El combate contra la piratería en Ecuador sigue intensificándose con nuevas incautaciones de productos falsificados. Luego de un exitoso operativo realizado en agosto de 2024 que resultó en la confiscación de un cargamento valorado en 8 millones de dólares, las autoridades ecuatorianas han logrado intervenir una segunda importación que pretendía ingresar productos que infringían los derechos de propiedad intelectual de marcas reconocidas como NIKE, ADIDAS y PUMA. Esta segunda aprehensión, valorada en varios cientos de miles, reafirma la magnitud del problema del comercio ilícito en el país.
El impacto de estas actividades ilegales no solo afecta a las grandes marcas internacionales, sino también a la economía local, perjudicando a los consumidores que compran productos de baja calidad y no autorizados. Las incautaciones representan un avance significativo en la lucha contra la piratería y demuestran el compromiso tanto de Ecuador como de las compañías afectadas para proteger los derechos de propiedad intelectual en su territorio. En este caso, la piratería no solo atenta contra los propietarios de las marcas, sino también contra los consumidores y la competencia leal en el mercado.
Este artículo tiene como objetivo analizar el desarrollo de esta nueva confiscación, el marco legal que ampara la protección de los derechos de propiedad industrial en Ecuador, y las implicaciones que estos operativos tienen en la lucha contra la piratería. La repetición de incidentes de este tipo pone de manifiesto la necesidad de continuar con una supervisión estricta de los puertos y puntos de entrada en el país. Además, resaltaremos la importancia del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y las sanciones que contempla la legislación ecuatoriana para infractores de propiedad intelectual.
El pasado 20 de agosto de 2024, el Cuerpo de Vigilancia Aduanero (CVA) realizó una nueva operación en el Terminal de Carga Marítimo TPG-INARPI, logrando identificar un nuevo contenedor. Este estaba a punto de ser nacionalizado y pretendía ingresar productos que utilizaban marcas registradas sin autorización, entre ellas NIKE, ADIDAS y PUMA. Estos productos incluían calzado falsificado, una clara infracción a los derechos de propiedad industrial de estas marcas.
Este decomiso es parte de una serie de operativos que buscan frenar la entrada de productos ilegales al país. El valor estimado del cargamento aún está por determinarse, pero todo apunta a que su magnitud es comparable con el decomiso anterior. Los productos aprehendidos violan las normativas de propiedad intelectual vigentes en Ecuador, afectando tanto a los consumidores como a los propietarios de las marcas registradas que ven sus derechos vulnerados.
La aprehensión de este cuarto contenedor evidencia la gravedad del problema de la piratería y el comercio ilícito en Ecuador, especialmente en lo que respecta a productos de alto consumo como el calzado y las prendas de vestir. Las marcas afectadas han solicitado que se tomen medidas legales inmediatas para detener la distribución de estos productos falsificados, lo que subraya la importancia de la cooperación entre las autoridades aduaneras y los titulares de los derechos de propiedad intelectual.
El marco jurídico que protege los derechos de propiedad industrial en Ecuador es sólido y está respaldado por el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (INGENIOS). En este código, los artículos 364 y 367 otorgan a los propietarios de marcas el derecho exclusivo y excluyente de usar sus signos distintivos. Esto significa que ninguna persona o entidad puede utilizar estos signos sin la autorización de sus propietarios.
La legislación ecuatoriana también protege los productos clasificados bajo la Clase Internacional 25, que incluye prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería. Los productos decomisados en este operativo claramente entran dentro de esta categoría, lo que refuerza la necesidad de actuar rápidamente para evitar que lleguen al mercado. Las marcas afectadas no solo tienen el derecho de proteger su reputación y productos, sino también de garantizar que los consumidores no sean engañados al adquirir productos de baja calidad que se presentan como originales.
El trabajo de las autoridades aduaneras y de vigilancia es clave para la protección de estos derechos. La detección de estos productos antes de que ingresen al mercado es una muestra clara de que los mecanismos de control están funcionando. Sin embargo, el reto continúa siendo enorme, ya que los infractores buscan constantemente nuevas maneras de evadir las leyes. Por ello, es fundamental seguir fortaleciendo las leyes y reforzando tanto capacitaciones en el tema como acciones de vigilancia para garantizar que las marcas registradas reciban la protección que merecen.
El comercio de productos falsificados constituye una infracción clara a los derechos de propiedad intelectual y está tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). El artículo 208A de dicho código establece sanciones que incluyen penas de prisión de hasta un año y multas considerables para quienes, a sabiendas, comercialicen productos que infrinjan marcas registradas. Estas sanciones están diseñadas para desalentar el comercio ilícito y proteger tanto a los titulares de marcas como a los consumidores.
En este nuevo caso de decomiso, los productos incautados claramente infringen los derechos de las marcas, ya que utilizan sus signos distintivos sin autorización. Estas acciones no solo violan los derechos de propiedad intelectual, sino que también perjudican a los consumidores que, en muchos casos, desconocen que están adquiriendo productos falsificados. Además, los infractores buscan lucrar a expensas de las marcas legítimas, afectando el buen funcionamiento del mercado y la competencia leal.
La ley establece el destino de los productos falsificados. Según el artículo 208C del COIP, los bienes que infringen derechos de propiedad intelectual deben ser destruidos o adjudicados gratuitamente, dependiendo de la decisión del juez correspondiente. La medida busca asegurar que los productos ilegales no vuelvan a entrar al mercado, protegiendo así los derechos de los titulares de marcas y evitando que los infractores obtengan beneficios ilícitos.
Frente a esta segunda incautación de productos falsificados, las marcas afectadas, a través de nosotros como representantes legales, han solicitado formalmente a las autoridades que inicien un proceso administrativo contra los responsables del contenedor. Las diligencias solicitadas incluyen la identificación de los responsables y la destrucción o adjudicación gratuita de los productos incautados.
Es esencial que se mantenga la coordinación entre las autoridades aduaneras, la Fiscalía General del Estado y los representantes legales de las marcas para asegurar que se tomen las medidas necesarias en el menor tiempo posible. Los titulares de las marcas están en su derecho de exigir que se respeten sus derechos de propiedad intelectual y que los productos ilegales no lleguen al mercado. Además, la pronta resolución de estos casos es crucial para enviar un mensaje claro a quienes intentan lucrar mediante el comercio ilícito.
Este segundo decomiso es un recordatorio de la importancia de continuar reforzando los mecanismos de control en los puertos y puntos de entrada de Ecuador. La piratería y la falsificación no solo afectan a las grandes marcas, sino también a la integridad del mercado local y a los consumidores. Las acciones legales y administrativas que se tomen a partir de este nuevo incidente serán fundamentales para mantener el control sobre el comercio ilícito y proteger los derechos de propiedad intelectual en el país.
