteligencia artificial que imitaban su voz. El Tribunal de Distrito de Tokio sostuvo que la voz puede constituir un símbolo de la personalidad y quedar comprendida dentro de los derechos de publicidad cuando posee valor de atracción comercial y se utiliza para explotarlo.
La precisión jurídica resulta esencial: el tribunal no declaró probada una infracción concreta de los derechos de Tsuda. Su solicitud de retirada fue desestimada porque los videos ya habían sido eliminados. No obstante, el razonamiento judicial reconoció la posibilidad de proteger una voz frente a determinados aprovechamientos comerciales no autorizados. La decisión, analizada por el European IP Helpdesk, abre una vía que no depende necesariamente del registro de una grabación específica.
Los casos evidencian una tensión estructural entre dos intereses jurídicos. El derecho de marcas protege signos que permiten identificar un origen empresarial, mientras que los derechos de personalidad tutelan intereses individuales asociados a la identidad. Una voz puede desempeñar ambas funciones, pero sus mecanismos de protección no son intercambiables.
Esta distinción adquiere relevancia cuando una plataforma genera una narración sintética sin reproducir una grabación original. La ausencia de copia literal podría dificultar determinadas acciones basadas en derechos de autor o marcas, sin excluir posibles reclamaciones por explotación de la personalidad, tratamiento ilícito de datos o prácticas engañosas. Tampoco toda imitación resulta ilegítima: deben examinarse su finalidad, el contexto, las excepciones aplicables y los derechos de expresión e información.
La controversia trasciende a artistas y figuras políticas. Empresas que desarrollan asistentes virtuales, campañas publicitarias, audiolibros o contenidos audiovisuales pueden enfrentar conflictos cuando utilizan voces reconocibles sin definir adecuadamente los derechos involucrados. La autorización para grabar una locución no implica necesariamente consentimiento para entrenar sistemas de IA, producir nuevas interpretaciones o permitir su explotación por terceros.
En la Unión Europea, el artículo 50 del Reglamento de Inteligencia Artificial establece obligaciones de transparencia sobre determinados contenidos sintéticos, incluidas las manipulaciones audiovisuales conocidas como deepfakes. Estas disposiciones comenzaron a aplicarse el 2 de agosto de 2026, con ciertas reglas transitorias. Sin embargo, identificar un contenido como artificial no sustituye la necesidad de contar con una base jurídica válida para utilizar la voz representada. La transparencia y la autorización responden a obligaciones diferentes.
Para Ecuador, esta discusión ofrece una referencia útil sin que resulte necesario trasladar automáticamente los criterios europeos o japoneses. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales permite analizar el tratamiento de grabaciones vocales cuando identifican o hacen identificable a una persona. Además, determinadas características de la voz pueden constituir datos biométricos cuando permiten confirmar una identificación única, bajo las condiciones previstas legalmente.
La estrategia empresarial debe partir de una evaluación diferenciada: identificar los derechos sobre las grabaciones, delimitar contractualmente las autorizaciones para clonación y entrenamiento, determinar responsabilidades entre proveedores y usuarios, y establecer mecanismos para detectar usos no consentidos. No existe una única categoría jurídica capaz de resolver todos los conflictos. La protección exige coordinar propiedad intelectual, datos personales, derechos de personalidad y obligaciones contractuales según la jurisdicción involucrada.
Los acontecimientos de Italia y Japón reflejan una transformación en la forma de comprender el valor jurídico de la voz. Mientras el registro marcario busca proteger una manifestación sonora utilizada como signo distintivo, los derechos de personalidad ofrecen una respuesta potencialmente más amplia frente a la explotación comercial de la identidad. Ninguno de estos mecanismos, considerado aisladamente, garantiza impedir una clonación mediante inteligencia artificial.
La cuestión estratégica ya no consiste únicamente en determinar quién puede reproducir una grabación, sino quién está legitimado para generar nuevas expresiones a partir de una identidad vocal reconocible. La defensa efectiva dependerá de la claridad de las autorizaciones, la capacidad de acreditar usos indebidos y la rapidez de respuesta. En un entorno donde una voz puede ser reproducida sin intervención de su titular, la confianza dependerá cada vez más de demostrar su origen y la legitimidad de su utilización.
Agencia de la Unión Europea para la Propiedad Intelectual (EUIPO). Trade Mark Guidelines: Sound Marks. Directrices oficiales de examen, versión consultada en octubre de 2026. https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1927364/trade-mark-guidelines/14-sound-marks
Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea. 14 de junio de 2017. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj/eng
European IP Helpdesk. Tokyo court considers publicity rights in AI voice imitation case. 2 de octubre de 2026. https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/tokyo-court-considers-publicity-rights-ai-voice-imitation-case-2026-10-02_en
ANSA. Meloni applies to copyright her voice to combat AI clones. 5 de octubre de 2026. https://www.ansa.it/english/news/politics/2026/10/05/meloni-applies-to-copyright-her-voice-to-combat-ai-clones_566f5d6a-9395-4912-a6ef-1c8a559fdf87.html
Comisión Europea. Transparency obligations under Article 50 of the AI Act. Documento institucional de preguntas frecuentes, consultado en octubre de 2026. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/transparency-obligations-under-article-50-ai-act
Asamblea Nacional del Ecuador. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Registro Oficial, Quinto Suplemento N.º 459, 26 de mayo de 2021. https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2025-01/01%20Ley%20Org%C3%A1nica%20de%20Protecci%C3%B3n%20de%20Datos%20Personales.pdf
Federal Trade Commission (FTC). Approaches to Address AI-enabled Voice Cloning. Abril de 2024. https://www.ftc.gov/policy/advocacy-research/tech-at-ftc/2024/04/approaches-address-ai-enabled-voice-cloning
Doe v. GitHub nació de una pregunta aparentemente sencilla: ¿qué ocurre cuando una herramienta de inteligencia artificial genera código parecido al publicado por un programador, pero omite sus avisos de copyright o atribución? Los demandantes sostuvieron que GitHub, Microsoft y OpenAI habían empleado enormes cantidades de código disponible en repositorios públicos para desarrollar Copilot y Codex.
La controversia llegó al Noveno Circuito bajo una teoría basada en la sección 1202 de la DMCA, norma que prohíbe determinadas conductas relacionadas con la remoción o alteración deliberada de información de gestión de copyright. El tribunal, sin embargo, concluyó que una salida generada por un modelo que nunca incluyó esa información no equivale necesariamente a una obra de la cual dicha información haya sido “removida”. Instituto de Información Legal
Esta distinción cerró una vía relevante de responsabilidad, pero no convirtió el entrenamiento de IA en una actividad jurídicamente libre. El fallo dejó abiertas cuestiones relacionadas con copyright ordinario, contratos, licencias y la forma en que los materiales fueron incorporados al sistema. El propio informe base destaca que el efecto estratégico de Doe fue desplazar el litigio desde los daños asociados a la ausencia de CMI hacia los inputs y los outputs.
Por ello, el verdadero legado de Doe v. GitHub no consiste en haber reducido el riesgo de la inteligencia artificial, sino en haberlo redistribuido a lo largo de toda su cadena de desarrollo: adquisición de datos, entrenamiento, licenciamiento, generación y comercialización.
El primer error al analizar estos conflictos consiste en considerar al entrenamiento de IA como un único acto jurídico. En realidad, existen varias etapas: obtención del material, almacenamiento, preparación del dataset, entrenamiento, ajuste del modelo y generación de resultados. La U.S. Copyright Office ha señalado que las distintas formas de utilización de obras protegidas durante el desarrollo de sistemas generativos deben analizarse atendiendo a sus circunstancias específicas. Oficina de Derechos de Autor de EE. UU.
La segunda variable es la licencia. Que un repositorio sea públicamente accesible no significa que su código esté libre de condiciones. Licencias como MIT, Apache o GPL permiten distintos niveles de reutilización, pero pueden imponer obligaciones relacionadas con atribución, avisos legales, redistribución o acceso al código fuente. Precisamente por ello, el conflicto de Copilot trasciende el copyright tradicional y alcanza también al derecho contractual.
Esta diferencia resulta todavía más importante en el ámbito de la IA abierta. “Código abierto”, “pesos abiertos” e “IA de código abierto” no son conceptos necesariamente equivalentes. La Open Source AI Definition 1.0 de la Open Source Initiative exige libertades para usar, estudiar, modificar y compartir el sistema, además del acceso a los elementos necesarios para hacerlo efectivamente. Open Source Initiative
El resultado es una arquitectura jurídica mucho más compleja. Un desarrollador puede tener permiso para acceder a una obra, restricciones para reutilizarla, argumentos de fair use respecto del entrenamiento y, al mismo tiempo, problemas independientes si el modelo reproduce posteriormente elementos protegidos. No existe una única pregunta sobre copyright de IA, sino varias preguntas encadenadas.
La sentencia del Noveno Circuito en Doe v. GitHub se concentró en una cuestión específica: si la ausencia de información de gestión de copyright en una salida generada podía considerarse una “remoción” bajo §1202(b). La Corte concluyó que la teoría presentada por los demandantes no satisfacía ese requisito cuando el sistema generaba una nueva salida que nunca había contenido originalmente la información. Corte de Apelaciones del Noveno Circuito
Pero el fallo no decidió si sería jurídicamente distinto eliminar avisos, atribuciones o metadatos antes de incorporar una obra al conjunto de entrenamiento. De hecho, el expediente base identifica esta cuestión como una posible “teoría de entrada” que no llegó a resolverse sustantivamente en apelación. Del Código Fuente al Mercado_ C… Por tanto, la procedencia y preparación de los datasets continúa siendo uno de los principales frentes de riesgo.
Esta tendencia se observa claramente en Bartz v. Anthropic. Allí, el debate distinguió entre el uso de obras para entrenar un modelo y la obtención de determinados libros desde bibliotecas piratas. El litigio terminó en un acuerdo colectivo de USD 1.500 millones, cuya aprobación definitiva fue otorgada en julio de 2026. La resolución de aprobación final del acuerdo puede consultarse aquí. Justia Law
El precedente transmite una advertencia empresarial concreta: incluso cuando pueda existir una defensa respecto del propósito transformador del entrenamiento, la forma de adquisición del material puede generar responsabilidad independiente. El riesgo comienza, por tanto, antes de que el modelo sea entrenado.
Dos arquitecturas tecnológicas, dos mapas de riesgo
Para los desarrolladores de IA propietaria, el riesgo se concentra especialmente en la gobernanza de grandes conjuntos privados de entrenamiento. Cuanto mayor sea el corpus, mayor será la necesidad de documentar procedencia, autorizaciones, exclusiones y licencias. La trazabilidad se convierte así en un mecanismo de defensa jurídica además de una práctica técnica.
Los proveedores cerrados cuentan, sin embargo, con una ventaja estructural: pueden centralizar sus procesos de cumplimiento. Auditorías internas, acuerdos de licencia, filtros de contenido y mecanismos contractuales de indemnización pueden administrarse desde una sola organización. El costo puede ser elevado, pero también existe una mayor capacidad de control.
Los sistemas abiertos distribuyen el problema. Un modelo puede ser desarrollado por una organización, modificado por otra, ajustado con nuevos datos por un tercero e integrado finalmente en un producto comercial. En esa cadena pueden coexistir licencias sobre código, datasets, documentación y otros componentes. El riesgo jurídico deja de estar concentrado y se desplaza entre múltiples actores.
Doe resulta especialmente relevante en este contexto porque las reclamaciones contractuales relacionadas con licencias de código abierto no desaparecieron con la decisión sobre la DMCA. El documento base señala expresamente que dichas reclamaciones continuaron siendo una vía jurídicamente relevante. Del Código Fuente al Mercado_ C… Así, que un modelo sea “abierto” no significa que sus usuarios puedan ignorar las obligaciones jurídicas heredadas de los componentes utilizados para desarrollarlo.
El verdadero activo de la IA ya no es solo el modelo: es su trazabilidad
El litigio de inteligencia artificial está evolucionando desde preguntas abstractas hacia interrogantes mucho más probatorios. Ya no basta con discutir si “entrenar una IA” constituye fair use. Los tribunales comienzan a observar qué obras fueron utilizadas, de dónde provinieron, con qué finalidad fueron copiadas y qué efecto puede producir el sistema sobre el mercado de esas obras.
La posición de la U.S. Copyright Office sobre entrenamiento generativo refuerza esta aproximación contextual. La institución no propone una regla universal según la cual todo entrenamiento sea lícito o ilícito; considera que la evaluación depende de factores como el propósito de la utilización, las características de las obras y sus efectos económicos. Oficina de Derechos de Autor de EE. UU.
En este entorno, los departamentos jurídicos necesitarán trabajar cada vez más cerca de desarrolladores, ingenieros y especialistas en datos. Registrar la procedencia de un dataset, identificar sus licencias o conservar información sobre las transformaciones aplicadas puede parecer inicialmente una tarea técnica, pero esas evidencias pueden convertirse posteriormente en elementos decisivos dentro de un litigio.
El cambio fundamental es, por tanto, de gobernanza. El valor jurídico de un sistema de IA no dependerá únicamente de su capacidad para generar buenos resultados, sino también de que su desarrollador pueda reconstruir documentalmente cómo fue construido.
Del “la IA lo generó” al “demuestre cómo llegó hasta allí”
Doe v. GitHub no creó una excepción general para la inteligencia artificial frente al copyright. Su alcance fue más limitado: determinó que determinadas salidas generativas no podían considerarse automáticamente obras de las cuales se hubiera removido información de gestión de derechos bajo §1202(b). Corte de Apelaciones del Noveno Circuito
Sin embargo, esa limitación desplazó el litigio hacia cuestiones potencialmente más profundas. La adquisición de datasets, el cumplimiento de licencias, la reproducción de obras y los efectos económicos de los outputs se están convirtiendo en los verdaderos puntos de conflicto.
Para la IA propietaria, ello exige mayor control y documentación sobre sus fuentes de entrenamiento. Para los ecosistemas abiertos, exige además comprender cómo se transmiten obligaciones jurídicas entre desarrolladores, modelos, componentes y productos derivados.
La principal enseñanza de Doe v. GitHub puede resumirse entonces en una transformación conceptual: el riesgo jurídico de la IA ya no se encuentra únicamente en lo que genera el modelo, sino en toda la historia jurídica que permitió construirlo. En el mercado de la inteligencia artificial, la trazabilidad de datos y licencias empieza a ser tan estratégica como el propio código.
Bibliografía
United States Court of Appeals for the Ninth Circuit. (2026). Doe v. GitHub, Inc., No. 24-7700. Consultar sentencia oficial.
U.S. Copyright Office. (2025). Copyright and Artificial Intelligence, Part 3: Generative AI Training. Consultar informe oficial.
United States Congress / Cornell Legal Information Institute. 17 U.S.C. §1202 – Integrity of Copyright Management Information. Consultar disposición legal.
United States District Court for the Northern District of California. (2026). Bartz et al. v. Anthropic PBC, Document 680, Order Granting Final Approval of Class Action Settlement. Consultar resolución.
United States District Court for the Northern District of California. (2025). Kadrey et al. v. Meta Platforms, Inc., Document 598. Consultar decisión judicial.
Open Source Initiative. (2024). The Open Source AI Definition 1.0. Consultar definición.
U.S. Copyright Office. Artificial Intelligence Initiative. Consultar portal institucional sobre IA y copyright.
En septiembre de 2026, una operación de seguridad en el norte de Quito permitió identificar varios inmuebles presuntamente destinados a la producción, almacenamiento y distribución clandestina de bebidas alcohólicas adulteradas. En los lugares intervenidos se encontraron áreas de envasado, materiales de embalaje, etiquetas que imitaban marcas reconocidas y herramientas para elaborar productos con apariencia de originales.
Entre los hallazgos había elementos que reproducían tanto la identidad visual de los productos como ciertos mecanismos de identificación tributaria. Con ello se creaba una apariencia de autenticidad capaz de dificultar que consumidores y distribuidores detectaran las irregularidades.
Según los reportes oficiales difundidos por los medios, la operación también reveló posibles vínculos entre distintos puntos de producción y distribución. Esto sugiere una actividad organizada que iría más allá de la comercialización aislada de mercancías falsificadas.
El caso evidencia una realidad preocupante: detrás de un producto aparentemente legítimo puede operar una cadena de fabricación y comercialización que se vale del prestigio de marcas posicionadas para introducir en el mercado mercancías de origen desconocido.
La falsificación de marcas va más allá de reproducir un logotipo sin autorización. En ciertos sectores, también supone imitar etiquetas, envases, sellos y otros rasgos visuales que permiten reconocer un producto y vincularlo con estándares específicos de calidad y seguridad.
En las bebidas alcohólicas, esta práctica resulta especialmente delicada: un envase que parece corresponder a una marca reconocida puede contener sustancias diferentes de las originales, elaboradas sin controles adecuados de calidad, trazabilidad ni seguridad sanitaria.
La identidad comercial se convierte así en un medio de engaño: mientras el consumidor confía en la reputación del fabricante, los falsificadores se aprovechan de esa confianza para introducir productos irregulares en el mercado.
Las consecuencias trascienden el perjuicio económico para los titulares de derechos: abarcan daños reputacionales, afectaciones a la competencia legítima y riesgos directos para la salud pública.
Desde la perspectiva de la protección de marcas, este caso destaca porque las intervenciones abarcaron espacios presuntamente relacionados con distintas etapas de la actividad ilícita.
El hallazgo de materiales de impresión, etiquetas, envases, instalaciones de producción y áreas de almacenamiento evidencia la necesidad de identificar las estructuras que sostienen la circulación de productos falsificados, en vez de concentrarse únicamente en los puntos de venta.
En Ecuador, el artículo 208A del Código Orgánico Integral Penal aborda la falsificación de marcas y otras conductas que vulneran los derechos de propiedad intelectual. Su aplicación depende de los hechos comprobados, los elementos de la infracción y los requisitos legales correspondientes.
A su vez, el régimen de propiedad intelectual faculta a los titulares para proteger y hacer valer sus derechos mediante acciones administrativas o judiciales, según la naturaleza de la infracción.
En este contexto, el enforcement es una herramienta estratégica que integra la investigación, la identificación de infracciones, la recopilación de pruebas y las acciones legales para prevenir, detener y perseguir las vulneraciones de derechos.
El operativo también evidencia la necesidad de coordinar a las autoridades de seguridad, los organismos de control sanitario, las entidades aduaneras y los titulares de marcas. Ante actividades ilícitas que generan diversos riesgos y posibles infracciones, una respuesta integral es indispensable.
La producción clandestina y la comercialización de productos falsificados pueden afectar a diversos sectores de la economía.
Las empresas legítimas compiten con productos que evaden obligaciones regulatorias, controles de calidad y requisitos legales de comercialización. A su vez, los consumidores pueden adquirir mercancías de procedencia y composición desconocidas, guiados únicamente por los elementos visuales de una marca.
En el caso analizado, los reportes periodísticos señalan posibles vínculos con redes de distribución presentes en distintos territorios. Esto refuerza la necesidad de entender la falsificación como una actividad que puede involucrar cadenas de suministro complejas y, en ciertos casos, estructuras de criminalidad organizada.
No obstante, deben distinguirse las presuntas infracciones de propiedad intelectual de las demás conductas investigadas. La presencia de productos adulterados, etiquetas falsificadas o actividades clandestinas no establece por sí sola todas las responsabilidades penales o administrativas, que deberán determinarse mediante los procedimientos correspondientes.
Este caso permite reconocer que la protección de marcas no puede limitarse al registro de signos distintivos ni a la reacción frente a productos falsificados que ya se encuentran disponibles en el mercado.
Una estrategia efectiva requiere mecanismos de monitoreo, identificación de canales de distribución irregulares, investigación de posibles infractores y coordinación con las autoridades competentes. También exige comprender que los riesgos pueden originarse en etapas anteriores a la comercialización, como la impresión de etiquetas, el reenvase o el almacenamiento clandestino.
Para las empresas, la protección de sus activos intangibles debe integrarse con la gestión de riesgos comerciales, regulatorios y reputacionales. La detección temprana de amenazas puede contribuir a evitar que una infracción marcaria evolucione hacia una afectación más amplia de consumidores y mercados.
En Luzuriaga & Castro Abogados, entendemos que el enforcement constituye una parte fundamental de la protección empresarial. Su finalidad no se agota en detener una infracción específica, sino que busca contribuir a la preservación del valor de las marcas, la seguridad jurídica y la confianza en el comercio legítimo.
La reciente intervención en Quito evidencia que la falsificación de marcas puede encubrir actividades ilícitas más complejas, con efectos que superan el ámbito comercial.
Cuando una marca se usa para simular autenticidad, el riesgo no afecta solo a su titular: también alcanza al consumidor que confía en el producto, a las empresas que cumplen sus obligaciones y a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la competencia.
El verdadero alcance del enforcement consiste en identificar y enfrentar las estructuras que posibilitan la falsificación, no solo sus manifestaciones visibles en el mercado.
Fortalecer la protección de marcas en Ecuador exige una visión preventiva, coordinada e integral, en la que la defensa de la propiedad intelectual también contribuya a combatir el comercio ilícito y preservar la confianza de los consumidores.
El Universo — Riesgos sanitarios, comercio formal e intervención interinstitucional.
El Comercio — Investigación y localización del centro clandestino.
La Hora — Hallazgos en distintos inmuebles, etiquetas y cadena de distribución.
Luzuriaga & Castro Abogados — Análisis institucional del marco penal aplicable a los actos lesivos contra la propiedad intelectual.
Durante años, los marketplaces construyeron parte de su defensa jurídica sobre una separación aparentemente sencilla: el vendedor comercializa el producto y la plataforma únicamente facilita el encuentro entre oferta y demanda. Sin embargo, esa frontera se vuelve más difícil de sostener cuando el operador también administra pagos, recomienda productos, controla devoluciones, presta servicios logísticos y centraliza la comunicación con el consumidor.
El caso Wish lleva esta discusión a un nuevo nivel. Según la sentencia 5 U 58/25 del OLG Hamburg, la estructura de la plataforma podía generar la percepción de que Wish era quien comercializaba los productos. El tribunal atendió a una combinación de elementos como la presentación homogénea de las ofertas, la escasa visibilidad de los vendedores, el control de las transacciones y la integración del servicio posventa.
Esta lógica no aparece de manera aislada. En Louboutin v. Amazon, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció que un marketplace puede realizar directamente un uso marcario cuando la presentación global de las ofertas induce al consumidor a establecer una conexión entre el producto y la propia plataforma.
Por ello, el problema jurídico comienza a desplazarse. Más que preguntarse únicamente quién subió el anuncio, los tribunales empiezan a analizar quién construye la experiencia comercial alrededor de ese anuncio. Para plataformas como Amazon, AliExpress o Temu, esta diferencia puede determinar la distancia entre ser un intermediario que responde frente a determinadas infracciones y convertirse en el propio infractor.
La jurisprudencia europea no ha establecido que todo marketplace sea responsable de los productos ofrecidos por terceros. En L’Oréal v. eBay, asunto C-324/09, el TJUE analizó los límites de la responsabilidad de las plataformas y dejó claro que la protección del intermediario depende, entre otros factores, de la naturaleza del papel que desempeña frente al contenido o actividad ilícita.
Posteriormente, Coty Germany v. Amazon, C-567/18 pareció establecer una posición relativamente favorable para Amazon. El Tribunal concluyó que almacenar productos infractores por cuenta de terceros no constituye necesariamente un uso de la marca cuando quien almacena no persigue por sí mismo la finalidad de ofrecerlos o comercializarlos.
El escenario cambió con Louboutin v. Amazon. Allí, el TJUE introdujo un enfoque centrado en la percepción del consumidor: si las ofertas propias y ajenas aparecen bajo una presentación uniforme, acompañadas del logotipo de la plataforma y de servicios como almacenamiento y envío, puede producirse la impresión de que el operador comercializa también los productos de terceros.
Wish lleva este razonamiento un paso más allá. El expediente aportado muestra que el tribunal examinó una “imagen global” integrada por presentación, control económico, logística y comunicación centralizada. No se trata, entonces, de que una sola función convierta automáticamente al marketplace en vendedor, sino de la acumulación de elementos que hacen desaparecer, ante el consumidor, la independencia del comerciante real.
Uno de los aspectos más relevantes del caso Wish fue la dificultad para distinguir visual y funcionalmente a la plataforma de los vendedores que utilizaban su infraestructura. Los productos aparecían bajo un formato homogéneo y la información sobre los comerciantes podía resultar secundaria frente a la identidad corporativa de Wish.
La integración continuaba después de seleccionar el producto. Pagos, confirmaciones, devoluciones y comunicaciones eran gestionados dentro del propio ecosistema de Wish. El documento de investigación destaca precisamente que el tribunal entendió esta combinación como evidencia de que la plataforma había “hecho propias” las ofertas de terceros.
Otro elemento particularmente interesante fue el conocimiento del riesgo. El tribunal tomó en consideración factores como precios extraordinariamente bajos y la existencia de mecanismos internos de verificación de autenticidad. Según el análisis del caso, tales elementos podían demostrar que Wish conocía el riesgo estructural de comercialización de productos falsificados dentro de su plataforma.
Esta conclusión es importante porque transforma el tipo de exposición jurídica. En lugar de limitarse a retirar una oferta después de recibir una denuncia, una plataforma considerada infractor directo podría enfrentarse a reclamaciones de daños, información sobre ventas e incluso beneficios relacionados con la comercialización ilícita. El problema deja así de ser exclusivamente de compliance y pasa a afectar directamente la estructura económica del marketplace.
Amazon es probablemente el ejemplo más evidente de mercado híbrido porque combina venta directa con Amazon Marketplace y servicios como Fulfilment by Amazon. Precisamente esta convivencia entre productos propios y productos de terceros estuvo en el centro de Louboutin. Cuando el consumidor encuentra ambos tipos de ofertas bajo una misma arquitectura visual, logística y comercial, la frontera entre plataforma y vendedor puede resultar menos evidente.
El riesgo para Amazon no significa que cada producto falsificado vendido a través del marketplace convierta automáticamente a la compañía en infractor. El análisis dependerá de cómo aparezca la oferta, qué servicios preste Amazon alrededor de ella y qué impresión genere la operación en el consumidor. El precedente europeo obliga, por tanto, a estudiar la experiencia de compra completa y no únicamente el contrato celebrado con el vendedor.
AliExpress y Temu presentan un escenario distinto, pero igualmente relevante. Ambas han sido designadas como Very Large Online Platforms (VLOPs) bajo el Digital Services Act de la Unión Europea. El DSA les impone obligaciones reforzadas de evaluación y mitigación de riesgos asociados, entre otros elementos, a la comercialización de productos ilegales.
Esto no significa que una infracción del DSA equivalga automáticamente a una infracción marcaria. Sin embargo, existe una conexión práctica importante: cuanto mayor sea la capacidad de una plataforma para identificar vendedores, analizar riesgos, controlar promociones y gestionar transacciones, más difícil resulta describir toda su actividad como una simple intermediación técnica.
Una de las consecuencias más interesantes de esta evolución es que el diseño digital adquiere relevancia jurídica. El tamaño del nombre del vendedor, la presencia constante del logotipo de la plataforma, el funcionamiento del carrito, el sistema de devoluciones y la forma de presentar productos patrocinados pueden convertirse en elementos probatorios.
El propio DSA refuerza esta tendencia. Su artículo 30 establece obligaciones de trazabilidad de los comerciantes para marketplaces que permiten celebrar contratos a distancia. En otras palabras, Europa pretende que detrás de cada oferta comercial exista una identidad empresarial suficientemente verificable y accesible.
Para los marketplaces, esto crea una tensión estratégica. Una interfaz completamente uniforme mejora la experiencia del usuario: simplifica pagos, devoluciones, comunicaciones y garantías. Pero esa misma uniformidad puede contribuir a que el consumidor perciba que está comprando “a Amazon”, “en Temu” o “a través de AliExpress” sin diferenciar suficientemente al comerciante que jurídicamente realiza la venta.
La solución probablemente no será eliminar la logística integrada, sino demostrar con mayor claridad dónde termina la plataforma y dónde comienza el vendedor. La transparencia sobre identidad, responsabilidad, origen del producto y servicios prestados puede transformarse así en una herramienta preventiva de propiedad intelectual.
El derecho de marcas no es el único ámbito donde Europa está aumentando las responsabilidades de los marketplaces. El DSA establece sistemas de trazabilidad, evaluación de riesgos, auditoría y cooperación frente a contenidos y productos ilegales, particularmente para las plataformas de mayor tamaño.
A ello se suma la Directiva (UE) 2024/2853 sobre responsabilidad por productos defectuosos. Aunque pertenece a un ámbito distinto del derecho marcario, contiene una idea especialmente significativa: determinadas plataformas pueden asumir responsabilidades cuando la manera en que presentan una operación lleva al consumidor a creer que el producto es suministrado por ellas o por una persona bajo su autoridad.
La coincidencia conceptual es evidente. Tanto en Louboutin como en Wish y en otras áreas recientes del Derecho europeo aparece una pregunta semejante: ¿qué percepción razonable genera la plataforma sobre su participación en la operación?
Por ello, la protección jurídica del marketplace dependerá cada vez menos de llamarse a sí mismo “intermediario” en sus términos y condiciones. Lo determinante será la forma en que realmente organiza la relación entre producto, comerciante, plataforma y consumidor.
Sería excesivo afirmar que Wish elimina definitivamente las exenciones de responsabilidad de los marketplaces. El Digital Services Act continúa reconociendo determinadas limitaciones de responsabilidad para servicios de intermediación y mantiene la prohibición de imponer obligaciones generales de monitorización.
La distinción fundamental radica en el papel que desempeña la plataforma. Un servicio genuinamente técnico y neutral se encuentra en una situación diferente de aquel que controla extensivamente cómo se presentan, promocionan, pagan, almacenan y entregan los productos.
Tampoco puede utilizarse una sanción regulatoria contra una plataforma como prueba automática de una infracción marcaria determinada. El DSA, el derecho de competencia y el derecho de marcas persiguen objetivos diferentes y tienen requisitos jurídicos propios.
Sin embargo, las distintas áreas jurídicas parecen converger hacia una misma expectativa: cuanto mayor es la capacidad comercial y tecnológica de una plataforma, mayores son las exigencias de trazabilidad, gestión de riesgos y claridad respecto de quién participa realmente en una transacción.
El caso Wish refuerza una evolución que comenzó mucho antes: el derecho europeo está prestando cada vez más atención a la realidad económica y visual de los marketplaces. La identidad formal del vendedor sigue siendo relevante, pero ya no necesariamente resuelve por sí sola quién realiza jurídicamente el uso de una marca.
Amazon enfrenta directamente esta discusión debido a su modelo híbrido y al precedente Louboutin. AliExpress y Temu deben observarla igualmente porque sus sistemas de recomendación, pagos, interacción con vendedores y control de riesgos pueden convertirse en piezas relevantes cuando se analice el grado de participación de la plataforma.
Para los titulares de marcas, el cambio también modifica las estrategias de enforcement. Además de identificar al vendedor infractor, será cada vez más importante documentar cómo aparece la oferta, quién recibe el pago, quién organiza la entrega, quién atiende las reclamaciones y qué información tiene disponible el operador.
El debate, por tanto, puede resumirse en una pregunta que probablemente definirá muchos de los próximos litigios sobre marketplaces: cuando un consumidor compra un producto falsificado dentro de una plataforma altamente integrada, ¿está comprando realmente a un tercero o la propia plataforma ha construido una experiencia en la que parece ser ella quien vende?
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2011). L’Oréal SA y otros v. eBay International AG y otros, C-324/09. Consultar sentencia
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2020). Coty Germany GmbH v. Amazon Services Europe Sàrl y otros, C-567/18. Consultar sentencia en EUR-Lex
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2022). Christian Louboutin v. Amazon Europe Core Sàrl y otros, asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21. Consultar sentencia
Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2022). Reglamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercado único de servicios digitales — Digital Services Act. Consultar texto oficial
Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2024). Directiva (UE) 2024/2853 sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. Consultar texto oficial
Las empresas tecnológicas construyen sus ventajas competitivas mediante una combinación de patentes, derechos de autor, secretos comerciales, conocimientos técnicos y procesos internos. En este contexto, los secretos comerciales adquieren especial relevancia porque permiten proteger información cuyo valor depende precisamente de permanecer confidencial. En Estados Unidos, la Defend Trade Secrets Act (DTSA) permite iniciar acciones civiles frente a la apropiación indebida y solicitar medidas destinadas a impedir su utilización o divulgación.
Esta problemática adquiere una dimensión adicional cuando hardware e inteligencia artificial forman parte de un mismo ecosistema. Apple Intelligence depende de una arquitectura integrada que combina procesamiento local, modelos de inteligencia artificial y servicios computacionales. Por ello, la protección de conocimientos relacionados con ingeniería, dispositivos y optimización tecnológica puede tener consecuencias más amplias que la defensa de un único archivo o componente.
El conflicto analizado parte precisamente de esa relación entre talento, información confidencial y competencia tecnológica. Apple sostiene que determinados antiguos empleados accedieron y utilizaron información protegida después de abandonar la compañía. El documento de referencia señala que la empresa pretende utilizar el descubrimiento acelerado para completar su comprensión de las presuntas violaciones y obtener evidencia directamente de sistemas y comunicaciones que se encuentran fuera de su control.
La cuestión central no es únicamente si ocurrió una apropiación indebida, asunto que corresponde resolver judicialmente. El interés académico radica en determinar cómo el procedimiento puede convertirse en una herramienta estratégica. Cuando la evidencia es digital, fácilmente modificable y potencialmente distribuida entre dispositivos, servicios en la nube y sistemas de IA, obtenerla rápidamente puede cambiar sustancialmente la posición procesal de las partes.
El descubrimiento acelerado constituye una excepción a la secuencia ordinaria del proceso civil estadounidense. La Federal Rule of Civil Procedure 26(d)(1) establece que, como regla general, las partes no pueden iniciar descubrimiento antes de la conferencia prevista en la Regla 26(f), salvo autorización judicial, acuerdo entre las partes u otra excepción normativa.
Los tribunales han evaluado estas solicitudes mediante un estándar de good cause. En Semitool, Inc. v. Tokyo Electron America, Inc., el tribunal sostuvo que debe compararse la necesidad del descubrimiento anticipado con el perjuicio que puede ocasionar a la parte requerida. Por ello, la urgencia no elimina las exigencias de necesidad, pertinencia y proporcionalidad.
En materia de secretos comerciales, esta herramienta interactúa directamente con la DTSA y con el California Uniform Trade Secrets Act. Para obtener protección no basta con identificar información valiosa: debe demostrarse que esta obtiene valor económico de su confidencialidad, que fue objeto de medidas razonables de protección y que existió adquisición, utilización o divulgación indebida.
Esta distinción también protege la movilidad laboral. California mantiene una fuerte política contra las restricciones de competencia mediante el Business and Professions Code § 16600. El desafío jurídico consiste, por tanto, en diferenciar el conocimiento y experiencia que legítimamente acompañan a un profesional de documentos, datos o procesos confidenciales que continúan perteneciendo a su antiguo empleador.
El primer objetivo estratégico del descubrimiento acelerado es disminuir la asimetría informativa. Apple conoce sus propios sistemas, pero no necesariamente puede determinar cómo habría sido utilizada la información después de abandonar su infraestructura. Por ello, el descubrimiento solicitado comprende documentos, comunicaciones, interrogatorios y declaraciones de individuos y representantes corporativos.
La investigación adquiere particular importancia en el ámbito forense. El documento destaca el interés de Apple en dispositivos que no habrían sido examinados inicialmente, incluido un Mac Mini presuntamente utilizado para determinadas simulaciones. Metadatos, sincronizaciones, registros de actividad o copias almacenadas en distintos dispositivos pueden permitir reconstruir no solo la posesión de un archivo, sino también cómo fue utilizado.
El segundo objetivo está relacionado con la posibilidad de fortalecer una solicitud de preliminary injunction. Conforme al estándar establecido por la Corte Suprema en Winter v. Natural Resources Defense Council, quien solicita una medida cautelar debe demostrar probabilidad de éxito, daño irreparable, un balance favorable de equidades y compatibilidad con el interés público. La evidencia obtenida anticipadamente puede influir directamente en estos cuatro factores.
Uno de los aspectos más interesantes del caso aparece en la alegación de que información confidencial habría sido utilizada dentro de un flujo de trabajo automatizado. El documento sostiene que Apple relaciona determinadas simulaciones con un agente de IA utilizado para reducir considerablemente el tiempo necesario para completar una tarea técnica.
Este argumento introduce una pregunta jurídica novedosa: ¿qué sucede cuando el secreto comercial deja de existir únicamente como archivo y contribuye a producir una capacidad automatizada? La respuesta depende de la arquitectura concreta del sistema. No es equivalente utilizar información como entrada temporal, almacenarla en una base de recuperación o incorporarla mediante entrenamiento. Por ello, el tribunal necesitaría evidencia técnica que determine exactamente cómo fue utilizada.
La primera cuestión es si este litigio protege directamente Apple Intelligence. Jurídicamente, el conflicto analizado se concentra en secretos comerciales y conocimientos vinculados principalmente con ingeniería y hardware. Por ello, sería impreciso afirmar que los modelos de Apple Intelligence constituyen directamente el objeto del litigio.
Sin embargo, desde una perspectiva empresarial existe una conexión más amplia. Los sistemas contemporáneos de inteligencia artificial dependen de procesadores, gestión energética, sensores, dispositivos y procesos de integración. El documento de referencia interpreta precisamente la disputa como parte de la defensa de un ecosistema tecnológico más amplio, en el que hardware y software forman parte de una misma estrategia competitiva.
Otra tensión aparece entre protección de secretos y movilidad laboral. Una empresa puede impedir la utilización ilícita de información confidencial, pero no convertir el secreto comercial en una prohibición general para contratar trabajadores provenientes de un competidor. La jurisprudencia de California, particularmente Whyte v. Schlage Lock Co., ha rechazado la doctrina de inevitable disclosure cuando produce efectos semejantes a una cláusula de no competencia.
Finalmente, el propio descubrimiento genera riesgos. Permitir acceso temprano a documentación, dispositivos o conocimiento institucional de un competidor puede revelar información extremadamente sensible. De ahí que la Federal Rule of Civil Procedure 26(c) permita adoptar órdenes protectoras para limitar la divulgación de secretos comerciales y otra información confidencial. La velocidad procesal debe equilibrarse, por tanto, con proporcionalidad y protección de los derechos de ambas partes.
El caso demuestra que el descubrimiento acelerado puede desempeñar un papel decisivo en litigios tecnológicos. Cuando la información puede desaparecer, sincronizarse entre dispositivos o integrarse en sistemas automatizados, esperar al desarrollo ordinario del discovery puede dificultar considerablemente la reconstrucción de los hechos.
Su valor estratégico se encuentra en la interacción entre evidencia forense y tutela cautelar. Obtener información anticipadamente puede fortalecer una teoría de apropiación indebida, pero también puede revelar hechos que la debiliten. El descubrimiento acelerado no garantiza una victoria; acelera el momento en que las afirmaciones deben confrontarse con evidencia verificable.
La inteligencia artificial introduce además problemas nuevos. Si un secreto ha contribuido a generar automatizaciones, diseños o conocimiento técnico derivado, una orden de destruir el archivo original puede resultar insuficiente. Determinar si una ventaja puede eliminarse exigirá comprender técnicamente cómo fue utilizada la información y qué resultados produjo.
El caso representa así algo más amplio que una disputa entre dos empresas tecnológicas. Refleja una transformación del derecho de secretos comerciales: proteger la innovación ya no significa únicamente impedir que alguien copie un documento, sino también determinar cómo controlar la circulación y transformación del conocimiento dentro de ecosistemas digitales cada vez más automatizados.
Apple Inc. (2026). Apple Inc. v. Liu et al. U.S. District Court for the Northern District of California. Consultar expediente judicial
California Legislature. California Civil Code § 3426.1 — Uniform Trade Secrets Act. Texto oficial
California Legislature. Business and Professions Code § 16600. Texto oficial
Congress of the United States. (2016). Defend Trade Secrets Act, 18 U.S.C. § 1836. Cornell Legal Information Institute
Federal Rules of Civil Procedure. Rule 26 — Duty to Disclose; General Provisions Governing Discovery. Cornell Legal Information Institute
Federal Rules of Civil Procedure. Rule 37 — Failure to Make Disclosures or to Cooperate in Discovery; Sanctions. Cornell Legal Information Institute
Supreme Court of the United States. (2008). Winter v. Natural Resources Defense Council, Inc., 555 U.S. 7. Sentencia
U.S. District Court, Northern District of California. (2002). Semitool, Inc. v. Tokyo Electron America, Inc., 208 F.R.D. 273. Consultar decisión
California Court of Appeal. (2002). Whyte v. Schlage Lock Co., 101 Cal. App. 4th 1443. Consultar sentencia
Una mirada desde la práctica al tiempo, la evidencia y la efectividad del enforcement penal en Ecuador
En una investigación por una posible vulneración de derechos marcarios, identificar dónde se encuentran los productos es solo una parte del problema. La otra, muchas veces más compleja, consiste en lograr que permanezcan allí cuando la autoridad esté en condiciones de intervenir. Un establecimiento puede vender su inventario, una bodega puede vaciarse y cientos o miles de productos pueden ser trasladados o distribuidos en cuestión de días.
En ese contexto, una investigación jurídicamente correcta, pero ejecutada tardíamente, corre el riesgo de llegar cuando aquello que pretendía preservar ya no existe. Después de varios años participando en investigaciones y acciones penales relacionadas con propiedad intelectual en Ecuador, particularmente en materia marcaria, he podido observar que esta tensión entre tiempo, evidencia y garantías constituye uno de los principales desafíos prácticos del enforcement penal.
La pregunta que surge de esa experiencia es sencilla: ¿por qué esperar varios meses si aquello que necesitamos investigar puede desaparecer mañana? Cuando existen indicios objetivos previamente verificados, un lugar identificado y un riesgo real de desplazamiento de la mercadería, considero que la solicitud de un allanamiento judicialmente autorizado debe poder constituir la primera respuesta operativa de la investigación, sin que sea necesario agotar previamente durante meses una denuncia ordinaria.
Esto no implica sustituir la investigación ni reducir las garantías procesales, sino reconocer que, en determinados casos, preservar la evidencia es precisamente lo que permite que la investigación pueda desarrollarse de manera efectiva. La lógica debe ser clara: investigar lo suficiente para determinar cuándo es necesario preservar primero y profundizar después.
Una particularidad de estas investigaciones es que una parte esencial de la evidencia suele estar materializada en los propios productos.
El actual artículo 208A del COIP contempla, cuando concurren los elementos previstos en el tipo penal, conductas como almacenar, fabricar, utilizar, ofertar, vender, importar o exportar productos o servicios que utilicen determinados signos distintivos. La norma exige, entre otros elementos, que la conducta sea realizada a sabiendas, con fines de lucro y a escala comercial.[i]
La escala comercial tampoco responde únicamente a una cifra. El artículo 208C obliga a considerar factores como la magnitud, el valor económico, la cantidad de mercadería o servicios y su impacto en el mercado, sin perjuicio de la regla particular prevista para importaciones y exportaciones.[ii]
Esto tiene una consecuencia práctica: si para analizar el caso necesitamos conocer cuántos productos existen, qué signos incorporan, cómo están almacenados y cuál es su dimensión comercial, preservar físicamente esa mercadería adquiere una relevancia probatoria evidente.
Una publicación en redes sociales, una fotografía o una verificación externa pueden aportar indicios. Pero eventualmente será necesario examinar los productos. Si estos desaparecen antes de la actuación estatal, una parte central de la investigación puede desaparecer con ellos.
Defender que el allanamiento pueda constituir la primera respuesta operativa no significa sostener que deba existir una orden judicial basada únicamente en la información proporcionada por el titular marcario. Antes del allanamiento existe investigación. En nuestra práctica, los casos suelen comenzar con información obtenida por el titular del derecho, sus representantes o distribuidores, mediante monitoreo de redes sociales, verificaciones de mercado u otras fuentes que permiten identificar un posible punto de almacenamiento o comercialización.
A partir de esa información se recopilan datos sobre el establecimiento, su ubicación, la actividad observada, los productos involucrados, los signos utilizados y los derechos marcarios que podrían encontrarse comprometidos. Sin embargo, este trabajo privado constituye únicamente el punto de partida. La información debe ser posteriormente verificada por las autoridades investigativas, particularmente por la Policía Nacional y, según las características del caso, por unidades especializadas como la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Aduaneros y Régimen de Desarrollo (UDAR).[iii]
La denuncia constituye una vía válida para poner una posible infracción en conocimiento de Fiscalía. El problema aparece cuando se interpreta que necesariamente debe existir primero una denuncia formal y, después, una extensa sucesión de diligencias antes de analizar la posibilidad de un allanamiento.
En la práctica, ese recorrido puede involucrar apertura de investigación, asignación fiscal, designación de un investigador, reconocimientos, informes policiales y nuevas disposiciones. Cada actuación puede tener una justificación procesal; el problema está en el efecto acumulado del tiempo.
Una investigación que se extiende durante seis o siete meses puede conservar plena validez jurídica; sin embargo, en ese mismo período, la mercadería que dio origen al caso puede haber sido vendida, trasladada, distribuida o sustituida.
El problema no radica en que una investigación dure seis meses, sino en asumir que la evidencia comercial permanecerá disponible e inalterada durante todo ese tiempo.
Una investigación que tarda seis o siete meses puede seguir siendo jurídicamente válida. Pero la mercadería que motivó su inicio probablemente ya no sea la misma.
La legislación penal establece expresamente que el ejercicio público de la acción corresponde a Fiscalía sin necesidad de denuncia previa, mientras que la Constitución atribuye a Fiscalía la dirección de la investigación de oficio o a petición de parte.[iv]
Por ello, la denuncia no debería convertirse en un requisito adicional cuando el ordenamiento permite otra forma de actuación.
Cuando se habla de protección marcaria resulta sencillo pensar en grandes compañías internacionales. Sin embargo, la lógica del problema es aplicable a cualquier titular.
Detrás de una marca puede existir una persona que utilizó sus ahorros para iniciar un negocio, alquiló un establecimiento, adquirió inventario, contrató trabajadores, pagó impuestos, invirtió en publicidad y dedicó años a conseguir que los consumidores relacionen determinado signo con sus productos. Además, decidió proteger jurídicamente ese activo y registró su marca.
Por ello, cuando existen indicios suficientemente verificados de una posible infracción, resulta razonable preguntarse qué nivel de protección efectiva recibe quien invirtió tiempo y recursos en construir y registrar una marca si debe esperar meses antes de adoptar medidas destinadas a preservar los productos involucrados.
El registro marcario concede a su titular un derecho de uso exclusivo y la facultad de impedir determinados usos realizados por terceros sin su consentimiento.[v]
Durante ese tiempo, la mercadería puede continuar circulando. Mientras tanto, quien asumió los costos de desarrollar su negocio y construir la reputación del signo puede observar cómo un tercero obtiene potencialmente una ventaja comercial mediante el uso de un activo que no construyó.
Registrar una marca no convierte automáticamente cualquier uso por un tercero en delito. El artículo 208A tiene elementos específicos que deben investigarse y demostrarse. Pero cuando existen indicios de una conducta penalmente relevante, la efectividad de la tutela tampoco puede separarse completamente del momento en que esa tutela se produce.
Sostener que el allanamiento puede constituir la primera respuesta operativa no significa que deba ser la primera actuación de cualquier caso.
Antes deben existir indicios suficientes; el establecimiento debe estar identificado; la información debe ser razonablemente verificada; debe existir un derecho que podría encontrarse afectado; Fiscalía debe valorar la posible relevancia penal de los hechos; y debe existir una explicación concreta de por qué los productos necesitan ser preservados oportunamente.
Lo que se cuestiona es la necesidad de añadir, después de esas verificaciones, varios meses de trámites para regresar finalmente a la misma conclusión: que resulta necesario ingresar al establecimiento para comprobar qué mercadería existe y preservarla.
La experiencia práctica permite identificar con mayor precisión cómo se construye una solicitud de esta naturaleza. Una vez recibida información sobre un posible punto de almacenamiento o comercialización, corresponde desarrollar tareas investigativas destinadas a verificarla.
En los casos en los que hemos intervenido, esta labor ha contado con la participación de Policía Judicial y de unidades especializadas como la UDAR, permitiendo trasladar el caso desde la información proporcionada por un particular hacia elementos obtenidos y contrastados por la propia autoridad estatal. El resultado de estas diligencias se documenta en el correspondiente parte investigativo y se pone a consideración de Fiscalía.
Si los elementos obtenidos permiten advertir una posible infracción y, además, un riesgo concreto de que la mercadería sea vendida, trasladada o distribuida, corresponde al fiscal valorar la necesidad de una actuación urgente.
Esta dinámica es coherente con las facultades que el COIP reconoce a Fiscalía para disponer diligencias al personal del sistema especializado de investigación, reconocer lugares y evidencias y solicitar al juzgador las medidas necesarias para el desarrollo de la investigación.[vi]
En este contexto, el artículo 583 autoriza actuaciones fiscales urgentes cuando resulte necesario obtener, conservar o preservar evidencias o impedir la consumación de un delito.[vii]
El marco normativo también permite acudir al allanamiento cuando la preservación de la evidencia exige ingresar a un inmueble. El artículo 480 del COIP contempla esta medida para recaudar objetos que constituyan elementos probatorios o se encuentren vinculados con el hecho investigado, siempre mediante orden motivada del juzgador.[viii] A su vez, el artículo 481 exige que dicha orden determine los motivos del registro, las diligencias por practicar y el lugar de ejecución, descartando cualquier posibilidad de una actuación arbitraria.[ix]
Leídas conjuntamente, estas disposiciones permiten una secuencia clara: información inicial → verificación policial → parte investigativo → valoración fiscal de la urgencia → solicitud judicial motivada → allanamiento → preservación de la evidencia.
La cuestión central, por tanto, no es si previamente existe una denuncia ordinaria, sino si la información ha sido suficientemente verificada y existen elementos que permitan justificar ante el juez la necesidad de intervenir. La legitimidad de la medida depende de demostrar que el allanamiento resulta necesario, idóneo y proporcional para preservar evidencia vinculada con una posible infracción penal antes de que esa evidencia pueda desaparecer.
Cuando pensamos en pérdida de evidencia, solemos imaginar a una persona ocultando o destruyendo deliberadamente objetos. En materia comercial ni siquiera es necesario llegar a ese escenario.
La evidencia puede desaparecer simplemente porque cumple su función económica normal: se vende, se transporta, se entrega a distribuidores o se divide entre diferentes establecimientos.
Una bodega que hoy contiene cientos de productos puede despachar su inventario en pocos días sin que exista una maniobra específica destinada a ocultarlo de las autoridades. Por ello, la naturaleza móvil de la mercadería debe formar parte del análisis de urgencia como una circunstancia objetiva, junto con el volumen observado, el giro comercial y la información investigativa disponible.
Incluso bajo el régimen penal anterior existen antecedentes ecuatorianos en los que investigaciones por propiedad intelectual incluyeron órdenes judiciales de allanamiento, incautación de productos y posterior análisis pericial. Ese antecedente se utiliza aquí únicamente como referencia histórica, pues no interpreta el actual artículo 208A ni el vigente régimen procesal.[x]
Un allanamiento no determina que los productos sean falsificados y la incautación tampoco establece responsabilidad penal. Son actuaciones de investigación y preservación.
Después corresponderá practicar pericias, acreditar derechos marcarios, analizar las características de los productos, determinar la escala comercial, establecer quién se encuentra realmente vinculado con la actividad y garantizar el derecho a la defensa.
La experiencia de casos actuales demuestra la utilidad de esta secuencia. En una investigación, una actuación permitió preservar 2.400 pares de calzado almacenados en 40 sacas, posteriormente sometidos a análisis técnico. En otra se preservaron 4.360 pares distribuidos en 218 sacos, sobre los cuales pudieron desarrollarse actuaciones posteriores.[xi]
Estos ejemplos no anticipan responsabilidad. Demuestran algo elemental: sin preservación inicial, no habría existido la misma evidencia física disponible para ser posteriormente analizada, contradicha y valorada.
La preservación temprana de evidencia tampoco es una idea exclusiva del proceso penal ecuatoriano.
La Decisión 486 de la Comunidad Andina permite adoptar medidas cautelares inmediatas destinadas, entre otras finalidades, a impedir una infracción y obtener o conservar pruebas, incluso antes de iniciar la acción correspondiente.[xii] Esta norma no autoriza por sí sola un allanamiento penal, pero confirma que la efectividad de la protección puede depender de actuar antes de que la prueba desaparezca.
En el ámbito multilateral, el Acuerdo sobre los ADPIC sigue una lógica similar. Su artículo 50 exige medidas provisionales prontas y efectivas para preservar evidencia relacionada con una presunta infracción y contempla situaciones en las que el retraso puede causar un daño irreparable o generar riesgo de destrucción de prueba, junto con salvaguardas frente a abusos.[xiii]
Uno de los obstáculos más complejos que hemos encontrado en la práctica no siempre proviene de la ausencia de herramientas jurídicas, sino de la forma en que estas son interpretadas y aplicadas. Todavía existen criterios según los cuales, antes de considerar una actuación urgente o solicitar una orden de allanamiento en materia de propiedad intelectual, el titular debería presentar necesariamente una denuncia formal y permitir que la investigación avance durante meses. En otros casos, se sostiene que, al existir mecanismos administrativos o civiles, estas vías deberían agotarse antes de considerar una respuesta penal.
A ello se suma una dificultad vinculada con la percepción de la materia. Cuando una investigación involucra drogas, armas, vehículos robados u otras formas tradicionales de criminalidad, la necesidad de preservar evidencia suele comprenderse inmediatamente. Cuando se trata de productos que podrían vulnerar derechos de propiedad intelectual, esa misma urgencia puede recibir una valoración distinta. Esta diferencia puede responder a una menor familiaridad con las particularidades de las infracciones marcarias y, especialmente, con la velocidad con la que la evidencia comercial puede venderse, trasladarse o desaparecer.
Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre negar un allanamiento porque no concurren sus presupuestos jurídicos y descartarlo únicamente porque el caso involucra propiedad intelectual, porque aún no se ha presentado una denuncia ordinaria o porque existen mecanismos administrativos. Las distintas vías de protección pueden coexistir. El propio Código Ingenios reconoce que determinadas acciones deben tramitarse en jurisdicción civil o penal conforme a las competencias previstas en el ordenamiento.[xiv]
Si los hechos corresponden exclusivamente a una infracción administrativa, esa será la vía aplicable; pero si existen indicios de una conducta penalmente relevante, la existencia de mecanismos administrativos paralelos no debería impedir que Fiscalía valore las herramientas que el COIP pone a su disposición.
La discusión, por tanto, no debería centrarse en determinar si la propiedad intelectual merece mayor o menor atención que otras conductas delictivas. La pregunta jurídicamente relevante es otra: ¿existen elementos suficientes para justificar una actuación urgente y qué ocurrirá con la evidencia si no se actúa oportunamente? El criterio debe partir de los presupuestos legales del caso concreto, del riesgo para la evidencia y de la proporcionalidad de la medida, no de una valoración previa sobre la naturaleza del derecho afectado.
La protección penal marcaria presenta una característica que no puede ignorarse: la evidencia es comercial y, por tanto, se mueve.
Cuando existe información preliminar, debe verificarse. Cuando existen únicamente sospechas, deben investigarse. Pero cuando las verificaciones ya permiten identificar una posible conducta penalmente relevante, un lugar concreto y productos susceptibles de desaparecer, el sistema no debería exigir necesariamente varios meses de investigación ordinaria antes de solicitar la diligencia destinada precisamente a preservar esa evidencia.
El ordenamiento permite construir otra respuesta. Fiscalía puede ejercer la acción pública sin necesidad de denuncia previa, realizar actuaciones urgentes para preservar evidencia y solicitar una orden judicial de allanamiento cuando los objetos buscados constituyan elementos probatorios o estén vinculados con el hecho investigado.
investigar → verificar → preservar → profundizar
No: investigar → esperar → volver a investigar → llegar cuando los productos ya no están.
La urgencia no elimina garantías; el allanamiento no anticipa culpabilidad y la incautación no reemplaza la prueba; pero una investigación tampoco cumple adecuadamente su finalidad si las herramientas destinadas a preservar la evidencia se utilizan únicamente cuando ya es demasiado tarde.
Cuando existen indicios suficientes, un riesgo concreto de pérdida o desplazamiento de la evidencia y el correspondiente control judicial, preservar primero no significa investigar menos, sino darle a la investigación una posibilidad real de cumplir su finalidad.
[i] Código Orgánico Integral Penal, art. 208A. La configuración actualmente vigente fue sustituida mediante reforma publicada en el Registro Oficial Suplemento 525, de 27 de agosto de 2021. El tipo contempla pena privativa de libertad, comiso y multa y exige, entre otros elementos, conocimiento, fines de lucro y escala comercial.
[ii] Código Orgánico Integral Penal, art. 208C. Para determinar la escala comercial deben considerarse la magnitud, el valor económico, la cantidad de la mercadería o servicio y su impacto en el mercado. La norma contiene una regla específica para mercadería importada o exportada.
[iii] Policía Nacional del Ecuador, “Cae red que falsificaba el origen de prendas extranjeras: Policía identifica más de USD 345 mil en ganancias ilícitas”, 25 de junio de 2026. La publicación institucional identifica a la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Aduaneros y Régimen de Desarrollo (UDAR) y señala su actuación bajo dirección jurídica de la Fiscalía General del Estado. https://noticias.policia.gob.ec/cae-red-que-falsificaba-el-origen-de-prendas-extranjeras-policia-identifica-mas-de-usd-345-mil-en-ganancias-ilicitas/
[iv] Código Orgánico Integral Penal, arts. 409 y 410: el ejercicio público de la acción corresponde a Fiscalía sin necesidad de denuncia previa. Constitución de la República del Ecuador, art. 195: Fiscalía dirige, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal.
[v] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, arts. 364 y 367; Decisión 486 de la Comunidad Andina, arts. 154 y 155.
[vi] Código Orgánico Integral Penal, art. 444. Entre las atribuciones de Fiscalía se encuentran disponer diligencias investigativas al personal del sistema especializado, reconocer lugares y evidencias, solicitar al juzgador las medidas necesarias y ordenar las demás diligencias que considere pertinentes para la investigación.
[vii] Código Orgánico Integral Penal, art. 583, sobre actuaciones fiscales urgentes para obtener, conservar o preservar evidencias o impedir la consumación de un delito.
[viii] Código Orgánico Integral Penal, art. 480 numeral 5: allanamiento para recaudar la cosa sustraída o reclamada o los objetos que constituyan elementos probatorios o estén vinculados con el hecho investigado; para este supuesto se exige orden motivada.
[ix] Código Orgánico Integral Penal, art. 481. La orden debe expresar los motivos del registro, las diligencias por practicar y la ubicación del lugar; la norma prohíbe órdenes de registro y allanamiento arbitrarias.
[x] Como antecedente histórico: juicio penal No. 471-08, Tercera Sala Penal de la entonces Corte Provincial de Justicia de Pichincha, resuelto bajo la antigua Ley de Propiedad Intelectual y el régimen procesal penal anterior. Se utiliza únicamente como referencia histórica y no como interpretación del actual art. 208A o del vigente régimen de actuaciones urgentes.
[xi] Expedientes judiciales revisados para este artículo: en uno de ellos se documentan 2.400 pares de calzado almacenados en 40 sacas y posteriormente sometidos a informe técnico; en otro, 4.360 pares distribuidos en 218 sacos. Estas referencias ilustran la secuencia investigativa y no anticipan responsabilidad penal.
[xii] Decisión 486 de la Comunidad Andina, arts. 245 y 246. El art. 245 contempla medidas cautelares inmediatas destinadas, entre otros objetivos, a impedir la infracción, evitar sus consecuencias y obtener o conservar pruebas; permite solicitarlas antes, conjuntamente o después del inicio de la acción.
[xiii] Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), art. 50. El texto oficial de la OMC contempla medidas provisionales prontas y efectivas para preservar pruebas pertinentes y salvaguardias frente a abusos.
[xiv] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, arts. 547 a 550, especialmente art. 549, que reconoce que las demás acciones se tramitarán en jurisdicción civil o penal de conformidad con las competencias previstas en el ordenamiento jurídico.
Una operación aduanera demuestra cómo etiquetas, componentes y elementos de acondicionamiento pueden activar una estrategia coordinada de protección de marcas antes de que los productos lleguen al mercado.
La protección de una marca suele asociarse con la identificación de productos falsificados que ya están siendo comercializados. Sin embargo, las cadenas de infracción pueden comenzar mucho antes.
Etiquetas, envases, tapas, empaques, hologramas o determinados componentes pueden ingresar por separado y ser utilizados posteriormente para ensamblar, acondicionar o presentar productos con una apariencia que genere confusión respecto de su origen empresarial. Un reciente caso en Ecuador permite observar precisamente este escenario y, sobre todo, la importancia de intervenir antes de que los productos lleguen al mercado.
Durante el control físico de una operación de importación, la autoridad aduanera identificó mercancías que generaron indicios de una posible vulneración de derechos de propiedad intelectual. Además de los productos declarados, durante el aforo fueron encontrados otros materiales, entre ellos láminas adhesivas que incorporaban signos vinculados con una marca registrada. Frente a estos hallazgos, se suspendió temporalmente el proceso de nacionalización y se requirió información a las partes involucradas.
Uno de los elementos más relevantes del caso fue la naturaleza de las mercancías identificadas durante el control aduanero. La operación no estaba compuesta únicamente por productos terminados. Entre los bienes declarados constaban tapas y accesorios para botellas, cartuchos vacíos, depósitos de mantenimiento, cabezales de impresión reacondicionados, componentes para sistemas de impresión y equipos relacionados con el sellado de botellas.
Sin embargo, durante el aforo físico aparecieron otros elementos que no estaban detallados en la declaración aduanera. Entre ellos se encontraron láminas con adhesivos holográficos y adhesivos redondos que reproducían signos vinculados con derechos marcarios protegidos, además de otros insumos como láminas de aluminio, acoples, empaques de caucho y componentes tecnológicos.
La importancia del hallazgo no estaba únicamente en cada objeto considerado de manera aislada, sino en la relación que podía existir entre ellos. Etiquetas, tapas, materiales de sellado y determinados componentes podían ser utilizados posteriormente para ensamblar, acondicionar o presentar productos destinados al mercado. Precisamente por ello, la estrategia de protección planteó que estos materiales debían analizarse como parte de una posible cadena de elaboración y comercialización, y no simplemente como accesorios independientes.
Este aspecto permite entender una dimensión menos visible del enforcement marcario: una posible infracción puede comenzar antes de que exista un producto terminado. La legislación reconoce que la protección de una marca también puede extenderse frente a la fabricación, comercialización o tenencia de etiquetas, envases, embalajes y otros materiales que reproduzcan o contengan un signo protegido.
Por eso, la intervención en frontera adquiere especial importancia. No se trata únicamente de identificar productos que ya aparentan ser originales, sino de detectar los elementos que podrían permitir que esa apariencia sea construida posteriormente y evitar que ingresen al circuito comercial mientras las autoridades determinan si existe una vulneración de derechos.
Cuando existen indicios razonables de una posible vulneración de derechos de propiedad intelectual, la legislación ecuatoriana permite suspender una operación aduanera y someter los hechos al análisis de las autoridades competentes. En este caso, la intervención comenzó durante el control aduanero.
La información recopilada, el registro fotográfico de las mercancías y los documentos aportados permitieron que el caso avanzara hacia la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual. Uno de los elementos considerados fue precisamente la presencia de mercancías relacionadas con marcas registradas y la inexistencia, dentro del procedimiento, de documentación que acreditara una autorización para determinado uso de los signos identificados.
Tras analizar la información disponible, la autoridad de propiedad intelectual confirmó la suspensión respecto de determinados componentes y de las láminas adhesivas identificadas durante el aforo, mientras que no confirmó la medida respecto de otros productos comprendidos en la misma operación.
Este último punto también es importante. Una medida en frontera no supone automáticamente que toda la carga sea infractora. La autoridad debe analizar los elementos disponibles y determinar respecto de qué mercancías existen fundamentos suficientes para mantener la suspensión.
La actuación en frontera tampoco representó necesariamente el final del caso. Una vez confirmada parcialmente la suspensión, el titular de los derechos activó la acción principal correspondiente y presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presuntos actos lesivos a la propiedad intelectual. Con ello se inició una investigación previa.
Posteriormente se solicitaron y dispusieron diferentes diligencias encaminadas a obtener información adicional para la investigación. Entre ellas constan requerimientos dirigidos a distintas instituciones públicas y la incorporación de nueva documentación al expediente.
Estas actuaciones forman parte de una investigación en curso y no constituyen, por sí mismas, una declaración de responsabilidad. Sin embargo, muestran cómo una detección realizada durante un procedimiento aduanero puede convertirse en el punto de partida de una estrategia de observancia que involucra diferentes autoridades y vías jurídicas.
Este caso permite extraer una conclusión especialmente relevante para empresas que comercializan sus productos en Ecuador: la protección efectiva de una marca exige algo más que contar con un registro vigente. Requiere capacidad para identificar riesgos, reconocer productos y componentes sospechosos, aportar información técnica a las autoridades y reaccionar dentro de los plazos previstos por la legislación.
También demuestra que el enforcement debe mirar la cadena completa. La infracción puede encontrarse en el producto final, pero también en las etiquetas, envases, componentes o materiales que permiten construir posteriormente la apariencia de un producto legítimo.
Por ello, una estrategia integral combina registro, vigilancia aduanera, medidas en frontera, acciones administrativas y, cuando los hechos lo justifican, acciones penales. La finalidad no es únicamente retirar del mercado un producto que ya ha causado una afectación. En determinados casos, la protección más efectiva consiste en evitar que los elementos necesarios para producir esa afectación lleguen siquiera al mercado ecuatoriano.
En nuestra experiencia, como estudio jurídico, sabemos que la protección de activos de propiedad intelectual requiere coordinación, información y capacidad de reacción. Una estrategia de enforcement correctamente estructurada permite convertir una alerta aislada en una actuación integral de protección de marca.
El 6 de junio de 2025, Rosalía Vila Tobella solicitó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro de la marca denominativa LUX, destinada a proteger, entre otros, grabaciones musicales, productos electrónicos, prendas de vestir y servicios de entretenimiento en las clases 9, 25 y 41.
El 8 de julio de 2026, la EUIPO denegó la solicitud en su totalidad al considerar que, para el público rumanohablante, “LUX” sería entendido como una referencia al lujo, la calidad superior o la exclusividad, y no como un indicador de origen empresarial. La decisión se fundamentó en los artículos 7.1.b), 7.1.c) y 7.2 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea y es susceptible de recurso.
Más allá de la notoriedad de la artista, el caso plantea una cuestión especialmente relevante para cualquier empresa que pretenda internacionalizar una marca: una denominación puede ser jurídicamente sólida en un mercado y perder su capacidad distintiva cuando cambia el idioma o el territorio.
La marca de la Unión Europea tiene carácter unitario. El artículo 7.2 del Reglamento establece que un motivo absoluto de denegación puede impedir el registro aunque exista únicamente en una parte de la Unión. En términos prácticos, no es necesario que “LUX” sea descriptivo o laudatorio en todos los Estados miembros. Bastaba con que el problema se produjera respecto de una parte relevante del público.
Eso explica uno de los aspectos más interesantes del procedimiento. La primera objeción de la EUIPO, formulada en julio de 2025, consideraba tanto al público angloparlante como al rumanohablante. Tras las observaciones de la solicitante, la Oficina restringió posteriormente su razonamiento al público de habla rumana. Aun así, ese único frente lingüístico resultó suficiente para mantener la denegación.
La consecuencia empresarial es importante: una estrategia paneuropea de marcas no puede construirse únicamente a partir de una búsqueda de signos idénticos o similares. También exige estudiar qué significa el signo en los distintos mercados donde producirá efectos.
Muchas empresas realizan correctamente una búsqueda de marcas anteriores antes de lanzar un producto. Sin embargo, esa revisión responde principalmente a una pregunta: ¿existen derechos de terceros que podrían impedir el registro?
El caso LUX demuestra que existe una segunda pregunta igual de importante: ¿el propio signo tiene suficiente capacidad jurídica para convertirse en marca?
Una denominación puede estar completamente disponible y, aun así, ser objetada de oficio porque describe una característica, comunica una cualidad o funciona simplemente como mensaje promocional. En este caso, la EUIPO consideró que el público rumanohablante interpretaría “LUX” como una referencia positiva a productos o servicios selectos o de elevada calidad.
Por ello, la debida diligencia marcaria debería incorporar un componente semántico y cultural antes de que marketing, diseño y comercialización conviertan una denominación en una inversión difícil de modificar.
Otro aspecto relevante es que la registrabilidad no depende de la intención con la que se crea una marca ni de la notoriedad de quien la solicita.
Durante el procedimiento se argumentaron otros significados posibles de “LUX”, incluida su utilización como unidad de iluminancia y su origen latino relacionado con la luz. También se mencionaron registros previos y la aceptación de una solicitud equivalente en Reino Unido. La EUIPO consideró que estos elementos no modificaban la percepción relevante del término en el mercado rumano ni vinculaban jurídicamente su propio examen.
Para empresas vinculadas con artistas, influencers, deportistas o fundadores reconocidos, esta distinción resulta especialmente útil. La capacidad comercial para popularizar un nombre y su capacidad jurídica para funcionar como marca son dos cuestiones diferentes.
La lógica de la distintividad tampoco es ajena al régimen aplicable en Ecuador. La Decisión 486 de la Comunidad Andina exige que una marca sea apta para distinguir productos o servicios y prohíbe registrar signos carentes de distintividad, así como aquellos que describan características de los productos o incluyan expresiones laudatorias.
Sin embargo, la consecuencia territorial del caso europeo no debe trasladarse automáticamente al sistema ecuatoriano. La particularidad está en el carácter unitario de la marca de la Unión Europea: una dificultad localizada puede afectar una solicitud destinada a cubrir todo el bloque.
Para una empresa ecuatoriana que proyecte entrar en Europa, Estados Unidos o distintos mercados latinoamericanos, haber registrado exitosamente una denominación ante SENADI no significa que esa misma marca vaya a superar el examen en otros territorios. La expansión requiere revisar nuevamente idioma, significado, productos, público relevante y estrategia de presentación.
El caso LUX revela que la internacionalización de una marca no empieza cuando se presenta una solicitud en el extranjero. Empieza cuando se escoge el nombre.
Una denominación diseñada exclusivamente desde la perspectiva comercial del mercado de origen puede esconder debilidades cuando atraviesa fronteras lingüísticas. Identificarlas antes del lanzamiento permite decidir si conviene modificar el signo, reforzarlo con otros elementos distintivos, desarrollar una arquitectura de marcas complementarias o reconsiderar la estrategia territorial de protección.
Para los titulares de derechos, la enseñanza es esencialmente preventiva: una marca verdaderamente internacional debe poder viajar no solo comercialmente, sino también jurídicamente. Integrar análisis legal, lingüístico y comercial desde la etapa de naming reduce el riesgo de invertir en identidades que, al llegar a un nuevo mercado, resulten mucho más difíciles de proteger.
La discusión sobre inteligencia artificial y derechos de autor está entrando en una etapa distinta. El debate ya no gira únicamente alrededor de si una empresa puede utilizar obras protegidas para entrenar un modelo o si determinados usos pueden considerarse transformadores. Los nuevos litigios comienzan a mirar hacia otro lugar: quién tomó las decisiones, cómo se obtuvieron los contenidos y qué controles existían dentro de la empresa.
La demanda presentada el 28 de agosto de 2026 por Sony Music Publishing, Warner Chappell Music y otras editoriales contra Anthropic ilustra este cambio. El proceso, presentado ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California, no solo incluye a Anthropic PBC como demandada, sino también a su CEO y cofundador Dario Amodei y al cofundador Benjamin Mann.
Para las empresas que desarrollan o incorporan inteligencia artificial, el caso introduce una cuestión relevante: la propiedad intelectual está dejando de ser exclusivamente un problema del departamento legal para convertirse también en un asunto de gobierno corporativo.
Sony y Warner alegan que Anthropic habría obtenido miles de composiciones musicales mediante distintos mecanismos, incluyendo descargas desde fuentes piratas, torrenting y extracción de letras desde plataformas digitales. Estas afirmaciones todavía deben ser probadas dentro del proceso y Anthropic ha manifestado que se defenderá de las acusaciones.
Lo interesante desde la perspectiva de enforcement es la estructura de la reclamación. Los demandantes no se limitan a cuestionar qué aprendió Claude de esas obras o qué puede generar posteriormente. Buscan reconstruir la cadena completa de decisiones que permitió que determinados contenidos llegaran hasta los sistemas de la compañía.
El documento analizado sostiene precisamente que la estrategia de los demandantes combina acusaciones sobre adquisición de contenido con la inclusión de los fundadores como demandados, a quienes atribuye participación directa en las decisiones cuestionadas.
Esto no significa que exista responsabilidad personal establecida. El proceso apenas comienza. Pero sí demuestra hacia dónde puede evolucionar el litigio en materia de inteligencia artificial: del funcionamiento del modelo hacia las personas, procedimientos y decisiones que hicieron posible su entrenamiento.
Para una empresa, esta diferencia es importante. Imaginemos una compañía que desarrolla un sistema generativo y adquiere millones de archivos mediante proveedores externos. Si posteriormente aparecen obras protegidas dentro del conjunto de entrenamiento, las preguntas jurídicas no necesariamente terminarán en “¿quién programó el modelo?”.
También podrían surgir otras: ¿quién autorizó la adquisición del dataset?, ¿qué controles existían para verificar su origen?, ¿se conocían las restricciones de las fuentes?, ¿hubo alertas internas?, ¿quién decidió continuar utilizando esa información?
Es aquí donde la propiedad intelectual empieza a conectarse con el compliance y el gobierno corporativo. La trazabilidad de los datos deja de ser únicamente una buena práctica técnica. Puede convertirse en evidencia para demostrar cómo una organización identificó, evaluó y gestionó determinados riesgos.
El antecedente de Bartz v. Anthropic ya había mostrado la importancia de diferenciar actos dentro de una misma cadena tecnológica: en 2025, el juez William Alsup distinguió el entrenamiento de modelos de la creación y conservación de una biblioteca formada mediante copias provenientes de sitios piratas. Esa distinción ya fue ampliamente discutida en torno al fair use. La nueva demanda avanza un paso más: pregunta quién estuvo detrás de esas decisiones.
Otro elemento particularmente interesante de la demanda es la denominada Copyright Management Information (CMI), o información de gestión de derechos de autor.
Esta información puede identificar, entre otros elementos, el título de una obra, su autor, el titular de derechos o determinadas condiciones de utilización. La legislación estadounidense contempla específicamente supuestos relacionados con su eliminación o alteración sin autorización cuando concurren los requisitos establecidos por la ley.
Sony y Warner alegan que parte de esta información habría sido eliminada durante el procesamiento de los contenidos.
Desde una perspectiva empresarial, este punto trasciende el litigio concreto. En sistemas capaces de procesar millones de archivos, los metadatos no son accesorios: pueden formar parte de la trazabilidad jurídica del activo. Eliminar información durante procesos de limpieza, conversión o preparación de datos sin analizar previamente su función puede generar riesgos distintos de aquellos derivados del uso de la obra propiamente dicha.
Durante mucho tiempo, el enforcement de propiedad intelectual se entendió principalmente como una reacción: identificar una infracción, recopilar evidencia y ejercer acciones contra el responsable.
La inteligencia artificial obliga a ampliar esa lógica. Los titulares necesitan comprender cómo circulan sus contenidos, qué plataformas los recopilan, qué información permanece asociada a ellos y qué actores intervienen en la cadena tecnológica.
Para las empresas desarrolladoras ocurre lo contrario: necesitan poder demostrar la procedencia de sus contenidos, las decisiones adoptadas y los mecanismos utilizados para prevenir incorporaciones no autorizadas.
En Ecuador, el análisis deberá realizarse bajo nuestro propio sistema jurídico. El COESCCI y la Decisión 351 de la Comunidad Andina reconocen la protección de las obras y los derechos patrimoniales de sus titulares, mientras que SENADI ejerce competencias en materia de derechos intelectuales. La doctrina estadounidense del fair use y las conclusiones de sus tribunales no pueden trasladarse automáticamente al ordenamiento ecuatoriano.
La relevancia del caso Sony y Warner contra Anthropic no consiste únicamente en determinar quién ganará el litigio. Su mayor enseñanza está en mostrar cómo está cambiando la estrategia de protección de los derechos intelectuales.
Ya no basta con observar el resultado producido por una inteligencia artificial. El enforcement puede retroceder hasta el origen del dato, reconstruir su recorrido y analizar quién autorizó cada decisión.
Para las empresas, esto convierte la gestión de propiedad intelectual en una cuestión de prevención, documentación y gobierno corporativo. Para los titulares de derechos, abre nuevas herramientas para investigar y estructurar estrategias de protección frente a usos tecnológicos cada vez más complejos.
En este nuevo escenario, innovar y proteger ya no son procesos separados. La capacidad de explicar qué datos se utilizan, de dónde provienen y quién decidió utilizarlos puede convertirse en parte esencial de la defensa jurídica de cualquier proyecto de inteligencia artificial.
La inteligencia artificial generativa ha transformado la estructura económica de la creación musical al reducir drásticamente las barreras técnicas para producir canciones, voces sintéticas, versiones, remezclas y otros contenidos derivados. El problema jurídico ya no se limita a determinar quién es autor de un resultado generado por una máquina, sino que también abarca cuestiones anteriores y posteriores al acto creativo: qué obras se usaron para entrenar el modelo, bajo qué condiciones fueron obtenidas, qué derechos existen sobre las grabaciones y composiciones involucradas, quién puede autorizar una transformación y cómo se identifica y remunera después a sus titulares. La propia Oficina de Derecho de Autor de Estados Unidos ha reconocido que las distintas etapas de desarrollo y uso de un modelo de IA pueden requerir análisis jurídicos separados, y que el fair use no admite respuestas automáticas ni universales.
En ese entorno surgió Music IP Holdings (MIH), una iniciativa que busca intervenir no solo sobre las obras musicales, sino sobre la infraestructura tecnológica de su transformación mediante IA. El antecedente se remonta a julio de 2025, cuando UMG anunció una asociación estratégica con Liquidax Capital para acelerar el desarrollo, presentación y licenciamiento de patentes relacionadas con inteligencia artificial. En ese momento ya se habían presentado quince solicitudes en áreas como colaboración musical, contenidos multimedia, administración de derechos, protección frente a amenazas de IA y música aplicada a la salud; MIH fue constituida como el vehículo encargado de llevar esas tecnologías al mercado.
El paso decisivo llegó el 20 de agosto de 2026, cuando MIH presentó públicamente su marco de patentes para IA generativa y anunció a Udio y GRAI como sus primeros licenciatarios tecnológicos. El portafolio supera las 24 patentes concedidas o admitidas, con más de 50 solicitudes pendientes, y su alcance cubre procesos que van desde la recepción del prompt hasta la moderación, identificación, marcas de agua, autorización, distribución licenciada y pago. Este movimiento marca el tránsito desde una posición exclusivamente reactiva frente a las infracciones hacia un uso empresarial de la propiedad intelectual como herramienta de diseño del mercado.
La pregunta central es si las patentes de MIH son solo una nueva fuente de ingresos o si cumplen una función más profunda: convertirse en puerta de entrada a determinados modelos comerciales de IA musical. La hipótesis que se defiende aquí es que MIH busca insertar la gestión jurídica de los derechos dentro de la propia arquitectura técnica del producto, de modo que consentimiento, trazabilidad, identificación y remuneración dejen de ser operaciones externas posteriores a la generación y pasen a formar parte del flujo tecnológico mismo, algo que las patentes publicadas ya reflejan en sistemas donde una obra puede transformarse mediante IA tras un proceso de aprobación y quedar luego marcada digitalmente para controlar su uso. Esta evolución cambia la naturaleza del debate: ya no enfrenta solo a "artistas contra máquinas" o "copyright contra innovación", sino que configura una competencia entre arquitecturas jurídicas y empresariales distintas, unas con licencias y controles incorporados de antemano, otras aún apoyadas en excepciones como el fair use, lo que exige combinar derecho de autor, derecho de patentes, economía de la innovación y regulación tecnológica.
La primera distinción necesaria es la que existe entre derecho de autor y patente. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el derecho de autor protege obras literarias y artísticas —entre ellas composiciones y otras creaciones musicales—, mientras que una patente concede derechos exclusivos sobre una invención que ofrece una solución técnica determinada. Esta diferencia resulta esencial para comprender MIH: una licencia sobre una tecnología patentada utilizada para crear o gestionar una remezcla no equivale necesariamente a obtener autorización para usar la composición musical o la grabación incorporada a esa remezcla. Son capas jurídicas distintas que pueden requerir negociaciones independientes.
Esta separación explica por qué el ecosistema de IA musical presenta una acumulación de derechos: una plataforma puede necesitar simultáneamente derechos sobre grabaciones, composiciones, voces o imagen de determinados artistas, y licencias sobre las tecnologías empleadas para gestionar esos contenidos. El acuerdo entre UMG y Udio de octubre de 2025 resulta ilustrativo: ambas compañías anunciaron por separado licencias sobre música grabada y edición musical para una futura plataforma entrenada con música autorizada, y la posterior adopción de patentes de MIH en 2026 añadió una dimensión tecnológica a un entramado contractual que ya existía. Esta acumulación merece examinarse con cautela desde la economía de la innovación: Carl Shapiro describió el fenómeno de los patent thickets como situaciones en las que un producto tecnológico queda rodeado por múltiples derechos de patente que deben identificarse y licenciarse para poder comercializarlo. MIH no constituye, por sí sola, un patent thicket clásico —porque este concepto suele involucrar derechos superpuestos de distintos titulares—, pero la literatura permite identificar un riesgo relevante: cuando numerosas tecnologías esenciales para un producto están protegidas, la capacidad de negociar acceso a esos derechos puede volverse una variable competitiva tan importante como la innovación técnica.
En términos técnicos, la propuesta de MIH pretende abarcar buena parte del ciclo de vida del contenido generado por IA. Una de las patentes registradas a nombre de Music IP Holdings describe sistemas que reciben contenido protegido, procesan solicitudes de transformación, aplican modelos de aprobación, generan obras derivadas, insertan marcas de agua digitales y recurren a servidores de autorización para controlar después el acceso. Otras solicitudes añaden identificación de procedencia, detección de contenidos generados por IA, cruce con licencias vigentes y mecanismos automatizados de respuesta frente a usos no autorizados. De ahí que el verdadero activo no sea una "patente sobre la música generada por IA", sino un conjunto de métodos para organizar técnicamente las relaciones entre contenidos, usuarios y titulares.
Este modelo coincide con una tendencia regulatoria más amplia hacia la trazabilidad y la transparencia. El artículo 53 del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea exige a determinados proveedores de modelos de propósito general adoptar una política de cumplimiento del derecho de autor y publicar un resumen suficientemente detallado de los contenidos empleados para el entrenamiento, mientras que el artículo 50 establece obligaciones relacionadas con el marcado detectable de ciertos contenidos sintéticos. MIH no constituye una implementación del AI Act ni sus patentes sustituyen esas obligaciones, pero la convergencia resulta significativa: tanto el desarrollo regulatorio como la infraestructura privada se están desplazando hacia mecanismos de identificación, procedencia y control integrados en la propia tecnología.
La principal innovación estratégica de MIH consiste en intentar transformar el cumplimiento jurídico en una característica de producto. Tradicionalmente, las disputas de propiedad intelectual aparecen después de que una tecnología llega al mercado: el titular detecta un uso, determina si cuenta con autorización y eventualmente demanda. El sistema descrito por MIH pretende invertir ese orden: la autorización, el seguimiento y la remuneración pueden incorporarse antes o durante la generación, de modo que el valor comercial de la patente radica tanto en la exclusividad jurídica como en la posibilidad de ofrecer a empresas tecnológicas una arquitectura previamente diseñada para interactuar con titulares de derechos.
Para Udio y GRAI, primeros adoptantes públicos del portafolio, esta arquitectura puede reducir ciertas incertidumbres y facilitar servicios comercialmente aceptables para la industria musical: GRAI afirma que su modelo ha sido entrenado con datos licenciados, mientras que Udio había acordado previamente con UMG un entorno licenciado y protegido. El beneficio, sin embargo, viene acompañado de límites. Como recoge el propio anuncio de MIH, el acuerdo UMG-Udio contempló durante la transición un modelo de "jardín amurallado", acompañado de fingerprinting, filtros y otras medidas de control —una tensión entre mayor seguridad jurídica y menor libertad de circulación que también atraviesa la matriz de oportunidades y riesgos del documento de base.
La misma lógica comienza a extenderse más allá de los licenciatarios directos de MIH. En mayo de 2026, Spotify y UMG anunciaron acuerdos para desarrollar una herramienta que permitirá a los usuarios crear versiones y remezclas de obras de artistas y compositores participantes, basada en consentimiento, atribución y compensación, y ofrecida como complemento de pago para usuarios Premium; Spotify cerró después acuerdos relacionados con Merlin y Kobalt. Estos movimientos muestran que el producto emergente no es simplemente la "canción generada por IA", sino un ecosistema de creatividad autorizada en el que titulares, plataformas y usuarios participan bajo reglas previamente negociadas.
Suno ofrece un contraste útil, aunque exige matices. La compañía continúa enfrentando litigios con UMG y Sony por el entrenamiento de sus modelos: en agosto de 2026, un tribunal federal estadounidense rechazó —sin perjuicio de una eventual acción separada— la solicitud de añadir 61.026 grabaciones adicionales al proceso ya existente, y el 31 de julio de 2026 el Landgericht München I estimó en gran medida las pretensiones de GEMA respecto de seis obras musicales, en un fallo que todavía no era firme; en paralelo, Suno anunció mecanismos de watermarking, fingerprinting y restricciones de descarga. Sería incorrecto, sin embargo, concluir que Suno representa hoy un polo completamente "no licenciado": en noviembre de 2025, Warner Music Group y Suno resolvieron su litigio y celebraron un acuerdo para desarrollar modelos licenciados, con control de artistas y compositores sobre el uso de sus nombres, imágenes, semejanzas, voces y composiciones. La verdadera división del mercado resulta, entonces, más compleja que la oposición entre compañías legales e ilegales; lo que empieza a diferenciarlas es el grado de integración de derechos en su tecnología, sus fuentes de entrenamiento y su modelo de negocio.
La primera cuestión crítica consiste en determinar si MIH está realmente "dividiendo" el mercado o simplemente acelerando una separación que ya se encontraba en marcha. La evidencia favorece la segunda interpretación: antes del lanzamiento público de MIH, Udio ya había alcanzado acuerdos con UMG y Warner Music Group, y Suno, a su vez, había pactado con Warner. MIH introduce una herramienta adicional que permite institucionalizar esa transición mediante patentes y una plataforma de licenciamiento; su importancia reside, por tanto, menos en crear dos mercados desde cero y más en convertir las diferencias entre ambos modelos en estructuras jurídicas y tecnológicas identificables.
Una segunda cuestión afecta a la competencia. Centralizar numerosas tecnologías en un único portafolio puede reducir costos de transacción si las empresas obtienen, mediante una sola negociación, acceso a varias soluciones complementarias —una de las ventajas históricamente asociadas al licenciamiento agregado de propiedad industrial—, pero el efecto inverso también es posible: si determinados procesos patentados se vuelven esenciales de facto para acceder a contenidos valiosos o satisfacer expectativas de los grandes titulares, el precio y las condiciones de esas licencias podrían influir significativamente sobre quién puede competir. La literatura de Shapiro sobre los patent thickets y los trabajos de Heller y Eisenberg recuerdan que la proliferación o concentración estratégica de derechos exclusivos puede, dependiendo de su configuración, facilitar o entorpecer la innovación posterior.
Desde la perspectiva de artistas y compositores, el modelo ofrece ventajas evidentes: consentimiento, identificación y compensación pueden incorporarse al propio diseño del servicio, y la posibilidad de definir qué transformaciones están autorizadas, detectar derivados y vincularlos con pagos representa una mejora frente a ecosistemas donde el titular solo descubre la utilización después de la difusión. Sin embargo, la defensa de los creadores no debe confundirse automáticamente con la defensa de todos los participantes del mercado creativo: la estructura también plantea preguntas sobre poder de negociación, condiciones contractuales, acceso de creadores independientes y distribución efectiva de los nuevos ingresos generados por estas herramientas.
Una tercera dimensión es internacional y regulatoria, y en ella se juega buena parte del futuro de MIH. Estados Unidos continúa resolviendo judicialmente el alcance del fair use aplicado al entrenamiento; la propia Copyright Office ha señalado que las distintas utilizaciones dentro del proceso de desarrollo de una IA deben analizarse por separado, que los mercados de licenciamiento ya son relevantes para valorar ciertos efectos económicos, y recomendó en 2025 permitir que esos mercados voluntarios de licenciamiento para entrenamiento siguieran desarrollándose antes de recurrir a una intervención legislativa generalizada, señalando además que sectores como la música presentan condiciones particularmente favorables para este tipo de acuerdos. En Europa, el AI Act obliga a los proveedores de modelos de propósito general a establecer políticas de cumplimiento del derecho de autor y transparencia sobre datos de entrenamiento, mientras que Alemania ya cuenta con una decisión de primera instancia adversa a Suno. Las plataformas globales se enfrentan así a un mosaico normativo que favorece estructuras capaces de administrar derechos jurisdicción por jurisdicción, y MIH puede entenderse precisamente como una respuesta empresarial a ese espacio regulatorio: construir mercado antes de que el legislador defina una licencia obligatoria o los tribunales consoliden una regla general sobre entrenamiento.
La creación de Music IP Holdings representa una evolución significativa en la relación entre inteligencia artificial y propiedad intelectual: los titulares tradicionales de contenidos ya no se limitan a utilizar el derecho de autor para reaccionar frente a nuevas tecnologías, sino que también pueden invertir en investigación, obtener patentes y licenciar infraestructura tecnológica diseñada para influir en cómo esas tecnologías interactúan con las obras protegidas. La propiedad intelectual pasa así de proteger únicamente el activo cultural a participar en el diseño del sistema mediante el cual ese activo será utilizado. La principal consecuencia es que la viabilidad comercial de una plataforma de IA musical comienza a depender de varios niveles simultáneos de legitimidad: contar con tecnología propia ya no es suficiente, tampoco lo es obtener únicamente una licencia de patente, y una empresa puede necesitar permisos sobre grabaciones y composiciones, consentimiento para utilizar voz o identidad, políticas de entrenamiento compatibles con diferentes jurisdicciones, tecnologías de identificación y mecanismos de compensación. La ventaja de MIH consiste precisamente en intentar conectar varias de esas operaciones dentro de una arquitectura susceptible de ser licenciada.
No obstante, el mercado no debe interpretarse como una división estática entre "licenciados" y "no licenciados". La evolución de Suno constituye la mejor evidencia de ello: una empresa puede mantener litigios con determinados titulares, celebrar simultáneamente acuerdos con otros, adoptar tecnologías de trazabilidad y modificar progresivamente su estrategia de distribución. Más que dos categorías jurídicas cerradas, el mercado muestra un continuum de integración de derechos, desde plataformas diseñadas desde su origen alrededor de datos y contenidos licenciados hasta servicios que se están desplazando gradualmente hacia esa estructura debido a acuerdos comerciales, litigios o presiones regulatorias.
Por ello, uno de los mayores desafíos futuros será evitar que el objetivo legítimo de remunerar y proteger a los creadores se traduzca en barreras innecesarias para nuevas empresas. Un ecosistema sostenible necesitará mecanismos de licenciamiento transparentes, escalables y técnicamente interoperables, además de soluciones que permitan participar a titulares independientes y desarrolladores de menor tamaño. La propiedad intelectual puede facilitar un mercado de innovación responsable, pero su eficacia debe evaluarse también en función de sus efectos sobre competencia, acceso e innovación acumulativa.
En definitiva, MIH no debe entenderse únicamente como un portafolio de patentes: constituye un intento de convertir la propiedad intelectual en infraestructura de mercado. Si esa estrategia prospera, la próxima gran ventaja competitiva en IA musical podría no consistir solamente en quién posee el mejor modelo generativo, sino en quién dispone de la arquitectura jurídica y tecnológica capaz de conectar innovación, catálogos, consentimiento, trazabilidad y remuneración. Esa es la auténtica línea divisoria que empieza a configurarse: no entre música humana y música artificial, sino entre sistemas que consideran los derechos como un obstáculo externo y aquellos que los integran desde el diseño mismo del producto.
Bayerisches Staatsministerium der Justiz. (2026). Urteil GEMA gegen SUNO, Landgericht München I, expediente 42 O 763/25. Bayerisches Staatsministerium der Justiz. Consultar fuente oficial
European Parliament & Council of the European Union. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). EUR-Lex. Consultar Reglamento de IA de la UE
Heller, M. A., & Eisenberg, R. S. (1998). Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research. Science, 280(5364), 698–701. DOI: 10.1126/science.280.5364.698. Consultar registro académico
Music IP Holdings Inc. (2026). Multi-stage approval and controlled distribution of AI-generated derivative content, U.S. Patent No. 12,632,515 B2. Google Patents. Consultar patente
Shapiro, C. (2001). Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting. En Innovation Policy and the Economy, Vol. 1, pp. 119–150. MIT Press / National Bureau of Economic Research. Consultar publicación en NBER
U.S. Copyright Office. (2025). Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability. Library of Congress. Consultar informe y recursos oficiales
U.S. Copyright Office. (2025). Copyright and Artificial Intelligence, Part 3: Generative AI Training — Pre-Publication Version. Library of Congress. Consultar informe completo
U.S. District Court for the District of Massachusetts. (2026). UMG Recordings, Inc. et al. v. Suno, Inc., Civil Action No. 1:24-cv-11611-FDS, Memorandum and Order, 18 de agosto de 2026. Consultar resolución judicial
Universal Music Group. (2025). Universal Music Group Accelerates the Development of its AI Technology Patents with IP Asset Management, Investment and Advisory Firm Liquidax Capital. UMG. Consultar anuncio oficial
Universal Music Group. (2025). Universal Music Group and Udio Announce Udio’s First Strategic Agreements for New Licensed AI Music Creation Platform. UMG. Consultar anuncio oficial UMG–Udio
Universal Music Group. (2026). Spotify and Universal Music Group Announce Landmark Licensing Agreements for Fan-Made Covers and Remixes. UMG. Consultar acuerdo Spotify–UMG
Universal Music Group / Music IP Holdings. (2026). Music IP Holdings Unveils Groundbreaking Patent Portfolio and License for AI Music Creation, with Udio and GRAI as First Adopters. UMG. Consultar anuncio oficial de MIH
Warner Music Group. (2025). Warner Music Group and Suno Forge Groundbreaking Partnership. WMG. Consultar acuerdo WMG–Suno
World Intellectual Property Organization. (2024). Generative AI: Navigating Intellectual Property. WIPO. Consultar publicación de la OMPI
World Intellectual Property Organization. (s. f.). Frequently Asked Questions: Patents. WIPO. Consultar guía oficial sobre patentes