La Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, que entró en vigor en noviembre de 2022, ha marcado un cambio en la forma en que se regulan las plataformas digitales y los servicios de intermediación en línea. Este marco normativo se implementa en un contexto donde el entorno digital ha crecido exponencialmente, convirtiéndose en una parte integral de la economía global. Sin embargo, junto con este crecimiento, también han surgido desafíos significativos relacionados con la seguridad, la transparencia y la responsabilidad de las empresas que operan en este espacio. La DSA pretende abordar estos desafíos, imponiendo un conjunto de obligaciones que buscan crear un entorno digital más seguro y responsable para todos los usuarios.
El impacto de la DSA no se limita a las grandes plataformas tecnológicas, sino que afecta a todas las empresas que proporcionan servicios digitales dentro de la Unión Europea. Esto incluye desde gigantes tecnológicos hasta pequeñas y medianas empresas, todas las cuales deberán adaptar sus prácticas para cumplir con las nuevas normativas. La implementación de la DSA no solo impone obligaciones legales, sino que también representa una oportunidad para que las empresas refuercen su compromiso con la responsabilidad corporativa y la transparencia. En este sentido, el cumplimiento de la DSA se convierte en un factor clave para la gobernanza empresarial y la sostenibilidad a largo plazo en este entorno digital.
Este artículo ofrece un análisis muy general de la DSA desde la perspectiva del derecho corporativo, enfocándose en cómo esta legislación influye en las prácticas empresariales y las estructuras de gobernanza. Al explorar los aspectos clave de la DSA, este análisis busca proporcionar a los profesionales del derecho corporativo una comprensión profunda de las nuevas responsabilidades que las empresas deben asumir y cómo estas pueden integrarse de manera efectiva en sus estrategias de cumplimiento. En última instancia, el artículo subraya la importancia de adoptar un enfoque proactivo para garantizar que las empresas no solo cumplan con la ley, sino que también se posicionen como líderes en la promoción de un entorno digital seguro y ético.
La DSA surgió en un contexto donde el entorno digital empezó a evolucionar rápidamente, trayendo consigo tanto oportunidades como riesgos. Las plataformas digitales se han convertido en actores clave en la economía global, facilitando el acceso a bienes, servicios y contenidos a una escala sin precedentes. Pero esta expansión también ha provocado la proliferación de contenido ilícito, la desinformación y la falta de transparencia en la gestión de datos, lo que ha generado preocupaciones significativas entre los reguladores, los consumidores y la sociedad. La DSA responde a estas preocupaciones con un enfoque normativo que busca equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los derechos de los usuarios y la promoción de un entorno digital seguro.
Uno de los principales objetivos de la DSA es establecer un marco claro y coherente para la responsabilidad de las plataformas digitales. Esto incluye la implementación de nuevas obligaciones para garantizar que las empresas que operan en el espacio digital asuman un rol activo en la mitigación de riesgos y la prevención de daños. La DSA establece normas específicas que se aplican a una amplia gama de servicios digitales, desde redes sociales hasta motores de búsqueda y marketplaces, lo que significa que prácticamente todas las empresas que operan en línea dentro de la UE estarán sujetas a estas reglas. Este enfoque busca asegurar que todas las plataformas, independientemente de su tamaño, cumplan con estándares de seguridad y transparencia.
Además de la responsabilidad, la DSA también busca fomentar la competencia justa en el mercado digital. Al establecer un conjunto de normas comunes para todas las plataformas, la DSA busca nivelar el campo de juego, evitando que las grandes empresas tecnológicas puedan explotar su tamaño y alcance para eludir responsabilidades. Este marco normativo no solo protege a los consumidores, sino que también crea un entorno más equitativo para las empresas más pequeñas, permitiéndoles competir en condiciones más justas. En este sentido, la DSA representa un paso significativo hacia la creación de un mercado digital más transparente, seguro y competitivo.
Uno de los aspectos más interesantes de la DSA es la introducción de un conjunto de obligaciones que afectan directamente a las empresas. Entre las más destacadas se encuentran las siguientes:
La implementación de la DSA tiene implicaciones profundas para el derecho corporativo, ya que introduce nuevas responsabilidades que las empresas deben integrar en su estrategia de cumplimiento normativo. La obligación de realizar evaluaciones de riesgos anuales y de implementar mecanismos de transparencia requiere que las empresas revisen y, en muchos casos, reestructuren sus procesos internos. Esto puede implicar una reorganización significativa en términos de gobernanza corporativa, ya que las juntas directivas deberán asegurarse de que sus empresas cumplan con las exigencias legales.
Además, la DSA refuerza la importancia de la responsabilidad social empresarial (RSE), obligando a las empresas a adoptar un enfoque más ético y transparente en sus operaciones digitales. Las empresas deben no solo cumplir con las normativas, sino también demostrar que están comprometidas con la creación de un entorno digital seguro para sus usuarios. Esto puede incluir la adopción de políticas corporativas más estrictas en cuanto al manejo de datos y la protección de los usuarios, lo que a su vez puede mejorar la reputación de la empresa y aumentar la confianza del consumidor.
La DSA también podría influir en la estrategia de fusiones y adquisiciones en el sector digital, ya que las empresas deben considerar los riesgos y obligaciones adicionales que conlleva la integración de plataformas digitales bajo este nuevo marco regulatorio. Las auditorías de cumplimiento y la revisión de prácticas internas se convertirán en componentes críticos en cualquier proceso de due diligence, lo que podría cambiar la dinámica del mercado y las decisiones estratégicas de las empresas.
La Ley de Servicios Digitales (DSA) represento un cambio en la regulación del entorno digital, imponiendo nuevas obligaciones y responsabilidades a las empresas que operan en la economía digital. Para los estudios jurídicos especializados en derecho corporativo, es crucial comprender las implicaciones de esta normativa y asesorar a sus clientes sobre cómo adaptarse a estos cambios. Más allá del cumplimiento normativo, las empresas deben adoptar un enfoque proactivo que promueva la transparencia, la seguridad y la responsabilidad en sus operaciones digitales.
Es importante destacar que la DSA no solo establece un nuevo estándar regulatorio, sino que también refuerza la necesidad de que las empresas adopten un enfoque de gobernanza más integral y proactivo. La implementación de esta normativa ofrece a las empresas la oportunidad de mejorar sus prácticas internas y fortalecer su reputación en el mercado. Aquellas empresas que logren adaptarse de manera efectiva a las nuevas exigencias no solo cumplirán con la ley, sino que también se posicionarán como líderes en la creación de un entorno digital seguro y ético.
Finalmente, la DSA debe verse no solo como un desafío, sino como una oportunidad para que las empresas refuercen su compromiso con la responsabilidad social y la transparencia. En un mundo globalizado, el cumplimiento de la DSA puede convertirse en un diferenciador clave para las empresas que buscan destacarse en un mercado competitivo y altamente regulado. Para los abogados, resulta interesante no solo conocer las obligaciones legales que impone la DSA, sino también entender cómo estas pueden integrarse en la estrategia empresarial para maximizar el valor y la sostenibilidad a largo plazo.
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Keller, P., & Leith, P. (2023). The Impact of the Digital Services Act on Corporate Governance and Compliance. Journal of Corporate Law Studies, 18(2), 145-170. DOI: 10.1080/14735970.2023.1857483
Sartor, G. (2022). The Digital Services Act: A Legal Analysis of its Implications for Online Platforms. European Journal of Law and Technology, 13(1), 1-23. DOI: 10.2168/ejlt.v13i1.1047
Wilman, F. (2023). Digital Services Act and Corporate Compliance: Navigating the New Legal Landscape. International Journal of Law and Information Technology, 31(1), 49-73. DOI: 10.1093/ijlit/eaz029
La Directiva de derechos de autor de la UE tendrá un gran impacto en el panorama de los derechos de autor en Internet de Europa, pero las implicaciones inmediatas son inciertas, según los abogados.
El Parlamento Europeo aprobó la polémica ley ayer, 26 de marzo, por 348 votos a 271. Ahora irá al Consejo Europeo para su aprobación formal el próximo mes.
Una vez aprobada, los estados miembros de la UE tendrán hasta 2021 para transponer la directiva a la legislación nacional.
Los elementos más polémicos de la directiva han sido los artículos 15 y 17 (antes 11 y 13). El Artículo 15 permitirá a los motores de búsqueda mostrar solo extractos de artículos de noticias muy "cortos" y hacer que las plataformas en línea sean responsables de infringir el contenido alojado en sus sitios.
La ley ha recibido una oposición significativa de parte de compañías tecnológicas y otros críticos que temen que tenga un impacto negativo en las libertades de Internet en Europa.
En un comunicado enviado a WIPR, un portavoz de Google dijo que el texto final de la directiva fue "mejorado, pero que todavía dará lugar a incertidumbre jurídica y perjudicará las economías creativas y digitales de Europa.
"Los detalles son importantes, y esperamos trabajar con los responsables políticos, editores, creadores y titulares de derechos a medida que los estados miembros de la UE se mueven para implementar estas nuevas reglas", dijo el portavoz.
Rohan Massey, jefe mundial de privacidad y ciberseguridad de Ropes & Gray en Londres, dijo que la directiva era un "paso significativo hacia la redacción del panorama europeo de derechos de autor en Internet".
"Al exigir que las plataformas en línea eliminen o filtren el material protegido por derechos de autor de sus sitios y los haga responsables de las infracciones de derechos de autor, los costos de hacer negocios para plataformas y sitios de agregación aumentarán", agregó Massey.
Advirtió que estos cambios podrían venir "a expensas de los jugadores más pequeños".
Haciendo eco de los pensamientos de Massey sobre el significado de la directiva, Alastair Shaw y Morten Petersenn, abogado y socio de Hogan Lovells respectivamente, dijeron que la votación de ayer marcó un "hito importante en el desarrollo de la ley de derechos de autor en Internet de la UE".
Sin embargo, aún no está claro exactamente cuáles serán las implicaciones, dijeron. En particular, la versión final del artículo 17 deja "un montón de interrogantes".
Ahora se requiere que la Comisión Europea emita una guía sobre la aplicación de las medidas, que los críticos temen que efectivamente requerirá que las plataformas en línea impongan filtros de contenido para detectar contenido infractor.
Cualquier guía de este tipo debería contener "sugerencias más precisas de soluciones técnicas para cumplir con el régimen de limitación de responsabilidad", dijeron.
Los abogados de Hogan Lovells señalaron, sin embargo, que esta guía "no sería vinculante para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dejando la incertidumbre tanto para las plataformas de intercambio de contenido como para los titulares de derechos".
Agregaron: "Esperamos que los tribunales nacionales y, en última instancia, el TJUE tengan que responder una serie de preguntas, incluidas, en particular, lo que equivale a los" mejores esfuerzos "en relación con las diversas obligaciones de los servicios de intercambio de contenido".
Aún quedan dudas sobre si el Reino Unido deberá implementar la directiva, ya que se alinea para salir de la UE.
Si la directiva entraría en vigor en el Reino Unido dependía en gran medida de las circunstancias del Brexit, dijo Shaw.
"Suponiendo que los términos del 'acuerdo' en relación con la legislación de la UE se mantengan en términos generales como lo son ahora, entonces esta legislación tendrá que incorporarse a la legislación del Reino Unido", dijo.
Si el Reino Unido deja la UE sin un acuerdo, no habrá obligación de transponer las disposiciones a la legislación del Reino Unido.
Raffaella De Santis, asociada de Harbottle & Lewis en Londres, dijo que a pesar de la controversia sobre las propuestas, "los artistas y creadores considerarán la aprobación de la Directiva como una verdadera victoria por su derecho a recibir un pago justo por sus creaciones".
Sin embargo, señaló que la nueva ley podría tener "consecuencias muy preocupantes e involuntarias para vastas franjas de servicios en línea, no simplemente para aquellos que operan en música o noticias".
De Santis instó a los legisladores a "asegurarse de que los servicios más pequeños no se vean desfavorecidos de manera desproporcionada por medidas que, en realidad, están diseñadas para reducir el poder de los gigantes tecnológicos que antes no tenía control".
Fuente: World Intellectual Property Review (WIPR)
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Con la figura de Indicación Geográfica Protegida (IGP), el tequila tiene desde este mes el nivel máximo de protección de propiedad industrial en los 28 países de la Unión Europea.
Con esto, la primera Denominación de Origen mexicana se convierte en el primer y único producto mexicano con un blindaje de esta naturaleza en la Unión Europea.
El tequila es la bebida alcohólica más emblemática de México y una parte importante de su identidad cultural, compartió Phil Hogan, subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea.
"En Europa sabemos bien cómo el éxito internacional de una bebida regional ayuda a crear empleos de alta calidad en áreas rurales y generar un sentido de orgullo nacional. La inclusión del tequila en las Indicaciones Geográficas de la Unión Europea es el último paso del camino de cooperación entre México y la Unión Europea", dijo.
La colaboración entre el sector público y privado ha sido exitosa para la protección de la propiedad industrial del tequila en México y fuera del país, compartió Rodolfo González González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT).
Con el registro se aseguran los derechos exclusivos del tequila, por lo que ni productos ni servicios que ostenten la marca o la evoquen pueden hacerlo sin autorización del Consejo Regulador del Tequila (CRT). Y la autoridad europea podrá iniciar acciones legales sin petición expresa de las autoridades mexicanas para combatir simulaciones y proteger su propiedad industrial.
Fuente: La Reforma
El envío de productos falsificados ya no va solo en grandes volúmenes. Los envíos reducidos, muchos de ellos por comercio electrónico, están aumentando. Su detección es más complicada.
El rastreo de mercancías falsificadas se ha dificultado para los agentes de aduanas porque se envían en paquetes pequeños, utilizando el correo postal o empresas de mensajería.
Esta es la principal conclusión de una investigación desarrollada por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) que constata que el 63% de las incautaciones aduaneras de productos falsificados en el mundo y el 76% en la UE venían en paquetes de pequeño formato por correo postal o mensajería, una de las vías más utilizadas en las compras online.
Este sistema de entrada de productos falsificados, dice la Euipo, carece del control que sí recogen los manifiestos de los buques y ejercen los agentes de aduanas por lo que "los datos recogidos por los servicios postales y las empresas de mensajería urgente podrían constituir un recurso de vigilancia y control muy valioso si se pusieran a disposición de las autoridades aduaneras".
No obstante, pese al incremento de esta vía, el mayor volumen de importación de falsificaciones que llegan a la UE, lo hace "principalmente, en contenedores y otros envíos marítimos", asegura el director de la Euipo, Christian Archambeau, que recuerda, citando estudios anteriores, que las falsificaciones representan "el 2,5% del comercio mundial, que equivale a unos 338.000 millones de euros anuales, y el 5% de las importaciones de la Unión Europea", que suman unos 85.000 millones.
Según la investigación los envíos suelen distribuirse en paquetes de diez o menos artículos, aunque más de la mitad de las incautaciones de paquetes postales contenían uno solo producto. Y son los artículos más pequeños los más frecuentes. Así el 84 % de los envíos contenía calzado, el 77 % productos ópticos, fotográficos y médicos falsificados (principalmente gafas de sol) y el 63% llevaba relojes, artículos de marroquinería (como cinturones), bolsos y artículos de joyería falsificados.
El estudio es el quinto del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual y ha cruzado datos del comercio de productos falsificados y servicios postales de cinco organismos internacionales. La Euipo, con sede en Alicante, es una agencia descentralizada de la UE que gestiona el registro de las marcas de la Union Europea (MUE) y los dibujos y modelos comunitarios registrados (DMC), que proporcionan protección de la propiedad intelectual en los 28 Estados miembros.
Fuente: Expansión.
