La nación Tsáchila es uno de los tantos pueblos indígenas que le dan a Ecuador el carácter de plurinacional e intercultural. Pero no es uno más, porque con apenas 3.000 habitantes (2010) este pueblo es depositario de un saber acumulado milenariamente que hoy está protegido mediante el reconocimiento de sus derechos intelectuales.

Para lograrlo, el pueblo tsáchila se acogió al proceso de depósito voluntario de sus conocimientos ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), contemplado en el art. 523 del Código de la Economía Social del Conocimiento, Creatividad e Innovación (2016). Su objetivo es impedir apropiaciones ilegítimas de los conocimientos de etnias, pueblos y nacionalidades. También servirá como medio de verificación para reconocer los derechos intelectuales colectivos sobre saberes tradicionales, por si alguien intenta infringirlos.

Pero antes, la decisión debió pasar por el Consejo de Ancianos, el máximo órgano encargado de regular la suerte de las prácticas que comprometen a los conocimientos ancestrales. Desde allí se propuso empezar con los rituales, la cosmovisión, los vegetales y la vestimenta tradicional.

El registro comenzó en enero de este año y en el proceso de recolección de información participaron varios personajes emblemáticos de la comunidad, la mayoría ancianos. Se han registrado 490 plantas medicinales y el pueblo tsáchila cuenta con los respectivos certificados de depósito.

Protocolos Biocomunitarios

Tras el registro, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales trabaja en los protocolos biocomunitarios para potenciar estos recursos ante empresas que quieran invertir en posibles patentes.

Fernando Nogales, experto en conocimientos tradicionales del SENADI, reconoce la importancia de esta construcción colectiva de la población tsáchila, tanto para la propia comunidad como para el país. Incluso -destaca- para que el mundo conozca el origen de esta riqueza.

Ciertamente, no se trata solamente de constatar el origen: “Una vez que los conocimientos son depositados en el SENADI, pasan a la base de datos, es decir que si las compañías farmacéuticas quieren patentar algún medicamento tienen que venir a la comuna a pedir consentimiento para poder realizarlo”, señaló Nogales. Y agregó que con el consentimiento llegarán beneficios, sean económicos o no.

Para Flavio Calazacón, presidente de la comuna El Poste, esta labor recién empieza: a futuro se espera la protección de "rituales de petrificación", energéticos e incluso de sanación; también bebidas como la Ayahuasca; expresiones como la danza; y festividades como el Kasama. “Los depósitos no están terminados, pero sí hemos avanzado, hemos ganado experiencia”, afirmó.

Son experiencias que suman y se nota: la Unidad de Conocimiento Tradicional del Servicio de Derechos Intelectuales informa que se han depositado 150 conocimientos tradicionales a escala nacional desde que rige la normativa. Son conocimientos originarios de los pueblos Sarayaku, Cofán, Kayambi y Tsáchila. La Unidad espera contar con una base de datos de 200 registros de las tradiciones hasta finalizar este año.

Desde el 14 de noviembre la nacionalidad Tsáchila ya cuenta con las certificaciones de los depósitos, son 44 y los recibió la gobernadora tsáchila, Diana Aguavil, en la comuna El Poste.

Son los 44 certificados de depósitos de conocimientos tradicionales que entregó SENADI en 2018... durante todo el año anterior fueron sólo nueve.

Fuente: Diario la hora

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Diario El Comercio

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Con la figura de Indicación Geográfica Protegida (IGP), el tequila tiene desde este mes el nivel máximo de protección de propiedad industrial en los 28 países de la Unión Europea.

Con esto, la primera Denominación de Origen mexicana se convierte en el primer y único producto mexicano con un blindaje de esta naturaleza en la Unión Europea.

El tequila es la bebida alcohólica más emblemática de México y una parte importante de su identidad cultural, compartió Phil Hogan, subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea.

"En Europa sabemos bien cómo el éxito internacional de una bebida regional ayuda a crear empleos de alta calidad en áreas rurales y generar un sentido de orgullo nacional. La inclusión del tequila en las Indicaciones Geográficas de la Unión Europea es el último paso del camino de cooperación entre México y la Unión Europea", dijo.

La colaboración entre el sector público y privado ha sido exitosa para la protección de la propiedad industrial del tequila en México y fuera del país, compartió Rodolfo González González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT).

Con el registro se aseguran los derechos exclusivos del tequila, por lo que ni productos ni servicios que ostenten la marca o la evoquen pueden hacerlo sin autorización del Consejo Regulador del Tequila (CRT). Y la autoridad europea podrá iniciar acciones legales sin petición expresa de las autoridades mexicanas para combatir simulaciones y proteger su propiedad industrial.

Fuente: La Reforma

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El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, presentó al público las estadísticas de Propiedad Intelectual 2018, como lo hace a inicio de cada año. Esta vez las estadísticas visibilizan el creciente número de emprendedores ecuatorianos que buscan proteger su propiedad intelectual, principalmente signos distintivos (marcas).

En cuanto a signos distintivos, 2018 registró un incremento en las solicitudes de marcas, alcanzando un total de 17.965, 11.41% más que las 16.125 de 2017.

No se trata de un hecho aislado. Las acciones positivas y de promoción que viene realizando SENADI se reflejan en varios resultados alentadores en 2018. Como el incremento de 55% en trámites de tutelas administrativas respecto del año anterior, y la resolución del 145,75% de trámites de observancia de derechos en PI que se encontraban represados. Tales resultados dan cuenta de y justifican la confianza dispuesta por los usuarios en la nueva institucionalidad de la PI en Ecuador.

Por lo demás, durante 2018 SENADI ha participado activamente en negociaciones dentro del marco de la Comunidad Andina respecto de la Marca País y Denominaciones de Origen.

En diciembre inició el proceso de declaratoria de la Marca País “Ecuador”, para fortalecer el uso de signos distintivos y agregar valor a productos y servicios nacionales.

En 2018 se concluyó también con el proceso que declaró a la Pitahaya Amazónica de Palora como la quinta denominación de origen del país, fomentando el desarrollo económico local y agregando valor y calidad al producto para su posicionamiento en mercados internacionales, por lo que se espera aumentar las exportaciones en 2019.

Mayor información encuentra en la Gaceta de la Propiedad Intelectual

Fuente: SENADI

Enlace: https://www.propiedadintelectual.gob.ec/los-emprendedores-ecuatorianos-son-los-mayores-protectores-de-su-propiedad-intelectual/

La historia cuenta  que en noviembre de 2006 tenía lugar la primera “Medida en Frontera de protección a los derechos de propiedad intelectual en Ecuador”. Y nosotros podemos contar la historia, porque estuvimos allí*.

Desde entonces las medidas en frontera proliferaron exitosamente hasta el año 2008, cuando se realizaron (Aprox.) 150 medidas en Frontera de protección a los derechos de PI, por acción de la Corporación Aduanera Ecuatoriana – CAE (hoy Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE), con un estimado de 1.2 millones de productos ilegales detenidos en aduanas. En ese año  Ecuador fue premiado ante la Organización Mundial de Aduanas por la importante labor en la protección a la Propiedad Industrial.

La visión gubernamental de aquél entonces provocó que se impongan limitaciones al comercio internacional. En enero de 2009 entró en vigencia la resolución del entonces Consejo de Comercio Exterior e Inversiones – COMEXI, que estableció restricciones al ingreso de cientos de subpartidas de bienes, a través de la implementación de cupos de importaciones e incrementó el valor de los aranceles a otros cientos de productos. El calzado tuvo un arancel de US$10 por cada par, la cerámica un impuesto de US$0,12 por kg, los textiles y ropa un arancel de US$12 por kg... Además existieron otras disposiciones legales que perjudicaron el comercio internacional, como la normativa de etiquetado INEN.

Durante ese año se realizaron tan sólo 30 medidas en frontera (una reducción del 80% respecto al año anterior) y se incautaron menos de 100 mil productos (una reducción del 82%). La mayoría de los productos detenidos por la CAE en 2009 fueron juguetes.

Aquél año fue ciertamente un punto de inflexión. Desde entonces hemos sido testigos de una drástica reducción de medidas de protección a los derechos de PI en frontera . Para el año 2016 existieron 3 Medidas en Frontera y durante 2018 no se ha realizado ninguna.

La situación es producto, en buena medida, de la sustitución de la Ley de Propiedad Intelectual por el vigente Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos e Innovación – INGENIOS. La norma derogada establecía, en su artículo 342, la obligación del Estado Ecuatoriano de actuar de oficio ante estas infracciones. La normativa contenida a partir del artículo 575 del Código INGENIOS establece requisitos que parecen exagerados y en la práctica bastante difíciles de cumplir a efectos de ejercer protección legal en frontera en defensa del derecho de PI; esto es la “evidencia suficiente” de la infracción, que se traduce en un impedimento legal.

Sin embargo parecería que el segundo párrafo del artículo 51 del Reglamento a INGENIOS, contenido en el Decreto Ejecutivo No. 1435 de mayo 23 de 2017, abre una posibilidad de lograr  acciones en frontera, al responsabilizar al Servicio Nacional de Aduanas del suministro de “información necesaria” que sirva de “sustento de la Medida en Frontera”.

Como se demostró entre 2006 y 2008, las medidas en Frontera son una de las mejores formas de proteger los derechos de propiedad intelectual, se impide el ingreso de productos potencialmente ilícitos (muchos perjudiciales para la salud), se protege de riegos y de futuros engaños a los consumidores, y se fomenta a gran escala un comercio más justo.

*Luzuriaga & Castro Abogados realizó, el 06 de noviembre de 2006, la primera acción de medida en frontera acontecida en el país.

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