Mientras China reforma desde la corrección de incentivos, Japón y Corea del Sur muestran otra ruta de competitividad: sistemas de propiedad intelectual especializados, previsibles y conectados con políticas de innovación de largo plazo.
No todas las reformas relevantes se anuncian como una ruptura. Algunas transformaciones ocurren con menos ruido, a través de instituciones que funcionan, criterios que se consolidan y sistemas que permiten a las empresas tomar decisiones con mayor certeza.
Japón y Corea del Sur ofrecen una lectura distinta de la propiedad intelectual en Asia. A diferencia de China, cuyo proceso actual puede entenderse como una remodelación profunda, ambos países trabajan desde ecosistemas más maduros. Su apuesta no está en corregir una expansión desordenada, sino en perfeccionar la estabilidad, la especialización y la capacidad de convertir activos intangibles en competitividad.
Esta diferencia importa para empresarios, inversionistas y directivos. En industrias intensivas en innovación, la calidad de un sistema de propiedad intelectual no se mide únicamente por la posibilidad de registrar una marca o una patente. Se mide por la previsibilidad del examen, la coherencia de las decisiones, la eficiencia de los procesos y la confianza que genera al momento de invertir, licenciar o litigar.
Japón ha construido una reputación jurídica basada en técnica, continuidad y precisión. Su sistema de propiedad intelectual no necesita presentarse como una reforma permanente para ser relevante. Su fortaleza está en la previsibilidad.
Para una empresa, la previsibilidad tiene valor económico. Permite estimar riesgos, valorar portafolios, negociar licencias, estructurar acuerdos de colaboración tecnológica, preparar litigios y decidir con mayor claridad cuándo proteger, cuándo ceder, cuándo oponerse y cuándo transar.
En sectores como automotriz, robótica, electrónica, química, farmacéutica, inteligencia artificial aplicada y manufactura avanzada, la propiedad intelectual no opera como una formalidad. Forma parte del ciclo de investigación, desarrollo, producción y comercialización. Una patente débil puede afectar una inversión millonaria. Una marca mal protegida puede comprometer años de posicionamiento. Una estrategia de licenciamiento mal estructurada puede reducir el valor de una tecnología.
Japón entiende esa relación entre derecho, industria e innovación. La existencia de reportes institucionales, información pública y mecanismos especializados contribuye a un entorno donde los actores económicos pueden navegar el sistema con mayor claridad.
Uno de los errores frecuentes al analizar propiedad intelectual es concentrarse únicamente en la norma. La ley importa, pero no basta. Un sistema confiable requiere instituciones capaces de aplicar criterios técnicos de forma consistente.
En Japón, esa madurez se expresa en la forma en que el sistema permite ordenar controversias y dar tratamiento especializado a asuntos complejos. La estabilidad jurisprudencial no implica ausencia de cambio. Implica que la evolución ocurre con método, no con arbitrariedad.
Esto es especialmente relevante frente a nuevas tensiones tecnológicas: inteligencia artificial, invenciones implementadas por software, datos, plataformas digitales, diseños complejos, patentes esenciales y cadenas globales de suministro. Una economía innovadora necesita adaptar sus criterios sin sacrificar seguridad jurídica.
Desde la perspectiva empresarial, ese equilibrio es valioso. El inversionista no busca un sistema inmóvil. Busca un sistema que evolucione sin destruir la confianza que permite invertir.
Corea del Sur representa un caso particularmente interesante porque ha convertido la propiedad intelectual en una pieza visible de su estrategia nacional. Su crecimiento no se explica únicamente por capacidad industrial o inversión tecnológica. También se sostiene en una comprensión sofisticada del valor de los activos intangibles.
La creación de un Ministerio de Propiedad Intelectual confirma esa orientación. Elevar la PI a un nivel institucional superior transmite una señal clara: las marcas, patentes, derechos de autor, diseños, secretos comerciales y mecanismos de enforcement no son asuntos periféricos. Son componentes de política económica.
Este movimiento es coherente con el perfil productivo de Corea del Sur. El país compite en semiconductores, telecomunicaciones, cosmética, entretenimiento, videojuegos, electrónica, biotecnología y contenidos culturales. En todos esos sectores, el valor no está únicamente en la producción física. Está en la tecnología, la marca, el diseño, el know-how, la reputación y la capacidad de expansión internacional. La propiedad intelectual, por tanto, no protege solo invenciones. Protege identidad económica.
Corea del Sur permite ver con claridad una idea que muchas empresas todavía subestiman: la propiedad intelectual no pertenece solo a los laboratorios o a las oficinas legales. También está en la cultura, el entretenimiento, la moda, la cosmética, el software, la música, los formatos audiovisuales y las experiencias de marca.
La llamada ola coreana no se sostiene únicamente en talento creativo. Requiere contratos, marcas, derechos de autor, licencias, control de imagen, protección contra falsificación, gestión internacional de contenidos y mecanismos de defensa frente a la piratería.
Esa interacción entre cultura y derecho es una de las razones por las que Corea del Sur resulta relevante para empresas de distintos sectores. Su modelo muestra que una economía creativa necesita tomarse en serio la protección jurídica de sus activos. De lo contrario, el valor se expande más rápido que la capacidad de controlarlo.
Cuando la propiedad intelectual se integra a la política pública, a la educación empresarial y a la estrategia de internacionalización, deja de ser una reacción frente al conflicto. Se convierte en una herramienta para crecer con mayor orden.
Japón y Corea del Sur no son idénticos. Japón ofrece una imagen de madurez institucional, técnica y continuidad. Corea del Sur muestra una visión más activa de la propiedad intelectual como política estratégica conectada con innovación, cultura y expansión global.
Pero ambos modelos convergen en un punto esencial: la propiedad intelectual es una condición para competir en industrias de alto valor. La diferencia frente a sistemas menos maduros no está solo en registrar derechos.
Está en hacer que esos derechos sean útiles. Una marca debe poder defenderse. Una patente debe poder licenciarse. Un derecho de autor debe poder explotarse. Un secreto comercial debe poder preservarse. Un portafolio intangible debe poder valorarse ante inversionistas, socios y compradores. En ese sentido, la estabilidad institucional no es un lujo jurídico. Es una ventaja competitiva.
Para empresas que miran a Japón, Corea del Sur o Asia Oriental como espacios de expansión, la principal recomendación es abandonar la improvisación. La propiedad intelectual debe planificarse desde el inicio de la estrategia comercial, no cuando aparece el conflicto.
En Japón, esto exige precisión técnica: expedientes bien construidos, documentación clara, análisis de patentabilidad, estrategia marcaria coherente y revisión cuidadosa de contratos de licencia, distribución o colaboración tecnológica.
En Corea del Sur, además de la precisión, se requiere una mirada integradora. La empresa debe entender cómo su marca, su tecnología, su diseño, sus contenidos y su reputación se articulan como un sistema de valor. Registrar derechos es apenas el primer paso. Gestionarlos, defenderlos y explotarlos estratégicamente es donde aparece la diferencia.
Para inversionistas, estos países ofrecen una señal importante: los sistemas de propiedad intelectual sólidos reducen incertidumbre. No eliminan el riesgo, pero permiten medirlo mejor. Y en mercados intensivos en innovación, medir mejor el riesgo puede ser tan importante como identificar la oportunidad.
Japón y Corea del Sur muestran que la competitividad no siempre nace de reformas disruptivas. A veces surge de instituciones estables, criterios técnicos, políticas sostenidas y una comprensión clara del valor económico de los intangibles.
Japón confirma que la previsibilidad puede ser una forma de sofisticación. Corea del Sur demuestra que la propiedad intelectual puede convertirse en política de Estado y en plataforma para industrias tecnológicas y creativas.
Para las empresas, la conclusión es directa: competir en mercados avanzados exige más que buenos productos. Exige marcas protegidas, patentes sólidas, contratos bien estructurados, derechos gestionados con inteligencia y una estrategia legal alineada con el crecimiento.
La propiedad intelectual no es el cierre del proceso innovador. Es una de las condiciones que permite que la innovación tenga permanencia, defensa y valor.
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La inteligencia artificial generativa no apareció en un vacío. Sus capacidades actuales se construyen sobre enormes volúmenes de información producida, organizada y publicada por personas, medios, editoriales, programadores, investigadores y empresas. Esa realidad, que durante años permaneció en un terreno técnico poco visible para el público general, hoy se ha convertido en una de las discusiones jurídicas y comerciales más relevantes de la economía digital.
El caso iniciado por The New York Times contra OpenAI y Microsoft concentra esa tensión. El medio sostiene que millones de sus artículos habrían sido utilizados sin autorización para entrenar modelos de lenguaje, y que esos sistemas podrían generar respuestas capaces de resumir, imitar o sustituir parte del valor informativo de sus contenidos. Esa línea argumental aparece también en el documento base revisado, que identifica como puntos centrales la copia masiva, la falta de licenciamiento previo, la posible sustitución de mercado y la tensión con la defensa de fair use o uso justo.
La discusión, sin embargo, no se agota en determinar si hubo o no infracción. Lo que está en juego es más amplio: el lugar que ocupará la propiedad intelectual en la arquitectura futura de la inteligencia artificial. Desde esta perspectiva, este caso debe leerse como una advertencia estratégica para empresas, medios, inversionistas y titulares de activos intangibles: la innovación no puede sostenerse sobre zonas grises indefinidas cuando el valor económico proviene, precisamente, de contenido protegido, curado y comercialmente explotable.
En apariencia, el conflicto gira en torno a una pregunta técnica: si una empresa de IA puede utilizar contenido protegido para entrenar sus modelos sin autorización. Pero el verdadero núcleo del caso es económico. The New York Times no solo reclama que sus obras habrían sido copiadas; sostiene que ese uso permitió construir productos capaces de competir con sus propios servicios informativos.
Esa diferencia es fundamental. En el derecho de autor, no toda utilización no autorizada produce el mismo impacto. Una cosa es emplear una obra como referencia incidental, y otra muy distinta es incorporar masivamente archivos periodísticos para entrenar un sistema comercial que luego puede ofrecer al usuario respuestas, resúmenes o reformulaciones cercanas al contenido original. La pregunta deja de ser únicamente “¿se copió?” y pasa a ser “¿quién se beneficia económicamente de esa copia?”.
En abril de 2025, un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York permitió que avanzaran reclamaciones relevantes dentro del caso, aunque también desestimó algunas pretensiones específicas. La decisión no resolvió el fondo del litigio, pero confirmó que la controversia merece un análisis judicial más profundo, especialmente respecto de ciertas reclamaciones de infracción directa y contributiva.
Para los medios, este avance procesal es importante porque valida la discusión sobre el valor jurídico de sus archivos. Para las empresas tecnológicas, representa una señal de riesgo: el entrenamiento de modelos de IA ya no puede analizarse solo como una operación técnica, sino como una actividad con posibles efectos patrimoniales, regulatorios y reputacionales.
OpenAI ha sostenido públicamente que el entrenamiento de IA se encuentra protegido por principios de uso justo y ha defendido una visión amplia sobre el acceso al conocimiento para desarrollar sistemas de inteligencia artificial. En su propia comunicación sobre el litigio, la compañía afirma que ha apoyado el periodismo, el uso justo y una visión abierta de la circulación del conocimiento, además de cuestionar algunas actuaciones procesales del Times durante la fase de descubrimiento.
El problema es que el uso justo no opera como una autorización automática. En el sistema estadounidense, su análisis depende de factores como el propósito del uso, la naturaleza de la obra, la cantidad utilizada y el efecto sobre el mercado potencial de la obra original. En el contexto de IA generativa, esos factores se vuelven especialmente complejos: los modelos necesitan grandes cantidades de datos, pero esa necesidad técnica no elimina por sí misma los derechos de quienes produjeron el contenido.
La pregunta más delicada es si el uso es realmente transformador. Una empresa de IA puede sostener que no reproduce un periódico, sino que crea un sistema nuevo capaz de procesar lenguaje. Pero el titular de derechos puede responder que el resultado comercial depende de haber absorbido contenidos protegidos, y que el sistema puede disminuir el tráfico, las suscripciones o las oportunidades de licenciamiento del medio.
La jurisprudencia reciente no ofrece una respuesta uniforme. En el caso Thomson Reuters vs. Ross Intelligence, un juez federal concluyó que la copia de contenido de Westlaw para construir una plataforma legal competidora no estaba amparada por el uso justo, una decisión relevante porque abordó el uso de contenido protegido en un contexto tecnológico competitivo. En cambio, en el litigio contra Anthropic, un juez consideró que el entrenamiento con libros adquiridos legalmente podía ser transformador, pero distinguió esa conclusión de la adquisición y almacenamiento de copias pirateadas, que no quedó protegido bajo el mismo razonamiento.
Estas decisiones revelan una línea de fondo: los tribunales no están resolviendo la IA como una categoría abstracta. Están analizando procedencia del contenido, finalidad comercial, efecto competitivo, licitud de la fuente y daño potencial al mercado.
Uno de los efectos más relevantes del caso NYT vs. OpenAI es que ha cambiado la conversación sobre los archivos periodísticos. Durante años, muchos contenidos digitales fueron vistos como material disponible en la web, accesible para buscadores, agregadores, plataformas y sistemas automatizados. La IA generativa obliga a revisar esa lectura.
El contenido periodístico de calidad no es una acumulación casual de datos. Implica investigación, edición, criterio, verificación, reputación y una inversión sostenida en talento humano. Aunque los hechos no se protegen como tales, la forma de seleccionarlos, narrarlos, estructurarlos y contextualizarlos sí puede contener expresión protegible. Ese matiz resulta central en el caso del Times: el litigio no solo defiende palabras, sino una cadena de valor editorial.
El mercado ya está respondiendo por vías distintas al litigio. En 2025, The New York Times alcanzó un acuerdo multianual de licenciamiento con Amazon para que ciertos contenidos del Times, The Athletic y NYT Cooking puedan utilizarse en experiencias de Amazon, incluidos resúmenes y extractos, así como para entrenamiento de modelos. La existencia de este tipo de acuerdos refuerza una idea clave: si el contenido tiene valor suficiente para ser licenciado, también tiene valor suficiente para ser protegido.
Este punto es decisivo para empresas e inversionistas. Los activos intangibles ya no se limitan a marcas, patentes o software. También incluyen bases de datos, archivos editoriales, repositorios técnicos, manuales, investigaciones, reportes, fotografías, contenidos audiovisuales y materiales formativos. En una economía donde la IA necesita datos de calidad, la gestión jurídica de esos activos se vuelve una dimensión de competitividad.
Para las empresas que adoptan herramientas de IA, el caso también ofrece una advertencia práctica. No basta con preguntar qué puede hacer una herramienta; también debe preguntarse con qué fue entrenada, bajo qué condicionesprocesa información y qué riesgos se generan al introducir datos propios o de terceros.
El informe sobre inteligencia artificial de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos ha abordado, en distintas partes, temas como réplicas digitales, protección de outputs y entrenamiento de IA generativa. En mayo de 2025, esa oficina publicó una versión preliminar de la Parte 3 de su informe, dedicada al entrenamiento de IA generativa, en respuesta a consultas del Congreso y de distintos sectores interesados. Aunque estos informes no sustituyen la decisión de los tribunales, muestran que la discusión ya no pertenece únicamente al ámbito académico o tecnológico: forma parte de la agenda institucional de la propiedad intelectual.
Desde una perspectiva corporativa, esto implica que las empresas deben avanzar hacia políticas claras de gobernanza de IA. Esa gobernanza debería incluir, al menos, criterios sobre uso de herramientas externas, protección de información confidencial, revisión de términos contractuales, trazabilidad de datos, licencias sobre contenidos utilizados y control de outputs que puedan infringir derechos de terceros.
Para medios, agencias, estudios jurídicos, consultoras, universidades y empresas creativas, el desafío es doble. Por un lado, deben proteger sus propios contenidos frente a usos no autorizados. Por otro, deben evitar incorporar en sus procesos materiales generados o entrenados bajo condiciones que puedan generar exposición legal.
El futuro de la inteligencia artificial no se resolverá únicamente en laboratorios, servidores o interfaces conversacionales. También se definirá en contratos, licencias, tribunales, políticas internas y estrategias de propiedad intelectual.
El caso The New York Times vs. OpenAI marca un punto de inflexión porque obliga a reconocer que el contenido tiene una vida económica más allá de su publicación inicial. Un artículo, una base de datos, una investigación o un archivo editorial pueden convertirse en insumos de sistemas capaces de generar nuevos productos, capturar audiencias y alterar modelos de negocio completos.
La pregunta relevante para empresas y titulares de derechos ya no es si la IA cambiará el mercado. Eso ya está ocurriendo. La pregunta es si cada organización está preparada para identificar, proteger y negociar el valor de sus activos intangibles antes de que otros lo hagan por ella.
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United States District Court, Southern District of New York. (2025). Opinion and order on defendants’ motions to dismiss in The New York Times Company v. Microsoft Corporation, OpenAI, Inc., et al.
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La respuesta es directa: en Ecuador, el mayor valor no está solo en crear una idea, ni solo en registrarla, sino en conectar tres etapas: crear, registrar y hacer cumplir. Si una empresa crea algo valioso, pero no lo registra, deja abierto el camino para disputas. Y si registra, pero no vigila ni defiende su derecho, el activo pierde fuerza comercial. La propiedad intelectual genera valor real cuando se convierte en una ventaja usable, visible y defendible.
Crear es el origen del activo. Ahí nace el nombre distintivo, la obra original, el software, el diseño o la invención. Sin ese momento inicial no existe nada que proteger. Pero en términos empresariales, crear no basta. Una idea no protegida puede circular, copiarse o incluso ser registrada antes por un tercero si no se actúa a tiempo. En especial en materia de patentes, la divulgación prematura puede afectar la novedad exigida por el régimen andino.
Registrar es la fase que transforma una creación en un activo jurídicamente más sólido. En marcas y patentes, el registro no es accesorio: es el mecanismo que otorga exclusividad frente a terceros. En derechos de autor, aunque la protección nace con la creación, el registro sigue siendo estratégicamente útil porque ayuda a probar titularidad y fecha. Esa diferencia es clave para las empresas que producen contenido, desarrollan branding o invierten en innovación.
Hacer cumplir es lo que convierte todo lo anterior en valor económico. Un derecho no defendido pierde poder disuasivo. Si la marca es imitada, si el contenido se usa sin autorización o si la invención es explotada por otro actor sin reacción del titular, el registro queda reducido a un papel. La ejecución puede incluir oposiciones, vigilancia, requerimientos, acciones administrativas o litigio. Desde la lógica de negocio, esta fase protege reputación, ingresos y posición competitiva.
Por eso, el verdadero triunvirato estratégico en Ecuador no es elegir entre crear, registrar o hacer cumplir, sino entender que cada etapa sostiene a la otra. Crear sin registrar expone. Registrar sin usar ni vigilar debilita. Hacer cumplir sin una base registral clara complica la defensa. La secuencia correcta es la que convierte un intangible en un activo real del negocio.
Solo en ciertos casos y con límites. En marcas y patentes, el registro suele ser determinante para la exclusividad.
No. Nace con la creación, pero registrar ayuda mucho a probar titularidad y fecha.
La vigilancia y el enforcement. Muchas empresas registran, pero no monitorean ni reaccionan a tiempo.
Una tensión práctica entre COESCCI, Decisión 486 y técnica del COA
Las medidas en frontera son un instrumento de observancia diseñado para actuar con rapidez, suspender temporalmente una operación aduanera ante indicios de infracción y dar al titular una ventana real para activar la acción principal. En Ecuador, el régimen previsto en el COESCCI (arts. 575-583) presenta una tensión que no es menor ni meramente terminológica: la coexistencia de relojes y la ambigüedad sobre el punto de partida del cómputo para iniciar la acción principal y evitar la caducidad. El resultado es previsible: el debate se desplaza del fondo (infracción) a la forma (cómputo, notificación y caducidad). Este artículo sistematiza el problema, explica por qué se agudiza en la suspensión de oficio y propone lineamientos mínimos para un criterio institucional que unifique el cómputo y reduzca litigiosidad.
En materia de medidas en frontera, muchos expedientes no se caen por falta de indicios, sino por discusiones de calendario. La observancia en frontera exige una condición básica: reglas temporales claras, previsibles y verificables. Cuando el ordenamiento admite interpretaciones divergentes sobre cuándo empieza a correr el término para accionar, el mecanismo se vuelve litigable por definición y aumenta el riesgo de que la suspensión se levante por argumentos estrictamente procesales antes de que se discuta el mérito. El problema se vuelve especialmente visible en la suspensión de oficio, porque en ese escenario confluyen, por un lado, tiempos de actuación institucional (SENAE/SENADI) y, por otro, el tiempo exigible al titular para sostener la medida.
En el régimen interno, el COESCCI estructura el mecanismo a partir de obligaciones aduaneras que incluyen vigilancia, alerta, provisión de información y la posibilidad de suspender operaciones aduaneras vinculadas a presunta infracción. En particular, el art. 575 literal d atribuye a la autoridad aduanera la obligación de “suspender por un máximo de cinco días” la operación aduanera y seguir notificaciones. La suspensión y su trámite se desarrollan en el art. 576, que diferencia la suspensión a petición del titular de la suspensión de oficio y fija tiempos máximos de actuación: SENAE actúa y remite, SENADI evalúa y resuelve, y se prevé la necesidad de iniciar “acciones correspondientes” para evitar la liberación. La caducidad se regula en el art. 5821, que establece que transcurridos cinco días hábiles desde la notificación de la suspensión sin que el solicitante inicie la acción principal o sin prórroga, la medida se levanta y procede el despacho y aclara que se cumple con el inicio de acción administrativa, civil o penal.
En el plano comunitario, la Decisión 486 establece un estándar temporal relevante, el art. 2532 fija un término de diez días hábiles contados desde la notificación de la suspensión para que se inicie la acción por infracción de no ocurrir, la medida se levanta y se despacha.
En esta discusión, dies a quo significa el hito que determina la “fecha cero” del cómputo del término que tiene el titular para iniciar la acción principal y evitar la caducidad. El problema es que el COESCCI permite leer dos puntos de partida distintos. Por un lado, el art. 576, especialmente en suspensión de oficio, sugiere que la obligación del titular de iniciar acciones se activa “si” la autoridad de derechos intelectuales confirma la suspensión en esa lógica, el hito relevante parecería ser la confirmación de SENADI. Por otro lado, el art. 582 hace correr la caducidad desde la “fecha de notificación de la suspensión de la operación aduanera”, lo cual remite naturalmente a la actuación y notificación originaria vinculada a la suspensión aduanera. Esta divergencia no es retórica: abre la puerta a que el importador discuta la continuidad de la medida alegando caducidad según un dies a quo distinto al que emplea el titular, o incluso al que asume la administración en su práctica.
La tensión se vuelve más grave cuando se considera la secuencia temporal que el mismo art. 576 dibuja; SENAE, en suspensión de oficio, tiene hasta cinco días para informar, recabar información y remitir documentación; y SENADI tiene hasta tres días para resolver. En escenarios reales, ello significa que el circuito institucional puede consumir un tramo significativo del tiempo antes de que exista una resolución confirmatoria. Si, además, se interpreta que el art. 582 exige accionar dentro de cinco días hábiles desde la notificación de la suspensión, la caducidad puede configurarse mientras el expediente aún se encuentra en tránsito institucional, presionando al titular a accionar “a ciegas” sin inspección o información suficiente o exponiéndolo a litigiosidad por cómputo.
En la práctica, se observa que SENADI ha incorporado en resoluciones un criterio que apunta a estabilizar el punto de partida, advirtiendo que la acción principal puede presentarse dentro del término de diez días y que dicho término corre desde la notificación de la suspensión, con remisión al art. 253 de la Decisión 486. Este tipo de formulación busca reintroducir un estándar único y más robusto. El valor de esta aproximación es evidente, reduce el margen de discusión sobre el dies a quo y evita que la continuidad de la medida dependa de la velocidad interna de tramitación. Sin embargo, si no se armoniza de manera expresa con el art. 582 (cinco días hábiles) y con la técnica de cómputo, el sistema sigue quedando expuesto a alegaciones de contradicción normativa y de aplicación variable entre expedientes.
Un segundo plano del problema es el lenguaje normativo. El COESCCI utiliza expresiones como “plazo máximo” y “plazo no mayor” para referirse a tiempos fijados en días en un procedimiento de urgencia (por ejemplo, los dos días de actuación inicial y los tres días para resolver). La técnica administrativa ecuatoriana (COA)3 dispone reglas de cómputo y parte de la lógica de que los tiempos fijados en días operan con criterios verificables y controlables, de modo que no se transformen en ventanas discrecionales de tramitación. Cuando el lenguaje normativo facilita tratar términos máximos como “plazos flexibles”, se incrementa la incertidumbre y se alimenta una cadena de controversias si la administración excede sus tiempos y, aun así, se exige al titular un cómputo estricto bajo amenaza de caducidad, el sistema carga el costo del retraso institucional sobre el administrado.
La ambigüedad temporal en la determinación del dies a quo y del término para iniciar la acción principal genera efectos verificables en la práctica. En primer lugar, desplaza el eje del debate, en lugar de concentrarse en la presunta infracción y en la verificación de autenticidad, el expediente se convierte rápidamente en un litigio sobre cómputo, notificaciones y caducidad. Este desplazamiento favorece una estrategia defensiva temprana del importador, que puede neutralizar la medida sin necesidad de entrar al fondo, alegando que el término se computó desde un hito distinto, que la notificación fue defectuosa o que la acción principal no se inició oportunamente. En segundo lugar, la falta de un punto inicial de cómputo unívoco expone a la autoridad a controversias reiteradas sobre la continuidad de la suspensión, si el “hito” de inicio es debatible, cualquier inconsistencia mínima en la constancia de notificación o en la trazabilidad interna del trámite puede derivar en pedidos de levantamiento y, en el escenario más gravoso, en la liberación de mercancía por razones estrictamente temporales, aun cuando subsistan indicios relevantes de infracción. A ello se suma un problema de uniformidad institucional. Cuando el procedimiento no fija un estándar claro, o cuando la práctica administrativa intenta suplirlo sin una armonización expresa, pueden coexistir criterios distintos entre expedientes, unidades o funcionarios respecto de la “fecha cero” y el término aplicable, lo que introduce variabilidad en decisiones que deberían ser homogéneas.
Esta variabilidad afecta la predictibilidad del sistema y abre la puerta a alegaciones de trato desigual en casos análogos. En paralelo, el costo operativo crece, se multiplican escritos, aclaraciones, recursos y comunicaciones interinstitucionales destinadas a probar fechas, reconstruir cadenas de notificación o justificar hitos procedimentales, desviando capacidad institucional desde el objetivo material de observancia hacia una administración defensiva del calendario. El efecto final desde mi perspectiva es reputacional, la medida en frontera pierde legitimidad como mecanismo eficiente y comienza a percibirse como un trámite incierto, con resultados dependientes de la interpretación del reloj antes que del examen técnico-jurídico de la infracción.
Para sostener la convivencia entre norma comunitaria y norma interna, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina parte de una premisa estructural; el ordenamiento jurídico andino goza de preeminencia y aplicación directa, de modo que los Estados miembros no pueden neutralizar sus efectos mediante disposiciones internas incompatibles o que reduzcan el estándar comunitario. Sobre esa base se entiende el criterio del “complemento indispensable”, según el cual la norma interna puede complementar la comunitaria únicamente en lo estrictamente necesario para su ejecución, pero sin entrabarla, desnaturalizarla o recortarla.
Este estándar aparece con claridad en la Interpretación Prejudicial 81-IP-20174 donde se perfila el complemento indispensable como una regla de cierre y, a la vez, de restricción frente a innovaciones internas contrarias al derecho comunitario. La línea es especialmente pertinente cuando la norma comunitaria fija un estándar temporal como el previsto en el artículo 253 de la Decisión 486, computado desde la notificación de la suspensión de la operación aduanera; y el régimen interno, por ambigüedad o por un diseño temporal discordante, puede terminar debilitando el mecanismo de observancia o multiplicando controversias por cómputo y caducidad.
La discusión sobre dies a quo y caducidad en medidas en frontera no es un tecnicismo aislado: es una condición de posibilidad del mecanismo. Una lectura sistemática sugiere que la notificación de la suspensión aduanera es el hito más coherente y verificable como “fecha cero”, alineado con el estándar andino; pero esa estandarización requiere consistencia interna para evitar que el propio COESCCI se convierta en una fuente de conflictos temporales. La solución más inmediata, sin esperar reforma legislativa, es un criterio institucional uniforme que establezca el dies a quo aplicable, el término coherente con el estándar comunitario y un estándar de notificación verificable, reduciendo así litigiosidad y fortaleciendo seguridad jurídica.
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI), Apartado II, arts. 575–583.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en particular, art. 253).
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 81-IP-2017
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La economía digital ha alterado la forma en que se crea, se expone y se protege el valor. Una voz puede ser clonada con herramientas de inteligencia artificial. Una imagen puede circular sin autorización en entornos difíciles de controlar. Una tecnología incorporada en productos de alto valor puede ser explotada sin respetar los derechos de su titular. Lo que antes parecía pertenecer a ámbitos separados, la identidad personal, la responsabilidad de plataformas y la defensa de patentes, hoy converge en una misma discusión: cómo proteger los activos intangibles cuando su uso, reproducción o apropiación puede ocurrir a escala y con enorme velocidad.
Dos desarrollos recientes en India permiten observar esta transformación con claridad. Por un lado, los tribunales han comenzado a reconocer con mayor fuerza que la clonación de voz, la manipulación de imagen y los deepfakes pueden vulnerar derechos de personalidad. Por otro, una indemnización millonaria en materia de patentes ha enviado una señal relevante al mercado: la innovación técnica no solo merece protección formal, sino una reparación económica proporcional cuando es infringida.
Ambos frentes parecen distintos. Uno habla de imagen, voz, identidad y reputación. El otro, de tecnología, patentes, infracción y daños. Sin embargo, comparten una misma lógica: en la economía contemporánea, el valor empresarial se sostiene sobre activos que no siempre son físicos, pero que pueden determinar la confianza, la competitividad y la capacidad de atraer inversión.
Para las empresas, directivos e inversionistas, esta lectura es esencial. La propiedad intelectual ya no puede entenderse como una gestión documental posterior al lanzamiento de un producto, una campaña o una tecnología. Debe formar parte de la estrategia desde el diseño mismo del negocio.
El derecho a la imagen ha sido tradicionalmente asociado con la protección de la apariencia física de una persona, el uso de su fotografía, su rostro o su presencia en campañas comerciales. Esa lectura, aunque válida, resulta insuficiente frente a las herramientas actuales de inteligencia artificial generativa.
La identidad ya no se reproduce únicamente mediante una fotografía. También puede simularse a través de una voz, un gesto, una entonación, una expresión corporal o una combinación de atributos que permiten hacer creer al público que una persona participó en un mensaje, recomendó un producto o consintió determinada comunicación.
El caso de Arijit Singh v. Codible Ventures LLP, analizado en el documento base, marca un punto relevante en esta evolución. La controversia surgió por el presunto uso de herramientas de inteligencia artificial para clonar la voz del artista y emplearla en contextos no autorizados. La lectura judicial resulta significativa porque amplía la comprensión del derecho a la personalidad: no se trata solamente de proteger un rostro, sino el control sobre aquellos atributos que permiten identificar públicamente a una persona.
Este razonamiento tiene implicaciones que van más allá de la industria del entretenimiento. Las empresas que utilizan voceros, influencers, embajadores, testimonios, campañas audiovisuales o herramientas de IA para crear contenido deben revisar con mayor rigor sus autorizaciones, contratos y límites de uso. La pregunta ya no es únicamente si existe una licencia para usar una imagen, sino si existe consentimiento claro para reproducir, transformar, simular o proyectar atributos de identidad en nuevos formatos tecnológicos.
La tecnología no elimina la necesidad de autorización. Al contrario, la vuelve más importante.
La segunda dimensión del debate se relaciona con las plataformas digitales. Durante años, buena parte del modelo regulatorio frente a contenidos ilícitos o dañinos se sostuvo en una lógica reactiva: alguien denuncia, la plataforma evalúa y, eventualmente, retira. Ese esquema resulta cada vez más limitado frente a contenidos sintéticos que pueden viralizarse antes de que la víctima tenga siquiera oportunidad de reaccionar.
El documento base destaca cómo India ha avanzado hacia un modelo más exigente para intermediarios digitales, especialmente a partir de reglas que incorporan la noción de información generada sintéticamente y obligaciones más estrictas de etiquetado, respuesta y debida diligencia. La dirección regulatoria es clara: las plataformas dejan de ser simples espacios neutrales de circulación y pasan a tener responsabilidades operativas más concretas frente al riesgo de manipulación digital.
Este cambio tiene una consecuencia práctica relevante. La gobernanza de contenidos ya no es solo una cuestión de políticas internas o reputación corporativa. Se convierte en un componente de cumplimiento legal, arquitectura tecnológica y gestión de riesgos. Las plataformas deberán fortalecer sistemas de detección, trazabilidad, etiquetado, respuesta a reclamos y conservación de evidencia. Las empresas que publican contenido, por su parte, deberán tener mayor cuidado en la procedencia de los materiales que utilizan y en la forma en que incorporan herramientas de inteligencia artificial en sus procesos creativos.
La discusión no se limita a India. Es parte de una conversación más amplia sobre transparencia, responsabilidad y confianza en entornos digitales. Para América Latina, donde la regulación sobre inteligencia artificial y contenidos sintéticos aún se encuentra en desarrollo en muchos países, estos precedentes ofrecen una referencia útil: la protección de la identidad digital exigirá mecanismos legales, contractuales y técnicos más sofisticados.
Si el primer eje del debate gira alrededor de la identidad, el segundo se ubica en la innovación. La patente representa uno de los instrumentos más relevantes para proteger soluciones técnicas que cumplen requisitos legales específicos. Pero su valor real no depende únicamente de su concesión, sino de la capacidad del sistema jurídico para hacerla valer cuando existe infracción.
En este punto, el fallo del Tribunal Superior de Delhi que otorgó una indemnización superior a 152 crore de rupias a Communication Components Antenna, en un caso de infracción de patente contra Rosenberger Group, tiene una lectura que trasciende el monto. La decisión transmite una señal al mercado: las patentes de calidad, correctamente defendidas, pueden generar consecuencias económicas sustanciales cuando son vulneradas.
Para inversionistas y empresas tecnológicas, esa señal es relevante. La innovación requiere capital, tiempo, investigación, desarrollo, pruebas y estrategia comercial. Si el sistema jurídico no ofrece remedios eficaces frente a la infracción, el incentivo para innovar se debilita. Por el contrario, cuando una jurisdicción demuestra capacidad para reconocer daños significativos, mejora la percepción de seguridad para titulares de derechos, socios comerciales y actores tecnológicos.
Esto no significa que todo sistema deba favorecer automáticamente al titular de una patente. Una patente débil, mal estructurada o desconectada de los requisitos técnicos puede y debe ser cuestionada. La madurez de un ecosistema de propiedad intelectual no se mide por conceder siempre la razón al titular, sino por diferenciar entre derechos sólidos y pretensiones insuficientes. Esa distinción es fundamental para equilibrar innovación, competencia, acceso al mercado e interés público.
La lectura empresarial de estos acontecimientos es directa: los activos intangibles requieren gestión anticipada. No basta con crear una campaña, lanzar una tecnología, registrar una marca o desarrollar una solución técnica. Es necesario entender qué activos existen, quién es su titular, cómo se documentan, cómo se explotan y qué mecanismos existen para defenderlos.
En materia de imagen y contenido, las empresas deben revisar contratos con creadores, fotógrafos, agencias, influencers, voceros y proveedores tecnológicos. Deben precisar autorizaciones de uso, territorios, duración, formatos, posibilidad de edición, incorporación de IA, cesión de derechos, licencias y límites de explotación. Una cláusula ambigua puede convertirse en un problema cuando el contenido se reutiliza en nuevos soportes o se transforma mediante herramientas digitales.
En materia de innovación, la recomendación es igualmente clara. Antes de divulgar una solución técnica, presentarla públicamente o incorporarla a un producto, conviene evaluar si existe materia patentable, si debe preservarse como secreto empresarial, si puede protegerse mediante diseño industrial o si requiere una estrategia combinada. La divulgación prematura puede afectar oportunidades de protección. La falta de auditoría puede exponer a la empresa a infringir derechos de terceros.
Para inversionistas, estos elementos también forman parte de la debida diligencia. Una empresa puede mostrar crecimiento comercial, pero si sus activos intangibles no están ordenados, su valor puede ser más frágil de lo que aparenta. Marcas sin titularidad clara, software sin cesiones adecuadas, contenidos sin autorizaciones, patentes débiles o tecnología expuesta sin confidencialidad son riesgos que pueden afectar negociaciones, valoraciones y expansión.
Del derecho a la imagen al valor de la patente existe una línea más clara de lo que parece. En ambos casos, el derecho intenta responder a una misma realidad: la identidad y la innovación se han convertido en activos expuestos, reproducibles, comercializables y vulnerables.
La clonación de una voz sin consentimiento puede afectar reputación, confianza y autonomía personal. La infracción de una patente puede erosionar inversión, ventaja competitiva y capacidad de innovación. Ambos supuestos revelan que el valor intangible necesita protección seria, documentada y ejecutable.
La idea clave que debe quedar instalada es que la propiedad intelectual no protege únicamente creaciones aisladas. Protege la posibilidad de que una empresa, una persona o un innovador mantenga control sobre aquello que le permite diferenciarse. En un entorno donde la tecnología acelera tanto la creación como la apropiación, proteger tarde equivale muchas veces a proteger menos.
Bombay High Court. (2024). Arijit Singh v. Codible Ventures LLP & Ors., Interim Application (L) No. 23560 of 2024. High Court of Judicature at Bombay.
Bar & Bench. (2026, abril 2). Delhi High Court awards over ₹152 crore damages to foreign company in patent suit over antenna technology.
Communication Components Antenna Inc. v. Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Ors. (2026). Delhi High Court judgment on patent infringement concerning split-sector antenna technology. Indian Kanoon.
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La competencia entre marcas ya no ocurre únicamente en el punto de venta, en el precio o en las características del producto. Cada vez con mayor frecuencia, se desplaza hacia un territorio más complejo: la capacidad de una empresa para instalarse en una conversación cultural, interpretar un momento colectivo y convertirlo en una narrativa comercial reconocible.
Ese cambio tiene una consecuencia directa para empresarios, directivos e inversionistas: la marca deja de ser solo un nombre registrado o un logotipo visible en el mercado. Se convierte en un activo de sentido. Representa reputación, confianza, memoria, identificación, experiencia y, en muchos casos, pertenencia.
Las estrategias de mercadotecnia divergentes permiten observar este fenómeno con claridad. Dos empresas pueden competir por el mismo público, en el mismo contexto y con productos similares, pero desde rutas completamente distintas. Una puede buscar integrarse a una narrativa cultural amplia; otra puede responder desde la identidad local, la ironía o la confrontación simbólica. Una puede construir institucionalidad; otra puede capitalizar espontaneidad. Una puede hablar desde la celebración; otra, desde la resistencia.
El caso de rivalidad publicitaria entre McDonald’s y Mostaza en Argentina, analizado a propósito del fútbol y la cultura de consumo, permite observar esta tensión con especial claridad. Más allá de la anécdota publicitaria, el caso expone una pregunta de fondo para cualquier empresa que desee competir con inteligencia: ¿cómo usar la creatividad, la referencia cultural y la diferenciación sin comprometer los activos intangibles propios ni invadir indebidamente los de terceros?
Una marca distingue productos o servicios, pero su función empresarial va mucho más allá de esa identificación básica. En la práctica, una marca condensa la promesa que una empresa hace al mercado y la forma en que el consumidor aprende a reconocerla. Esa promesa puede estar asociada con calidad, origen, precio, innovación, cercanía, prestigio, tradición o incluso actitud.
Por eso, cuando una campaña publicitaria utiliza un símbolo cultural, una figura pública, una rivalidad deportiva, un guiño al competidor o una referencia compartida por una comunidad, no está trabajando únicamente con creatividad. Está operando sobre un sistema de significados que puede ampliar o erosionar el valor marcario.
El problema aparece cuando la campaña se construye sobre una frontera difusa: ¿hasta qué punto una referencia es legítima? ¿Cuándo una alusión se convierte en aprovechamiento de reputación ajena? ¿En qué momento una comparación deja de ser una estrategia competitiva válida y se aproxima a la confusión, la denigración o la competencia desleal?
Estas preguntas son particularmente relevantes en entornos digitales, donde los mensajes se fragmentan, se reinterpretan y circulan fuera del control original de la marca. Un gesto irónico puede convertirse en tendencia; una referencia sutil puede ser leída como ataque; una campaña pensada como conversación puede ser asumida como confrontación.
La propiedad intelectual permite ordenar ese territorio. No reemplaza la creatividad, pero le da estructura. No limita la estrategia, pero la obliga a entender sus consecuencias.
Las estrategias de mercadotecnia divergentes se presentan cuando marcas que compiten en una misma categoría adoptan enfoques deliberadamente contrastantes para ocupar un lugar en la mente del consumidor. No se trata simplemente de comunicar mensajes distintos, sino de construir posiciones simbólicas diferentes.
Una marca puede apostar por una narrativa institucional, amplia y emocional, asociándose a una causa, un evento, una celebración o una comunidad. Otra puede responder desde el humor, la identidad nacional, la cercanía cotidiana o la crítica implícita a la competencia. En ambos casos, el objetivo no es solo vender: es instalar una lectura.
El valor de estas estrategias está en su capacidad para convertir el mercado en conversación. El riesgo está en que, al hacerlo, las marcas empiezan a moverse en terrenos donde interactúan derechos marcarios, derechos de autor, derechos de imagen, contratos de patrocinio, licencias, normas de publicidad comparativa, competencia desleal y protección al consumidor.
En ese sentido, la divergencia no es un problema. Al contrario, puede ser una fuente poderosa de diferenciación. El problema surge cuando la divergencia se construye sin gobernanza jurídica: cuando se utiliza un signo ajeno sin claridad, cuando se insinúa una relación comercial inexistente, cuando se explota la imagen de una persona sin autorización suficiente, o cuando se busca viralidad sacrificando control.
La campaña eficaz no es la que evita todo riesgo, sino la que sabe identificarlo, medirlo y administrarlo.
Una de las mayores tensiones del marketing contemporáneo es la relación entre cultura popular y propiedad intelectual. Las marcas buscan hablar el idioma de su audiencia: memes, fútbol, música, celebridades, nostalgia, símbolos locales, rivalidades históricas, tendencias digitales. Esa búsqueda puede producir campañas memorables, pero también abre un espacio de exposición.
El hecho de que una referencia sea culturalmente reconocible no significa que sea jurídicamente libre. Puede involucrar derechos sobre marcas registradas, obras audiovisuales, composiciones gráficas, nombres comerciales, diseños, slogans, personajes, fotografías, imagen personal o elementos protegidos por contratos de patrocinio.
Además, una campaña puede ser jurídicamente sensible incluso cuando no reproduce de forma literal un activo ajeno. Las alusiones, imitaciones, evocaciones o asociaciones indirectas también pueden generar conflictos si producen confusión, sugieren respaldo comercial inexistente o se aprovechan de la reputación de un tercero.
Aquí aparece una diferencia relevante para la estrategia empresarial: no todo lo que puede captar atención conviene incorporarlo a una campaña. La atención es una métrica útil, pero no siempre es sinónimo de valor. Una marca puede lograr conversación y, al mismo tiempo, abrir un flanco legal o reputacional que afecte su credibilidad.
Por eso, antes de lanzar una campaña basada en referencias culturales, resulta recomendable revisar al menos cinco dimensiones: titularidad de los signos utilizados, autorizaciones necesarias, posible riesgo de confusión, coherencia con la identidad de marca y reacción probable del público.
La creatividad necesita libertad, pero la libertad comercial requiere método.
La rivalidad entre marcas puede ser una herramienta legítima y poderosa. Bien ejecutada, permite mostrar carácter, diferenciar posiciones y aumentar recordación. El humor, la ironía y la comparación pueden humanizar una marca y generar una relación más activa con el consumidor.
Sin embargo, la rivalidad no debe confundirse con ausencia de límites. En materia de propiedad intelectual y competencia, el uso de referencias al competidor exige especial cuidado. Una campaña puede referirse a una categoría, contrastar atributos o participar de una conversación pública, pero debe evitar inducir a error sobre el origen empresarial, afectar indebidamente la reputación ajena o apropiarse de activos distintivos de terceros.
El desafío está en encontrar una forma de competir que sea inteligente sin volverse imprudente. La ironía puede ser efectiva cuando el público entiende el juego y cuando la marca puede sostenerlo desde su propia identidad. Pero si la campaña depende demasiado del signo del competidor, el centro de gravedad deja de estar en la marca propia y se traslada al activo ajeno.
Esa es una advertencia estratégica relevante. Una marca sólida no construye su valor únicamente reaccionando contra otra. Puede responder, confrontar o diferenciarse, pero debe hacerlo desde un territorio propio: su historia, su propuesta, su calidad, su comunidad, su visión o su ventaja competitiva.
La propiedad intelectual ayuda precisamente a delimitar ese territorio. Permite saber qué activos son propios, cuáles pueden licenciarse, cuáles no deben tocarse y cuáles pueden ser utilizados bajo determinados parámetros.
La viralidad puede ser seductora porque ofrece visibilidad inmediata. Pero no toda visibilidad construye marca. Para que una campaña de alto impacto se transforme en valor empresarial, debe conectarse con una estrategia de activos intangibles.
Esto implica pensar la propiedad intelectual antes, durante y después de la campaña. Antes, para asegurar registros, autorizaciones, contratos y análisis de riesgo. Durante, para monitorear usos no autorizados, reacciones del público, imitaciones, apropiaciones o conflictos. Después, para evaluar qué elementos de la campaña pueden convertirse en activos reutilizables: slogans, diseños, piezas audiovisuales, personajes, nombres de productos, alianzas, licencias o extensiones comerciales.
El marketing crea atención. La propiedad intelectual puede convertir parte de esa atención en patrimonio.
Esta lectura resulta especialmente importante para empresas en crecimiento, marcas que buscan expandirse a otros mercados, franquicias, cadenas comerciales, emprendimientos de consumo masivo, plataformas digitales y compañías que trabajan con comunidades altamente activas en redes sociales. En todos estos casos, la reputación y la diferenciación son activos tan relevantes como la infraestructura, la distribución o el capital financiero.
Una campaña que no protege sus elementos distintivos puede ser replicada por terceros. Una marca que no verifica disponibilidad puede enfrentar obstáculos al expandirse. Un mensaje que no anticipa riesgos puede generar conflictos evitables. Una alianza sin contratos claros puede terminar diluyendo derechos sobre contenidos, imagen o explotación comercial.
La propiedad intelectual no elimina la incertidumbre del mercado, pero permite que la empresa no compita a ciegas.
Dimitrijevs, J. A., & Schaffer, A. (2006). IP and Business: The synergy of trademarks and marketing. WIPO Magazine. https://www.wipo.int/en/web/wipo-magazine/articles/ip-and-business-the-synergy-of-trademarks-and-marketing-35257
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International Trademark Association. (2020). Comparative Advertising and Parodies. https://www.inta.org/comparative-advertising-and-parodies/
Comisión de la Comunidad Andina. (2000). Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Comunidad Andina. https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC486.pdf
El comercio conectado ya no depende únicamente de buenas plataformas, interfaces ágiles o soluciones de pago intuitivas. Detrás de cada terminal de punto de venta que procesa una transacción con conectividad celular existe una arquitectura técnica sostenida por estándares, y detrás de esos estándares existe un universo de patentes esenciales que muchas empresas todavía no miran con suficiente atención.
Esa es la relevancia del nuevo consorcio de patentes de Sisvel para dispositivos POS. No se trata únicamente de un programa de licencias adicional en el mercado tecnológico. Su aparición confirma una tendencia de fondo: la propiedad intelectual se está moviendo desde los laboratorios y los departamentos legales hacia el centro de la estrategia comercial, operativa y financiera de industrias que dependen de conectividad permanente.
Sisvel anunció en abril de 2026 su nuevo pool de patentes para dispositivos de punto de venta, inicialmente con Huawei, LG Electronics y Nokia como licenciantes fundadores, y posteriormente con la incorporación de BlackBerry, JVCKENWOOD y SK Telecom. El programa cubre tecnologías 2G, 3G, 4G y 5G, y Sisvel lo presenta como el primer programa conjunto de licencias enfocado específicamente en dispositivos POS.
La lectura estratégica es clara: el modelo de licenciamiento centralizado que Avanci consolidó en vehículos conectados comienza a proyectarse hacia otros mercados verticales donde la conectividad celular dejó de ser un accesorio y pasó a ser una condición de funcionamiento. El documento base revisado para este análisis identifica precisamente esa adaptación del modelo a un nuevo mercado vertical, destacando la participación de titulares de patentes relevantes y la necesidad de equilibrar incentivos entre licenciantes, intermediario e implementadores.
El modelo Avanci adquirió relevancia porque ofreció una respuesta práctica a un problema complejo: ¿cómo puede una industria acceder a miles de patentes esenciales para estándares sin negociar individualmente con cada titular? En el sector automotriz, Avanci estructura plataformas de licenciamiento para vehículos conectados. Su licencia 5G Vehicle cubre patentes esenciales 5G, 4G, 3G y 2G de licenciantes participantes, incluyendo tecnología C-V2X para fabricantes de vehículos conectados.
La lógica es sencilla en apariencia, pero sofisticada en sus efectos: una sola licencia, una cartera agregada de patentes y un mecanismo que reduce fricción transaccional. En lugar de convertir cada patente en una negociación separada, el modelo busca transformar la complejidad en previsibilidad.
Ese antecedente resulta relevante para el mercado POS porque los terminales de pago se han convertido en dispositivos conectados. Ya no son simples equipos de cobro. Integran conectividad móvil, seguridad, software, interoperabilidad, servicios financieros, experiencia de usuario y, en muchos casos, herramientas de gestión comercial. Cuando un dispositivo depende de estándares celulares, también entra en el terreno de las patentes esenciales para estándares, conocidas como SEP.
Lo que cambia con Sisvel POS no es solo el objeto de la licencia. Cambia el tipo de empresa que debe prestar atención. Este ya no es un debate exclusivo para fabricantes de automóviles, grandes tecnológicas o compañías de telecomunicaciones. También interesa a fabricantes de hardware de pago, integradores de soluciones fintech, distribuidores, comercios con infraestructura propia, inversionistas en tecnología financiera y empresas que importan o escalan soluciones conectadas.
La incorporación de Sisvel al mercado POS mediante un pool específico muestra que el punto de venta se está convirtiendo en una nueva frontera de monetización tecnológica. La conectividad celular permite que un terminal funcione en distintos entornos, procese pagos con mayor flexibilidad y acompañe modelos comerciales móviles o descentralizados. Pero esa misma conectividad trae consigo una pregunta jurídica inevitable: ¿quién tiene derecho a explotar las tecnologías patentadas que hacen posible esa comunicación?
El pool de Sisvel busca responder esa pregunta desde una fórmula centralizada. Para los titulares de patentes, representa una vía de monetización ordenada de portafolios tecnológicos. Para los fabricantes o implementadores, puede significar una reducción de incertidumbre frente a eventuales reclamaciones por infracción. Para el mercado, puede funcionar como un mecanismo que facilite la adopción de tecnologías esenciales sin multiplicar negociaciones bilaterales.
La oportunidad es evidente: si una empresa puede acceder a una licencia amplia, transparente y administrativamente simple, puede concentrar recursos en aquello que realmente la diferencia: software, diseño, integración con comercios, seguridad transaccional, analítica, servicios financieros o experiencia de usuario. En ese sentido, un pool bien estructurado no necesariamente bloquea la innovación; puede despejar el terreno para que la innovación ocurra en capas superiores del producto.
Pero el riesgo también existe. Si las regalías son percibidas como excesivas, si la estructura de tarifas no se adapta a fabricantes pequeños o si el programa genera costos difíciles de trasladar al mercado, el pool podría convertirse en una barrera económica. En sectores de márgenes ajustados, una licencia mal calibrada no solo afecta al fabricante: puede repercutir en distribuidores, comercios y consumidores finales.
El concepto FRAND —condiciones justas, razonables y no discriminatorias— es el eje que sostiene este tipo de modelos. En teoría, permite que los titulares de patentes esenciales reciban una compensación adecuada, mientras los implementadores acceden a la tecnología sin quedar atrapados en condiciones abusivas o discriminatorias.
En la práctica, FRAND es uno de los terrenos más debatidos del derecho de patentes contemporáneo. La pregunta no es si debe pagarse por usar tecnología protegida. La pregunta es cuánto, bajo qué metodología, con qué transparencia y en qué punto de la cadena de valor.
El debate no es menor. En Europa, las discusiones sobre regulación de patentes esenciales han mostrado la dificultad de ordenar un sistema donde conviven titulares de patentes, fabricantes, plataformas de licenciamiento, usuarios de tecnología y autoridades de competencia. Reuters reportó en febrero de 2025 que la Comisión Europea retiró propuestas regulatorias sobre patentes tecnológicas, entre ellas una iniciativa relacionada con SEP, al no prever acuerdo político suficiente. La nota recoge también la tensión entre titulares como Nokia, Ericsson o Qualcomm y empresas usuarias de tecnologías estandarizadas.
El caso Tesla frente a InterDigital y Avanci en Reino Unido también ilustra la sensibilidad de estas controversias. Tesla buscaba que se determinaran términos FRAND para una licencia 5G vinculada a vehículos, pero la High Court desestimó esa pretensión respecto de la licencia, aunque permitió continuar con ciertas impugnaciones de patentes.
Para Sisvel POS, estas discusiones funcionan como advertencia y hoja de ruta. El éxito del programa no dependerá únicamente de cuántos titulares se sumen o cuántas patentes se incluyan. Dependerá de la legitimidad del esquema, de la razonabilidad económica de sus tarifas y de la capacidad de generar confianza en quienes fabrican, integran o distribuyen dispositivos de pago.
Desde una perspectiva empresarial, el mensaje es directo: los activos tecnológicos incorporados en un producto no siempre son propios, aunque el producto se comercialice bajo una marca propia. Un terminal POS puede ser diseñado, ensamblado, importado o distribuido por una empresa, pero utilizar tecnologías estandarizadas protegidas por terceros.
Esto obliga a revisar la propiedad intelectual desde una lógica de cadena de suministro. No basta con registrar una marca, proteger el software o negociar contratos comerciales. En productos conectados, la gestión de patentes esenciales debe integrarse al análisis de riesgo, a la debida diligencia tecnológica y a la estrategia de entrada a mercado.
Para fabricantes, la pregunta será si conviene adherirse a una licencia colectiva o negociar acuerdos individuales. Para distribuidores e importadores, el análisis debe centrarse en la trazabilidad contractual: quién asumió las licencias, qué garantías ofrece el proveedor, qué responsabilidades se trasladan y qué riesgos pueden aparecer en caso de reclamaciones. Para inversionistas, la existencia de un esquema de licenciamiento claro puede mejorar la valoración de una compañía, siempre que su modelo de negocio incorpore adecuadamente esos costos.
En mercados latinoamericanos, donde muchas empresas adoptan soluciones de pago importadas o actúan como integradores tecnológicos, el tema adquiere una importancia adicional. Aunque la discusión se origine en programas globales de licenciamiento, sus efectos pueden llegar a contratos locales, procesos de importación, acuerdos de distribución, auditorías de cumplimiento y estrategias de expansión regional.
El consorcio de Sisvel para dispositivos POS debe leerse como parte de una transformación más amplia: la conectividad está desplazando las fronteras tradicionales del derecho de patentes. Lo que antes parecía concentrado en telecomunicaciones o automoción ahora alcanza al comercio, los pagos digitales y la infraestructura cotidiana de negocios.
El modelo inspirado en experiencias como Avanci ofrece una promesa valiosa: reducir complejidad, ordenar el acceso a tecnologías esenciales y facilitar que los implementadores compitan con mayor previsibilidad. Sin embargo, esa promesa solo será sostenible si las condiciones económicas son equilibradas, transparentes y compatibles con la realidad de un mercado de alta escala y fuerte presión sobre costos.
La idea clave es esta: en la economía conectada, competir no consiste únicamente en lanzar mejores productos. También consiste en entender qué derechos sostienen esos productos, qué licencias los hacen viables y qué riesgos pueden comprometer su expansión.
Para empresas, directivos e inversionistas, el aprendizaje es claro. La propiedad intelectual ya no está al final del proceso, como una revisión tardía o defensiva. Está al inicio de la estrategia, donde se decide si una tecnología puede crecer con seguridad, si un modelo de negocio puede escalar y si una innovación puede sostenerse sin quedar expuesta a conflictos evitables.
Sisvel. (2026). Huawei, LG Electronics and Nokia named as founder licensors of new Sisvel POS pool. Sisvel.
Business Wire. (2026). BlackBerry, JVCKENWOOD and SK Telecom join Sisvel POS patent pool as licensors. Business Wire.
Sisvel. (2026). About the Sisvel Point-of-Sale (POS) Patent Programme. Sisvel.
Documento base de análisis: El Modelo Avanci en el Posventa: Análisis del Consorcio de Patentes de Sisvel para Puntos de Venta.
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La inteligencia artificial ha puesto al derecho de autor frente a una pregunta que ya no puede responderse con fórmulas tradicionales: ¿hasta dónde puede llegar el uso de obras protegidas cuando estas se convierten en insumo para entrenar sistemas capaces de producir nuevos textos, imágenes, sonidos, análisis y contenidos? La pregunta no es menor. En ella se cruzan el futuro de las industrias creativas, la competitividad tecnológica, la seguridad jurídica de las empresas y la forma en que una sociedad decide valorar la creación humana.
El debate generado alrededor del Artículo 71T en Chile vuelve visible una tensión que no pertenece únicamente a una jurisdicción. Lo que está en discusión no es si la inteligencia artificial debe desarrollarse, esa conversación ya quedó superada por la realidad, sino en qué condiciones jurídicas, económicas y éticas se permitirá que ese desarrollo utilice obras protegidas por derecho de autor. La diferencia es esencial. Una cosa es habilitar la innovación; otra, muy distinta, es construirla sobre una excepción tan amplia que termine debilitando el sistema que protege los activos creativos que alimentan esa misma tecnología.
Desde una lectura estratégica de propiedad intelectual, el Artículo 71T importa porque expone un problema mayor: la divergencia regulatoria global frente al entrenamiento de inteligencia artificial. Mientras algunas jurisdicciones buscan mecanismos de equilibrio, transparencia y reserva de derechos, otras exploran fórmulas más permisivas. Para empresas, creadores, medios, desarrolladores tecnológicos y titulares de activos intangibles, esa fragmentación no es un detalle técnico. Es un riesgo de negocio.
El Artículo 71T ha sido presentado como una excepción al derecho de autor para permitir determinados usos de obras lícitamente publicadas en actividades de extracción, comparación, clasificación o análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido, imagen u otros elementos. En términos prácticos, el debate se concentra en si esa fórmula permitiría que sistemas de inteligencia artificial utilicen contenidos protegidos sin autorización previa ni remuneración a sus titulares.
La controversia no nace únicamente del uso tecnológico. Nace de la amplitud de la excepción, de la falta de mecanismos claros de control y de la ausencia de una arquitectura compensatoria visible. Para los sectores creativos, periodísticos y culturales, el riesgo es evidente: si una obra puede ser utilizada como insumo masivo para entrenar sistemas de IA sin licencia, sin pago y sin una vía efectiva de oposición, el valor económico de esa obra se desplaza hacia quien procesa el contenido, no hacia quien lo creó.
El punto delicado está allí. La inteligencia artificial necesita datos, pero muchos de esos datos son expresiones protegidas: reportajes, fotografías, ilustraciones, obras musicales, guiones, libros, piezas audiovisuales, bases editoriales, contenidos informativos y materiales producidos con inversión humana, técnica y económica. Cuando la ley reduce esa complejidad a una excepción amplia, corre el riesgo de tratar la creatividad como simple materia prima disponible.
Una regulación moderna no debería partir de una falsa oposición entre tecnología y creación. La innovación no avanza mejor cuando los derechos se vuelven irrelevantes; avanza de forma más sostenible cuando las reglas permiten identificar qué puede usarse, en qué condiciones, con qué límites y con qué responsabilidades.
El problema de una excepción demasiado abierta es que puede generar el efecto contrario al buscado. En lugar de atraer innovación de calidad, puede atraer modelos de negocio construidos sobre zonas grises, aprovechamiento masivo de contenidos y asimetrías de poder entre grandes desarrolladores tecnológicos y titulares de derechos dispersos. En ese escenario, los creadores no solo enfrentan una pérdida potencial de ingresos; enfrentan una pérdida de control sobre el destino económico de sus obras.
Para las empresas, el asunto también es relevante. Un marco excesivamente permisivo en una jurisdicción puede parecer atractivo en el corto plazo, pero producir incertidumbre en operaciones transfronterizas. Una compañía que entrena, integra o utiliza sistemas de IA con contenidos protegidos debe preguntarse no solo si una norma local permite determinado uso, sino si ese uso será aceptable frente a socios internacionales, titulares de derechos, consumidores, reguladores, contratos de licencia y políticas internas de cumplimiento.
En propiedad intelectual, la ausencia de claridad rara vez es neutral. Suele transformarse en litigio, reputación afectada o costos posteriores de regularización.
El contraste europeo es relevante porque muestra una aproximación más estructurada. La Unión Europea ha regulado el minado de texto y datos mediante excepciones específicas, pero acompañadas de límites y mecanismos de reserva de derechos. El modelo no parte de una prohibición absoluta, pero tampoco de una habilitación irrestricta. Su lógica consiste en permitir determinados usos, especialmente vinculados al análisis de datos, siempre dentro de un marco que reconoce la posición del titular.
El mecanismo de opt-out cumple una función estratégica: permite que los titulares manifiesten su oposición al uso de sus obras para determinadas actividades de minado de texto y datos. A ello se suma la evolución regulatoria derivada del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que introduce obligaciones para proveedores de modelos de propósito general, incluyendo políticas de cumplimiento en materia de derecho de autor y mayor transparencia sobre los contenidos utilizados para el entrenamiento.
El modelo europeo no está libre de críticas. Muchos titulares de derechos consideran que los mecanismos de transparencia todavía son insuficientes y que la carga de proteger las obras sigue siendo excesiva para los creadores. Sin embargo, ofrece una señal importante: la innovación basada en IA no puede desarrollarse desconectada del derecho de autor. Debe dialogar con él.
El sistema estadounidense, por su parte, no cuenta con una excepción específica equivalente para el entrenamiento de inteligencia artificial. Su discusión se articula principalmente alrededor del fair use, una doctrina flexible que permite evaluar caso por caso si el uso no autorizado de una obra protegida puede considerarse legítimo.
Esa flexibilidad tiene ventajas para la innovación, pero también un costo evidente: la incertidumbre. Empresas tecnológicas y titulares de derechos se encuentran en un terreno en el que la respuesta depende de litigios complejos, análisis judiciales y criterios que pueden variar según el caso. Algunas decisiones han reconocido argumentos favorables al carácter transformativo del entrenamiento de sistemas de IA; otras han puesto límites importantes cuando el uso se acerca a la sustitución de mercado, la competencia directa o la obtención irregular de contenidos.
La enseñanza del modelo estadounidense es clara: dejar todo al litigio no necesariamente produce equilibrio. Puede producir desarrollo tecnológico, pero acompañado de costos legales altos, disputas prolongadas y falta de previsibilidad para todos los actores involucrados.
Para un empresario, directivo o titular de activos intangibles, el debate sobre el Artículo 71T no debe leerse como una discusión distante entre autores y plataformas tecnológicas. Debe entenderse como una advertencia sobre el nuevo mapa de riesgos en la economía digital.
Las empresas que desarrollan, adquieren o implementan herramientas de IA necesitan saber con qué datos fueron entrenadas, qué garantías ofrecen sus proveedores, qué restricciones contractuales existen y qué exposición podría generarse si el sistema reproduce, transforma o utiliza contenidos protegidos. El uso de IA en marketing, análisis de datos, atención al cliente, diseño, producción audiovisual, comunicación corporativa o generación de contenidos no está separado del derecho de autor. Al contrario, lo intensifica.
También existe un riesgo reputacional. Una organización que utiliza herramientas de IA sin revisar su origen, sus políticas de entrenamiento o sus condiciones de uso puede verse involucrada en controversias por apropiación indebida de contenidos, infracción de derechos o uso no autorizado de obras de terceros. En sectores donde la confianza es parte del valor de marca, ese riesgo puede ser tan sensible como el riesgo jurídico.
Desde la perspectiva de los titulares de derechos, el desafío consiste en pasar de una protección pasiva a una gestión activa de los activos creativos. Esto implica revisar contratos, condiciones de licencia, reservas de derechos, políticas de uso digital, monitoreo de contenidos, estrategias de negociación y mecanismos de defensa. La propiedad intelectual ya no puede gestionarse únicamente como un registro o una reacción frente a infracciones visibles. Debe gestionarse como una arquitectura de control, explotación y protección en entornos automatizados.
Aunque el debate se concentre en Chile, sus efectos trascienden fronteras. América Latina comparte desafíos comunes: ecosistemas creativos vulnerables, mercados tecnológicos en expansión, necesidad de atraer inversión, marcos normativos en actualización y titulares de derechos que muchas veces carecen de capacidad individual para enfrentar usos masivos de sus obras.
La región debe evitar dos extremos. El primero consiste en legislar desde el temor, cerrando toda posibilidad de innovación. El segundo, en legislar desde la urgencia económica, abriendo excepciones amplias sin medir sus consecuencias. Ninguno de los dos produce una política pública sólida.
Lo que se necesita es una conversación regulatoria más fina: qué usos deben permitirse, qué obras pueden quedar comprendidas, qué ocurre con los fines comerciales, cómo se expresan las reservas de derechos, qué estándares de transparencia deben cumplir los desarrolladores, cómo se verifican las fuentes de entrenamiento y qué vías de compensación o licenciamiento pueden construirse para evitar que la innovación se sostenga sobre una transferencia silenciosa de valor.
El Artículo 71T es importante porque obliga a mirar de frente una pregunta que seguirá creciendo: ¿quién asume el costo de entrenar la inteligencia artificial? Si la respuesta es que ese costo debe recaer íntegramente sobre creadores, medios, autores y titulares de derechos, la innovación pierde legitimidad. Si la respuesta es una prohibición absoluta, se limita una tecnología que ya forma parte de la productividad contemporánea.
El desafío está en el equilibrio. Un equilibrio serio no se logra con excepciones imprecisas ni con silencios normativos. Se construye con reglas claras, mecanismos de control, transparencia, respeto por el valor de las obras y una comprensión real de los activos intangibles en la economía digital.
La inteligencia artificial seguirá transformando la forma en que se crea, se analiza y se distribuye contenido. Precisamente por eso, el derecho de autor no debe quedar al margen. Debe evolucionar con criterio, sin rigidez, pero también sin renunciar a su función esencial: proteger la creación humana como una fuente de valor, identidad y desarrollo económico.
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La pirateria deportiva afecta tanto porque ataca dos fuentes centrales de valor del deporte profesional: la monetizacion de la audiencia y la monetizacion de la marca. La primera se ve golpeada por la retransmision ilegal; la segunda, por la falsificacion de merchandising. Aunque las conductas sean distintas, ambas erosionan ingresos que sostienen la operacion, la inversion y la proyeccion comercial del ecosistema deportivo. Esta conclusion se desprende de la estructura de derechos exclusivos reconocidos por la normativa ecuatoriana sobre emisiones y marcas.
Las ligas y organizadores negocian derechos de transmision precisamente porque la senal tiene valor economico exclusivo. Si esa exclusividad se rompe por accesos piratas masivos, cae la capacidad de sostener contratos, suscripciones, patrocinios y modelos de distribucion controlada. No es solo una fuga de espectadores: es una afectacion directa a la cadena de valor que hace financiable el espectaculo.
Los clubes, ademas, dependen cada vez mas de la fortaleza de sus signos distintivos. El merchandising oficial no solo genera caja; tambien consolida pertenencia, reputacion y posicionamiento. Cuando el mercado se llena de camisetas falsas, no solo se pierden ventas. Tambien se diluye la capacidad de la marca para ofrecer una experiencia oficial, consistente y confiable al aficionado.
Por eso la pirateria deportiva no debe verse como un problema menor de "consumo informal". Es una presion simultanea sobre los dos motores comerciales del deporte contemporaneo: contenido y marca. Y mientras mas digital y global se vuelve el mercado, mas necesario resulta que la estrategia de defensa combine observancia, monitoreo, tecnologia, control aduanero y educacion del consumidor. Esto ultimo es una inferencia estrategica a partir de las herramientas de proteccion y observancia previstas en la normativa ecuatoriana.
No. El impacto puede alcanzar a clubes, torneos locales, organizadores y licenciatarios. Es una inferencia logica del alcance de estos derechos exclusivos.
No. Tambien puede ser reputacional y comercial: la marca de club pierde consistencia y credibilidad ante el aficionado cuando el mercado se inunda de productos no oficiales.
No. La ley es clave, pero suele requerir apoyo tecnologico y estrategias de mercado. Para un analisis mas amplio de las herramientas disponibles, ver pirateria y falsificacion en el deporte: dos amenazas, una misma exigencia estrategica.
El deporte suele presentarse como un territorio de talento, disciplina y espectáculo. Pero esa imagen, por sí sola, ya no alcanza para explicar lo que ocurre dentro y fuera de la cancha. El deporte contemporáneo también es investigación aplicada, diseño industrial, construcción de marca, explotación audiovisual y defensa activa frente a redes de falsificación y piratería.
Por eso resulta acertado que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual haya puesto el foco de 2026 en esta conversación. La decisión reconoce algo que desde hace tiempo se volvió evidente: la propiedad intelectual no acompaña al deporte desde un segundo plano, sino que lo estructura. Protege la invención que mejora el rendimiento, diferencia los productos auténticos de las copias, resguarda la inversión detrás de un evento y sostiene una parte sustancial del valor económico que circula alrededor del espectáculo deportivo.
La tesis de este artículo es clara: el futuro del deporte depende, en buena medida, de cómo se protejan y gestionen sus activos intangibles. Hablar de propiedad intelectual en este sector no es hablar únicamente de registros; es hablar de innovación, confianza, competencia leal y sostenibilidad.
Uno de los mayores aciertos del lema de la OMPI es desplazar la mirada hacia aquello que muchas veces permanece fuera del encuadre: los sistemas que hacen posible el rendimiento. Un calzado técnico, un material más liviano, un sensor de monitoreo o una mejora ergonómica no son simples añadidos comerciales. Son el resultado de investigación, prueba, ajuste y desarrollo tecnológico; es decir, de procesos que requieren inversión y, por tanto, protección. La propia OMPI subraya que en el deporte distintos derechos pueden convivir sobre un mismo producto: las patentes resguardan la tecnología, los diseños protegen la apariencia y las marcas distinguen el origen empresarial y la reputación del bien.
Ese punto merece atención porque permite entender una transformación de fondo. En el deporte actual, la ventaja competitiva no depende solo del atleta o del club, sino también de la capacidad de las empresas para convertir conocimiento en productos diferenciados. La innovación ya no se limita a hacer “algo mejor”; implica desarrollar soluciones que puedan sostenerse en el mercado, escalar y defenderse frente a la imitación. Allí la propiedad intelectual cumple una doble función: incentiva la creación y ordena la competencia.
Esta lógica también explica el auge de tecnologías portables, análisis biomecánico y desarrollos vinculados a rendimiento y bienestar. La OMPI ha advertido que las tecnologías deportivas y los wearables desdibujan fronteras tradicionales entre forma, función, diseño y software, lo que vuelve más compleja —y más estratégica— la gestión de los derechos involucrados.
Desde la perspectiva de Luzuriaga & Castro, la lección es concreta: cuando la innovación se vuelve central para el negocio, la protección jurídica deja de ser una etapa posterior y pasa a ser parte del diseño estratégico desde el inicio.
Si la innovación es una pieza del problema, la autenticidad es la otra. El deporte moviliza pertenencia, identificación y deseo. Una camiseta, un par de zapatillas o un accesorio oficial no solo cumplen una función práctica: condensan prestigio, comunidad y experiencia. Precisamente por eso, las marcas deportivas son especialmente vulnerables a la falsificación.
La OMPI recuerda que la falsificación marcaria supone el uso no autorizado de signos idénticos o sustancialmente indistinguibles respecto de una marca registrada. En el deporte, ese fenómeno tiene un efecto particularmente corrosivo porque no solo desvía ventas, sino que deteriora reputación, altera la experiencia del aficionado y compromete la seguridad del consumidor cuando se trata de productos de calidad inferior.
Las cifras ayudan a dimensionar el problema. En 2025, la OCDE y la EUIPO estimaron que el comercio mundial de falsificaciones y mercancías pirateadas representó en 2021 hasta el 2,3 % del comercio global, mientras que dentro de la Unión Europea las falsificaciones equivalieron hasta al 4,7 % de las importaciones. Por su parte, la EUIPO advirtió en 2024 que el sector europeo de equipamiento deportivo pierde alrededor de 850 millones de euros al año por este fenómeno.
Ese dato tiene una implicación importante: la falsificación ya no puede leerse como una infracción marginal ni como un problema limitado al lujo. En el ámbito deportivo afecta cadenas productivas amplias, erosiona ingresos legítimos y alimenta circuitos ilícitos que suelen conectarse con otras formas de criminalidad. La EUIPO, además, ha mostrado que las incautaciones recientes incluyeron cientos de miles de artículos de calzado y más de un millón de piezas de ropa deportiva, junto con millones de etiquetas falsas.
Aquí conviene añadir un matiz esencial. La respuesta eficaz no depende únicamente de registrar una marca. Requiere vigilancia, enforcement coordinado, trazabilidad, medidas tecnológicas de autenticación y capacidad para actuar con rapidez tanto en el entorno físico como en el digital. La protección marcaria, en otras palabras, es una práctica continua, no un acto aislado.
La tercera tensión, quizá menos visible para el público general, se encuentra en la transmisión de eventos deportivos. Las grandes competiciones dependen de los ingresos derivados de licencias, difusión, patrocinios y modelos de acceso. Cuando una señal se piratea y circula masivamente, no solo se vulnera un derecho; se afecta el equilibrio económico que sostiene a ligas, organizadores, broadcasters, patrocinadores y, en última instancia, al propio ecosistema deportivo.
La OMPI ha sido clara al respecto: la piratería de eventos deportivos perjudica a quienes poseen los derechos de transmisión, pero también impacta a atletas y aficionados. Además, el organismo reconoce que existe una necesidad regulatoria de fondo: siguen en curso negociaciones para dotar de un marco internacional más eficaz a la protección de las señales de radiodifusión.
En paralelo, Europa ha intensificado su respuesta. La Comisión Europea emitió en 2023 una recomendación específica para combatir la piratería online de eventos deportivos y otros eventos en vivo, y en 2025 publicó una evaluación de sus efectos. Al mismo tiempo, se han multiplicado medidas judiciales y regulatorias orientadas al bloqueo más rápido de servicios infractores. Un ejemplo reciente fue la orden obtenida por LaLiga en 2026 para forzar el bloqueo de sitios presuntamente piratas a través de proveedores VPN.
Lo relevante aquí no es solo la severidad de la respuesta, sino lo que revela: la piratería digital dejó de ser tratada como una externalidad inevitable del ecosistema online. Se la está abordando como un problema estructural que exige cooperación entre titulares de derechos, tribunales, reguladores, intermediarios tecnológicos y herramientas automatizadas de detección y retiro.
Desde una mirada jurídica madura, esto obliga a abandonar dos simplificaciones. La primera: creer que la piratería solo afecta a grandes actores internacionales. La segunda: suponer que la defensa de estos derechos puede descansar exclusivamente en acciones reactivas. En realidad, el valor de una transmisión se protege antes, durante y después del evento, mediante contratos, tecnología, monitoreo y capacidad de respuesta.
El lema del Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2026 no se limita a celebrar una relación entre dos mundos; describe una dependencia recíproca. El deporte necesita de la propiedad intelectual para innovar con seguridad, competir con integridad y proyectar valor más allá del evento. Y la propiedad intelectual encuentra en el deporte uno de sus campos más visibles para demostrar por qué sigue siendo decisiva.
La idea que debería quedar instalada es sencilla, pero de gran alcance: proteger la innovación deportiva no significa frenar el acceso ni encerrar la creatividad, sino hacer posible un ecosistema más confiable, más competitivo y más sostenible. Allí donde hay rendimiento, marca, diseño, audiencia y tecnología, hay también una pregunta jurídica de fondo. Ignorarla no abarata el deporte; lo vuelve más vulnerable.
En un entorno donde la tecnología acelera los ciclos de creación e infracción al mismo tiempo, comprender la propiedad intelectual con criterio estratégico ya no es una especialidad periférica. Es parte de la conversación central sobre cómo se construye, se protege y se sostiene el valor.
World Intellectual Property Organization (WIPO). World Intellectual Property Day 2026 – IP and Sports: Ready, Set, Innovate!
World Intellectual Property Organization (WIPO). Sports and Intellectual Property.
World Intellectual Property Organization (WIPO). Sport and Branding.
European Commission. Recommendation on combating online piracy of sports and other live events.
European Union. Commission Recommendation (EU) 2023/1018 of 4 May 2023 on combating online piracy of sports and other live events.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Mapping Global Trade in Fakes 2025.
European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Mapping Global Trade in Fakes 2025.