Una nueva semana para el desarrollo de la propiedad intelectual y ahora te presentamos demandas y luchas por patentes que podrían cambiar nuestro cotidiano, algunas de estas notas son interesantes y otras muy curiosas, aquí te presentamos una mirada desde las patentes de nuestra sociedad. Aquí puedes revisar nuestras noticias de la semana anterior.
El departamento legal de Epic Games tiene ante sí un nuevo reto, ya que los creadores de Fortnite han recibido una nueva demanda, esta vez por supuestamente copiar un sistema patentando con las opciones de mensajería y comunicación de su battle royale.
Según comparten en la red IngenioShare afirma que Epic Games ha infringido una patente suya al utilizar tecnología propiedad de sus compañías afiliadas. El sistema de mensajes de Fortnite permite comunicarse entre jugadores y ofreciendo acceso, sin tener que compartir información personal. Esto es lo que IngenioShare afirma que patentó una década antes incluso de que se creara Fortnite.
Al haber usado su tecnología patentada, la compañía ha presentado una demanda ante el tribunal de Texas. Además IngenioShare afirma que:
Hemos tratado de llegar a un acuerdo con Epic Games en repetidas ocasiones (Noviembre de 2018, octubre de 2019 y enero de 2020)
Pero al no haber llegado a buen puerto las conversaciones, han presentado la denuncia.
Según IngenioShare los inventores reconocieron la necesidad de una forma de comunicación electrónica más fácil, protegida y/o segura usando varios modos". Además sus "innovaciones permiten a los jugadores comunicarse fácilmente, de forma privada y sgura, y en tiempo real, mientras mantiene sus datos en privado".
Además hace ya unos meses IngenioShare compartió que Apex Legends también estaría haciendo lo mismo, afirmando que el juego de Respawn usa su software IpVenture para su tecnología de comunicación.
En resumidas cuentas, un tema complejo que probablemente se acabe saldando con un millonario pago. Sin embargo Epic Games no es de las compañías que dan su brazo a torcer fácilmente, por lo que podemos esperar meses de litigios con IngenioShare. Epic, por su parte, no ha hecho declaraciones sobre este problema. Por supuesto, seguiremos de cerca la evolución del caso, y os mantendremos informados.
En junio de 2018, la empresa valenciana Hijos de Antonio Juan SL solicitó ante la EUIPO el registro como marca de la Unión, para varios productos alimenticios, bajo el signo denominativo Donas Dulcesol.
La lista, exhaustiva, se extiende a: sopas; consomés; caldos; crema a base de verduras, hortalizas y legumbres; extractos para sopas; preparados para hacer sopas; puré de verduras; puré de patatas; puré de frutas; carne; pescado; carne de ave; carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas; confituras; compotas; huevos; leche; productos lácteos; aceites comestibles; grasas comestibles; café; té; cacao; sucedáneos del café; arroz; tapioca; sagú; pan; productos de pastelería y confitería; bollería; bizcochos; brioches; tartas; barras de cereales; harinas; preparaciones a base de cereales; helados; miel; jarabe de melaza; levadura; polvos para hornear; sal; mostaza; vinagre; salsas; condimentos; especias; hielo.
Tres meses después, Bimbo Donuts Iberia SA, con sede en Madrid entonces denominada Bakery Donuts Iberia, SA, se opuso al registro respecto de todos los productos mencionados, basándose en la marca española denominativa anterior Donas. Ésta designa, entre otros, los siguientes productos alimenticios: purés y legumbres secas; productos de panificación, harinas, cereales, sémolas y tapiocas comprendidos en esta clase, almidón para usos alimenticios, malta comprendida en esta clase, pastas alimenticias, arroz y levaduras.
En enero de 2020, la EUIPO desestimó la oposición en su totalidad, por considerar que Bimbo Donuts Iberia no había demostrado el uso efectivo de la marca anterior, Donas, para designar los productos en que se basaba la oposición.
La sociedad madrileña recurrió ante la propia EUIPO, la cual desestimó el recurso en septiembre de 2020 confirmando que no se había aportado prueba del uso efectivo de la marca Donas para los productos respecto de los que se había solicitado el registro. Aunque reconoció que se había demostrado el uso efectivo de dicha marca para piezas esponjosas de repostería con forma de bolas, glaseadas o cubiertas de chocolate, la EUIPO desestimó las alegaciones de Bimbo Donuts Iberia dirigidas a que se incluyera dicho producto en las categorías productos de panificación y pastas alimenticias amparadas por la marca anterior Donas.
La EUIPO señaló que los productos de panificación designan, bien pan común, bien pan especial, y que existe una clara distinción entre dichos productos y los productos de bollería o pastelería, pese a que se fabriquen de forma similar. Además, indicó que los productos de pan o de panificación y los productos de pastelería son distintos, pues estos últimos están clasificados bajo el título específico de «productos de pastelería», claramente distinguible del título «pan». Por su parte, las «pastas alimenticias» se refieren a los conocidos productos de la cocina italiana tales como espagueti, tagliatelle, penne y farfalle, y no comprenden los productos para los que se había usado la marca anterior Donas. El juicio quedará visto para sentencia.
Competencia desleal, publicidad ilícita y especialmente la violación de patentes y de la propiedad intelectual e industrial. Esta es la guerra judicial a la que se pueden enfrentar las compañías asistentes al Mobile World Congress (MWC), el mayor evento tecnológico del mundo.
Sin embargo, este año no tendrá la presencia de las grandes marcas del sector, que han preferido salvaguardar a sus empleados y directivos antes que aterrizar en Barcelona. El MWC reabre sus puertas en L’Hospitalet (Barcelona) tras la cancelación del pasado año por el coronavirus y volverá a cerrarlas el 1 de julio.
El MWC tiene diversas caras. Las amables, centradas en el negocio y el sector, propiamente dicho. Pero existe una cara oscura del caso: la guerra judicial. Este evento sí cuenta con pymes tecnológicas y algunas grandes empresas, que pelearán por sus patentes y propiedad industrial en los tribunales.
Por estos motivos y dada la avalancha de denuncias en 2014, los juzgados mercantiles de Cataluña vuelven a unirse para establecer un protocolo de actuación. Por tercer año, además, se suman los juzgados de Alicante. En apenas cuatro días los jueces tendrán que tomar declaraciones y decidir si se adoptan medidas cautelares, así como ordenar la retirada de productos.
Por ello y ante la lentitud judicial, estos juzgados trabajan para evitar que las empresas que han violado alguna ley puedan exponer sus innovaciones en el MWC 2021. El tiempo aquí es crucial para las empresas perjudicadas.
De esta forma y para evitar los precedentes de años anteriores, estos juzgados tratarán “en la medida de lo posible” adoptar medidas cautelares escuchando a la parte demandada y, al mismo tiempo, adoptará medidas efectivas en caso de que los demandantes tengan razón. Por estos motivos, habrá un servicio de guardia y de actuación rápida, pero con condiciones. Además, se dará preferencia a las comparecencias telemáticas.
Así, se dará entrada urgente y prioritaria a las peticiones de diligencias preliminares o de comprobación de hechos siempre y cuando se pudieran ver afectadas las patentes e innovaciones tecnológicas, así como diseños industriales, que se presenten durante el MWC 2021. En la misma línea se actuará si existiera infracción de marcas y de derechos de propiedad intelectual; defensa de la competencia y actos de competencia desleal o de publicidad ilícita expuestos en este evento tecnológico. Una vez registradas, el juzgado se ha dado el plazo de 48 horas para resolver la disputa.
Si el conflicto se refiere a la propiedad industrial o intelectual con otra compañía y ante el temor razonable de ser objeto de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia, los juzgados tardarán tan sólo 24 horas en resolver el asunto. Además, los jueces tratarán de preservar la confidencialidad de la información en su sentencias, para evitar vulnerar secretos empresariales o información sensible de las partes.
El Tribunal Mercantil de Barcelona se encargará de ejecutar de forma inmediata las medidas cautelares urgentes. Pero no las adoptará de forma exclusiva, sino que esperará a los dictámenes del Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alicante. La unidad especializada en tecnología e informática de los Mossos d’Esquadra ejecutaría la retirada del material que incumple la legalidad vigente.
El 02 de Junio de 2021 se destruyeron 264 Motocicletas falsificadas provenientes de China en Ecuador, esta acción supone un avance prometedor para las acciones de protección a la Propiedad Intelectual en Latinoamérica.
El 31 de Enero de 2019, Honda Motor CO. LTD., presentó una acción de tutela administrativa por la supuesta importación de productos que reproducen su Diseño Industrial de su propiedad denominada Motocicleta.
El 11 de Abril de 2019 se ordena mantener la aprehensión de toda la mercadería que constituye la infracción a los derechos intelectuales de Honda, la cual permaneció retenida y custodiada por el SENADI.
Además, la compañía demandada recibió una multa de $56.800 dólares Americanos, por la infracción de los derechos de propiedad industrial de la compañía Honda CO. LTD. El pago de la multa se realizó el pasado 05 de enero de 2021, dando cumplimiento a los actos administrativos descritos con anterioridad.
En la misma fecha la compañía demandada informó que el 31 de diciembre de 2020 presentó también una solicitud de reembarque o reexportación a su lugar de origen en China. Sin embargo esta acción no se llevó a cabo.
Esta solicitud de reembarque desencadenaría en que el 06 de abril de 2021 ambas partes firmaron un acuerdo para destruir los productos, en un periodo no mayor a 9 meses y fue el pasado 02 de junio de 2021 el día donde se llevó a cabo la destrucción de 2 contenedores llenos con productos falsificados que representan en un total de 264 motocicletas.
La carga llevo candados satelitales para la seguridad de ambas partes, además el proceso fue supervisado por los representantes legales de Honda y para ejecutar la destrucción se autorizó la salida de la mercancía de la Aduana a las instalaciones de la compañía Acerías Nacionales del Ecuador S. A.
La destrucción se llevó a cabo bajo normas de cuidado ambiental aplicables y siguiendo las disposiciones dictadas por el gobierno autónomo descentralizado del lugar donde se ejecutó el proceso.
Es necesario recordar que la mercancía se entenderá destruida cuando sea sometida a procesos de incineración, compactación u otros que también su naturaleza reduciendo las mercancías a desechos manejables de manera sustentable.
Para finalizar, es necesario tanto para las autoridades, como para la sociedad en sí, el tomar en cuenta la importancia de las acciones de protección y de destrucción de productos falsificados en Latinoamérica. Dar la visibilidad necesaria a estos casos, puede ser, uno de varios caminos necesarios para que la cultura de la piratearía se vea reducida en el imaginario social como normalidad.
LOPCALZA
Por verificaciones realizadas en distintos sectores de la ciudad de Ambato, se logró identificar la producción y venta a escala comercial de productos presuntamente ilegales que hacen uso no autorizado de marcas válidamente registradas en el Ecuador.
LUGAR:
Calles José Rudecindo Ingavélez y Jorge Araujo Chiriboga, sector Huachi Chico
IDENTIFICACIÓN DE PROPIETARIO:
Identificación: 1802158178001
Nombre(s): LOPEZ MAZABALIN SEGUNDO ATANACIO
Negocio: LOPCALZA
País: Ecuador
Estado/Provincia: Tungurahua
Ciudad: Ambato
Información adicional: RUC identificado como LOPCALZA, estos datos también constan en investigaciones L&C.
PRODUCTOS ELABORADOS/COMERCIALIZADOS:
Una fábrica de producción artesanal, fabricación de calzado tipo deportivo que hacía uso de varias marcas registradas en el Ecuador.
FISCAL A CARGO DE LA IP:
En cumplimiento de la orden emitida por un Juez de Garantía Penales de la provincia de Tungurahua, acompañados del fiscal a cargo de la IP GONZALEZ SARANGO ALEX ELICEO, representantes de la policía Judicial de Tungurahua, y miembros de GOE, se procedió a la verificación e incautación de 800 pares de zapatos, y 300 cortes (capelladas) que hacían uso no autorizado de marcas registradas en Ecuador.
Estos productos incautados fueron ingresados a las bodegas de la policía judicial de Tungurahua vía Santa rosa bajo la cadena de custodia No. 2021042709301272814.
ESTADO DE LA IP:
La Investigación Previa está a cargo del Fiscal GONZALEZ SARANGO ALEX ELICEO, titular de la Fiscalía de Soluciones Rápidas No. 3, donde se realizarán las pericias a fin de verificar la autenticidad de los productos. Así como recabar elementos de cargo y descargo para imputación penal del delito contemplado en el art.208A del COIP.
Revisión Fotográfica
La nación Tsáchila es uno de los tantos pueblos indígenas que le dan a Ecuador el carácter de plurinacional e intercultural. Pero no es uno más, porque con apenas 3.000 habitantes (2010) este pueblo es depositario de un saber acumulado milenariamente que hoy está protegido mediante el reconocimiento de sus derechos intelectuales.
Para lograrlo, el pueblo tsáchila se acogió al proceso de depósito voluntario de sus conocimientos ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), contemplado en el art. 523 del Código de la Economía Social del Conocimiento, Creatividad e Innovación (2016). Su objetivo es impedir apropiaciones ilegítimas de los conocimientos de etnias, pueblos y nacionalidades. También servirá como medio de verificación para reconocer los derechos intelectuales colectivos sobre saberes tradicionales, por si alguien intenta infringirlos.
Pero antes, la decisión debió pasar por el Consejo de Ancianos, el máximo órgano encargado de regular la suerte de las prácticas que comprometen a los conocimientos ancestrales. Desde allí se propuso empezar con los rituales, la cosmovisión, los vegetales y la vestimenta tradicional.
El registro comenzó en enero de este año y en el proceso de recolección de información participaron varios personajes emblemáticos de la comunidad, la mayoría ancianos. Se han registrado 490 plantas medicinales y el pueblo tsáchila cuenta con los respectivos certificados de depósito.
Tras el registro, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales trabaja en los protocolos biocomunitarios para potenciar estos recursos ante empresas que quieran invertir en posibles patentes.
Fernando Nogales, experto en conocimientos tradicionales del SENADI, reconoce la importancia de esta construcción colectiva de la población tsáchila, tanto para la propia comunidad como para el país. Incluso -destaca- para que el mundo conozca el origen de esta riqueza.
Ciertamente, no se trata solamente de constatar el origen: “Una vez que los conocimientos son depositados en el SENADI, pasan a la base de datos, es decir que si las compañías farmacéuticas quieren patentar algún medicamento tienen que venir a la comuna a pedir consentimiento para poder realizarlo”, señaló Nogales. Y agregó que con el consentimiento llegarán beneficios, sean económicos o no.
Para Flavio Calazacón, presidente de la comuna El Poste, esta labor recién empieza: a futuro se espera la protección de "rituales de petrificación", energéticos e incluso de sanación; también bebidas como la Ayahuasca; expresiones como la danza; y festividades como el Kasama. “Los depósitos no están terminados, pero sí hemos avanzado, hemos ganado experiencia”, afirmó.
Son experiencias que suman y se nota: la Unidad de Conocimiento Tradicional del Servicio de Derechos Intelectuales informa que se han depositado 150 conocimientos tradicionales a escala nacional desde que rige la normativa. Son conocimientos originarios de los pueblos Sarayaku, Cofán, Kayambi y Tsáchila. La Unidad espera contar con una base de datos de 200 registros de las tradiciones hasta finalizar este año.
Desde el 14 de noviembre la nacionalidad Tsáchila ya cuenta con las certificaciones de los depósitos, son 44 y los recibió la gobernadora tsáchila, Diana Aguavil, en la comuna El Poste.
Son los 44 certificados de depósitos de conocimientos tradicionales que entregó SENADI en 2018... durante todo el año anterior fueron sólo nueve.
Fuente: Diario la hora
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Diario El Comercio
Con la figura de Indicación Geográfica Protegida (IGP), el tequila tiene desde este mes el nivel máximo de protección de propiedad industrial en los 28 países de la Unión Europea.
Con esto, la primera Denominación de Origen mexicana se convierte en el primer y único producto mexicano con un blindaje de esta naturaleza en la Unión Europea.
El tequila es la bebida alcohólica más emblemática de México y una parte importante de su identidad cultural, compartió Phil Hogan, subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea.
"En Europa sabemos bien cómo el éxito internacional de una bebida regional ayuda a crear empleos de alta calidad en áreas rurales y generar un sentido de orgullo nacional. La inclusión del tequila en las Indicaciones Geográficas de la Unión Europea es el último paso del camino de cooperación entre México y la Unión Europea", dijo.
La colaboración entre el sector público y privado ha sido exitosa para la protección de la propiedad industrial del tequila en México y fuera del país, compartió Rodolfo González González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT).
Con el registro se aseguran los derechos exclusivos del tequila, por lo que ni productos ni servicios que ostenten la marca o la evoquen pueden hacerlo sin autorización del Consejo Regulador del Tequila (CRT). Y la autoridad europea podrá iniciar acciones legales sin petición expresa de las autoridades mexicanas para combatir simulaciones y proteger su propiedad industrial.
Fuente: La Reforma
El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, presentó al público las estadísticas de Propiedad Intelectual 2018, como lo hace a inicio de cada año. Esta vez las estadísticas visibilizan el creciente número de emprendedores ecuatorianos que buscan proteger su propiedad intelectual, principalmente signos distintivos (marcas).
En cuanto a signos distintivos, 2018 registró un incremento en las solicitudes de marcas, alcanzando un total de 17.965, 11.41% más que las 16.125 de 2017.
No se trata de un hecho aislado. Las acciones positivas y de promoción que viene realizando SENADI se reflejan en varios resultados alentadores en 2018. Como el incremento de 55% en trámites de tutelas administrativas respecto del año anterior, y la resolución del 145,75% de trámites de observancia de derechos en PI que se encontraban represados. Tales resultados dan cuenta de y justifican la confianza dispuesta por los usuarios en la nueva institucionalidad de la PI en Ecuador.
Por lo demás, durante 2018 SENADI ha participado activamente en negociaciones dentro del marco de la Comunidad Andina respecto de la Marca País y Denominaciones de Origen.
En diciembre inició el proceso de declaratoria de la Marca País “Ecuador”, para fortalecer el uso de signos distintivos y agregar valor a productos y servicios nacionales.
En 2018 se concluyó también con el proceso que declaró a la Pitahaya Amazónica de Palora como la quinta denominación de origen del país, fomentando el desarrollo económico local y agregando valor y calidad al producto para su posicionamiento en mercados internacionales, por lo que se espera aumentar las exportaciones en 2019.
Mayor información encuentra en la Gaceta de la Propiedad Intelectual
Fuente: SENADI
La historia cuenta que en noviembre de 2006 tenía lugar la primera “Medida en Frontera de protección a los derechos de propiedad intelectual en Ecuador”. Y nosotros podemos contar la historia, porque estuvimos allí*.
Desde entonces las medidas en frontera proliferaron exitosamente hasta el año 2008, cuando se realizaron (Aprox.) 150 medidas en Frontera de protección a los derechos de PI, por acción de la Corporación Aduanera Ecuatoriana – CAE (hoy Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE), con un estimado de 1.2 millones de productos ilegales detenidos en aduanas. En ese año Ecuador fue premiado ante la Organización Mundial de Aduanas por la importante labor en la protección a la Propiedad Industrial.
La visión gubernamental de aquél entonces provocó que se impongan limitaciones al comercio internacional. En enero de 2009 entró en vigencia la resolución del entonces Consejo de Comercio Exterior e Inversiones – COMEXI, que estableció restricciones al ingreso de cientos de subpartidas de bienes, a través de la implementación de cupos de importaciones e incrementó el valor de los aranceles a otros cientos de productos. El calzado tuvo un arancel de US$10 por cada par, la cerámica un impuesto de US$0,12 por kg, los textiles y ropa un arancel de US$12 por kg... Además existieron otras disposiciones legales que perjudicaron el comercio internacional, como la normativa de etiquetado INEN.
Durante ese año se realizaron tan sólo 30 medidas en frontera (una reducción del 80% respecto al año anterior) y se incautaron menos de 100 mil productos (una reducción del 82%). La mayoría de los productos detenidos por la CAE en 2009 fueron juguetes.
Aquél año fue ciertamente un punto de inflexión. Desde entonces hemos sido testigos de una drástica reducción de medidas de protección a los derechos de PI en frontera . Para el año 2016 existieron 3 Medidas en Frontera y durante 2018 no se ha realizado ninguna.
La situación es producto, en buena medida, de la sustitución de la Ley de Propiedad Intelectual por el vigente Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos e Innovación – INGENIOS. La norma derogada establecía, en su artículo 342, la obligación del Estado Ecuatoriano de actuar de oficio ante estas infracciones. La normativa contenida a partir del artículo 575 del Código INGENIOS establece requisitos que parecen exagerados y en la práctica bastante difíciles de cumplir a efectos de ejercer protección legal en frontera en defensa del derecho de PI; esto es la “evidencia suficiente” de la infracción, que se traduce en un impedimento legal.
Sin embargo parecería que el segundo párrafo del artículo 51 del Reglamento a INGENIOS, contenido en el Decreto Ejecutivo No. 1435 de mayo 23 de 2017, abre una posibilidad de lograr acciones en frontera, al responsabilizar al Servicio Nacional de Aduanas del suministro de “información necesaria” que sirva de “sustento de la Medida en Frontera”.
Como se demostró entre 2006 y 2008, las medidas en Frontera son una de las mejores formas de proteger los derechos de propiedad intelectual, se impide el ingreso de productos potencialmente ilícitos (muchos perjudiciales para la salud), se protege de riegos y de futuros engaños a los consumidores, y se fomenta a gran escala un comercio más justo.
*Luzuriaga & Castro Abogados realizó, el 06 de noviembre de 2006, la primera acción de medida en frontera acontecida en el país.